En la víspera de las reñidas elecciones en Venezuela previstas para el 6 de diciembre, el país enfrenta una peligrosa mezcla de inestabilidad política, incertidumbre económica, y violencia. En el mes de octubre, durante una entrevista televisada, el Presidente Nicolás Maduro sugirió que en el caso de que su partido perdiera las elecciones buscaría gobernar “con el pueblo” para defender la revolución Bolivariana de Venezuela.1 La velada amenaza de resistirse a aceptar el resultado electoral deja en claro que la democracia venezolana enfrenta su desafío más severo desde que Hugo Chávez llegara al poder en 1999.

Son varios los gobiernos de América del Sur que sostienen que defender la democracia en la región es una prioridad de su política exterior. Del mismo modo, la protección de la democracia es una meta presente en varias organizaciones regionales, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR). Dado este interés manifiesto, resulta natural preguntarse qué han hecho estos gobiernos y organizaciones para encarar la crisis en desarrollo en Venezuela. ¿Qué métodos o mecanismos han utilizado y cuán efectivos han sido? Puesto de otro modo, ¿cuáles son los intereses centrales que se revelan en las acciones de estos gobiernos y organizaciones? El peso político y económico de Venezuela, como así también su otrora orgullosa posición como una de las democracias más duraderas de América del Sur, hacen probable que la crisis tenga consecuencias profundas para el futuro de los derechos humanos y la democracia en el continente. Será una prueba de fuego tanto para las políticas nacionales como para los mecanismos regionales que se supone tienen como objetivo fortalecer las reglas y normas democráticas a través de mecanismos como la mediación y la presión política.

Una Crisis que se Intensifica

La polarización política y las consecuentes tensiones y conflictos sobre la dirección política de Venezuela crecieron luego de que Hugo Chávez ganara su primera elección. Está dinámica se exacerbó en 2002, cuando un grupo de empresarios y líderes militares llevaron a cabo un fallido golpe de estado contra el presidente Chávez, quien fue reinstituido cuarenta y ocho horas después. Varios estados del hemisferio (bajo la forma de “Amigos de Venezuela”: Brasil, Chile, México y los Estados Unidos, entre otros) intentaron establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición luego del golpe. Sin embargo, la polarización, continuó incrementando particularment a partir del 2014, cuando demostraciones masivas contra el gobierno conmocionaron al país. Más de treinta manifestantes murieron en los enfrentamientos y más de mil quinientas personas fueron detenidas.

La dura respuesta de las autoridades venezolanas contra las demostraciones generó cuestionamientos internacionales. Según el Comité para la Protección de Periodistas, muchos reporteros fueron detenidos, golpeados y asaltados.2 El director adjunto de la organización afirmó que “los bloqueos a la prensa, los arrestos y el acoso contra voces disidentes se han convertido en un sello de esta administración.”3 El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su profunda preocupación por la violación de derechos humanos en el país y solicitó al gobierno de Venezuela que investigara la muerte de los manifestantes. Más allá de las críticas internacionales las condiciones en el terreno no variarion en Venezuela.

El arresto en febrero de 2014 de uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López, realizado bajo cargos cuestionables, como la exclusión del Congreso de María Corina Machado, una prominente líder cívica y política, por supuestamente violar la Constitución de Venezuela por  pronunciar un discurso ante la OEA (Machado fue invitada oficialmente por el gobierno de Panamá) incrementó los cuestionamientos internacionales. En septiembre de 2015, López fue sentenciado a casi catorce años de prisión, luego de un juicio que según Human Rights Watch “involucró violaciones y fracasó en ofrecer evidencia que lo vincule con un crimen.” Recientemente, uno de los dos fiscales en el caso, Franklin Nieves, huyó a Estados Unidos donde declaró que el juicio fue una “farsa” y que el régimen venezolano inventó los cargos por temor al liderazgo de López.4

