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“Juan Orlando tiene todos los poderes de Estado. Hay una cara de la democracia aquí en Honduras, pero detrás de ella está la dictadura”

—Austra Bertha Flores López, madre de Berta Cáceres

Diversas personas entrevistadas para este informe compartían la apreciación de que el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está haciendo un esfuerzo estratégico con el propósito de consolidar los mecanismos del poder en el gobierno para colocarlos a su alcance. Si bien los medios a través de los cuales él mismo estaría extrayendo beneficio material de este arreglo son difíciles de comprobar, se han identifico varios de ellos sin lugar a dudas. De cualquier forma, el patrón de las instituciones subordinadas a su autoridad personal, o de la prueba de su debilidad, es evidentemente visible. La mayor parte de las acciones o de las inacciones de estas instituciones han servido para facilitar o proteger la maximización de las ganancias para los miembros principales de la red del sector privado, o han brindado oportunidades de malversación de fondos para funcionarios públicos.

Defensa Nacional y Consejo de Seguridad

Un paso evidente en el proceso de la consolidación del poder fue la creación de este organismo poderoso y hermético en 2011. Su misión declarada es diseñar, supervisar y coordinar la política de todos los asuntos relacionados con la seguridad, la defensa y la inteligencia, incluido el nombramiento y la supervisión del director de inteligencia nacional. Integrado por el presidente, el presidente del congreso, el secretario de la presidencia, los secretarios de defensa y seguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general, este consejo controla todas las actividades y capacidades de vigilancia electrónicas, incluidas las intercepciones telefónicas judiciales. Asimismo, provee el comando operativo para la fuerza de seguridad interdisciplinaria, FUSINA. (Para información más detallada, consultar la sección sobre elementos de defensa más adelante en las páginas 32–35).

La integración de las tres ramas del gobierno en este consejo formaliza la violación a la división de poderes. Durante las entrevistas, con frecuencia escuchamos críticas al respecto. A sus actividades las salvaguarda una ley decretada en 2014 que establece categorías amplias de secretos de estado.

Congreso

La razón para captar un organismo legislativo es para escribir las leyes que gobiernan la actividad económica y política de tal manera que los miembros de la red se beneficien aún más (la gente que ya disfruta de un poder desproporcionado en ambos ámbitos). Parte de dicho objetivo es deshabilitar la capacidad del organismo para servir como un mecanismo eficaz de controlar el poder ejecutivo. En otras palabras, el control sobre la mayoría de escaños en una legislatura no constituye en sí mismo “la captura” de este organismo. Pero si esa mayoría es consecuente, elección tras elección, o si partidos aparentemente contrarios se juntan con frecuencia para defender los intereses de la red, o si las normas internas son abusadas o violadas sistemáticamente de tal modo que bloquean la capacidad de los legisladores para influir en la toma de decisiones o ejercer las funciones de control apartidistas, entonces, se ha socavado su propósito.

Contemplar solo por unos minutos el Palacio Legislativo, el edificio en el centro de Tegucigalpa donde el Congreso hondureño se reúne, es revelador en lo que se refiere a la realización de estos objetivos. El edificio de la década de 1950, con sus muros externos hechos de listones de vidrio polvoriento, no cuenta con oficinas privadas para los 128 legisladores, por ejemplo, y solo hay dos salas de conferencia donde se pueden reunir en grupo o con votantes. En la cámara, con frecuencia no funcionan las máquinas electrónicas de registro de votos, así que cuando un proyecto de ley sale a votación, los miembros no pueden ver el resultado. Todo en la institución es una muestra de su falta de estatus, poder e independencia.

Sin embargo, debajo del edificio, el contraste es sorprendente: el estacionamiento está lleno de vehículos todoterreno último modelo, inmaculadamente negros.

La importancia radica aquí: los partidos de oposición, si votan juntos, superan en número al Partido Nacionalista gobernante, y en algunas ocasiones han desbaratado sus planes. Para reducir esta posibilidad, han debilitado al Congreso de Honduras tanto en sus mecanismos operativos como en sus instalaciones físicas.

El presidente del Congreso se encarga estrictamente de todos los procesos. “Los normas básicas afirman que él decide quién habla y durante cuánto tiempo, además de la agenda”, explica un miembro del joven Partido Anticorrupción (PAC). A su discreción, el presidente del Congreso puede también crear comités especiales, hacia los que puede desviar oportunidades de negocios, eludiendo la estructura del comité formal. “Cuando hay un comité especial”, comenta el miembro del PAC, “hay que estar atento”1.

Antes de comenzar a ocupar el cargo de presidente del país, Hernández ocupó durante cuatro años la dirigencia del Congreso. Bajo sus auspicios, se inició el proceso sistemático de crear un clima legislativo favorable para las prácticas de las redes. El Congreso aprobó un sinnúmero de leyes que formulaban normas económicas a fin de poder favorecer actividades controladas por miembros de la red del sector privado. En diciembre de 2013 y en enero de 2014 (cuando Hernández aún fungía como presidente del Congreso pero ya había sido electo presidente del país), la agenda estuvo totalmente llena: como una floritura final para un despliegue de fuegos artificiales.

 Algunas de las leyes clave de su cargo en la dirección del Congreso se describen a continuación en orden cronológico.

La ley de Promoción de la Alianza Público-Privada (septiembre de 2010)2:

Al parecer una respuesta ante la escasez de financiación gubernamental para proyectos de obras públicas, esta ley atiende a los intereses de los miembros de la red del sector privado al permitir que las compañías lleven a cabo proyectos de obras públicas bajo acuerdos bastante flexibles y nada transparentes, que facilitan la captación de una parte del dinero público invertido, al igual que de los honorarios, el peaje o de las ganancias obtenidas. Los licitadores exitosos también podían obtener un “pago por servicios” de hasta el 2 % del presupuesto total del proyecto. Comúnmente, un banco (sobre todo Ficohsa y en menor grado Atlántida, controlados respectivamente por miembros de las familias Atala Faraj y Nasser-Facussé-Barjum, y Goldstein y Bueso) mantiene en un fideicomiso la financiación del proyecto y, a su vez, está a cargo de su implementación. Debido a que las actividades están amparadas por un contrato comercial, las cuentas no están disponibles para el público. (Para un análisis ulterior, véase más adelante las secciones sobre Coalianza y bancos en las páginas 35 y 36).

Siete meses después de que se aprobara esta ley, el entonces presidente Porfirio Lobo y el secretario de relaciones exteriores Mario Canahuati (líder de uno de los clanes levantinos de negocios) celebraron una conferencia de inversión en San Pedro Sula donde anunciaron que Honduras estaba “abierta a los negocios”. En este evento, se presentaron aproximadamente 160 proyectos para los sectores de turismo, energía, infraestructura, silvicultura y agroindustria a más de 500 inversionistas internacionales potenciales, además de un paquete de leyes adicionales. Las medidas protegían la inversión privada, fijaban las condiciones para el trabajo remunerado por hora y establecían las zonas de libre comercio (denominadas como “Ciudades Modelo”) cuyo territorio había sido removido del control del gobierno con eficacia y puesto bajo un sistema judicial y tributario distinto. (Dichas zonas se gobernaron anticonstitucionalmente en 2012.)3

La iniciativa se elaboró para atraer una inyección de inversión extranjera directa a Honduras y se supone que fue diseñada principalmente por miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la cámara de comercio dominada por elementos del sector privado de la red gobernante. El coanfitrión de la conferencia, Canahuati, fue presidente anterior del COHEP4.

Las empresas que pertenecen a estos miembros de la red fueron las que se beneficiaron sobre todo con los incentivos que se ofrecían, incluidas tasas de intereses bajos y exenciones de impuestos; sin embargo, los miembros de la red del sector público también sacaron ventaja de la confidencialidad que encubría a los contratos que empleaban para mover dinero del escrutinio de los presupuestos normales y de las restricciones de la ley sobre contratación pública. Otro aspecto más de la maniobra fue obtener la inyección de capital extranjero que las compañías necesitaban para terminar los proyectos en la lista, ya que no contaban con el suficiente dinero disponible5. Muchos de los beneficios de las leyes solo se aplicaban a inversiones grandes, mientras que las pequeñas y medianas empresas continuaron soportando cargas fiscales más pesadas.

Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo (diciembre de 2010)6:

Similar a las restricciones decretadas recientemente en docenas de países a nivel mundial7, esta ley exige que las organizaciones no lucrativas declaren cualquier contribución mayor a 2000 dólares. La Comisión Nacional de Bancos y Valores está autorizada para actuar unilateralmente contra organizaciones sospechosas de implicación financiera con un grupo organizado a fin de cometer actos terroristas. Una definición amplia de dicho término permite el uso selectivo de este instrumento contra organizaciones inoportunas.

Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas (diciembre de 2011)8:

Si bien esta ley incluye salvaguardas aparentes, como el requisito de una orden judicial antes de intervenir las comunicaciones entre personas, los entrevistados estaban convencidos de que el gobierno hace un uso amplio de sus capacidades considerables para la intervención de comunicaciones privadas fuera del ámbito de las investigaciones delictivas. En un momento en el que los equipos conectados de Internet están aspirando cantidades de información personal sin precedentes, las consecuencias son considerables. Los hondureños con un interés en asuntos públicos rara vez ponen por escrito algo de importancia que se va a enviar electrónicamente, y de forma sistemática usan plataformas encriptadas para comunicarse9. Un periodista que conocimos tenía tanto miedo de la vigilancia electrónica que insistía en escribir sus respuestas a nuestras preguntas en lugar de hablar en voz alta. La académica Adrienne Pine, especialista en Honduras, contó que antes de iniciar una conversación, uno de sus interlocutores no solo exigía que los teléfonos celulares se apagaran, sino también que les sacaran las baterías10.

Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (diciembre de 2011)11:

Esta ley establece el consejo permanente que se mencionó anteriormente, el cual está integrado por el presidente, su secretario, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, el procurador general, y los secretarios de seguridad y defensa.

Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (enero de 2014):12

Si bien garantiza su propio acceso a la información personal de los ciudadanos a través de la ley de intervención de comunicaciones privadas de 2011, el gobierno tuvo la precaución de protegerse a sí mismo de todo escrutinio. Esta legislación establece un nivel de clasificación para la información descrita en términos muy generales como factible a producir “efectos institucionales indeseables” o cuya diseminación podría “oponerse al desarrollo eficaz de la política de Estado o a la función normal de las instituciones del sector público”.

La ley ha hecho que sea excesivamente difícil para los ciudadanos hondureños obtener información acerca de la mayoría de las acciones del gobierno, incluidos contratos de adquisición públicos clave. Como el líder de una comunidad lo expresó: “Existe una privatización de la información en este país: si preguntas quién es el dueño de una mina o una presa en tu pueblo, esos datos son privados”13. Entre las instituciones cuya información se considera confidencial (no debe hacerse pública antes de los diez años) están la Corte Suprema, la Dirección de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto de la Propiedad, la Marina Mercante y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)14. Asimismo, cualquier transacción que estas instituciones lleven a cabo con entidades privadas está protegida por la ley.

Algunas legislaciones anteriores también ajustaron el modelo antes mencionado, como la ley para la modernización de la agricultura de 1992 que permitió la titulación y venta de pequeñas parcelas de tierra, que anteriormente eran inalienables. Su impacto fue debilitar las tradiciones de propiedad colectiva y abrir una vía para que grandes empresas pudieran comprar y consolidar extensiones de tierra. Una ley de 1998 para promover el turismo otorgó exenciones fiscales generosas a cadenas de comida rápida, al igual que a muchos otros negocios vinculados con la red. En 2001, una ley transfirió zonas de bosque del control indígena colectivo al gobierno, abriendo una vía para la explotación forestal comercial a gran escala, al igual que ilegal15. La ley antimaras de 2003 modificó el código penal para establecer una condena mínima de prisión y sanción para los líderes de las pandillas u otros grupos organizados para cometer crímenes16. Los detractores señalan que su terminología amplia ha permitido que la utilicen contra activistas de derechos de tierra, y la culpan del aumento significativo de encarcelaciones en Honduras en los últimos años. (Ver más adelante, pág. 31–32.)17. Una ley de 2007 para fomentar la energía renovable desmesuradamente benefició a grandes inversionistas al exigirle al gobierno la compra de toda la energía renovable generada por las empresas privadas contratadas a una tasa del 10 % sobre el nivel de partida establecido en 2007, entre otros incentivos.

Poder judicial

Uno de los vínculos más importantes que mantienen a las estructuras cleptocráticas en su lugar es brindar impunidad a cambio de una parte del dinero generado por las actividades de la red18. Dicho intercambio solo puede sostenerse si el poder judicial y sus instituciones afiliadas, o por lo menos una parte de ellas, están al servicio de los miembros de la red. Estas instituciones pueden entonces militarizarse para castigar y disuadir a los individuos que cuestionen el orden gobernante.

Con más descaro que en muchos otros países corruptos, el sector judicial de Honduras se ha reinstrumentado para servir como mero instrumento. Los cambios por los que ha pasado en la década pasado reflejan un patrón inconfundible. En la actualidad, el sector judicial se ha implementado claramente en nombre de los miembros de la red del sector privado, al igual que del presidente mismo.

Aún antes del golpe de 2009, algunos profesionales jurídicos enérgicamente disputaron lo que percibían como influencia política y obstrucción a la justicia dentro de las instituciones judiciales. En abril de 2008, por ejemplo, ocho fiscales, a quienes se les unieron docenas de integrantes de la sociedad civil, realizaron una huelga de hambre de treinta y ocho días, montando casas de campaña en el Palacio Legislativo, para solicitar que se imputaran los cargos en más de doce casos de anticorrupción paralizados, que se destituyera al procurador general y que se investigara el desempeño profesional de su función19.

En los días posteriores al golpe de junio de 2009, que derrocó a Manuel Zelaya, una coalición similar de jueces, fiscales y activistas de la sociedad civil desafiaron la legalidad de su resultado ante la Corte Suprema. Algunos de ellos, junto con otras personas, presentaron una denuncia penal contra miembros específicos del ejército y del Congreso por su papel en el golpe. Los firmantes de la denuncia, al igual que otros jueces que participaron en las manifestaciones públicas, o que expresaron simplemente sus inquietudes sobre los sucesos, fueron despedidos y las purgas judiciales continúan20.

En años posteriores, especialmente en 2011 y en 2012, a pesar de la corrupción desmedida dentro del poder judicial, la Corte Suprema se destacó como una de las pocas instituciones del gobierno que adoptó una vía independiente, desafiando varias iniciativas legislativas que favorecían los intereses empresariales de la clase gobernante, como el proyecto de ley para crear las Ciudades Modelo y el proyecto de ley de reforma policial que la corte determinó que violaba los derechos a un debido proceso judicial21.

En diciembre de 2012, el Congreso, bajo el liderazgo de su entonces presidente Hernández, estableció un comité especial para investigar a los cuatro jueces que habían votado para revocar la legislación. En base a un reporte entregado en veinticuatro horas, el Congreso se reunió en una sesión a las 4:00 a. m. y votó deponer a los cuatro, aunque la Constitución hondureña estipula que los jueces solo pueden dejar su cargo en caso de renuncia, de incapacidad por enfermedad o de muerte. En medio de manifestaciones generalizadas, Hernández de inmediato designó reemplazos22. Esta serie de sucesos era tan irregular que enseguida se denominó “el golpe técnico”.

Partidarios del anterior golpe militar/corporativo contra Manuel Zelaya racionalizaron sus acciones al acusarlo de intentar cambiar la constitución para contender por la reelección23. De manera irónica, Hernández anunció sus planes para hacer justo lo mismo el 9 de noviembre de 201624. Su desarticulación de la Corte Suprema se percibió, en gran medida, como la preparación hacia esa fase. “Sabíamos que una de las razones por las que Hernández necesitaba controlar la Corte Suprema era el asunto de la reelección”, afirmó un miembro del PAC del Congreso. Y en efecto, el 23 de abril de 2015, su elección personal de jueces vetó la disposición constitucional, impidiendo que los titulares se postularan por más de un periodo25.

En menos de un año, en febrero de 2016, el Congreso aprobó la nueva planilla de jueces, considerados cercanos a Hernández. Jorge Calix del Partido Libre declaró que la retribución normal por votos en el Congreso era de 10,000 dólares26, y el presidente del partido Manuel Zelaya presentó una denuncia legal27. “Hasta compraron miembros del Partido Anticorrupción”, un miembro del PAC se lamentó, “a través de familiares y elecciones dudosas. Trabajaron en esto durante meses con antelación. Y ahora, una de nuestras grandes aflicciones es que estamos atorados con esta corte durante los próximos siete años. Ya atestiguamos que su primera resolución fue no reevaluar la decisión de permitir la reelección presidencial”28.

En marzo, la misma Corte Suprema nuevamente afín al gobierno invalidó varias disposiciones de la ley que rigen los atributos profesionales del poder judicial y la estructura de sus instituciones (como los procedimientos para la promoción y remoción de los jueces, los cuales en la profesión eran vistos como garantía de su independencia)29.

Sin embargo, no solo en los niveles más altos de la función judicial los procedimientos legales se distorsionan, incluso se tuercen para lograr los fines de la red. Periodistas, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil que se oponen a las concesiones hidroeléctricas y de minería se lamentan de enjuiciamientos espurios frecuentes30.