Por otro lado, los alcaldes democráticamente electos de dos de las más importantes ciudades en el país, Antonio Ledezca de Caracas y Daniel Ceballos de San Cristóbal, fueron arrestados bajo dudosos cargos. De acuerdo a varias organizaciones de derechos humanos tanto venezolanas con extranjeras, el sistema judicial de Venezuela ha colapsado y en la práctica la separación de poderes entre la rama ejecutiva y la judicial ha casi dejado de existir.5

Este deterioro político se ve agravado por una seria crisis económica impulsada por la brusca caída del precio del petróleo, el motor económico y principal recurso del gobierno para financiar sus  políticas públicas -internas y externas. En noviembre de 2014, el Presidente Maduro hizo un llamado para mantener el precio del petróleo a cien dólares el barril, un precio considerado “justo” por las autoridades venezolanas.6 Pero el precio del petróleo ha caído de ciento siete dólares el barril en junio de 2014 a cuarenta y siete dólares el barril en julio de 2015. La crisis derivada de la caida del precio del petróleo se ha visto empeorada por el mal manejo económico que llevó a una inflación galopante, un amplio déficit fiscal y un incremento en la escasez de bienes esenciales como alimentos, jabón o pañales. Otro de los problemas más acuciantes es la salud pública y el serio desafío de conseguir medicamentos. Esta situación económica ha forzado a Caracas a reducir su apoyo a regímenes aliados como Bolivia y, en particular, Cuba. Es probable que esto haya contribuido a la decisión de Raúl Castro de acelerar el acercamiento con los Estados Unidos, un proceso que tomó por sorpresa al gobierno de Venezuela.

Iniciativas Diplomáticas Defectuosas

La aguda crisis política y económica que aflige a Venezuela ha generado una seria preocupación en el Hemisferio Occidental. Muchos gobiernos observan con inquietud y consternación el giro autoritario del gobierno venezolano y la radicalización de la oposición. Sin embargo, hasta al momento se han mostrado incapaces de intervenir substantivamente en la crisis. La inacción es el resultado de una combinación de partidismo, indiferencia e impotencia.

Los Estados Unidos y Canadá parecen distanciados de la crisis, preocupados por otros problemas más acuciantes en el resto del mundo (por ejemplo, el radicalismo islámico y el desafío ruso) y con sus propios asuntos políticos domésticos. Ambos países tienen poca influencia sobre la administración de Maduro, la cual los mira con desdén y desconfianza, de modo que aunque quisieran involucrarse de manera más activa en la misma es probale que no tuvieran gran incidencia. La reciente elección en Canadá de la coalición de centro-izquierda liderada por Justin Trudeau podría abrir algún espacio para una intervención canadiense, pero eso aún está por verse.

México, que por su tamaño e influencia tiene el poder y las credenciales para actuar, ha permanecido distante. El Presidente Enrique Peña Nieto parece podo dispuesto a actuar debido a que México no posee intereses vitales en Venezuela y porque su gobierno es renuente a antagonizar con Estados Unidos.  Cuba está profundamente comprometida con Venezuela y ha sido vital en moderar la postura del gobierno Venezolano. La Habana, sin embargo, está alineada con el gobierno y por lo tanto es vista con gran desconfianza por la oposición venezolana.

Entre los países de América del Sur, solo un pequeño grupo parece tener los medios -voluntad y la influencia- para intervenir de manera substantiva in la crisis venezolana. Colombia se encuentra en una posición débil dada su reciente fricción con el gobierno de Maduro por la deportación de cientos de colombianos de Venezuela luego de que tres soldados venezolanos fueran heridos por un grupo de contrabandistas colombianos. Ecuador y Bolivia, en tanto firmes defensores de la administración de Maduro, se encuentran, como Cuba, no están en condiciones de propiciar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Paraguay y Perú mantienen un gran distancia de la crísis política venezolana. Uruguay y Costa Rica podrían jugar un rol positivo en la crisis dada su reconocida moderación y capacidad diplomática. Sin embargo, ambos claramente carecen del poder (y la influencia) para ejercer presión real sobre Venezuela.

Esto deja a los países del ABC – Argentina, Brasil y Chile- como los únicos estados de la región con algún interés e influencia para intervenir. Brasil es por lejos el jugador Sudamericano más poderoso y el único con peso político suficiente para destrabar el contexto polarizado que vive Venezuela. Lamentablemente, Brasil se ha mostrado supremamente tímido en su aproximación a la crisis,  y ha evitado medidas para frenar a la administración de Maduro y moderar a una oposición cada vez más golpeada y desconfiada.

La actual posición de Brasil es producto de una cierta reticencia a la intervención en política exterior, algo que contrasta con una política exterior mucho más decidida en el pasado reciente. Desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Brasil se ha involucrado en los asuntos políticos de otros países Sudamericanos, interviniendo diplomáticamente cuando las crisis políticas amenazaron la democracia. El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) propició la idea de un liderazgo regional brasileño basado en la noción de “no-indiferencia” frente a las amenazas a los valores democráticos de América del Sur.

Pero en contraste con 2002 y 2003, cuando Cardoso y Lula pudieron influir en la dinámicas internas en Venezuela durante y después del golpe contra Chávez, Brasil hoy es un mediador poco creíble. En 2003, Lula insistió en incluir a Estados Unidos y España en el grupo Amigos de Venezuela, el cual ayudó al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. La maniobra de Lula resultó crucial para persuadir a la oposición a comprometerse seriamente con el proceso político. Más allá de su postura de centro-izquierda, Lula era considerado como un mediador legítimo y relativamente imparcial por la oposición venezolana de centro-derecha.

Desde entonces, tanto él como el gobierno brasileño se han desperfilado y perdido protagonismo. Luego de la muerte de Chávez en 2013, Lula, en su capacidad de ex presidente (y todavía como uno de los actores políticos más poderosos en Brasil) apoyó la campaña de Nicolás Maduro. Esta maniobra posicionó firmemente a Brasil – al menos a los ojos de la oposición – como un adherentes a las ideas, políticas y estilos de gobierno de Chávez.

La sucesora de la administración de Lula, Presidenta Dilma Rousseff, ha tomado una posición más bien distante de Venezuela. Ocupada en asuntos internos, y indecisa en cuanto a qué hacer, ha hecho poco por intervenir en Venezuela de manera significativa. Para Brasil, hay intereses económicos y políticos en juego. De acuerdo a Valor Económico, las compañías del sector público venezolano le deben a las compañías brasileñas 2.500 millones de dólares. Si la tensión política y el conflicto siguen aumentando en Venezuela, los intereses comerciales brasileños correrían peligro, de modo que un número creciente de representantes del sector privado ha buscado presionar a Rousseff para que adopte una estrategia más asertiva para aminorar la crisis.

La falta de capacidad y voluntad de Brasil para diluir la crisis en Venezuela mina sus ambiciones de liderazgo regional. Si la crisis política venezolana se acrecienta, Brasil, más que ningún otro actor internacional, será culpado – y con razón – por su incapacidad para defender la democracia y la estabilidad en América del Sur.

Dado su peso regional y su proximidad ideológica, la Argentina es otro potencial mediador en la crisis venezolana. En la década pasada, Argentina y Venezuela sellaron una importante alianza política y económica. Una combinación de ideología y pragmatismo ha impulsado esta convergencia: el Presidente Chávez precisaba el apoyo de la Argentina para su iniciativa bolivariana en el continente; la Argentina, en tanto, necesitaba asistencia financiera en particular ayuda en el sector energético a través de subsidios petroleros de Venezuela.  El eje Caracas-Buenos Aires también sirvió para contrabalancear la creciente influencia de Brasil en América del Sur. Venezuela se convirtió en un importante tenedor de bonos argentinos y la Argentina se volvió una aliada de las críticas de Chávez hacia la influencia de Estados Unidos en América del Sur.