El director de Radio Globo y Globo TV, David Romero Ellner, quien reveló un escándalo importante en el sistema de salud pública en 2015 que condujo a semanas de manifestaciones masivas, fue enjuiciado y sentenciado por difamación31. Algunos ven el escrutinio judicial de los miembros del Partido Libre de Manuel Zelaya bajo el mismo prisma32.

Un abogado que se especializa en casos de anticorrupción afirma que sus resúmenes son, por lo regular, rechazados bajo pretextos falsos, “una vez porque el sello en la parte inferior de la página estaba un poco sobre el margen”. Recuerda ejemplos de manipulación de evidencia flagrante, por ejemplo, cuando un carro fue detenido por la policía en el tráfico y resultó tener a bordo 50 000 dólares en efectivo, se escribió un nombre falso en el afidávit para proteger del escrutinio al reconocido conductor33. Todavía más ostentoso, los expedientes de evidencia en el caso más famoso de Honduras, la investigación del asesinato de Berta Cáceres, se extraviaron cuando presuntos ladrones de automóviles robaron el vehículo de una jueza que llevaba el caso, quien afirmó que se los había llevado de la corte para estudiarlos en casa”34.

Un cerdo, que representa a funcionarios del gobierno que saquearon enormes sumas del servicio de salud pública (IHSS), lanza el epíteto “¡criminal!” a un manifestante joven que escribe con pintura de aerosol una consigna sobre una pared. Detrás del cerdo (fuera del marco), la educación se va por un excusado.

La manipulación de evidencia flagrante parece ser un rasgo de los cleptócratas actuales. En Moldova, el incendio de un vehículo en 2014 quemó doce bolsas de documentos que registraban mil millones de dólares en préstamos bancarios corruptos. En un caso anterior y hasta más impactante, Slobodan Milošević de Serbia desenterró cuerpos de víctimas a manos de sus tropas, que enterró de nuevo en un lugar recóndito en Serbia35.

Para los hondureños en general, prácticas como estas definen la injusticia. “Un gobierno tiene el derecho a crear cualquier ley que desee”, expresó un pequeño agricultor y tendero que atendía el tráfico de pipantes en el río Patuca en el extremo oriente del país. “Pero tiene que aplicarla por igual. Aquí agarran a los pequeños delincuentes callejeros y los dejan que se pudran en la cárcel, ¿pero y los grandes? ¿La vicepresidenta del Congreso que fabricó medicinas fraudulentas? [Ver la sección en las páginas 48–50 más adelante]. Eso es un crimen, debería estar en prisión. Pero no solo andan libres, sino que también reciben protección”36.

Un profesor de agricultura jubilado en Juticalpa señaló una discrepancia similar en el trato de los activos de diversos hondureños imputados o sentenciados en Estados Unidos. Afirmó que los bienes de los Rosenthals, una familia banquera y de negocios, cuyos miembros fueron acusados en 2015 por cargos de lavado de dinero, malversación de fondos, soborno y estupefacientes37, “fueron expropiados de inmediato porque pertenecían al partido de oposición. Pero para otras personas que han sido extraditadas, como [Juan Ramón Matta] Ballesteros o el hijo de Pepe [el expresidente Porfirio Lobo] es diferente. Sus familiares todavía disfrutan de sus bienes”38. En este caso, el trato diferencial otorgado podría reflejar ambos esfuerzos para disciplinar a la red o las rivalidades entre sus distintas partes en conflicto.

Policía

Las herramientas de los cleptócratas incluyen algún instrumento de fuerza invariablemente para intimidar o castigar a los rivales o adversarios más recalcitrantes. En algunos países (tales como Camerún), una unidad del ejército especializada puede desempeñar dicho papel. En otros (Egipto, Pakistán), el ejército mismo constituye la red cleptocrática principal. Pero muy a menudo, la policía o un área especial dentro de esta, junto con los servicios de seguridad interna cuya competencia incluye espiar a la población, proveen tanto la fuerza como el flujo de ingresos39. Casi siempre, algunos grupos armados informales (“matones”, “rebeldes” o guardias de seguridad privada) también desempeñan un papel.

En el caso de Honduras, los oficiales de la policía en todos los niveles, de manera regular, sirven en nombre de los tres elementos de las redes. Parece que raras veces trabajan por los intereses de la población común. Sin embargo, el acceso independiente a grandes cantidades de dinero a través de relaciones con organizaciones traficantes y pandillas juveniles le brinda a la policía a nivel local cierto grado de autonomía de los niveles altos en la jerarquía política. Asimismo, el programa de Estados Unidos, cuya meta fija es profesionalizar la fuerza y frenar la violencia y el tráfico de drogas, podría dificultar algunas de las maneras en las que se emplea este instrumento. Como una respuesta a ambas realidades, Hernández ha buscado sistemáticamente imponer al ejército hondureño, al cual quizás considera más manipulable, en los papeles de la seguridad nacional que en la mayoría de las democracias le pertenecen a la policía.

Dicha policía es una fuerza nacional dividida en dos áreas que operan fuera de las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, con jefaturas departamentales y regionales y delegaciones en 298 municipios. Con una cifra aproximada de entre 13 000 y 14 000 hombres y mujeres (aunque miles de ellos en realidad no existan40), el cuerpo policial hondureño es descrito por un miembro de una organización no gubernamental (ONG) que está involucrado en la reforma policial, Asociación Para una Sociedad Más Justa (ASJ), como “la institución estatal más grande. Tiene armas, cobertura nacional, vehículos y datos detallados de inteligencia sobre la población, incluida la información financiera de la gente y dónde vive”41.

“Hubo una politización de la policía antes, durante y después del golpe”, juzga otro miembro de la ASJ. “Los políticos instrumentalizaron a la policía. Combina eso con un proceso de selección carente de rigor (cualquiera puede formar parte del cuerpo policial) y la exaltación de las prácticas duras. La policía se volvió un instrumento de represión”42.

Incluso los diplomáticos estadounidenses, que raras veces critican a Tegucigalpa, parecen estar de acuerdo con dichas apreciaciones, las cuales se han difundido dentro y fuera de Honduras durante años43. “Hay una cifra preocupante de indicios de que el personal de la policía está involucrado en algunos crímenes”, afirma un cable de la embajada en marzo de 2006, “aunque dichas denuncias…No son exclusivas de este [el de Zelaya] gobierno”. El secretario de seguridad pública, concluye el cable, “a pesar de sus afirmaciones audaces acerca de que la policía forma parte del problema, aún tiene que tomar algunas medidas para reorganizar los rangos corruptos”44.

Después de tres años y medio, en un cable que alertaba a Washington del crimen violento que aumentaba de forma considerable en la Honduras posgolpista, la embajada de Estados Unidos enfatizó la “falta de recursos…La corrupción y la politización que resultó de la crisis política de 2009” como factores contribuyentes a la ola de violencia. “Los fiscales”, el cable añadía, “no confían en la policía para llevar a cabo investigaciones de crimen eficaces, y citaba casos donde la policía les advertía a los sospechosos o les divulgaba información”. Pero, del mismo modo, los funcionarios estadounidenses afirmaron, “la policía ha sido politizada, defendiendo de facto al régimen de aquellos que han tomado las calles para oponerse al golpe…El procurador general ha iniciado una serie de persecuciones políticamente motivadas contra el presidente Zelaya y los miembros de su gabinete, mermando la credibilidad del ministerio público como una institución que ejerce la justicia equitativa”45.

En otras palabras, la policía era utilizada como un arma para hacer cumplir los resultados de un golpe de estado claramente ilegal.

Antes de que finalizara ese año, el funcionario titular antinarcóticos del país, Julián Arístides González Irías, fue asesinado, un caso casi paradigmático de la imposición de los intereses financieros de la red integrada: en este caso, su negocio de drogas. Supuestamente altos mandos policiales, funcionarios electos y una organización de tráfico de drogas importante actuaron en colusión en el asesinato46.

Solo se trata del ejemplo más dramático y reciente de evidencia pasada y difundida de que la policía hondureña, en todos los niveles, ha colaborado de manera activa con los cárteles de las drogas del país, y se ha desempeñado fundamentalmente como una parte de estos47, e incluso se ha “subordinado” a ellos, desde el punto de vista de algunos miembros de la ASJ. “Hasta cometerían asesinatos para ellos”48. (Para mayor información, véase la sección sobre elementos de la red delictiva más adelante en las páginas 79–83). Desde entonces, nada ha sucedido para mejorar la reputación de la policía hondureña.

Todavía con frecuencia acusan a la fuerza policial de hostigar a las personas que se oponen a las políticas del gobierno, por ejemplo. “Todo comenzó en 2012”, una vez más explica el dirigente de la organización de una comunidad que registra nueve muertes sospechosas en sus filas en poco más de un año. “Cuando empezamos a impugnar los permisos para presas en todos los ríos cercanos y los planes del alcalde de medir nuestra tierra en parcelas individuales, comenzamos a tener problemas con la policía. Te detienen, te preguntan quién eres, a dónde vas, qué comiste hoy. Acusan a la gente de sedición, les plantan drogas”49.

La defensora de derechos humanos Marlene Cruz fue acusada de agredir a la policía50. A Luis Galdamez, otro periodista de Radio Globo, una difusora dispuesta a discrepar, lo arrastraron desde su automóvil y lo golpearon, supuestamente por una infracción de tráfico de rutina. En Honduras in Dangerous Times, el profesor de antropología y estudios internacionales James Phillips documentó este y otros arrestos por cargos ilógicos o falsos, tales como inmiscuirse51.

Activistas acosados que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bromean con humor negro sobre uno de las soluciones que con frecuencia la comisión sugiere: protección policial. “La policía no me brinda protección”, se burla uno. “¡Necesito que me protejan de la policía!”52.

Los hondureños en la capital y en el campo se quejan de las extorsiones a nivel calle que son típicas de la policía en la mayoría de países corruptos. “La policía te detiene por cualquier cosa”, afirma un maestro de idiomas de una escuela privada. “Dice: ‘Págame o te multo’. Así que de cualquier manera pagas. Por lo regular piden 200 lempiras. La multa es de 600”53. Otra víctima coincidió, añadiendo: “Especialmente si estás transportando carga. Te peguntan qué llevas, adónde vas, te piden tus documentos, encuentran algún problema con tu vehículo; la finalidad misma de todo esto es hacer que el conductor les dé dinero”54.

Suscita una mayor preocupación los reportes que escuchamos en entrevistas de la colusión entre la policía y las pandillas juveniles cuyas depredaciones les corresponde frenar55. “Los que más me preocupan, afirmó el implementador de un programa antipandilla a nivel calle, “son los barrios donde hay mucha interacción entre la policía y las pandillas, donde personas con instintivos pandilleros entran y salen de las estaciones de policía, donde las conversaciones de repente cambian cuando entras al cuarto. Esos son los barrios más difíciles para trabajar”56. Investigaciones recientes indican que más de sesenta funcionarios de la policía, incluidos comisionados, se encontraban de hecho en la nómina de la famosa pandilla MS-1357.

Uno de los propósitos de esta relación turbia, según varios hondureños, es la generación de ingresos. La extorsión a dueños de viviendas, pequeños negocios y proveedores y usuarios del transporte público, entre otras víctimas, se convirtió en una actividad importante para las pandillas aproximadamente a inicios de 201258. Sin embargo, la atmósfera general de violencia y anonimato dificultó determinar exactamente quién se beneficiaba. En el punto álgido del caos hace algunos años, afirma un chofer profesional, “todos tenían miedo de una llamada nocturna”. Hasta hoy en día, “si a alguien le pegan un tiro por no pagar el dinero de una extorsión, nadie quiere reportarlo, porque tienen miedo de que la policía le informe a la pandilla”59. Un especialista en antipandillas está de acuerdo: “Una atmósfera de violencia permite más criminalidad. Si alguien llama y dice: ‘Soy MS-13 y quiera X cantidad de dinero’, se lo das”60.

La policía puede sacar provecho de la confusión resultante. “Todos dicen que se trata de violencia pandillera”, afirma el chofer, “pero nadie sabe”. Para el profesor de agricultura jubilado que mencionó la discrepancia en la manera en que las layes se aplican contra las personas con vínculos versus las que carecen de ellos, no cabe duda de que: “La policía recibe una parte del dinero de la extorsión”, afirma61. “La policía está totalmente involucrada en la extorsión”, concuerda uno de los miembros de la ASJ. Al comentar sobre casos que la ASJ ha investigado y entregado a la comisión de la nueva reforma policial, concluye que la policía “ve, asesora, protege y facilita la extorsión para proteger a los miembros de la familia que están en las pandillas y para obtener dinero”62.

En otras palabras, aunque se sabe que exprimen a la gente por infracciones de tráfico falsas como sus contrapartes en Nigeria o en Uzbekistán o en docenas de otros países corruptos, la policía hondureña también puede delegar sus actividades de extorsión a las pandillas. Y esa relación podría ir más lejos: las pandillas podrían desempeñarse como auxiliares informales de la policía, “para ciertos objetivos, trabajos sucios”, expresa el profesor jubilado.

El antropólogo Phillips afirma: “Algunas veces la gente pregunta si existe colusión e incluso integración entre las actividades de los escuadrones de la muerte y las acciones de la policía”63. En efecto, la mayoría de las personas entrevistadas en Honduras, occidentales al igual que hondureños, sospecha que la policía participa en una política descrita por algunos como “limpieza social”, asesinatos extrajudiciales y redadas o desapariciones en barrios peligrosos64.

El impacto en la juventud hondureña es devastador. “La policía está integrada en las pandillas y forma parte de las pugnas internas entre ellas”, el exfuncionario de alto nivel hondureño cuya cita aparece como epigrama en este artículo está convencido. “Los jóvenes, lo mejor de nuestro país, están siendo asesinados a un ritmo de quince a dieciséis al día. ¿Qué pueden hacer? Migrar o morir”.

De este modo, un patrón consistente de la participación de la policía con elementos delictivos de las redes cleptocráticas, al igual que con miembros de las redes del sector privado y público para cometer crímenes o proteger la captación ilícita de fuentes de ingreso, es claro, como lo es su papel al entretejer las redes. Este modelo de corrupción podría, por lo tanto, estar en el meollo de la reciente crisis de refugiados centroamericanos65.

Es dentro de este contexto y a raíz de las revelaciones de 2016 sobre la participación de la policía en el asesinato de 2009 del zar antidrogas, que Hernández anunció la creación de una comisión especial para reformar a la policía66. Si bien no existe duda de que las fuerzas policiales necesitan una reforma, la mayoría de los hondureños entrevistados expresaron sospechas profundas sobre los verdaderos objetivos o las consecuencias probables de esta comisión.

Integrada por el Secretario de Seguridad Julian Pacheco, la expresidenta de la Corte Suprema Vilma Morales (una defensora abierta del golpe de 2009 y una persona de confianza de Hernández), el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, y Omar Rivera de la ASJ, está facultada para “determinar la idoneidad [de los funcionarios de la policía] para servir”, además de supervisar a aquellos que sean purgados de los rangos policiales67. A finales de 2016, cerca de 2100 funcionarios, muchos de ellos de alto rango, fueron removidos de (o han dejado) sus puestos de un total de aproximadamente 14 00068, mientras que alrededor de 2500 nuevos egresados de la academia de policía juraron su cargo.

“Algunos [de los funcionarios purgados] son corruptos, otros no son ni corruptos ni delincuentes, simplemente son demasiado viejos o mediocres o negligentes”, juzga uno de los miembros de la ASJ involucrado en la iniciativa, que elogia los resultados de la comisión hasta ahora. Para esta organización sin fines de lucro que se basa en la fe, la oportunidad para ayudar a guiar el proceso vale el riesgo potencial de servir de manera inadvertida (y encubrir) los objetivos de la administración de Hernández. El miembro de la ASJ ve la iniciativa como una oportunidad para la reforma verdadera, especialmente a nivel calle. “Podemos deshacernos de los peores funcionarios, reemplazarlos con nuevos elementos policiales y mejor entrenados, establecer un nuevo programa, incluida capacitación en derechos humanos; fortalecer la capacidad de la policía con mejores equipos de comunicación, armas y vehículos; y crear mecanismos para la supervisión por parte de los ciudadanos”69.

Sin embargo, aunque muchos observadores han aplaudido la eficacia de la purga, otros sospechan de segundas intenciones. Algunos sugieren que la filtración de documentos que implicaban al liderazgo policial en el ardid del asesinato de 2009 le convenía sospechosamente a Hernández, quien había buscado durante mucho tiempo establecer un control personal sobre el mantenimiento del orden hondureño. Desde el punto de vista del abogado que se especializa en casos de anticorrupción, el proceso de la reforma podría permitirle a Hernández eliminar de manera selectiva los funcionarios que no estén a su entera disposición. “Las acciones tomadas contra la policía llegaron muy rápido y se basaban en información poco confiable. El presidente está utilizando esta comisión para proteger a su gente leal. Se puede decir cuáles funcionarios de la policía están en complicidad con el gobierno por los automóviles de lujo que manejan”70.