Durante la Cumbre de las Américas de 2005, Chávez fue invitado a pronunciar un discruso en la contra-cumbre realizada en Buenos Aires y, en marzo de 2007, fue autorizado a convocar una enorme demostración contra los Estados Unidos, la cual coincidió con la visita del Presidente George Bush al vecino país Uruguay. En marzo de 2014, cuando Estados Unidos declaró que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional, la Argentina desplegó un imporante apoyo diplomático a la administración Maduro.

El apoyo al gobierno de Venezuela ha coartado la posibilidad que Argentina asuma un rol conciliador en la crisis,  ya que la oposición venezolana claramente no percibe a Buenos Aires como un actor imparcial. Aun así, a la luz de los sólidos vínculos entre Buenos Aires y Caracas, analistas en Venezuela, la Argentina y la región cifraban esperanzas que el gobierno argentino asumiera un rol más contundente y elevara sus preocupaciones a la administración de Maduro particularlmente en relación el empeoramiento de sus prácticas en materia de derechos humanos.  Este silencio es interesante dado que Argentina ha desplegado una de las diplomacias más activas y progresistas en materia de derechos humanos en América del Sur.

Aun cuando la Argentina está en posición de jugar un rol para aminorar la crisis en Venezuela, no ha podido encontrar la clave para hacerlo.  Más aún, condiciones volátiles en ambos países crean incertidumbre acerca del futuro de la relación bilateral. En el contexto de serios problemas económicos, la capacidad de Venezuela de apoyar a la Argentina ha disminuido notablemente, disminuyendo de este modo la importancia estratégica del país a ojos de Buenos Aires, la cual a su vez escasea de divisas para pagar sus cuentas.

La elección de noviembre de 2015 de Mauricio Macri como el sucesor de la Presidente argentina Cristina Fenández de Kirchner bien puede traer cambios en este asunto. Durante su campaña electoral, Macri prometió llevar a la Argentina hacia otra dirección en materia de política exterior y manifestó su preocupación acerca de la situación política y social que vive Venezuela. En su primera conferencia de prensa luego de ser electo, Macri afirmó su deseo de suspender a Venezuela del bloque regional del Mercosur debido a los abusos en derechos humanos cometidos por el país.7 Así, el triunfo de Macri podría generar un giro regional en cómo los gobiernos de América del Sur encaran la situación venezolana. Para que esto suceda, sin embargo, Argentina debería avanzar junto con Brasil y Chile. Esto no sería posible a través del Mercosur dado que Chile no es un miembro pleno del bloque. Para esto, Macri debería llevar a cabo su iniciativa a través de la UNASUR, donde Chile y otros países importantes de América del Sur que no son miembros plenos del Mercosur, como Colombia y Perú, estarían en condiciones de sumarse.

Un tercer actor que podría potencialmente jugar un rol constructivo en la crisis venezolana es Chile. Aún cuando Chile es claramente menos influyente que la Argentina o Brasil, su sólida posición económica y su reputación por la moderación to transforman en un potencial facilitador de una solución negociada.

La coalición gobernante de centro-izquierda, liderada por la Presidente Michelle Bachelet, ha desarrollado una cordial relación con Caracas en los últimos años. Chile es también muy bien considerado por los líderes de la oposición venezolana, muchos de los cuales han visitado Santiago.

La visión de Chile sobre la crisis venezolana ha evolucionado de una posición pasiva a otra más bien asertiva, lo que refleja una genuina preocupación sobre el derrotero de la administración Maduro. En abril de 2015, Chile expresó su deseo de asistir en el proceso electoral venezolano. El canciller, Heraldo Muñoz, declaró que Chile deseaba colaborar con la promoción del diálogo y de un mayor entendimiento entre el gobierno y la oposición en Venezuela y que estaba listo para ayudar a Venezuela a “evitar el conflicto y encontrar un camino para el diálogo.”8

En los últimos meses, sin embargo, la retórica del gobierno chileno se he vuelto más crítica. Esto ha invalidado a Chile como un mediador neutral en la crisis venezolana. En septiembre de 2014, luego del encarcelamiento de Leopoldo López, la cancillería chilena presentó un comunicado recordando a las autoridades venezolanas la necesidad de asegurar que el juicio al líder opositor respetara garantías procesales mínimas de acuerdo a las normas fundamentales de derechos humanos.