Cuando Hernández aún era presidente del Congreso, instó al poder legislativo a crear una unidad especializada de respuesta al crimen organizado llamada los TIGRES71. Aunque oficialmente rendía cuentas ante la Secretaría de Seguridad como la policía, esta unidad de 250 hombres ahora se encuentra bajo el mando operativo de la fuerza de seguridad interinstitucional dirigida por el ejército, FUSINA. (Consultar más adelante, pág. X). Los TIGRES se alojan y entrenan hombro a hombro con los batallones del ejército72, incluidas, en ocasiones, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos73. De hecho, dada la preferencia de Estados Unidos de asociarse con la policía en lugar de asociarse con las unidades del ejército para la seguridad nacional, los TIGRES podrían haberse creado y conservado en parte con la finalidad expresa de captar el apoyo de Estados Unidos en cuestión de seguridad74. Han visto a personal de los TIGRES en el sitio de construcción de la presa Agua Zarca, el proyecto al que se opuso Berta Cáceres y por el cual fue asesinada75.

Desde que asumió el cargo de presidente, Hernández ha buscado transferir la función del mantenimiento del orden a las manos del ejército profesional76. Lo anterior demuestra su prelación por el ejército entre los instrumentos de fuerza a su disposición. Además de la creación de una nueva policía militar favorecida, la cual se analiza más adelante, Hernández ha cimentado esta transformación aún más al designar un funcionario del ejército activo (quien luego renunció a su cargo) como secretario de seguridad, con jurisdicción sobre la policía. Asimismo, funcionarios y exfuncionarios del ejército se desempeñan como directores de aduanas y del sistema penitenciario.

Prisiones

De hecho, es difícil separar las preocupaciones sobre la policía de las preocupaciones sobre el sistema penitenciario, el cual también recae bajo la incumbencia del secretario de seguridad. La policía se desempeña a menudo como guardia de prisiones. Las cárceles hondureñas, que sufrieron un incremento excesivo de detenidos en 2012 y 2013 (ver gráfico 1), son conocidas por sus condiciones inhumanas, incluidos la sobrepoblación, la violencia, la suciedad, el autogobierno fuera de control por parte de los prisioneros, la corrupción y la extorsión. El dinero es ubicuo. Los funcionarios toman una tajada por todas las prácticas que condonan, desde la venta directa de celdas privadas y las visitas sin inspección hasta la depuración entre internos77. Dada la alta probabilidad de que por lo menos una parte de esta tajada pasa a los altos mandos en la cadena78, debe entenderse que la administración de las prisiones representa una fuente de ingresos para ciertos elementos de la red cleptocrática.

El incremento repentino del 30 % en la cifra de hondureños detrás de las rejas entre 2012 y 2014 concuerda con los rumores sobre limpieza social que escuchó varias veces el equipo de investigación (los cateos y las detenciones arbitrarias reportadas en los barrios de las pandillas). Más ominosas son las sospechas generalizadas de que la policía u otros funcionarios del gobierno estén sacando ventaja de las condiciones insalubres en las prisiones para deshacerse de ciertos detenidos indeseables. “Ha habido este tipo de suceso en diferentes prisiones”, nos dice un observador. “Hay una gran cárcel, y de repente, un gran incendio. La gente afirma que hubo un problema de electricidad, pero no abren las celdas porque quieren que ciertos internos se mueran”. Los reportes sobre los más famosos incendios en prisión (en 2003, 2004 y 2012) describen descargas de disparos y la muerte de algunas víctimas por heridas de bala79.

Fuerzas armadas

Dado que la historia del ejército hondureño a menudo ocupa el centro de la política (al dirigir al país abiertamente de 1963 a 1982, y posteriormente disfrutar del importante patronazgo estadounidense durante las guerras civiles en la década de 1980 en Nicaragua y El Salvador, países vecinos) es engañoso de algún modo incluir a las fuerzas armadas entre otros elementos de función estatal claramente subordinados, que están a la disposición de las élites entretejidas del país. Hasta cierto punto, las fuerzas armadas representan un bloque autónomo.

Sin embargo, cada informe sobre Honduras o entrevista con expertos dentro o fuera del país contiene información sobre el incremento del uso del ejército hondureño para finalidades que no están relacionados con la defensa nacional, de manera más específica para patrullar comunidades indígenas, proteger tierras o desarrollos que los miembros de la red del sector privado reclaman como de su propiedad, reprimir las manifestaciones contra la transferencia de dichas tierras o valores naturales a las manos de la red, restringir el ejercicio de la libre expresión y, en líneas generales (a través de la nueva Policía Militar del Orden Público de Hernández o la PMOP), asumir un sinnúmero de papeles del mantenimiento del orden y de la seguridad nacional.

Los ejemplos del uso indebido o represivo del ejército son vastos, en especial y, hace poco tiempo, en relación con el proyecto de la presa de Agua Zarca. El Primer Batallón de Ingenieros trabajó en la presa; por ejemplo, construyendo sus instalaciones dentro del perímetro del campamento de la empresa constructora80. El 15 de julio de 2013, los soldados apostados en el campamento abrieron fuego contra los manifestantes locales, matando a uno de ellos81. Miembros de la organización de oposición principal fueron arrestados en retenes militares82. Y dos exfuncionarios militares, y uno todavía en el ejercicio de su cargo, están entre los ocho sospechosos que fueron arrestados por el asesinato de Cáceres. Uno de ellos fue nombrado jefe de inteligencia militar en 2015. Él y otro sospechoso se han desempeñado en cargos dentro de las fuerzas especiales de Honduras83.

Una de las tareas inesperadas de los soldados es (supuestamente) proteger y reforestar los bosques nacionales hondureños. Según una evaluación realizada para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 100 millones de lempiras (aproximadamente 4,2 millones de dólares) al año son designados para dichos objetivos de conservación forestal, de los cuales 70 millones son transferidos a las fuerzas armadas84. En un viaje por el río Patuca en los límites remotos al este del país, mi hermana y colega en esta investigación, Eve Lyman, dos naturalistas y yo presenciamos soldados patrullando pueblos pequeñas y lejanos como Wampusirpi y Bilalmo. Los habitantes nos dijeron que estaban ahí para proteger los bosques, sin embargo, parecían carecer de los vehículos o del equipo especializado que se requieren para tales tareas; además, no había evidencia de esfuerzo alguno por frenar la tala de árboles en los márgenes del río.

Sin embargo, es a través de la PMOP que el uso del ejército por parte de Hernández ha tenido, por mucho, el mayor impacto y causado controversia en extremo.

Incluso en las décadas posteriores al régimen militar que concluyó en 1982, la idea no es nueva. Fue el expresidente Zelaya quien primero engrosó los rangos policiales al asignar policías militares, que habían terminado su servicio, a la fuerza civil. Incluso, en aquel entonces, se sometieron a la jerarquía y la supervisión policiales. Hernández, por el contrario, ha emprendido un esfuerzo más concertado para desplazar las responsabilidades de seguridad nacional al ejército desde que Honduras terminó su transición al régimen civil85.

La ley que creó la PMOP, que Hernández promovió a través del Congreso, entró en vigor en el otoño de 201386. En la actualidad esta unidad, encargada de “mantener y preservar el orden público, especialmente contra las pandillas y los traficantes de drogas, al igual que de aplicar la ley contra la financiación del terrorismo, cuenta con al menos 4000 oficiales87. “Están al servicio personal del presidente”, afirma un vecino del departamento de Olancho al este del país. “Actúan como dioses o reyes, infundiendo miedo, no seguridad”.

En enero de 2015, Hernández trató de modificar la constitución para consagrar a la PMOP como un elemento permanente del dispositivo de seguridad hondureño. El Congreso objetó88, pero el asunto se decidirá ahora por voto popular en un referéndum en 2017. El liderazgo de la ASJ para asuntos relacionados con la reforma policial tiene la confianza de que la unidad no crecerá más, de que se trata principalmente de un “truco de marketing”, y de que Estados Unidos al igual que la sociedad civil local evitará que Hernández transfiera más funciones del mantenimiento del orden al ejército.

Otros no están tan seguros. Una veterana estadounidense defensora de organizaciones locales de la sociedad civil describe lo que denomina un nuevo fenómeno alarmante: grupos pequeños de oficiales de la PMOP se dispersan en el campo, forman alianzas con personal local jubilado del ejército y contratan sicarios para vigilar a los grupos de oposición89. Los hondureños en general tampoco subestiman a la PMOP. “Actúan como reyes”, afirma el vecino de Olancho. “Las personas se alejan frente a ellos. Le ordenan a la gente hacer esto o aquello. Toman lo que quieren. La gente realmente les teme; tienen miedo de manifestarse por el gas lacrimógeno y las golpizas y los encarcelamientos”90.

Uno de los dos oficiales del ejército activo relacionado con el asesinato de Cáceres, el comandante Mariano Díaz Chávez, fue instructor en la academia de la PMOP91.

No obstante, la responsabilidad por la seguridad nacional, y la protección de los intereses de la red, es todavía más confusa por los papeles aparentemente intercambiables entre las unidades élites de la policía y del ejército tales como la PMOP y los TIGRES, entre otras; además de la manera en que proceden las operaciones conjuntas por parte de guardias de seguridad privada o golpeadores civiles contratados que están vinculados con la policía o con personal del ejército92. Los papeles mal definidos y que se superponen de las diversas unidades e individuos le agregan al velo de impunidad que los protege, ya que dificultan identificar sus órdenes oficiales y determinar si se han violado lineamientos y quién lo ha hecho.

Hernández ha institucionalizado esta mezcla a través de una diversidad de grupos operativos conjuntos en la cual los soldados desempeñan labores en cooperación con oficiales de la policía, procuradores, agentes de aduana, personal de inteligencia y otras autoridades civiles. Entre 2010 y 2014, Xatruch, una fuerza anterior similar, controló el exuberante valle del Bajo Aguan, donde la gente local se quejaba de la expropiación de tierras debido a los intereses en el aceite de palma93. En la actualidad, la más activa y conocida de ellas es la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), que rinde cuentas directamente ante el Consejo de Seguridad Nacional y está bajo el mando operativo del ejército. Según se informa, consta de aproximadamente 6300 oficiales del ejército, incluida toda la PMOP y los TIGRES, además de la mayoría de la marina. Puede desplegarse por todo el territorio del país94.

De este modo, el ejército hondureño se usa para varios fines inapropiados. Además del despliegue en barrios acosados por pandillas y la participación en la lucha contra las drogas, es un instrumento para la consolidación del poder, la protección de la propiedad privada o de los intereses empresariales de los miembros de la red del sector privado y la intimidación95.

En 2011, el Congreso aprobó un impuesto especial aplicado en algunos de los sectores económicos clave que pertenecen a elementos de la red del sector privado: transacciones financieras, ingresos de comida rápida, teléfonos celulares y exportaciones de minería. Las ganancias se destinaron a compras de material para servicios de seguridad. Las empresas se quejaron de que el impuesto era oneroso y nada claro96. El personal del Departamento de Estado de Estados Unidos, entrevistado en julio de 2016, confirmó que lo que había respaldado el departamento en un principio como un compromiso para mejorar la situación de la seguridad resultó desalentador a la hora de su ejecución, dada la falta de transparencia y las evidencias de que hubo desviación de fondos para otros fines97. Los hondureños encuestados corroboraron la falta de transparencia del impuesto, incluido el depósito de los fondos que genera en numerosas cuentas en diversos bancos diferentes.

El mismo Hernández asistió a la academia militar cuando era un adulto joven. La elección no podría estar más cargada de significado que la decisión de algunas familias estadounidenses de enviar a sus hijos a una escuela católica: las academias militares son una manera bastante económica de obtener una educación digna y contactos útiles. El servicio que prestó durante mucho tiempo su hermano y confidente Amílcar, quien se jubiló como coronel, tiene un peso más significativo, además de haber cimentado una conexión familiar con las fuerzas armadas. Lo anterior y la persistencia de los esfuerzos de Hernández para utilizar al ejército hondureño en tareas domésticas indican inequívocamente que el ejército es la preferencia personal de Hernández entre los instrumentos de fuerza a su disposición.

Coalianza (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada)

Una puntada vital para entretejer las madejas del sector público y privado de las redes cleptocráticas de Honduras es la Coalianza o la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada. Creada en 2010 para promover los objetivos de la Ley de la Alianza Público-Privada (PPP), el papel manifestado por la comisión es promover, concluir y supervisar contratos conforme a los cuales empresas privadas llevan a cabo proyectos de obras públicas que van desde la construcción de un puerto y carretera y el envío de pasaportes hasta la compra de medicina para el sistema de salud pública.

En la práctica, eso significa canalizar financiamiento público a contratos privados a través de un proceso de licitación (si existe) nada transparente98 y, normalmente, de un convenio de fideicomiso administrado por un banco privado99. La responsabilidad por completar y operar la instalación o servicios públicos es cedido a un comité técnico, el cual puede estar conformado por funcionarios del gobierno, al igual que por ejecutivos de un banco o de otro sector privado. La contratación se celebra conforme a procesos especiales, no los enunciados en la ley general de contratación pública.

La Coalianza selecciona proyectos prospectivos, después coordina un proceso de licitación y celebra los contratos. De este modo, el presidente puede personalmente dirigir o aprobar proyectos, incluyendo dichos términos como los peajes que se deben obtener o las garantías de compra. Denominado por un exmiembro del gabinete “un hijo de Juan Orlando,” la Coalianza opera con la cooperación cercana del presidente hondureño. El actual secretario de finanzas es un exjefe del organismo.

Los funcionarios de la Coalianza se opusieron a la promulgación de una reforma en 2014 que incrementaba un poco la supervisión, incluida la creación de una Unidad de Contingencias Fiscales que rinde cuentas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Esta unidad supuestamente examina los riesgos y desarrolla estrategias de mitigación, además de pronunciarse sobre la idoneidad de un concepto dado para este tipo de acuerdo de alianza público-privada. Pero según un reporte de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en práctica la SEFIN todavía no ha desarrollado la capacidad para examinar y autorizar propuestas de la PPP…Incluso en la actualidad cuando tiene el papel principal en el proceso de aprobación”100. Como es el caso frecuentemente en documentos como tales, la pregunta permanece abierta: está el gobierno por lo menos buscando desarrollar dicha capacidad o el déficit es intencionado.

Una confusión similar impera en lo que respecta a la inclusión (o no) de proyectos de la Coalianza en los procesos presupuestarios generales a nivel nacional, al igual que en la supervisión financiera independiente. “La responsabilidad constitucional para llevar a cabo esta tarea recae en el Contralor y Auditor General de Honduras; sin embargo, la capacidad institucional para supervisar el portafolio de la PPP es limitada”, afirma el BID. “Por ejemplo, el auditor general no ha emitido las directrices para auditar proyectos de infraestructura conforme al modelo de la PPP”101.

De momento, ni el Tribunal Superior de Cuentas, ni la Secretaría de Finanzas, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros han publicado la auditoria de algún proyecto de la Coalianza102. El público puede tener acceso a los contratos después de que estos se hayan firmado, e incluso entonces solo lo pueden hacer parcialmente.

De hecho, según un entrevistado, un miembro del Congreso que ha investigado estos acuerdos en un esfuerzo por ejercer la supervisión constitucional, su objetivo principal es “ocultar dinero del presupuesto y de la ley sobre contratación pública y de la supervisión asociada”103.

La confusión podría permitirles no solo a los ejecutivos del banco, sino también a los funcionarios públicos en el comité técnico, obtener beneficios indebidos, según el miembro del Congreso. Algunos banqueros presuntamente han expresado renuencia a seguir encargándose de dichos proyectos, dado el comportamiento atestiguado en los diecisiete proyectos actualmente contratados104. La implicación es que funcionarios del gobierno, no solo sus socios del sector privado, están explotando estos gastos extrapresupuestarios para beneficio personal, mientras que el banco sigue teniendo la responsabilidad estatutaria por actos indebidos, tales como violaciones a las regulaciones internacionales de lavado de dinero.

El gobierno hondureño puede garantizar préstamos pedidos a favor de dichos proyectos, asumiendo de este modo el riesgo institucional y una deuda de intereses compuestos, aunque el involucramiento de la reputación estatal no se beneficia de los mecanismos de supervisión normales del gobierno105. El financiamiento para el desarrollo internacional también se aplica a estos proyectos, produciendo beneficios potenciales adicionales para sus directores. Según un economista de uno de los bancos principales de desarrollo regional, incluso estas instituciones bastante permisivas expresan preocupación. “El Banco Mundial, nosotros e incluso el FMI estamos tratando siempre de presionar al gobierno hondureño para que reduzca el papel de los fondos fiduciarios. Pero no quiere hacerlo”106.

ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)

Puede parecer extraño incluir a una compañía eléctrica en una lista de organismos estatales que se encuentran al servicio de la red cleptocrática de un país. Pero cuando la situación financiera de esa empresa es tan catastrófica como para bloquear la cualificación del gobierno para préstamos internacionales107, cuando los cargos de dirección están ocupados por parientes cercanos de políticos influyentes108 y cuando la empresa parece hacer negocios exclusivamente con las familias que constituyen en elemento central del segmento del sector privado de la red cleptocrática, entonces se justifica el interés. El sector eléctrico hondureño, asimismo, ha captado a un sinnúmero de habilitadores externos de la red y generado prolongados conflictos entre las élites cleptocráticas y las poblaciones rurales109. El sector energético genera una fuente de ingresos clave para la red y, al mismo tiempo, representa una amenaza importante para el medio ambiente.

En 2013, la empresa eléctrica nacional, ENEE, sangraba dinero a un ritmo récord de más de 20 millones de lempiras, o aproximadamente 1,3 millones de dólares, al día. El total anual, casi 9,6 mil millones de lempiras, o cerca de 477 millones de dólares, representó alrededor del 2,5 % del PIB110. Los prestamistas internacionales (también conocidos como instituciones financieras internacionales o IFI) pedían a voces una reforma del sector eléctrico. Pero la mayoría de los cambios que demandaban se referían a la estructura de la compañía y no a los resultados que demostraban la enmienda de sus deficiencias. Las IFI querían que la ENEE se privatizara (aunque dicha realidad está casi siempre enmascarada por la sosa terminología de “reforma estructural”). Un comunicado de prensa del FMI en diciembre de 2014 acerca de la aprobación de un fondo por la cantidad aproximada de 190 millones de dólares a través de un financiamiento de interés bajo, por ejemplo, señaló que “se prevé que las reformas estructurales juegue un papel crucial al respaldar la consolidación fiscal y mejorar las perspectivas de crecimiento. El programa comprende las reformas en el sector eléctrico, incluida la ENEE”. En otro comunicado, el FMI afirmó, de manera explícita, que dichas reformas deberían “fomentar la competencia en el sector eléctrico”111.

El gobierno hondureño comenzó a dividir la ENEE en 2014 con miras a invitar al capital privado. La empresa se separó en tres entidades con la responsabilidad respectivamente de generar, transmitir y distribuir energía. El proceso de privatización en curso se gestionará a través de uno de los fondos fiduciarios, manejado como siempre por los bancos Ficohsa y Atlántida112.

Sin embargo, no fue tanto esta transformación como la caída de los precios del petróleo, y 2000 despidos de un total de una fuerza laboral de 5000113, lo que provocó la caída de las pérdidas operativas de la ENEE por casi 180 millones de lempiras en 2015, o aproximadamente 30 millones de dólares, alrededor del 1,9 % del total114. Pero, aunque la empresa se encuentra en una situación financiara un poquito mejor, y aunque los cortes eléctricos catastróficos que azotaron la región a principios de la década de 1990 no se han repetido, los apagones siguen siendo frecuentes115, y las zonas rurales están desatendidas116. Según algunos expertos, el 15 % de la población hondureña no tiene acceso a la electricidad117.

Es por eso, explicó Giovanni Ayestas de UEPER (una dependencia de la ENEE a cargo de los proyectos de generación grandes) en una entrevista en su oficina en el verano de 2016, que los planes del gobierno exigen una expansión importante de la capacidad de generación de energía de Honduras. Ayestas hacía clic en las diapositivas en PowerPoint mientras argumentaba. Pero las cifras en la pantalla no respaldaban la elección política. La producción eléctrica actual, reconoce Ayestas, excede la demanda. Honduras incluso exporta aproximadamente un 1 % de su energía.

Sin embargo, la cifra más sorprendente fue la de las pérdidas: el 30 % íntegro de la corriente eléctrica de Honduras desaparece en las conexiones y los cables defectuosos, y en los robos que cometen los clientes118. Sin embargo, en lugar de lanzar una campaña nacional para renovar materiales, ajustar conexiones e identificar medidores desactivados, los clientes colgados ilegalmente o la connivencia con empresas favorecidas, el gobierno firmó de prisa contratos con compañías privadas para aumentar la capacidad de generación.119

La ENEE durante mucho tiempo ha dependido de la generación de electricidad privada que vende a los consumidores, produciendo en sí solo aproximadamente una tercera parte del suministro total del país. Y esta subcontratación ha generado rentas importantes para los miembros de la red del sector privado durante más de dos décadas.

A principios de la década de 1990, escaseces paralizantes en la región provocaron un estado de emergencia durante quince años, bajo cuyos términos la ENEE otorgó contratos generosos a industriales bien conectados, quienes construyeron centrales de carbón y de petróleo. De hecho, fue la renegociación de algunos de estos contratos lo que ayudó a reducir el déficit de la empresa después de 2014120.

La ley de 2007 que impulsaba la energía renovable tenía como objetivo dejar de obtener el suministro de estas centrales de combustibles fósiles costosas. Sin embargo, sus condiciones eran aún más generosas que las de la legislación de 1994 para los generadores de electricidad privados (en gran medida la misma gente). Los generadores de energía renovable gozan de una prima del 10 % por encima de los precios del mercado, incrementos anuales garantizados sobre esos precios ya elevados, diversas exenciones fiscales (incluida la exención de impuestos sobre las ventas y los ingresos), al igual que un bono de 0,03 céntimos de dólar por kilovatio-hora para los primeros 300 megavatios provenientes de proyectos que aparecieron en línea el 31 de junio de 2015121.

Estas condiciones no cambian durante la vigencia del contrato, generalmente de por lo menos veinte años, en un momento en el que los precios de la energía solar están bajando nada menos que un 10 % al año122. “Los productores privados gozan de beneficios indebidos”, afirma Ramón Romero, quien ha estudiado las interrelaciones entre lo que denomina élites eléctricas y los brókeres de energía políticos123. “Obtienen un precio más elevado que las centrales [combustible fósil] térmicas, sin ninguna justificación razonable. Los insumos son más baratos”124. A modo de comparación, la electricidad a partir de carbón se sitúa en un rango de 0,07 y 0,09 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que los precios garantizados por el gobierno para la energía solar son aproximadamente el doble, a una cifra ligeramente superior a 0,15 centavos de dólar por kilovatio-hora, sin incluir el bono de 3 centavos125.

Fue en este contexto que el Congreso promulgó una ley para reestructurar la ENEE, cambiando el marco de contratación y estableciendo un nuevo organismo regulador encargado de supervisar un proceso de licitación abierto, de aprobar contratos y de publicar una lista de compañías productoras de energía. Pero según varios expertos, un extraño retraso ocurrió entre la presentación del proyecto de ley ante el Congreso, su aprobación y su entrada en vigor en julio de 2014. (Casi un año después de todo eso, el organismo regulador aún no estaba listo ni cumpliendo sus funciones)126.

Durante esa lapso inusual, la ENEE firmó por lo menos treinta de los viejos y apreciados contratos otorgados sin licitación, sumando un total de alrededor de 400 megavatios de electricidad renovable127. Los beneficiarios no fueron otros que los miembros de las mismas familias que habían gozado de los contratos de combustibles fósiles sobrevaluados, que el gobierno estaba renegociando con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo: las familias que se encuentran en el núcleo del elemento del sector privado de la cleptocracia: los Facussés, los Kafies, los Laraches, los Nassers (que se aliaron con los Facussés a través del matrimonio)128. De hecho, la sincronización de los dos sucesos indica que las condiciones excesivamente generosas para las energías renovables sirvieron quizás como incentivo para facilitar la renegociación de los contratos pasados de combustible fósil. En el caso de ambos tipos de generación de electricidad, las condiciones del contrato son tan generosas que constituyen una transferencia directa de fondos públicos a los bolsillos de los miembros de la red del sector privado. (Véase también la sección sobre control de la industria energética por parte del sector privado en las páginas 70–73 más adelante).

En este contexto, la presión internacional para reducir o finalizar los subsidios eléctricos parece equivocarse. Obliga a clientes pobres (la mayoría de ellos no están sujetos al impuesto sobre la renta u otro tipo de impuesto) a financiar directamente los beneficios excesivos de los generadores privados.

Estos sucesos incluso molestaron a algunos funcionarios de la ENEE. La indignación de Ayestas se evidenció cuando habló “del escaso poder de regateo” del gobierno dentro de estas negociaciones. “Las concesiones establecieron un tope mínimo por debajo del cual el precio no debe caer; pero sí puede subir. Por ley y por contraste, el Estado tiene la obligación de comprar toda la energía renovable que produce”, aun cuando la red tenga o no la capacidad de conducirla. Es un mercado caro y poco transparente”129.

Curiosamente, dadas las ventajas del sector y los costos elevados de estos contratos, la ENEE no buscó hacer sus propias inversiones en la generación de energía solar. Abandonó este segmento del mercado y en su lugar optó por asignar proyectos hidroeléctricos grandes, caros y técnica y ambientalmente poco confiables130.

Como se ve desde el río

Un ejemplo notable es un proyecto que Giovanni Ayestas de UEPER y su colega Lourdes Sagastume presumían: una presa controversial en uno de los últimos ríos indomables que quedan en Honduras. Como los detalles muestran más adelante, las prácticas mediante las cuales este proyecto se concibió, a pesar de las protestas vociferantes de los lugareños, sin mencionar las de los expertos en ciencias ambientales e hidrológicas, demuestran un patrón que se repite dentro de contextos similares en todo Honduras131.

Serpenteando a través de alrededor de 482 kilómetros entre empinadas riberas de antaño, arboladas de manera exuberante, que se convierten en llanuras aluviales cerca del Mar Caribe, el río Patuca es el Amazonas de Centroamérica.

Un sinnúmero de veces, se han trazado planes para contenerlo y firmado documentos de financiación, pero a fin de cuentas se han desechado132. Sin desanimarse, algunos meses después del golpe de 2009, el gobierno hondureño recurrió a China, acordando una serie de condiciones para la construcción de una presa río arriba del sitio original por parte del gigante hidroeléctrico Sinohydro, que se pagaría con préstamos de dos bancos chinos: el Export-Import Bank y el Industrial and Commercial Bank of China133. El Banco Atlántida supuestamente respaldó préstamos para la ENEE con el fin de comprar la tierra que sería explotada134. Las manifestaciones que bloquearon los planes anteriores continuaron, la financiación resultó difícil de asegurar y los trabajos relacionados con el proyecto siguieron estancándose y reanudándose135.

A finales de 2012, por ejemplo, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enviaron una carta severa a la ENEE, acerca de los probables impactos sociales y ambientales del proyecto. Una evaluación ambiental llevada a cabo por el gobierno hondureño, que se finalizó en 2008, afirmaba que la carta del BID era “tan deficiente que ni siquiera pudimos imaginar cómo empezar a estudiar [la presa] con seriedad”. De este modo, el banco de desarrollo ordenó y pagó un análisis por separado, realizado por un contratista competente externo.

El veredicto del estudio independiente financiado por el BID fue categórico. “El proyecto no cumple con nuestras salvaguardias; como se podrá ver en el informe existen muchas deficiencias fundamentales y algunas de ellas son difíciles de corregir dada la etapa del proyecto”. Basándose en las conclusiones, el BID se negó a pagar incluso las evaluaciones de los otros sitios en el río que el gobierno hondureño espera contener en un futuro, después de terminar Patuca III136.

El río Patuca y el sitio de trabajo de Patuca III, julio de 2016.

En otros palabras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras no ha ejercido sus funciones de supervisión más elementales y en su lugar su desempeño se ha limitado a dar el visto bueno a un proyecto evidentemente cuestionable. Demuestra ser un ejemplo clásico de una institución estatal que de manera deliberada se ha extenuado. (Véase más adelante las páginas 52–54).

El análisis voluminoso del BID sobre Patuca III reveló importantes impactos probables, en especial río abajo de la presa, una zona que ni la evaluación hondureña ni los planes de mitigación de la ENEE abordan. Según el estudio, “treinta y ocho pueblos [además de los tres afectados por el impacto directo] sufrirán efectos colaterales, en especial de naturaleza socioeconómica. Algunas áreas afectadas pueden ser rehabilitadas a través de intervenciones adecuadas, pero la mayoría…Sufrirá un cambio permanente en cuanto al uso de la tierra”. Estos impactos incluyen cambios en la corriente del río, “los cuales a su vez afectan la fauna terrestre de manera importante”, al igual que en la calidad del agua y en la sedimentación. El reporte también menciona la probabilidad de que la presa impida el uso del río como arteria de transporte por las comunidades locales, la deforestación debido a la migración en la zona, los cambios en los patrones de inundación de los cuales depende la agricultura local y la amenaza a docenas de especies en peligro de extinción registradas, incluidas lagartijas, tortugas, cocodrilos y peces migratorios137.

El abogado citado anteriormente, un miembro de la Barra de Abogados Anticorrupción, conoce bien la zona porque luchó contra la compra de madera extraída de ahí por empresas de embalaje estadounidenses durante años138. Desde su punto de vista, la presa causará un “daño desmedido”. El río, por otra parte, no es físicamente apropiado para la generación de electricidad: “El Patuca no tiene rápidos. Es un río lento con sólo 3 o 4 % de pendiente. El agua literalmente se extiende, no logra crear el tipo de presión que necesitan las turbinas”139.

Sin embargo, durante nuestra visita a la zona en el verano de 2016, su podían ver las enormes grúas que terminaban el muro de la presa. Informes y fotografías enviados por miembros hondureños del equipo muestran que la obra se aceleró en el segundo semestre del año.

Además de su denuncia inequívoca de la falta de “mecanismos de ejecución para asegurarse de que el [proyecto] cumpla con las medidas de mitigación ambientales por parte de la secretaría del medio ambiente”, una de las críticas principales de la evaluación de los planes de la ENEE por parte del BID fue la falta de consulta adecuada con las comunidades locales, que se habían opuesto de manera activa y sistemática a represar el río durante dos décadas.

El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Honduras ha suscrito, se esfuerza en reconocer “la importancia especial para las culturas y los valores espirituales de la gente preocupada de su relación con [sus] tierras o territorios”. Los derechos de los indígenas para “participar en el uso, manejo y conservación de estos recursos” estipulan que serán “salvaguardados de una manera especial”. Y en el caso (supuesto y excepcional) “en el cual el Estado retenga la propiedad” de los recursos, “las autoridades …Consultarán a estas personas, con el fin de determinar si y hasta qué grado sus intereses resultarán perjudicados, antes de llevar a cabo o permitir …La exploración o explotación de dichos recursos…La gente afectada, de ser posible, participará en el beneficio de dichas actividades y recibirá una compensación justa por cualquier daño”140.

Barcos esperan sus cargas, Arenas Blancas, julio de 2016.

Pasamos cinco días viajando por el río Patuca en el único modo de transporte disponible: una pipante (lancha de madera tradicional, larga y chata). Nos deteníamos para entrevistar habitantes río arriba y río abajo del sitio de la obra, y descubrimos que ninguna persona está a favor del proyecto.

Los propietarios de tierras río arriba, que ahora están siendo inundadas por el embalse, acamparon frente a las oficinas de la ENEE en Tegucigalpa en 2015141. Sin embargo, el primer lugareño que nuestro equipo detuvo al lado de la carretera relató el resultado de esa lucha. Un pequeño agricultor, se nos acercó montado en una yegua alazana, su potro trotando detrás, y su actitud tipificó la resignación que hallamos en todos lados: “A los ricos les ofrecieron un precio más elevado por su tierra, así que llegaron a un acuerdo”, comentó. “No queríamos vender, pero los grandes nos arrinconaron”142. El abogado de anticorrupción más tarde confirmó el relato del agricultor: “Robaron con eficacia la mayor parte de la tierra, ya que la mayoría de la gente que fue a Tegucigalpa a manifestarse era grandes propietarios que ni siquiera viven en el área”. Cuando les ofrecieron un precio más alto, nos dijo, los propietarios ausentes abandonaron la manifestación, dejando solos a los agricultores locales143. (Pero las manifestaciones se desencadenaron otra vez a finales de 2016, imponiendo un cese en el trabajo de veintiséis días144).

Niños tawahkas estudian sobre el pórtico de su casa en zancos en Krautara, julio de 2016.

Un maestro, cuyo padre de noventa y seis años nació en la casa cuidada con esmero donde nos reunimos, afirmó que nunca lo invitaron a participar en el proceso de toma de decisiones. “Nos dijeron que el proyecto era un proyecto del gobierno; va a suceder de esta forma. No nos pidieron nuestra opinión; dijeron que esto tenía que pasar porque era una necesidad. Dijeron que era un proyecto de desarrollo del gobierno”145.

“¿Desarrollo para quién?”, replicó un vecino que se había unido a la conversación en el portal de una pequeña comunidad río arriba de la presa, Las Planchas. “¿El desarrollo es para las comunidades locales o para las industrias en Juticalpa y Tegucigalpa y Nicaragua?”.

Todos los entrevistados relataron la misma comunicación unidireccional durante las pocas reuniones que se organizaron. “La gente del gobierno solo especificó: “Es un programa del Estado”, afirmó una mujer. “‘Se hará, ayude o no a la gente. Incluso cuando la gente se oponga a él, va a suceder’. Eso es lo que entendimos”146.

A Avelino Betancourt, el alcalde de Nueva Palestina, el pueblo inmediatamente después de la presa río abajo, se le dijo que “los gobiernos locales no se pueden oponer” al proyecto porque es de importancia nacional. Según la ley de electricidad renovable, señaló su personal, no se le debe pagar al municipio ningún impuesto. “Trajeron un documento que muestra que están exentos de cualquier impuesto local. ¡Ni siquiera tienen sus propias ambulancias, usan las nuestras!” El alcalde Betancourt afirmó que repetidas veces ha buscado, pero sin lograrlo, reunirse con los funcionarios del gobierno para dialogar sobre el impacto de la presa en los ciudadanos de su circunscripción, o de otros proyectos de desarrollo que podrían implementarse para contrarrestar el daño147.