El cambio de actitud de Chile es notable dada la creciente presión diplomática en la que el país se encuentra debido a la ofensiva Boliviana que busca zanjar una disputa territorial para lograr una salida directa al mar. Chile por tanto ha obrado con extrema cautela en el contexto regional dado su afán por contar con apoyo diplomático y evitar ser aislado en el concierto sudamericano.

La reacción de Venezuela frente a la declaración chilena fue rápida y contundente: caracas condenó la declaración como una intrusión intolerable en sus asuntos domésticos y retrucó criticando varios aspectos de los derechos humanos en Chile, incluyendo lo que describió como la naturaleza poco democrática de su constitución y el trato negativo a las comunidades indígenas en el Sur de Chile.

Dos factors explican por qué Chile decidió asumir una postura más dura en  relación a Venezuela. En primer lugar, la Demcracia Cristiana, una importante parte de la coalición de gobierno, que es ideológicamente más distante y más crítica de algunos gobiernos de izquierda del continente ejerció presión para que el gobierno asumiera una postura más dura.  Del mismo modo, referentes del sector socialista de la coalición, particularmente jóvenes congresistas, también demandaron un cuestionamiento más claro a la situación en Venezuela. En segundo lugar, algunos miembros importantes de la coalición que históricamente fueron reticentes a criticar ciertos excesos por parte de gobiernos de izquierda con los que tenían afinidades ideológicas como Venezuela y Cuba sintieron que Maduro estaba cruzó la línea al reprimir abiertamente a la oposición y a la prensa. Figuras de trayectoria de la actual administración chilena, incluyendo la Presidenta, fueron víctimas de los abusos de los derechos humanos por la dictadura chilena de los 70s y 80s y por lo tanto rechazan tajantemente acciones represivas.

Multilaterialismo Impotente?

A la luz de las restricciones y dificultades al nivel bilateral, muchos observadores esperaban que organizaciones regionales pudieran servir como alternativa para desarrollar una acción substantiva. Los mecanismos regionales permiten a los estados crear un frente unificado, disminuyendo la exposición diplomática propia de una intervención bilateral. Varios cancilleres por tanto subrayaron la necesidad de abordar la crisis venezolana y sus posibles consecuencias a través de los mecanismos regionales.

Nuevas dinámicas políticas en el continente han transformado el escenario diplomático a nivel intergubernamental. En los últimos tiempos el rol de la OEA se ha visto mermado en favor de nuevos agrupamientos regionales, como UNASUR. En relación a la crisis venezolana, sectores diplomáticos han afirmado que UNASUR y no la OEA deberían intervenir. Estos llamados reflejan la creencia de que Venezuela rechazará aceptar cualquier intervención por parte de la OEA, la cual es percibida por Caracas como un instrumento de los intereses de Estados Unidos en la región. De hecho, Caracas rechazó de plano el intento de mediación de la OEA durante la crisis fronteriza con Colombia. La reciente carta de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, a Tibisay Lucena, jefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, exhortándola a emparejar las condiciones entre el gobierno y la oposición de cara a las elecciones claramente refuerza la mirada que Caracas tiene en el sentido que la OEA está “irremediablemente” sesgada en contra  de sus posturas.

Dada la historia de la OEA, su marginalización bien podría sorprender a varios observadores. Con el fin de la Guerra Fría, la OEA se convirtió en una institución focal para proteger y promover la democracia en el Hemisferio Occidental. La organización ostenta una sólida trayectoria en la defensa de principios democráticos en la región, en particular desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001 (la Carta fue invocada por primera vez en Venezuela en 2002 luego del golpe contra el Presidente Hugo Chávez. La OEA condenó el intento de golpe y apoyó los esfuerzos de mediación entre el gobierno y la oposición).