Río más abajo, en zonas claramente protegidas por el convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, los habitantes hablaron del engaño descarado. “Cuando celebraban reuniones, firmábamos una hoja de asistencia”, reiteró un habitante del pueblo de Krautara, habitada por los tawahkas, pueblo indígena de por sí arrinconado hasta el punto de la extinción por la deforestación y la migración ilegal a sus tierras tradicionales. “Posteriormente dijeron que esas firmas hacían explícita nuestra aprobación”148. Una travesía en pipante de dos días más río abajo, en Bilalmo, en el territorio de la Mosquitia, un hombre recuerda la primera de esas reuniones hace dos años. “Nos ofrecieron semillas de arroz y nos dijeron que firmáramos por las semillas. Cuando convocaron otra reunión el siguiente año, y nuestros representantes dijeron que no habíamos sido consultados, la comisión les mostró esas firmas y dijo que sí”149.

Era abrumadora la evidencia de que se trataba de un somero ejercicio de formalidades, no se había llevado a cabo un esfuerzo genuino por cumplir con las obligaciones legales para obtener la participación y el consentimiento de la comunidad basándose en la plena comprensión de las implicaciones del proyecto.

Lejos del consentimiento, hubo miedo generalizado de los impactos calamitosos sobre un estilo de vida total.

“El río es la carretera para todas nuestras comunidades” señaló uno de los tawahkas atribulados. “El impacto de por sí es inmenso. Pronto nuestras pipantes no podrán desplazarse en el verano”150. El propietario de un pequeño restaurante que sirve frijoles y plátanos fritos cerca del sitio de construcción concuerda: “Dicen que es progreso y que será bueno para otras regiones del país. Pero es un barbarismo contra la naturaleza. Afectará mucho la navegación, especialmente en el invierno. No habrá suficiente agua”151.

Deforestación a lo largo del río Patuca, julio de 2016.

“No podremos pescar ni agarrar tortugas una vez que el río baje”, se preocupa otro habitante de Krautara. “Vamos a perder una parte de nuestra vida”152. Los misquitos, un pueblo que cultiva las planicies río más abajo cerca del delta del Patuca, expresaron preocupaciones similares sobre sus prácticas tradicionales, que dependen del nivel alto del agua por temporada y de los depósitos de sedimentos. Y además están los temores constantes por un accidente catastrófico: “Si esa presa se rompe, habría inundaciones peores que las que se produjeron durante el huracán Mitch”, predice una mujer153.

Las nuevas carreteras escarbadas en la selva para facilitar la construcción han acelerado una expropiación de tierras en curso que ha deforestado el paisaje, donde todo forma parte de una reserva natural protegida. La destrucción se extiende kilómetros: árboles mutilados con machete, sus muñones irregulares sobresalen de las laderas desnudas como dientes rotos, restos carbonizados de ramas quemadas regadas por las pendientes. Donde se han talado la mayoría de árboles en un pedazo de tierra, los demás mueren, dejando el alguna vez exuberante tapiz de enredaderas y orquídeas y tillandsias colgado de sus extremidades como telaraña polvorienta. Los pastizales verde lima, mortalmente silenciosos, invaden todo.

Por tanto, de manera irónica, un proyecto que se proclama como “renovable”, cuya meta parcial es recabar bonos de carbono, está de hecho generando emisiones importantes de carbono a través de la destrucción y degradación forestales154.

Ayestas de UEPER desestimó las preocupaciones angustiosas sobre la deforestación de los tawahkas y de los misquitos: “Las comunidades indígenas no quieren proteger los bosques; solo desean ser incluidos en el negocio”, argumentó. En efecto, él y su colega Sagastume proclamaron la campaña de las relaciones comunitarias que estaban poniendo a prueba con Patuca III como “diferente de lo que se ha hecho, público o privado, hasta ahora”.

“Ayudamos a los habitantes a establecer la titularidad de sus tierras”, alardeó Sagastume, “para que reciban una compensación más justa”. Sin embargo, reconoció, los pagos están detenidos “porque el Estado no tiene el dinero”.

Los planes, que aún no se han implementado, exigen una reunión con los habitantes de los diecinueve pueblos que forman un anillo exterior alrededor del futuro embalse, para diagnosticar los desafíos y las subsanaciones del desarrollo. “El gobierno deseaba un préstamo para todos estos proyectos de mitigación”, pero a China solo le interesa financiar la presa misma, y el déficit de presupuesto actual no permite dichos gastos, expresó Sagastume. ¿Y en cuanto a las comunidades ubicadas río abajo de la presa? “Nuestra zona prioritaria son las comunidades río arriba. Avelino Betancourt debe trabajar en las cuestiones de desarrollo río abajo”155. El alcalde Betancourt es el mismo que durante varios años no ha podido obtener una reunión con algún funcionario del gobierno para dialogar sobre los impactos de la presa en su comunidad y la manera de mitigarlos.

En otras palabras, la ENEE está apresurando comunidades que serán afectadas de un modo drástico, para construir una presa deficiente que amenaza entornos naturales irreemplazables y contribuye al cambio climático.

¿Y con qué propósito? Por encima de todo, el objetivo deseado parece ser la generación de efectivo. Después de una alusión entusiasta a los bonos de carbono que Patuca III pretende recabar, Sagastume y Ayestas pasaron al objetivo ulterior: cosechar ingresos a través de las exportaciones al mercado de electricidad centroamericano cada vez más integrado.

El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, o SIEPAC, es una iniciativa para conectar las redes eléctricas y relacionar los marcos jurídicos asociados de seis países centroamericanos (excluyendo solo a Belice). La finalidad declarada es atender las escaseces periódicas de la región al permitir que los países compren electricidad de sus vecinos.

Casas típicas, río Patuca, julio de 2016.

“Creemos que la integración es la clave para el desarrollo de esta región”, un funcionario de uno de los bancos de desarrollo que ha aportado préstamos al plan nos comentó. “En particular el sistema de carreteras y el SIEPAC”. Aunque el tendido eléctrico está en gran parte conectado, informó, los marcos regulatorio y jurídico aún deben armonizarse156.

El SIEPAC está dirigido por una entidad registrada en Panamá con sede en Costa Rica, Empresa Propietaria de la RED, un consorcio de compañías privadas (una cuarta parte) y públicas (tres cuartas partes) de los seis países miembros, además de Colombia, México y España157. Son estos socios externos los que agravan muchas de las preocupaciones de los hondureños acerca de que si el SIEPAC podría ser otra gallina de los huevos de oro para los negocios bien conectados.

Se les dijo que tenían que sacrificar sus tierras o su estilo de vida por el bien común de Honduras para que sus compatriotas pueden gozar de electricidad; muchas víctimas de Patuca III expresaron sus temores acerca de que la presa hará en su lugar precisamente lo que los funcionarios de la UEPER dijeron que haría: incrementar el volumen de electricidad que Honduras exporta. Y no solo al cercano país de Nicaragua, como lo mencionó el habitante de Las Planchas durante nuestra conversación nocturna en el pórtico de su vecino. La electricidad de Honduras podría incluso alimentar a las industrias y los mercados hambrientos de energía más allá de las fronteras de Centroamérica; cuyas ganancias beneficiarían a la ENEE corrupta de manera notoria o, una vez privatizada, a sus accionistas y a otros miembros del consorcio SIEPAC. Los hondureños de zonas rurales entrevistados para este estudio temen ser olvidados en la oscuridad una vez más158 .

En las últimas vueltas de la historia de Patuca III, el Consejo Nacional Anticorrupción hondureño anunció en septiembre de 2016 que había encontrado precios falsificados y otras malversaciones con un valor por encima de los 121 millones de lempiras (5,2 millones de dólares) por parte de los funcionarios de alto rango de la ENEE en los contratos para la construcción y el mantenimiento del campamento que alberga a los albañiles y a los ingenieros chinos del proyecto159. (Los funcionarios que aparecieron en el reporte dejaron la ENEE entre 2012 y 2015160). Hasta enero de 2017, las investigaciones se seguían llevando a cabo todavía161. Seis meses más tarde, el testimonio del juicio en Nueva York de un narcotraficante inculpado demostró que la UEPER celebró un contrato con una compañía que pertenecía al cartel de drogas Cachiros por infraestructura relacionada con esta presa162.

El análisis de proyectos de infraestructura de desarrollo fallidos (“elefantes blancos”), de los cuales las presas son un ejemplo crucial, señala que probablemente no se diseñaron para que funcionen de manera eficiente del todo para los supuestos beneficiarios. Su función verdadera podría ser precisamente ofrecer oportunidades para la malversación de este tipo163. (Para deliberaciones futuras sobre el mercado de la electricidad, véase más adelante las páginas 70–73).

IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social)

La historia que se difundió en Globo TV el 8 de mayo de 2015 difícilmente hubiera ganado puntos por maestría técnica. Calvo y vestido con una camisa vaquera casual, el reportero casi gritaba en el micrófono. El material de archivo de salas de espera de hospitales, ambulancias y edificios con el logotipo del IHSS aparecía una y otra vez164. Pero los hallazgos que David Romero Ellner difundió en el segmento fueron impactantes. No menos de 7 mil millones de lempiras (aproximadamente 297 millones de dólares) habían sido desviados del sistema nacional de salud, de los cuales por lo menos 3 millones podrían haber terminado en las arcas del Partido Nacionalista del Presidente Hernández para financiar su campaña de elección presidencial de 2014165. Las cámaras de Globo enfocaron algunos de los cheques cancelados mientras Romero recitaba cifras.

Honduras estalló. El descubrimiento de que el sistema de salud pública evidentemente endeudado166, arruinado por la falta de medicinas durante meses167, era el blanco de desfalcos sistemáticos a tal escala y para tales propósitos flagrantes, conmocionó incluso a los hondureños acostumbrados a la corrupción. A la angustia hay que agregarle unas 3000 personas que pudieron haber fallecido al ingerir compuestos peligrosos o inútiles que pensaron que eran medicina, o debido a otras carencias o disfunciones del sistema vinculadas con la corrupción168.

En marchas nocturnas, manifestantes vestidos con uniformes blancos de doctor y antorchas en las manos bloquearon las calles de Tegucigalpa169. Durante junio y julio, las manifestaciones continuaron en la capital y en por lo menos una docena de otras ciudades a nivel nacional, al igual que en Miami y en Washington, DC. Carteles y pancartas proclamaban los hechos al desnudo: “¡L7 300 000 000 Robados! ¡2800 Muertos!”. Los manifestantes exigían la renuncia del Presidente Hernández y la creación de una comisión de investigación y enjuiciamiento respaldada internacionalmente conforme a los términos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que estaba procesando a funcionarios en el vecino país.

En el pasado no muy lejano, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) era reconocido por ofrecer una asistencia médica de calidad confiable a los hondureños empleados en la economía formal, quienes aportaban al sistema mensualmente en función de una escala variable. Sin embargo, según algunos entrevistados, la calidad de la atención médica ha ido decayendo y el precio se ha incrementando durante varios años. En 2013, el equipo, el personal y la escasez de suministros atrajeron la atención de los pacientes y de los profesionales de la asistencia médica.

En 2014, los primeros hallazgos importantes sobre las causas de estas carencias se hicieron públicos. Una investigación por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el ministerio público descubrió que 600 millones de lempiras eran extraídos al mes a través de fraudes y de la corrupción170. En el meollo del ardid había una amplia variedad de fraudes tan diversos como el surtido en una caja de chocolates, incluidas compras injustificadas, contratos o compras a precios que superaban el doble del promedio global en algunos casos, además de adquisición de medicinas que resultaron no contener los ingredientes activos indispensables, que de hecho eran placebos171. Según informes y algunos documentos relacionados con el juicio, varias compañías fantasmas, como Insumedic, por ejemplo, o Sumimed, o Improme, se constituyeron para obtener contratos por los cuales no se otorgaban servicios ni se entregaban productos, o para cubrir pagos inflados. Algunas se constituyeron en Panamá, pero muchas en Honduras172.

Según se informa, la declaración de una emergencia de dengue por parte del Presidente Lobo en 2010 facilitó algunas de estas compras fraudulentas173. Y a partir de ese año y durante los próximos cuatro años, según uno de nuestros entrevistados (un funcionario internacional involucrado en investigaciones en curso), de 60 a 70 % del presupuesto operativo del IHSS fue desviado.

La investigación de 2014 analizó la implicación potencial de unos 400 individuos, la mayoría eran funcionarios públicos o estaban vinculados a estos, o eran sus amigos cercanos. El comisionado del IHSS y el jefe de suministros y compras (ambos con el apellido de Zelaya, aunque sin existir relación alguna entre ellos o con el expresidente) encabezaban la lista junto con la tesorera del instituto, Vivian Melissa Juárez Fiallos, y Edita Lizbeth López, la esposa del director financiero y administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty174. Lo más impresionante fue una empresa farmacéutica fundada por la vicepresidenta del Congreso Lena Gutiérrez, su padre y dos de sus hermanos, que vendía placebos y le cobraba al sistema de salud precios bastante inflados por estos y otros suministros. Arrestada en julio de 2015, Gutiérrez está siendo juzgada desde agosto de 2016175. Otros sospechosos han sido sentenciados y están cumpliendo condenas en prisión, pero ninguno de estos casos ha arrojado luz sobre los vínculos entre el escándalo del IHSS y el financiamiento de la reelección presidencial.

Este caso ilustra la división tosca entre trabajo o territorio que caracteriza a la red cleptocrática hondureña, con la mayoría de los saqueos rotundos de las arcas del gobierno perpetrada por miembros del sector público, a menudo a través de compañías privadas en manos de familiares o apoderados sustitutos. En general, las compañías que ganan contratos públicos de las dependencias del gobierno como el IHSS no pertenecen a miembros de la élite empresarial autónoma de descendencia levantina.

Pero las “diez familias”, como se refieren a ellas algunas veces, no se libraron totalmente de acabar salpicadas por el escándalo. En junio de 2015, el magnate de negocios Shukri Kafie fue arrestado y su compañía acusada de haber cobrado cantidades superiores al IHSS en contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento y reparación de maquinaria médica con un valor de aproximadamente 118 millones de dólares (aunque fue liberado inmediatamente bajo alegatos de emergencia médica y no existen indicios de que los procedimientos jurídicos hayan avanzado)176. El Banco Ficohsa también estuvo implicado. Según informes participó en una transferencia ilegal de fondos del IHSS como parte del ardid177.

Un sinnúmero de personas involucradas en la difusión o la investigación del caso han sufrido represalias. Tanto el querellante principal como el fiscal general fueron transferidos a otros cargos (aunque el fiscal general fue designado juez de la Corte Suprema). A Romero de Globo y a varios testigos clave les dispararon e hirieron en las semanas subsiguientes al reportaje de televisión en 2015178.

Sin embargo, el escándalo del IHSS y las manifestaciones masivas que desató a la larga forzaron al gobierno a aceptar la creación en Honduras de una versión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), como se llama este organismo, puede apoyar a las autoridades legales hondureñas en la investigación y la presentación de casos de corrupción ante los tribunales, si bien no puede presentarlos por sí misma como lo puede hacer la CICIG. Sin embargo, la MACCIH sí cuenta con la autoridad para ayudar a plantear reformas institucionales que pueden ayudar a limitar las estructuras de incentivos y las oportunidades que favorecen la corrupción, tales como modificaciones a la financiación de campañas o a los derechos corporativos. (Para mayor información, véase más adelante la sección sobre MACCIH en las páginas 105–106).

En una situación considerablemente similar a la de la compañía nacional de electricidad, la ENEE, analizada anteriormente, el Fondo Monetario Internacional identificó las pérdidas en las que incurrió el IHSS como un factor importante del déficit del gobierno hondureño. Pero en lugar de identificar la causa verdadera de dichas pérdidas , en ambos casos, la corrupción, y exigir medidas específicas para abordar el problema, como la investigación y el castigo de los infractores y el perfeccionamiento de la supervisión del gobierno, el FMI parece haber encontrado una explicación suficiente para el rendimiento financiero pobre del IHSS en el simple hecho de que se trataba de una institución pública. La “restructuración” del IHSS (léase: privatización), como la de la ENEE, fue un prerrequisito para la entrega del paquete de ayuda financiera de 2014 del FMI. A Tegucigalpa no se le pidió incrementar la independencia de sus organismos de anticorrupción, o demostrar acciones legales contundentes contra los sospechosos del IHSS en puestos importantes y sus beneficiarios, o ni siquiera demostrar de qué manera se llevaría a cabo la privatización para no beneficiar automáticamente a las empresas que han exfiltrado fondos públicos179.

Notes

1 Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

2 “Ley de Promoción de la Alianza Publico-Privada”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 16 de septiembre de 2010, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LeyPromocionAlianzaPublicoPrivada.pdf.

3 Véase “170 Companies at ‘Honduras Open for Business’”, Central America Data, 11 de marzo de 2011, http://www.centralamericadata.com/en/article/home/170_Companies_at_Honduras_Open_for_Business; “Este jueves comienza la ronda de negocios ‘Honduras is Open for Business’”, America económica, 5 de mayo de 2011, http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/este-jueves-comienza-la -ronda-de-negocios-honduras-open-business; “Honduras Is Open for Business”, Consejo de Asuntos Hemisféricos, 26 de julio de 2011, http://www.coha.org/honduras-is-open-for-business/; “Renewable Energy Sector Investment Opportunities: Honduras is Open for Business”, Honduran National Investment Promotion Program, abril 2011; y Associated Press, “Honduran Judges Rule Against Privately Run ‘Model Cities’ Project’”, Guardian, 4 de octubre de 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/oct/04/honduran-judges-reject-model-cities.