En catorce años de existencia de la Carta, la OEA la invocó en cinco oportunidades durante crisis en las que la democracia se vio amenazada en los estados miembros: Nicaragua (2005), Ecuador (2005 and 2010), Bolivia (2008), and Haiti (2010). La Carta, sin embargo, no ha sido utilizada de manera consistente. Esto tiene que ver con la ausencia de mecanismos fuertes de sanción para evitar embates antidemocráticos, con falencias en materia de implementación y sobre todo debido a conflictos entre sus miembros por interpretaciones sobre la escencia  democracia.9 Por otro lado, debido a la percepción generalizada de que la OEA se encuentra altamente influida por Estados Unidos, la organización ha perdido legitimidad a los ojos de los estados de América Latina y el Caribe, quienes rachazan la intromisión de Estados Unidos en la región.

La creación de la UNASUR en 2008 generó expectativas acerca de su potencial rol en promover y monitorear la democracia en América del Sur. La organización, la cual posee objetivos amplios (políticos, económicos, energéticos, ambientales y sociales entre otros) fue concebida como una alternativa (libre de Washington) y como un complemento a la OEA. UNASUR ha desarrollado mecanismos formales de promoción de la democracia como el Consejo Electoral, que envía delegaciones para “acompañar” (observar, pero sin monitorear) las elecciones en la región. Así, ha estado presenta durante las elecciones realizadas en Bolivia (2014) y en Venezuela (2015).

UNASUR  también ha establecido mecanismos diplomáticos para intervenir durante crisis democráticas, particularmente en situaciones en las que los estados han rechazado la intervensión de la OEA (como lo hizo Venezuela en 2013). La organización también intervino en la crisis en Paraguay en 2012. De este modo, al menos en principio, UNASUR se ha constitutido en una alternativa en casos en los que surgen insalvables diferencias entre los estados de la región y, que por ende, impiden la intervención de la OEA en defensa de la democracia. Muchos diplomáticos, en privado, manifiestan que los países de América del Sur prefieren reunirse en un foro más íntimo en el cual pueden resolver sus diferencias cándidamente sin sentirse restringidos por la presión de Estados Unidos.

El intento de la UNASUR de mediar en el conflicto venezolano es de este modo un experimento interesante para examinar si la región es capaz de resolver por si misma amenzas a la democracia. Dada la falta de confianza entre el gobierno venezolano y la oposición y el bajo nivel de credibilidad del Consejo Nacional Electoral venezolano, el cual ha perdido evidente autonomía, diplomáticos de toda la región coinciden en señalar que el monitoreo externo es crucial.10

El trabajo de los gobiernos de la región dentro del marco de la UNASUR, sin embargo, ha tenido problemas para fijar una estrategia coherente para enfrentar la crisis. En medio de las protestas de 2014, UNASUR emitió un comunicado algo timorato acerca de la situación en Venezuela. En 2015, luego de una difícil negociación, UNASUR persuadió al gobierno venezolano para que aceptara una misión de observación electoral para las elecciones de diciembre. Sin embargo, los desacuerdos acerca de los detalles han trabado el proceso. Por ejemplo, Brasil propuso a Nelson Jobim, ex Presidente de la Corte Suprema de Brasil, pero Venezuela lo objetó provocando que la Comisión Nacional Electoral de Brasil se saliera del proceso.

El problema reside en la intransigente posición del gobierno de Venezuela. El Presidente Maduro señaló que Venezuela “no está monitoreada ni será monitoreada” 11 De manera inteligente, sin embargo, el gobierno no ha descartado participación externa, afirmando que está abierto a tener observadores externos “acompañando” el proceso, pero bajo varias condiciones. Estas incluyen no permitir a ningún de los observadores externos realizar  afirmaciones sobre el proceso electoral al menos que estén específicamente autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Condiciones como estas, empero, van en contra de principios básicos del monitoreo electoral practicados por organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea.