4 Los altos funcionarios actuales del COHEP también están en el círculo interno del elemento del sector privado de esta red, como su presidente, Luis Napoleón Larach, y director, Luis Alberto Atala.

5 Entrevistas de la autora, Tegucigalpa, agosto de 2016.

6 “Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo”, gobierno de Honduras, noviembre de 2011, https://www.unodc.org/tldb/pdf/Honduras/Ley_Contra_el_Financiamiento_del_Terorismo_Honduras_.pdf.

7 Véase Thomas Carothers y Saskia Brechenmacher, “Closing Space: Democracy and Human Rights Support Under Fire”, Carnegie Endowment for International Peace, 2014, pp. 29–30.

8 “Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas”, gobierno de Honduras, 12 de diciembre de 2011, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20sobre%20Intervencion %20de%20las%20Comunicaciones%20Privadas%20(8,2mb).pdf.

9 Véase “Junta Nominadora exige cese de espionaje telefónico”, El Libertador, 8 de enero de 2016, https://honduprensa.wordpress.com/2016/01/10/junta-nominadora-exige-cese-de-espionaje-telefonico-junta-nominadora-confirma-espionaje-telefonico-en-honduras-asesor-presidencial-revela-nombres-de-proximos-magistrados/; “Honduras: Gobierno paga L.8 millones en software de espionaje telefónico”, Conexihon, 6 de julio de 2015, https://honduprensa.wordpress.com/2015/07/06/honduras-gobierno-paga-l-8-millones-en-software-de-espionaje-telefonico/; “Revelado espionaje contra Rafael Leonardo Callejas”, Cholusat Sur Canal 36, 21 de mayo de 2015, http://cholusatsur.com/noticias/?p=10621; Inter-American Commission on Human Rights, “Situation of Human Rights in Honduras”, Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 187.

10 Entrevista de la autora, Washington, DC, 16 de febrero de 2017.

11 “Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, gobierno de Honduras, 12 de diciembre de 2011, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20del%20Consejo%20Nacional%20de%20Defensa%20y%20Seguridad%20(2,9mb).pdf.

12 “Ley Para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, gobierno de Honduras, 24 de enero de 2014, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley%20para%20la%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Documentos%20P%C3%BAblicos%20relacionados%20con%20la%20Seguridad%20y%20Defensa%20Nacional.pdf.

13 Entrevista de la autora, Monte Capado, 23 de julio de 2016.

14 Inter-American Commission on Human Rights, “Situation of Human Rights”, p. 183–84.

15 Véase James Phillips, Honduras in Dangerous Times: Resistance and Resilience (Lanham, MD: Lexington Books, 2015), p. 45; y “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere: A Farce in Three Acts”, Global Witness, enero de 2009.

16 “Presidente envía al CN revisión de Ley Antimaras”, La Tribuna, 16 de marzo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/03/16/presidente-envia-al-cn-revision-de-ley-antimaras/.

17 “‘Ley Antimaras’ debía ser derogada tras sentencia de CORTEIDH pero al contrario será endurecida”, Radio Progreso y el ERIC, 27 de marzo de 2015, http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1959-%E2%80%9Cley-antimaras %E2%80%9D-deb%C3%ADa-ser-derogada-tras-sentencia-de-corteidh-pero-al-contrario-ser%C3%A1-endurecida; y entrevista con Adrienne Pine, Washington, DC, 16 de febrero de 2017.

18 Véase Chayes, “Vertically Integrated Criminal Syndicates”, cap. 5 en Thieves of State, pp. 58–67.

19 Alvaro Morales Molina, “Public Prosecutors’ Hunger Strike Becoming a Complicated Affair”, Honduras Weekly, 12 de diciembre de 2008, http://www.hondurasweekly.com/joomla-pages-iii/archieved-articles/53-news/national/6899-public-prosecutors-hunger-strike-becoming-a-complicated-affair; Guido Eguigure, “Notes for Understanding the Hunger Strike of the Public Prosecutors in Honduras”, DanChurchAid, 5 de mayo de 2008; Thelma Mejia, “Honduras: Prosecutors on Hunger Strike Against Corruption”, Inter-Press Service, 6 de mayo de 2008, http://www.ipsnews.net/2008/05/honduras-prosecutors-on-hunger-strike-against-corruption/; Buró para la Democracia, Derechos Humanos y Laborales, “Honduras: 2008 Country Report on Human Rights Practices”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 25 de febrero de 2009, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119164.htm. Para un informe minucioso sobre la huelga de los fiscales, véase Adrienne Pine, “Caso Gasolinazo”, Quotha (blog), 8 de junio de 2008, http://quotha.net/node/17.

20 Véase Phillips, Honduras in Dangerous Times, 51; Dana Frank, “The Long Judicial Arm of the Honduran Coup”, World Post, 4 de febrero de 2015; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 113-118, incluyendo el análisis de las purgas posteriores. En octubre de 2015, en un caso atraído por cuatro jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a Honduras de violar el derecho a las garantías judiciales, el principio de la legalidad, la libertad de expresión y asociación de las víctimas, los derechos políticos y la protección judicial. Ninguno ha sido restituido. Para mayor información, véase “Situation of the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of López Lone vs Honduras; Expiration of the Term of Complicance”, Brigadas Internacionales de Paz, 10 de noviembre de 2016, http://www.pbi-honduras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/Publications/161110Briefing_AJD_EN.pdf.

21 “Reacciones al golpe técnico a la Corte Suprema de Honduras,” La Prensa, 13 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/377761-273/reacciones-al-golpe-t%C3%A9cnico-a-la-corte-suprema-de-honduras.

22 “Presidente de la Corte Suprema niega participación en destitución de magistrados”, Proceso Digital, 13 de diciembre de 2012, http://www.proceso.hn/component/k2/item/28446.html; “Corte Suprema de Honduras está de luto por golpe,” La Prensa, 14 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/330939-273/corte-suprema-de-honduras-est%C3%A1-de-luto-por-golpe; “Claves 2012: Las noticias más importantes en Honduras”, La Prensa, 17 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/377778-273/claves-2012-las-noticias-m%C3%A1s-importantes-en-honduras; “Integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, Poder Judicial de Honduras, 2016, http://www.poderjudicial.gob.hn/Corte%20Suprema%20de%20Justicia,%20Per%C3%ADodo%202009-2016/Paginas/Integrantes.aspx.

23 Para el suceso en relación a los diputados que criticaron la mención de Zelaya sobre la reelección de funcionarios como un “grave error”, véase “Turba encabezada por ‘mel’ se toma base aérea”, El Heraldo, 25 de junio de 2009.

24 “Honduran President to Seek a Second Term, Opposition Cries Foul”, Reuters, 9 de noviembre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-honduras-election-idUSKBN1343L7.

25 Véase Tracy Wilkinson, “A Honduran Coup Comes Full Circle”, Los Angeles Times, 27 de abril de 2015, http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-a-honduran-coup-20150427-story.html; y “Re-election a Done Deal”, Honduras Culture and Politics (blog), 25 de abril de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/04/re-election-done-deal.html. Véase también Brian Sheppard y David Landau, “Why Honduras’s Judiciary Is Its Most Dangerous Branch”, New York Times, 25 de junio de 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/26/opinion/why-hondurass-judiciary-is-its-most-dangerous-branch.html?_r=0.

26 “Honduras: Libre revela nombre de diputados del Congreso que recibieron sobornos”, El Heraldo, 9 de febrero de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/928027-466/honduras-libre-revela-nombre-de-diputados-del-congreso-que-recibieron-sobornos.

27 “Mel: ocho diputados recibieron hasta medio millón de lempiras”, La Prensa, 9 de febrero de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/927879-410/mel-ocho-diputados-recibieron-hasta-medio-mill%C3%B3n-de-lempiras.

28 Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

29 Véase también “Honduras Report: Situation of Human Rights, Judiciary Independence, Militarization of Police Functions Within the Framework of the Alliance for Prosperity Plan”, Coalición contra la Impunidad, 18 de junio de 2016, pp. 1–2.

30 Ibíd., pp. 4–7; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 29–30, 40, 43–44; “The Voice of Greatest Authority is That of the Victims”, Comisión de la Verdad, abril de 2013, pp. 98–102; “Declaran culpable por seis delitos de difamación e injuria a David Romero”, El Heraldo, 13 de noviembre de 2015, http://www.elheraldo.hn/pais/900815-466/declaran-culpable-por-seis-delitos-de-difamaci%C3%B3n-e-injuria-a-david-romero; y “Estado hondureño recrudece persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos”, Radio Progreso el ERIC, 14 de marzo de 2014,

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/793-estado-hondure%C3%B1o-recrudece-persecuci%C3%B3n-contra-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos.

31 “Declaran culpable por seis delitos de difamación e injuria a David Romero”, El Heraldo, 13 de noviembre de 2015, http://www.elheraldo.hn/pais/900815-466/declaran-culpable-por-seis-delitos-de-difamaci%C3%B3n-e-injuria-a-david-romero.

32 Véase también los archivos del blog Honduprensa relacionados con la persecución política, en: “Entradas etiquetadas como persecución política”, Honduprensa (blog), 25 de mayo de 2015, https://honduprensa.wordpress.com/tag/persecucion-politica/.

33 Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016. Véase también ejemplos de evidencia mal manejada en “‘There Are No Investigations Here’: Impunity for Killings and Other Abuses in Bajo Aguan, Honduras”, Human Rights Watch, febrero de 2014, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/honduras0214web.pdf.

34 Véase Chris Arsenault, “Court Files Stolen in Case of Murdered Honduran Land Rights Activist: U.N.”, Reuters, 4 de octubre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-honduras-landrights-activist-idUSKCN1241X9; o “Honduras: Explican por qué expediente de Berta Cáceres estaba fuera de CSJ”, El Heraldo, 30 de septiembre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1004614-466/honduras-explican-porqué-expediente-de-berta-cáceres-estaba-fuera-de-csj; o Sarah Faithful, “Conspiracy Surrounding Cáceres Stolen Files”, Consejo de Asuntos Hemisféricos, 12 de octubre de 2016, http://www.coha.org/conspiracy-surrounding-caceres-stolen-case-files/.

35 Andrew Higgins, “Moldova: Hunting for Missing Millions, Finds Only Ash”, New York Times, 4 de junio de 2015, http://www.nytimes.com/2015/06/05/world/europe/moldova-bank-theft.html?_r=0; Slobodan Milošović de Serbia fue demasiado lejos, de hecho transportó los cuerpos de las víctimas de crímenes de guerra en camiones con refrigeradores a zonas aisladas en Serbia, donde fueron arrojados a ríos o enterrados bajos carreteras. Escribí un artículo periodístico sobre esta historia para el programa de radio de la BBC-WGBH The World en 2001. Véase también “Serbian Minister Comments on Exhumed Bodies”, BBC Worldwide Monitoring, 13 de junio de 2001, https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28718.html.

36 Entrevista de la autora, Nueva Palestina, 1 de agosto de 2016. La alusión se refiere al escándalo de 2015 en el sistema de salud pública, IHSS, analizado en pp. 48–50.

37 Véase United States of America v. Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, Yankel Rosenthal Coello, and Andrés Acosta García, S2 13 Crf. 413 (JGK), https://www.justice.gov/usao-sdny/file/781866/download. Yani y Yankel se encuentran bajo la custodia de Estados Unidos y serán juzgados a partir del 1 de abril de 2017.

38 Entrevista de la autora, Juticalpa, 24 de julio de 2016.

39 Alguna parte del dinero de las extorsiones y los sobornos a nivel calle a los transeúntes, a los detenidos e incluso a las víctimas de crímenes va a parar a las altas esferas dentro de la jerarquía. La suma total es bastante considerable. Por ejemplo, véase Chayes, cap. 5 en Thieves of State.

40 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, p. 102.

41 Véase “Results of the First 60 Days” (material presentado en el evento del Wilson Center, 16 de junio de 2016) Special Commission for the Clean-up and Transformation of the National Police, https://www.scribd.com/doc/316032212/Honduras-Police-Depuracion-Documents; or “Honduras Organized Crime News”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras#security. Cita de una entrevista en Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

42 Entrevista en Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

43 Ver por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 28–29, 42, 44, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf.

44 Charles Ford, “Zelaya Administration’s First 45 Days” (cable filtrado disponible en el registro público), WikiLeaks, 16 de marzo de 2006. https://wikileaks.org/plusd/cables/06TEGUCIGALPA526_a.html.

45 Hugo Llorens, “Merida 2.0 in Honduras” (cable filtrado disponible en el registro público), WikiLeaks, 29 de octubre de 2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA1090_a.html.

46 Elisabeth Malkin y Alberto Arce, “Files Suggest Honduran Police Leaders Ordered Killing of Antidrug Officials”, New York Times, 15 de abril de 2016, https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/americas/files-suggest-honduras-police-leaders-ordered-killing-of-antidrug-officials.html?_r=0 ; y Alberto Arce, “Honduran Ex-Police Chief Says Government Faked Documents in Assassination Case”, New York Times, 22 de abril 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/23/world/americas/honduras-ramn-sabilln-pineda-police-antidrug-assassination.html propone que la filtración de información en 2016 sobre la conspiración que reportó quizás sea parte de una treta para permitirle a Hernández que perjudique a la policía y ejerza un control más directo sobre la seguridad interna.

47 Sólo dos ejemplos: La oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Manhattan US Attorney Announces Charges Against Members of the Honduran National Police for Drug Trafficking and Related Firearms Offenses”, comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 29 de junio de 2016, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-members-honduran-national-police-drug; Malkin y Arce, “Files Suggest”, New York Times.

48 Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

49 Entrevista, Monte Copado, 22 de julio de 2016.

50 “Estado Hondureño Recrudece Persecución Contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, Radio Progreso, 14 de marzo de 2014, http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/793-estado-hondureño-recrudece-persecución-contra-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos.

51 Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 149–51, 158.

52 Entrevista, Departamento de La Paz, 22 de julio de 2016. Véase también “Honduras Indigenous Leader Under Police Protection Arrested”, TelesSUR TV, 11 de enero de 2017, http://www.telesurtv.net/english/news/Honduras-Indigenous-Leader-Under-Police-Protection-Arrested-20170111-0024.html.

53 Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

54 Entrevista, Nueva Palestina, 1 de agosto de 2016

55 Los vínculos entre la policía y los narcotraficantes son bien conocidos y están mejor documentados, y se analizan más adelante en la sección sobre funcionarios locales.

56 Entrevista, Tegucigalpa, 23 de julio de 2016.

57 “La pandilla tenía a sus servicios a 13 jefes policiales”, La Prensa, 10 de enero de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/1033698-410/la-pandilla-ten%C3%ADa-a-sus-servicios-a-13-jefes-policiales.

58 “Honduras Gangs Extort Homeowners”, Fox News, 9 de agosto de 2012, http://www.foxnews.com/world/2012/08/09/honduras-gangs-extort-homeowners.html.

59 Entrevista, 21 de julio de 2016.

60 Entrevista, Tegucigalpa, Julio 23, 2016.

61 Entrevista, Juticalpa, 25 de julio, 2016.

62 Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Véase también “Caen dos policías por extorsión y tres civiles en Honduras”, El Tiempo, 18 de septiembre de 2015, http://tiempo.hn/caen-dos-policias-por-extorsion-y-tres-civiles-en-honduras/.

63 Phillips, Honduras in Dangerous Times, 58. Véase también Adrienne Pine, Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras, 1era. ed. (Berkeley: University of California Press, 2008), pp. 56–69.

64 Entrevistas, y véase Adrienne Pine, “Waging War on the Wageless: Extrajudicial Killings, Private Armies, and the Poor of Honduras”, en The War Machine and Global Health: A Critical Medical Anthropological Examination of the Human Costs of Armed Conflict and the International Violence Industry, ed. Merrill Singer y G. Derrick Hodge (Lanham, MD: AltaMira Press, 2010), pp. 241–76; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 47–48.

65 Y sin embargo, muchas de las iniciativas importantes que tienen como objetivo disminuir estos flujos se enfocan en fortalecer esta política misma. Véase Oficina de la Secretaría de Prensa, “Fact Sheet: Alliance for Prosperity”, la Casa Blanca, 3 de marzo de 2015, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/03/fact-sheet-support-alliance-prosperity-northern-triangle; Esther Yu His Lee “Experts Say US Aid Package to Central America is Backfiring Big Time”, Think Progress, 4 de febrero de 2016, https://thinkprogress.org/experts-say-u-s-aid-package-to-central-america-is-backfiring-big-time-c0928534f91c#.sacjx04s2.

66 “Decreto 21-2016”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 8 de abril de 2016, http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/decretos_vigentes/DECRETO-DE-EMERGENCIA-DEPURACION-POLICIAL-08-DE-ABRIL-2016.pdf; para una evaluación, véase Mike LaSusa, “Breaking Precedent, Honduras Police Reform Commission Making Progress”, InSight Crime, 17 de junio de 2016 http://www.insightcrime.org/news-analysis/honduras-police-reform-commission-making-progress-members-say.

67 Para el texto de la ley que estableció la comisión, véase Decreto 21-2016, La Gaceta de la Republica de Honduras, 8 de abril de 2016, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10611.pdf.

68 “Depuración policial cesó a más de dos mil agentes en Honduras”, Prensa Latina, 27 de diciembre de 2016, http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=53004&SEO=depuracion-policial-ceso-a-mas-de-dos-mil-agentes-en-honduras.