La posición obstruccionista de Caracas no solo ha irritado a países moderados como Brasil, sino descarrilado la estrategia diseñada por el Secretario General de UNASUR, el colombiano Ernesto Samper. Los países alienados con Venezuela han presionado a UNASUR para aceptar las condiciones demandadas por Caracas. Esta posición se vio reflejada en el ex Vicepresidente de la Argentina, Carlos Alberto “Chacho” Álvarez, jefe de observación electoral de la UNASUR en las elecciones de 2012 y 2013, quien manifestó que cualquier duda sobre el proceso electoral venezolano es el resultado de prejuicios y desinformación.

En este contexto,  la acción de UNASUR, como la OEA en casos similares, ha sido paralizada por la postura de Caracas, la falta de voluntad de algunos estados cercanos (como los países de la Alianza Bolivariana para las Américas – ALBA) para demandar condiciones mínimas de transparencia electoral, y la frustración de gobiernos moderados como los de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay que gozan de un espacio diplomático limitado para intervenir. No resulta sorprendente por tano que UNASUR no haya hecho una diferencia importante al momento de encarar la crisis venezolana.

Conclusión

El futuro incierto de Venezuela depende de las dinámicas que rodean la pronta elección parlamentaria. El giro autoritario del gobierno parece indicar que éste genuinamente teme perder las elecciones. Las encuestas de opinión muestran que el gobierno es impopular y que su apoyo ha declinado rápidamente, incluso entre antiguos seguidores. Probablemente consciente de esto, el régimen de Maduro ha deliberadamente acosado a la oposición (poniendo en prisión a sus candidatos y líderes), silenciado los medios de comunicación (revocando licencias y amenazando a medios) y manipulado el proceso electoral (excluyendo a candidatos de la oposición, amenazando a los votantes, evitando el escrutinio externo y reduciendo la información de los medios). Las afirmaciones de varios funcionarios acerca de que podrían no reconocer el resultado de las elecciones muestran que el gobierno tiene poca intención de renunciar a su revolución bolivariana. Si esto se concreta las posibilidades de una crisis de proporciones insospechadas están a la vista, entre ellas, la intervención del ejército venezolano a través de un golpe de estado; desobediencia civil generalizada por parte de una oposición radicalizada, e incluso la erupción de una guerra civil y una crisis de migración forzada.

Hasta el momento, los actores externos no han podido actuar de modo de aminorar una crisis que amenaza con repercusiones a nivel doméstico y regional. En particular, los principales gobiernos de América del Sur han fracasado en constituir un frente unificado para presionar al régimen a desescalar la crisis a través de un manejo más moderado y persuadir a la oposición de bajar sus demandas. Esto sería crucial para ayudar a Venezuela a iniciar un diálogo nacional necesario para lanzar una respuesta legítima a sus desafíos sociales, políticos y económicos acuciantes.

Para los gobiernos a lo largo del continente, la situación en Venezuela plantea un desafío importante. Dado que hasta ahora, bajo condiciones difíciles pero en gran medida pacíficas, han fracasado en actuar de manera decisiva en defensa de los principios democráticos debido a una combinación de partidismo, debilidad y ausencia de perspectivas para una acción concertada, una intervención ante circunstancias violentas parecen remotas. Actuar en dichas circunstancias implicaría una diplomacia intrusiva para fomentar el diálogo en Venezuela persuadiendo a las partes a cambiar el rumbo – en particular hacer que el gobierno trabaje con la oposición- hacia el establecimiento de una fórmula de trabajo como un gobierno de unidad nacional.