69 Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

70 Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016. Muchos más entrevistados reiteraron estas opiniones. Para más dudas sobre la independencia de la comisión, véase Laura Jung, “Honduras Special Commission on Police Reform: Genuine Cleanup Effort or Yet Another PR Scheme”, The Americas (blog), Center for Economic and Policy Research, 8 de julio de 2016, http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/honduras-special-commission-on-police-reform-genuine-cleanup-effort-or-yet-another-pr-scheme. En una entrevista el 13 de octubre de 2016, funcionarios de Honduras en la Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) de la USAID confirmaron que no sabían de un análisis sistemático a partir del cual oficiales estaban siendo cesados. Enfatizaron que el enfoque del trabajo de la OTI es en los oficiales a nivel calle.

71 Véase R. Evan Ellis, Honduras: A Pariah State, or Innovative Solutions to Organized Crime Deserving of U.S. Support? (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, junio de 2016), pp. 24–26.

72 Watch “Alianza – Creación de la policía los TIGRES”,  Video en YouTube, subido por “Alianza por la Paz y la Justicia”, 18 de octubre de 2012, https://www.youtube.com/watch?v=r5mIPqYWNko. Véase también: Marguerite Cawley, “Plans for New Military Police in Honduras Backed by Congress”, InSight Crime, 9 de mayo de 2013, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-police-military-unit-organized-crime; Thelma Mejia, “Government Puts Tigers on the Streets”, Inter-Press Service, 7 de agosto de 2012, http://www.ipsnews.net/2012/08/honduran-president-puts-tigers-on-the-streets/.

73 Capt. Thomas Cieslak, “Special Forces Soldiers Train Honduran Force”, Ejército de Estados Unidos, 3 de marzo de 2015, https://www.army.mil/article/143821/Special_Forces_Soldiers_train_Honduran_force. Un oficial del ejército estadounidense, que recientemente regresó de Honduras después de un año, confirmó que la mayoría de la cooperación interna con las unidades hondureñas es con los TIGRES. En su evaluación, la mayor parte del trabajo realizado por las fuerzas estadounidenses apostadas en Honduras se enfoca fuera de territorios hondureños, en colaboración con fuerzas que no son hondureñas.

74 Deducción basada en la experiencia con asistencia militar, y véase Ellis, Honduras: A Pariah State, 25. Para la evidencia respecto a las decisiones de políticas realizadas con el propósito expreso de atraer la asistencia militar de Estados Unidos, véase la evaluación del embajador Larry Palmer sobre la retribución esperada por el gobierno hondureño a cambio de su envío de aproximadamente 300 soldados y oficiales a Irak. Larry Palmer, “Status of Honduran Troop Deployment to Iraq” (cable de la embajada de Estados Unidos), WikiLeaks, 22 de julio de 2003, http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=9590.

75 Entrevistas en La Esperanza, 22 de julio de 2016, Joshua Partlow y Gabriela Martínez, “Suspicions Mount in Slaying of Honduran Environmentalist”, Washington Post, 18 de marzo de 2016, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/suspicions-mount-in-murder-of-noted-honduran-environmentalist/2016/03/17/cbac766c-ea2d-11e5-a9ce-681055c7a05f_story.html?utm_term=.cf0e436c4a77.

76 Véase más adelante, pp. 32–35, y entre otros estudios, Victor Meza et al, “La militarización de la Seguridad Pública en Honduras”, CEDOH, 2015.

77 “World Prison Brief Data: Honduras”, Institute for Criminal Policy Research, University of London, http://www.prisonstudies.org/country/honduras; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, 193, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf; “Honduras: Events of 2015”, Human Rights Watch, 2015, https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/honduras; “Shadow Report from Honduran Civil Society to the UN Committee Against Torture (CAT)”, Organización Mundial contra la Tortura, 2016, p. 12, http://www.omct.org/files/2016/07/23875/informe_alternativo_honduras_cat_e.pdf. Véase también José Martínez d’Aubuisson y Steven Dudley, “Where Chaos Reigns: Inside San Pedro Sula Prison”, InSight Crime, 2 de febrero de 2017, http://www.insightcrime.org/investigations/where-chaos-reigns-inside-the-san-pedro-sula-prison.

78 Según Fiona Mangan, una experta en correccionales internacionales, la posibilidad de que el dinero de los que administran prisiones de manera individual fluya a la capital depende de la percatación del gobierno acerca de la corrupción en la prisión y su control sobre la administración de ésta. (Comunicación a través de correo electrónico, 21 de marzo de 2017). Dada la naturaleza evidente de la corrupción en Honduras, y el nombramiento por parte de Hernández de un exoficial militar para administrar el sistema, es probable que ambos factores sean una tendencia en Honduras.

79 Tim Weiner, “At Least 100 Are Killed in Prison Fire in Honduras”, New York Times, 18 de mayo de 2004, http://www.nytimes.com/2004/05/18/world/at-least-100-are-killed-in-prison-fire-in-honduras.html?_r=0; “Honduras Prison Fire Video Purportedly Captures Deadly Blaze”, Huffington Post, 16 de febrero de 2012, http://www.huffingtonpost.com/2012/02/16/honduras-prison-fire-video-deadly-blaze_n_1281941.html; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 54-56, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf; José Martínez d’Aubuisson y Steven Dudley, “Where Chaos Reigns: Inside San Pedro Sula Prison”, InSight Crime, 2 de febrero de 2017, http://www.insightcrime.org/investigations/where-chaos-reigns-inside-the-san-pedro-sula-prison.

80 Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Communities in Honduras”, Rights Action, 3 de octubre de 2013, p. 7. Véase también Jordy Willems y Anne de Jonghe, “Protest and Violence over the Agua Zarca Dam”, Bankwatch, febrero de 2016, pp. 27–28.

81 Ariel Torres Fuenes, “El destino de Agua Zarca”, El Pulso, 2 de marzo de 2017, http://elpulso.hn/el-destino-de-agua-zarca/.

82 “Por los intereses oligarcas, detienen ilegalmente en Río Blanco tres compañeros Lencas del COPINH”, COPINH, 2 de noviembre de 2012, https://www.copinh.org/article/por-los-intereses-oligarcas-detienen-ilegalmente-e/; “Arbitrary Detention, Subsequent Release of Ms Berta Cáceres and Mr Tomas Gómez Membreno”, Protection International, 27 de mayo de 2013.

83 Ambos fueron desplegados en el Bajo Aguán, donde enfrentamientos sobre la expansión de las plantaciones de palma implicaron numerosas violaciones a los derechos humanos. (Véase varias menciones más adelante). Nina Lakhani, “Berta Cáceres Court Papers Show Murder Suspects’ Links to US-Trained Elite Troops”, Guardian, 28 de febrero de 2017, www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces; véase también Jason McGahan, “Army Major, Corporate Goons Charged in Murder of Berta Cáceres in Honduras”, Daily Beast, 8 de mayo de 2016, http://www.thedailybeast.com/articles/2016/05/08/did-corporate-goons-plot-to-murder-activist-berta-caceres.html.

84 Becky Myton et al., “Honduras Tropical Forest and Biodiversity Assessment”, USAID Honduras, septiembre de 2014, A21.

85 Véase Victor Meza et al., “La militarización.”

86 Se trata de la ley 168-2013, y ha sufrido varias modificaciones desde entonces. Véase: “Decreto No. 168-2013”, UNHCR ACNUR, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10608.pdf; “Decreto No. 168-2013”, La Gaceta de la Republica de Hondurashttp://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_Policia_militar_orden_publico_2013.pdf; “Decreto No. 410-2013”, La Gaceta de la Republica de Honduras, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ref_PMOP_2014.pdf.

87 “Memoria Anual, 2015: Año del fortalecimiento de La Policía Nacional”, Policía Nacional Hondureña, 2015, p. 18, http://www.seguridad.gob.hn/policiaNacional/media/MEMORIA%202015.pdf.

88 “Permanent Parallel Police Forces?”, Honduras Culture and Politics (blog), 19 de enero de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/01/permanent-parallel-police-forces.html; http://www.laprensa.hn/honduras/788396-410/diputados-no-ratifican-rango-constitucional-de-la-polic%C3%ADa-militar?utm_source=laprensa.hn&utm_medium=website&utm_campaign=temasdestacados.

89 Conversación privada, Washington, DC, 22 de diciembre de 2016. Véase también Sarah Kinosian, “Honduras’ Military: On the Streets and in the Government”, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, 10 de febrero de 2015; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, p. 93; y un bloguero identificado como RNS, “Permanent Parallel Police Forces?”, Honduras Culture and Politics (blog), 19 de enero de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/01/permanent-parallel-police-forces.html.

90 Y véase Agence France-Presse y Agencia EFE, “Creación de policía militar levanta temor en Honduras”, La Nación, 23 de agosto de 2013, http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Creacion-policia-militar-levanta-Honduras_0_1361663860.html. Para una descripción de su composición, capacitación y obligaciones, véase Ellis, Honduras: A Pariah State, pp. 20–24.

91 El resumen más cuidadoso y reciente de la información sobre la implicación militar en el asesinato de Cáceres se encuentra en “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness, p. 14.

92 Exoficiales del ejército pueden ser los dueños de dichas empresas de seguridad privadas. Servicios Especiales de Seguridad (SESER), que pertenece al excomandante de una unidad de inteligencia militar, fue utilizada por la compañía minera canadiense Aura Minerals. Véase Karen Spring, “Mining in a State of Impunity”, MiningWatch Canada, 28 de junio de 28, 2016, http://miningwatch.ca/sites/default/files/mining-in-a-state-of-impunity-web_1.pdf.

93 Anna Jover Segura, “Honduras, Bajo Aguán: Nuevo coronel de la Operación Xatruch, ¿Más de lo mismo?”, Upside Down World, 21 de marzo de 2014, http://upsidedownworld.org/noticias-en-espa/noticias-en-espa-noticias-en-espa/honduras-bajo-aguan-nuevo-coronel-de-la-operacion-xatruch-imas-de-lo-mismo/. Véase también una denuncia detallada en “‘There are No Investigations Here’”, Human Rights Watch.

94 Ellis, Honduras: A Pariah State, p. 17. Véase, sobre su uso contra la extorsión pandillera, “Presidente hondureño asegura que en 2016 ‘Combatirá la Extorsión’”, El Libertador, 30 de diciembre de 2015, http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/889-presidente-hondureno-asegura-que-en-2016-combatira-la-extorsion; otras fuentes proveen información detallada sobre los abusos en la Radio-TV Globo y afirman que las fuerzas se reportan directamente con Hernández, véase “Militares intimidan a personal de Radio y TV Globo”, Criterio, 24 de mayo de 2016, http://criterio.hn/2016/05/24/militares-intimidan-personal-radio-tv-globo/.

95 Véase el resumen de InSight Crime sobre Honduras, “Honduras”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras; Reuters, “Police Militarization in Honduras Has Helped Cut Violence, but Soldiers Are Being Accused of Murder and Torture”, Business Insider, 9 de julio de 2015, http://www.businessinsider.com/r-military-helps-cut-honduras-murder-rate-but-abuses-spike-2015-7; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “The Situation of Human Rights”, p.  93; Sarah Kinosian, “Honduras’ Military: On the Streets and in the Government”, Security Assistance Monitor, 10 de febrero de 2015, http://securityassistance.org/blog/honduras-military-streets-and-government.

96 “Honduras Cuts Security Tax After Angering Businesses”, Reuters, 14 de septiembre de 2011, http://www.reuters.com/article/honduras-tax-idAFS1E78D23920110914.

97 Reunión con dos miembros del Buró del Departamento de Estado para Operaciones de Conflicto y Estabilización, 28 de junio de 2016.

98 Hugo Noe Pino, “Honduras: The Fragility of Gains in Budget Transparency”, International Budget Partnership, octubre de 2016, http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ibp-case-study-honduras-budget-transparency-2016.pdf.

99 Gerardo Reyes-Tagle y Mikel Tejada, “The Fiscal Implications of Public-Private Partnerships in Honduras”, Banco Interamericano de Desarrollo, julio de 2015, https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6991/FMM_DP_Fiscal_Implications_of_Public_Private_Partnerships_Honduras.pdf?sequence=1, 32.

100 Ibíd., p. 27

101 Ibíd., p. 29. La evaluación del Tribunal Superior de Cuentas fue corroborada por entrevistados que lo describieron como “un chiste. No es una institución de control”.

102 “Informe consolidado de rendición de cuentas del sector público, Periodo 2015”, Tribunal Superior de Cuentas, 31 de julio de 2016, http://www.tsc.gob.hn/Rendicion_de_cuentas/2015/Informe_001-DF-2016.pdf; y entrevista telefónica, 8 de febrero de 2017.

103 Ibíd.

104 Ibíd.

105 “Debt Management Reform Plan: The Republic of Honduras”, Grupo Banco Mundial, octubre de 2014, http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2015/09/plan_mejoradeuda.pdf.

106 Entrevista con un funcionario del IADB, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Sin embargo cfr. en el propio sitio web del IADB: “Trust Funds” Banco Interamericano de Desarrollo, http://www.iadb.org/aboutus/trustfunds/fundsearch.cfm. Véase también Stephan Lefebvre, “Honduras: IMF Austerity, Macroeconomic Policy, and Foreign Investment”, Center for Economic and Policy Research, septiembre 2015, http://cepr.net/documents/Honduras_IMF-2015-08.pdf, 14–18. Este rasgo de las operaciones cleptocráticas hondureñas tiene similitudes incómodas en Occidente, incluyendo la privatización de los servicios públicos en Chicago, donde un consorcio apoyado por un banco obtuvo contratos clave aquí. Según Hilari Rantakarii, de Transparencia Internacional Finlandia, la subcontratación de los servicios públicos de Helsinki a compañías privadas también ha resultado en la perdida del acceso público a los términos de los contratos o a la supervisión de su implementación en ese país.

107 Marco Cáceres, “Honduras: Bargaining Away the State Power Company”, World Post, sin fecha, http://www.huffingtonpost.com/marco-caceres/honduras-bargaining-away_b_5767394.html; “IMF Executive Board Approves $113.2 Million Stand-By Arrangement and $75.4 Million Stand-By Credit Facility for Honduras”, comunicado de prensa, Fondo Monetario Internacional (FMI), 4 de diciembre de 2014, http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14545; “Debt Management Reform”, Grupo Banco Mundial, 11; Marco Antonio Hernández et al.,“Honduras Economic DNA”, Banco Mundial, junio de 2015, http://documents.worldbank.org/curated/en/150731468189533027/pdf/97361-WP-PUBLIC-Box391473B-Honduras-Economic-DNA-First-Edition-11Jun2015-FINAL-PUBLIC.pdf, 10: “Uno de los principales contribuyentes a los déficit constantes del sector público combinado ha sido la compañía de electricidad propiedad del estado (ENEE)”.

108 Luciano González, “Concerning Developments Over at ENEE,” Honduras News, 19 de octubre de 2015, http://www.hondurasnews.com/concerning-developments-over-at-enee/.

109 Kirguistán, Brasil, subsidios, etc.

110 Cifras sobre las pérdidas de la ENEE de “Perdidas eléctricas de la ENEE suman L 47,296 millones en seis años,” El Heraldo, 24 de abril de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/953306-466/p%C3%A9rdidas-el%C3%A9ctricas-de-la-enee-suman-l-47296-millones-en-seis-a%C3%B1os. Cifras del PIB de “Data: Honduras”, Banco Mundial, http://data.worldbank.org/country/honduras.

111 “IMF Executive Board”, comunicado de prensa, FMI, 4 de diciembre de 2014; “IMF Completes Third and Fourth Reviews Under SBA and SCF with Honduras”, comunicado de prensa press, FMI, 2 de noviembre de 2016, https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/02/PR16482-Honduras-IMF-Completes-Third-Fourth-Reviews-Under-SBA-SCF.

112 Kelssin Vásquez, “Congreso aprobó liberalizar la generación de energía eléctrica”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Economia/story.csp?cid=611117&sid=294&fid=216.

113 Cesar Pantin, “Honduras: Sacan de la Enee a 2,000 empleados”, La Prensa, 24 de noviembre de 2014, http://www.laprensa.hn/honduras/770871-410/honduras-sacan-de-la-enee-a-2000-empleados; “Masivos despidos en la ENEE,” Tiempo Digital, 4 de noviembre de 2016, http://tiempo.hn/masivos-despidos-en-la-enee/.

114 Luis Rodríguez, “Perdidas eléctricas de la ENEE suman L 47,296 en seis años,” El Heraldo, 24 de abril de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/953306-466/p%C3%A9rdidas-el%C3%A9ctricas-de-la-enee-suman-l-47296-millones-en-seis-a%C3%B1os. Sin embargo, debe mencionarse que la lempira se devaluó contra el dólar en 2014, lo que hizo que las comparaciones con el dólar fueran engañosas. Véase “Devaluation in Honduras”, Central America Data, http://www.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le:%22devaluation%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Honduras%22.

115 Entrevista con residente de Choluteca (donde hay por lo menos tres generadores de electricidad, dos de petróleo y  uno solar), 6 de agosto de 2016. Un entrevistado registró apagones de hasta ocho horas al día durante varios días a la semana.

116 Según cifras citadas por el Banco Mundial para 2011 y 2012, poco más de 82 por ciento de la población tenía electricidad, pero sólo un 65 por ciento de los hogares rurales. Véase “Access to Electricity (% of Population)”, Banco Mundial, accedido el 14 de abril de 2017, http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=HN.

117 Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

118 Entrevista, Tegucigalpa, octubre de 2014; y véase José Ernesto Calix Mendoza, “Origen, causa-efecto de los problemas financieros de la ENEE, y las medidas alternativas para afrontarlos”, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, octubre de 2014, http://www.cimeqh.org/index.php/noticias/351-origen-causa-efecto-de-los-problemas-financieros-de-la-enee-y-las-medidas-alternativas-para-afrontarlos, p. 15.

119 Ibíd., que es un plan trazado por Mendoza, coordinador nacional de la ENEE para el control de pérdidas, que prevé una meta de reducción “realista” sólo del 60 por ciento de pérdidas no técnicas. El Congreso aprobó cuarenta y uno contratos de energía renovable en septiembre de 2010. “Empleados hondureños entrarán a las 7:30 AM,” La Prensa, 1 de marzo  de 2011, http://www.laprensa.hn/honduras/548392-97/empleados-hondurenos-entraran-a-las-730-am.

120 “Continúa revisión de contratos térmicos en Honduras”, America Economia, 24 de marzo de 2014, http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/continua-revision-de-contratos-termicos-en-honduras; y Ibíd., Marco Cáceres. Véase también motivación para un préstamo potencial del Banco de Desarrollo Interamericano, “Programmatic Support for Structural Reforms in the Electricity Sector”, para que sea considerado por el Consejo de Directores, 2 de diciembre de 2017, p. 5, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PRO/2015/01/Anlagen/PRO201501275005.pdf?v=1.

121 Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables”, La Gaceta de la República de Honduras, 2 de octubre de 2007, http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20Promocion%20a%20la%20Generacion%20de%20Energia%20Electrica%20con%20Recursos%20Renovables.pdf. Véase también el perfil de Honduras de 2016 de Climatescope: “Honduras”, Climatescope, 14 de diciembre de 2016, http://global-climatescope.org/en/country/honduras/#/details.

122 Robert Fares, “Price of Solar is Declining to Unprecedented Lows”, Plugged In (blog), Scientific American, 27 de agosto de 2016, https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/the-price-of-solar-is-declining-to-unprecedented-lows/.

123 “Electrical Elites and Political Power” en Meza et al., Poderes fácticos, pp. 119–34.

124 Entrevista (teléfono), 3 de octubre de 2016.

125 “Incentivos elevarán el costo del kilovatio de energía solar”, La Prensa, 13 de abril de  2013, http://www.laprensa.hn/economia/laeconomia/830712-410/incentivos-elevar%C3%A1n-el-costo-del-kilovatio-de-energ%C3%ADa-solar.

126 Según un estudió realizado en Tegucigalpa que no se publicó, y confirmado en entrevistas.

127 Véase nota 187; y entrevista con el exfuncionario de alto rango, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016.

128 Vía Grupo Lufussa, COHESSA y SOPOSA del Larach Group , y Grupo Terra, respectivamente; and entrevistas, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

129 Un indicio de su consternación por los términos de dichos contratos es el fracaso aparente de la ENEE para pagar los incentivos. Véase Rosie Fitzmaurice, “Developers of Honduran PV Still Yet to Receive Incentive Tariff”, IJGlobal, 30 de junio de 2016, https://ijglobal.com/articles/101219/developers-of-honduran-pv-still-yet-to-receive-incentive-tariff.

130 Varios fueron declarados de interés nacional en 2011, y se les brindó provisiones legales extraordinarias para expropiar la tierra y otras aportaciones, según la Ley Especial Reguladora de Adquisición de Bienes Inmuebles para la Ejecución de Proyectos Especiales de Energía con Recursos Renovables).

131 Véase “Honduras: the Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness.

132 Uno, iniciado a mediados de la década de 1990, fue abandonado en 1999 porque el huracán Mitch, que había devastado la zona un año antes, erosionó severamente las riberas. Preocupados sobre la confiabilidad del flujo del agua previsto, Harza Engineering Company (posteriormente MWH Global), con sede en Chicago, y Panda Energy International, con sede en Dallas, cancelaron su participación. La oposición por parte de las comunidades locales, que se alió en una Plataforma para la Defensa del Río Patuca, también influyó en su decisión. Una década más tarde, los socios taiwaneses abandonaron su promesa de apoyar un proyecto diferente de 104 megavatios, Patuca III, ubicado río arriba del sitio original. Véase Jack Eidt, “Honduras: Patuca River Dams Threaten Indigenous Survival”, WilderUtopia, 26 de julio de 2011, http://www.wilderutopia.com/environment/honduras-patuca-river-dams-threaten-indigenous-survival/; Monti Aguirre, “Damming the Patuca”, International Rivers, 30 de junio de 2016, https://www.internationalrivers.org/blogs/233/damming-the-patuca; Mark Graffis, “Dam Dilemna in Honduras (Patuca River)”, Conservation Media Center, Rainforest Alliance, 26 de agosto de 1998, http://www.hartford-hwp.com/archives/47/225.html; “Taiwan President Confirms Loan to Build Honduras‘ 100-MW Patuca 3”, Hydroworld, 27 de agosto de 2008, http://www.hydroworld.com/articles/2007/08/taiwan-president-confirms-loan-to-build-honduras-100-mw-patuca-3.html.

133 IANS, “Honduras Signs Deal With Chinese Firm on Hydro Plant”, Thaindian News, 19 de abril de 2011, http://www.thaindian.com/newsportal/business/honduras-signs-deal-with-chinese-firm-on-hydro-plant_100527451.html. Una búsqueda exhaustiva en inglés, español y chino por un experto experimentado en diligencia debida empresarial, no pudo encontrar una copia del contrato real.

134 Alex Flores, “Honduras: Viene Sinohydro a negociar segunda etapa de Patuca III”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/alfrente/564883-209/honduras-viene-sinohydro-a-negociar-segunda-etapa-de-patuca-iii.

135 Para algunos factores del marco cronológico, Véase “Hydroelectric Project Patuca III in Honduras”, Central America Data, http://en.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le%3A%22Hydroelectric+Project+Patuca+III%22&q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Honduras%22&start=15; y Sara Santiago, “Understanding Power: The Prospects for Indigenous Resistance to a Proposed Mega-dam in Rural Honduras” (tesis de investigación universitaria, Departamento de Geografía, Ohio State University, 17 de mayo de 2012), http://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/52064, 36–41.

136 De una copia de la carta en posesión del Carnegie Endowment.

137 “Estudios Ambientales y Sociales Adicionales - Patuca 3, Honduras”, AF Industry AB y Ecologia y Servicios S. A., noviembre de 2012 (reporte en posesión del Carnegie).

138 Véase, por ejemplo, el retrato de Mongabay de Honduras: “Honduras,”
 Mongabay, última actualización 6 de febrero de 2006, http://rainforests.mongabay.com/20honduras.htm.

139 Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016.

140 Véase el texto de la convención aquí: Organización Internacional del Trabajo no. 169, “C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention”, 27 de junio de 1986, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312314.

141 Gerardo Torres, “Hondurans Protest Over Lands Lost in Hydroelectric Project”, Telesur, 2 de febrero de 2015, http://www.telesurtv.net/english/news/Hondurans-Protest-Over-Lands-Lost-in-Hydroelectric-Project-20150202-0020.html.

142 Entrevista, Las Planchas, 25 de julio de 2016.

143 Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016.

144 “Continúan tomas en carretera al Proyecto Patuca III”, El Sol de Honduras, 21 de noviembre de 2016, http://www.elsoldehonduras.com/nacionales/continuan-tomas-en-carretera-al-proyecto-patuca-iii/.

145 Entrevista, Las Planchas, 25 de julio de 2016.

146 Entrevista, Las Planchas, 26 de julio de 2016.

147 Entrevistas con el alcalde Andrés Avelino Betancourt y un miembro de su personal, Nueva Palestina, 26 de julio de 2016.

148 Entrevista, 28 de julio de 2016.

149 Entrevista, 31 de julio de 2016.

150 Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

151 Entrevista, 26 de julio de 2016.

152 Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

153 Entrevista, 30 de julio de 2016.

154 El Instituto Nacional de Investigación Espacial estima que las presas son la única fuente humana y la más grande de metano, responsables del 23 por ciento de todas las emisiones. Véase “Greenhouse Gas Emissions From Dams FAQ”, International Rivers, 1 de mayo de 2007, https://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-4064;  Cfr. Bridget Deemer et al., “Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis”, BioScience 66, no. 11 (octubre de 2016): 949–64.

155 Entrevista, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016.

156 Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016; véase también, “Energy Integration in Central America: Full Steam Ahead”, Banco Interamericano de Desarrollo, 25 de junio de 2013, http://www.iadb.org/en/news/webstories/2013-06-25/energy-integration-in-central-america,10494.html; y Jay Zarnikau et al., “Will the SIEPAC Transmission Project Lead to a Vibrant Electricity Market in Central America?”, Energy Forum, International Association for Energy Economics, 24 de septiembre de 2013.

157 Jeremy Martin, “Central America Electric Integration and the SIEPAC Project: From a Fragmented Market Toward a New Reality”, Center for Hemispheric Policy, 6 de mayo de 2010, https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Martin_Central_America_Electric_Int.pdf.

158 A pesar de la confusión regulatoria, la red integrada ya conecta países más allá de Centroamérica como México y Colombia. Ibíd., Zamikau et. al., “Will the SIEPAC Transmission Project Lead to a Vibrant Electricity Market in Central America?”

159 Véase “CNA denuncia a funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, comunicado de prensa, Consejo Nacional Anticorrupción, 16 de agosto de 2016, http://www.cna.hn/index.php/43-noticias-fijas/437-cna-presenta-denuncia-ente-el-ministerio-publico-mp-en-contra-de-actuales-funcionarios-y-ex-funcionarios-de-la-empresa-nacional-de-energia-electrica-enee; también, “CNA pide a la fiscalía declarar en reserva caso de Patuca III”, La Prensa, 7 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997942-410/cna-pide-a-la-fiscal%C3%ADa-declarar-en-reserva-caso-de-patuca-iii.

160 “Nadie aclara polémico contrato de la ENEE con la empresa Odebrecht”, La Prensa, 21 de febrero de 2017, http://www.laprensa.hn/honduras/1046225-410/nadie-aclara-pol%C3%A9mico-contrato-de-enee-con -empresa-odebrecht; Silma Estrada, “CNA interpone denuncia en contra de exfuncionarios y exempleados de la ENEE”, HRN, 24 de agosto de 2016, http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cna-interpone-denuncia-en-contra-de-ex-funcionarios-y-ex-empleados-de- la-enee; “Contratos de obras se hicieron al amparo de la Ley Especial”, La Prensa, 5 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997181-410/contratos-de-obras-se-hicieron-al-amparo-de-la-ley-especial.

161 Alex Flores, “Avanzó o retrocedió Honduras en la lucha contra la corrupción en 2016?”, Revistazo, 25 de enero de 2017, http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/1167-%C2%BFavanz%C3%B3-o-retrocedi%C3%B3- honduras-en-la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n. Todavía más impactante, parece que la ENEE alentó a una compañía que pertenece al cártel de drogas Cachiros licitar por el trabajo: “ROMA invitó a Los Cachiros a participar en las licitaciones de la ENEE”, Criterio, 29 de marzo de 2017, http://criterio.hn/2017/03/29/roma-invito-los-cachiros-participar-las-licitaciones-la-enee/.

162 “La ENEE dio otro contrato de construcción a Los Cachiros”, El Heraldo, 27 de marzo de 2017, http://www.elheraldo.hn/pais/1057899-466/la-enee-dio-otro-contrato-de-construcción-a-los-cachiros.

163 James Robinson y Ragnar Torvik, “White Elephants”, Journal of Public Economics 89 (2005): pp. 197–210, http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/jr_WhiteElephants.pdf; para un estudio de caso en Egipto, véase Frederick Deknatel, “White Elephants”, Nation, 13 de agosto de 2015, https://www.thenation.com/article/white-elephants/. Las presas son saqueadas por lo regular de esta manera –a tal grado que a menudo ni siquiera pueden recuperar el costo de construcción–. Atif Ansar de la Universidad de Oxford et al. hallo en 2013 que tres de cada cuatro presas grandes exceden costos, con un gasto real promedio del 96 por ciento por encima de lo estimado. En casi la mitad de los casos, la inversión perdida jamás se recuperará. Atif Ansar et al., “Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development”, Energy Policy 69 (junio de 2014): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2406852; véase también Bent Flyvbjerg, “What You Should Know About Megaprojects and Why”, Project Management Journal 45, no. 2 (abril de 2014): http://www.pmi.org/learning/library/know-mega-projects-overview-2267; y Transparencia Internacional, Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008), http://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2008_corruption_in_the_water_sector.

164 “Quiebra del Seguro Social IHSS -  Globo TV Honduras”, YouTube video, posteado por “The MrR5”, 8 de mayo de 2015, https://www.youtube.com/watch?v=WMdmVeAEKF8.

165 Un mes más tarde, Hernández admitió que el dinero había ido a parar a su partido político, pero argumentó no haber sabido acerca de esto, y afirmó que lo regresaría. Agencia EFE, “Presidente hondureño acepta que su campaña recibió dinero de corrupción”, Excélsior, June 4, 2015,

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/04/1027556.

166 “Informe revela escandalosa corrupción en IHSS”, El Heraldo, 28 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=702964&sid=299&fid=214.

167 “Protesta de empleados y pacientes en IHSS”, El Heraldo, 31 de julio de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/734058-214/protesta-de-empleados-y-pacientes-en-ihss.

168 “Hondureño protesta contra saqueo al IHSS en la Copa America!”, Diario Deportivo Más, 7 de junio de 2016, http://www.diariomas.hn/2016/06/07/hondureno-protesta-contra-saqueo-al-ihss-en-la-copa-america/; “Cerca de tres mil personas han muerto por descalabro en el IHSS”, La Tribuna, 28 de mayo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/05/28/cerca-de-tres-mil-personas-han-muerto-por-descalabro-en-el-ihss/.

169 Para artículos anteriores de corrupción en el IHSS, véase “Informe confirma ‘corrupción institucionalizada’ en el IHSS”, Proceso Digital, 6 de marzo de 2014, http://www.proceso.hn/component/k2/item/6822.html; para las manifestaciones en mayo y junio,  véase “Capitalinos marchan exigiendo resolución en caso del IHSS”, La Prensa, 30 de mayo de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/844810-410/capitalinos-marchan-exigiendo-resoluci%C3%B3n-en-caso- del-ihss; y Elisabeth Malkin, “Wave of Protests Spreads to Scandal-Weary Honduras and Guatemala”, New York Times, 12 de junio de 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/13/world/americas/corruption-scandals-driving-protests-in-guatemala-and-honduras.html?_r=0.

170 “Informe confirma ‘corrupción institucionalizada’ en el IHSS”, Proceso Digital; e “Informe revela escandalosa corrupción en el IHSS”, El Heraldo, 28 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/702964-214/informe-revela-escandalosa-corrupci%C3%B3n-en-ihss.

171 Ibíd.; y “ASJ muestra irregularidades de Astropharma en informes”, La Prensa, 19 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/851251-410/asj-muestra-irregularidades-de-astropharma-en-informes.

172 “Mario Roberto Zelaya Rojas”, Persona de Interés, https://www.personadeinteres.org/personas/2276; “Los cheques fueron entregados por el señor Zelaya”, El Heraldo, 9 de marzo de 2015, http://www.elheraldo.hn/alfrente/820507-209/los-cheques-fueron-entregados-por-el-señor-zelaya.

173 “Familia Gutiérrez intentó vender medicinas hace 2 meses al Estado”, La Prensa, 1 de julio de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/854571-410/familia-guti%C3%A9rrez-intent%C3%B3-vender -medicinas-hace-2-meses-al-estado.

174 “Mujeres acusadas de lavado de activos del IHSS dejaron sus lujos y ahora van a la iglesia”, La Tribuna, 30 de junio de 2016, http://www.latribuna.hn/2016/06/30/mujeres-acusadas-lavado-activos-del-ihss-dejaron-lujos-ahora-van-la-iglesia/.

175 “Lena y su familia van a juicio por caso de Astropharma”, La Prensa, 5 de agosto de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/986870-410/lena-y-su-familia-van-a-juicio-por-caso-de-astropharma.

176 “Al dictarle detención judicial a Shukri Kafie es trasladado a una clínica privada”, TVC, 12 de junio de 2015, http://direct.televicentro.hn/nota/2015/6/12/dictan-detención-judicial-a-shukri-kaffie.

177 RNS, “CONATEL Attempts to Shut Down Cholusat Sur”, Honduras Culture and Politics (blog), 16 de octubre de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/10/conatel-attempts-to-shut-down-cholusat.html.

178 NPINEDA, “Detención judicial dicta juez a John Charles Bogran”, La Prensa, 17 de mayo de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/840871-410/detenci%C3%B3n-judicial-dicta-juez-a-john-charles-bogr% C3%A1n.

179 “IMF Executive Board”, comunicado de prensa, FMI, 4 de diciembre de 2014; y “IMF Completes Third and Fourth Review”, comunicado de prensa, FMI, 2 de noviembre de 2016.