Los países de América Latina tendrán entonces que poner de lado sus diferencias y actuar en base a principios. En primer lugar, debieran exigir que las elecciones parlamentarias sean libres, justas e imparciales. En segundo lugar, deberían comenzar a trabajar para evitar potenciales  disturbios post-electoral.  Esto demandaría sostener los principios democráticos desde un primer momento y denunciar las convocatorias a aceptar fuerzas no democráticas, tanto a nivel del gobierno como de la oposición. En tercer lugar, los países más relevantes, en particular Brasil pero también la Argentina, Chile y Colombia, podrían presionar de forma más determinada a los países del ALBA a modificar su apoyo irrestricto al régimen venezolano para de este modo evitar un quiebre democrático completo.

Esto demandaría convocar al Consejo de Jefes de Estado de la UNASUR e imponer sanciones contra el régimen de Maduro, invocando tanto la Cláusula Democrática de la UNASUR como la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Otra acción potencial podría ser buscar la mediación por fuera de la región, incluyendo la Unión Europea y las Naciones Unidas.

El fracaso en actuar con decisión podría seriamente erosionar la credibilidad de los países de América Latina como promotores de la democracia y los derechos humanos. Más aún, también podría empeorar la ya dañada reputación de la OEA y posiblemente herir fatalmente a las organizaciones independientes como UNASUR que fueron creadas precisamente para manejar los problemas regionales de manera más eficiente y en base en principios sin la interferencia de  Estados Unidos. Este desenlace minaría severamente los esfuerzos de promoción de la democracia en América del Sur.

El Carnegie Endowment agradece a la Robert Bosch Stiftung, la Ford Foundation y al UK Department for International Development por su apoyo de la Rising Democracies Network. Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de sus autores.

Notas

1 “Nicolas Maduro’s Threat in the event of Chavismo defeat in the upcoming Elections” Diario La Nación, Argentina, October 30, 2015, http://www.lanacion.com.ar/1841204-la-advertencia-de-nicolas-maduro-ante-una-posible-derrota-del-chavismo-en-las-elecciones/.

2 “Journalists under fire covering protests in Venezuela,” Committee to Protect Journalists, February 20, 2014, https://cpj.org/2014/02/journalists-attacked-detained-covering-protests-in-1.php/.

3Natalie Kitroeff, “Venezuela Battles Media, Social and Otherwise, to Restrict Protest Coverage,” New York Times, February 21, 2014, http://thelede.blogs.nytimes.com/2014/02/21/venezuela-battles-media-social-and-otherwise-to-restrict-protest-coverage/.

4 “Venezuela ex-prosecutor speaks out on Lopez ‘sham trial,’” BBC News, October 28, 2015, http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34656748/.

5 Human Rights Watch 2015. Venezuelan: Opposition Leader Unjustly Convicted https://www.hrw.org/news/2015/09/10/venezuela-opposition-leader-unjustly-convicted

6 “Maduro: ‘Venezuela seguirá luchando por el barril de petróleo a 100 dólares’ []”, Infobae, November 27, 2014, http://www.infobae.com/2014/11/27/1611618-maduro-venezuela-seguira-luchando-el-barril-petroleo-100-dolares/.

7 “Argentina’s President-Elect Macri Lays Out New Course,” BBC News, November 23, 2015,http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34899227.

8 “Chile ve con sorpresa rechazo Venezuela a dichos del canciller sobre diálogo [],” El Nuevo Herald, January 13, 2015, http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article6372330.html.

9 Daniela Donno, “Who Is Punished? Regional Intergovernmental Organizations and the Enforcement of Democratic Norms,” International Organization 64, no. 4 (October 2010): 594, http://journals.cambridge.org/abstract_S0020818310000202.

10 “Time for UNASUR to Defuse the Crisis in Venezuela,” International Crisis Group, March 11, 2015, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2015/latin-america/statement-time-for-unasur-to-defuse-the-crisis-in-venezuela.aspx/.

11 Phil Gunson, “Venezuela: ¿observación electoral? No gracias. . . ” International Crisis Group, September 23, 2015, http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/op-eds/gunson-venezuela-observacion-electoral-no-gracias.aspx/.