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Las redes que han penetrado en el control de la economía política hondureña a través de un proceso son quizás menos unitarias que las redes de cleptocracias mucho más estructuradas como la de Azerbaiyán o Cambodia o la de Túnez de Zine el-Abidine Ben Ali1. En esos países, el sector privado está o estaba dominado casi en su totalidad por miembros subordinados del clan del gobernante. Actualmente, en Honduras, por el contrario, los sectores público, privado y delictivo, si bien están interrelacionados de manera estrecha, son bastante displicentes y mantienen, por lo menos, algo de autonomía.

Por ejemplo, la mayor parte del sector privado moderno (la banca, la producción de energía, la comida rápida y el turismo, las telecomunicaciones y algunos productos de exportación) está en manos de unas cuantas familias cuyos orígenes levantinos comunes los aísla en cierto modo del resto de la sociedad hondureña. Estas familias, los Facussés, los Canahuatis, los Goldsteins, los Kafies, los Laraches, los Nassers, los Rosenthals, entre otras se desplazaron a Honduras del Medio Oriente a principios del siglo XX y se han beneficiado con las políticas económicas post-Mitch. Hasta hace muy poco, tendían a casarse de un modo endógeno para preservar, de esta, forma su cultura e identidad diferentes2. (Dichos matrimonios se pueden interpretar en gran medida como alianzas económicas). Varios miembros han ocupado altos cargos públicos, como Flores, quien era sobrino del anterior patriarca del grupo, Miguel Facussé; la hija de Carlos Facussé, Mary Elizabeth Flores Flake, que es la embajadora actual ante Naciones Unidas; o el exsecretario de la presidencia, Yani Rosenthal.

Sin embargo, según la mayoría (pero no el total) de hondureños entrevistados para este estudio, esta línea dominante levantina del sector privado y el elemento del sector público de las redes cleptocráticas de Honduras no son idénticos, más bien están vinculados por una especie de acuerdo entre la élite. “‘Debo contar con alguien que controle al Estado’”, un funcionario latinoamericano que trabaja en Tegucigalpa presentaba el punto de vista de la élite. “‘Lo haces para servirme. Estás ahí para garantizar nuestros negocios. A cambio, puedes robar tanto como quieras’”3. O, en palabras de otro entrevistado de alto rango: “Los políticos están al servicio de la élite económica. Cuando el presidente trata de ser un verdadero presidente y no obedece a las diez familias, hay un golpe de estado”4.

Expresando el intercambio en términos estrictamente materiales, al parecer diversos canales de ingreso van a parar a diferentes elementos de la red. El saqueo de las arcas del Estado, a través del presupuesto del sistema de salud pública o de contratos de adquisición públicos inflados o de concesiones en beneficio propio para la construcción de una presa hidroeléctrica,5 por ejemplo, enriquece a los miembros del elemento del sector público, así como la extorsión de sobornos. Para obtener ingresos del fraude de adquisiciones públicas, por supuesto que los funcionarios del gobierno o sus familiares tienen que encontrar compañías privadas: empresas farmacéuticas o compañías contratistas, por dar un ejemplo. Por consiguiente, esta sección del elemento del sector privado realmente se superpone con el sector público.

Sin embargo, los elementos dominantes de la red del sector privado cosechan sus ganancias por medio de las leyes, las regulaciones y la implementación selectiva que les garantizan ingresos indebidos. Para los que se encuentran en la cima de la red, cada vez con mayor frecuencia, la recompensa por estos favores oficiales se ha convertido en acciones de las compañías que se benefician, según diversos entrevistados. Pero la opacidad de los registros corporativos y el uso de prestanombres para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de dichas acciones hicieron imposible la confirmación de estas sospechas.

Aproximadamente a partir de la década pasada, los círculos de los sectores privado y público de la élite han ido estableciendo, de manera progresiva, conexiones cercanas con las redes delictivas que dirigen el comercio de estupefacientes, al igual que otros tipos de contrabando, como el tráfico de personas. Individuos y familias que han ligado sus fortunas a la función pública brindan ayuda legal o de otro tipo a las organizaciones delictivas, o les garantizan protección e impunidad en sus actividades. En diversos casos, miembros de importantes familias traficantes de drogas han ejercido un cargo local, por consiguiente, conformando un nodo que conecta ambos sectores. Por su parte, miembros de la élite económica proveen servicios de lavado de dinero o participan en empresas conjuntas con organizaciones delictivas.

Por el simple valor monetario, es probable que el sector delictivo empequeñezca a los otros dos6. Diversos expertos recomiendan que, por tal motivo, debería entenderse como el elemento dominante dentro de la red cleptocrática de Honduras. Sin embargo, las percepciones y expectativas de la gente común acerca de su gobierno, y su gran deseo por encontrar una manera de trabajar en la economía lícita, indican que la criminalización y el abuso de poder de esos dos sectores podrían afectar la psique nacional con la misma intensidad. Por lo tanto, los tres sectores serán abordados en este estudio como si tuvieran más o menos las mismas consecuencias.

Notes

1 Véase Chayes, Thieves of State; y Chayes, “Structure of Corruption”; al igual que “Cambodia’s Family Trees: Illegal Logging and the Stripping of Public Assets by Cambodia’s Elite”, Global Witness, junio de 2007.

2 Victor Meza et al., Poderes fácticos y sistema político (Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras [CEDOH], 2014); Dario Euraque, “La configuración histórica de las élites en Honduras hasta 1990: una aproximación” (documento de seminario y presentación para “Elites and the Reconfiguration of Power in Central America”, Antigua: American University, 16 de febrero de 2012); Stephen Dudley, “Honduran Elites and Organized Crime: Introduction”, InSight Crime, 9 de abril de 2016; y numerosas entrevistas.

3 Al ocupar el primer lugar en el mundo por muertes inexplicables de activistas ambientales, Honduras es un país extremadamente peligroso para aquellos que amenazan el régimen. Por esta razón, los nombres de todos los interlocutores no aparecerán en esta publicación (entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016).

4 Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Entre otras versiones de la idea que escuchamos, de hondureños de todos los ámbitos sociales, “Se trata del apoyo financiero y de los medios, y la libertad de robar, a cambio de estabilidad”; “Funciona a través de favores: tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Es bueno para el presidente y su familia y su ciudad”. Leticia Salomón, “La percepción de la relación entre grupos económicos y poder político”, en Meza et al., Poderes Facticos, pp. 49–50: “Los empresarios miran la relación [con los políticos] como una apuesta cuyo premio será la seguridad política para sus negocios, lo que les impulsa a acercase a todos los que tienen opciones de ganar y, en última instancia, los que tienen posibilidades de controlar grupos o instituciones dentro del gobierno”. O, “…es preocupante la cantidad de instituciones donde la empresa privada tienen representación institucional y las cuotas crecientes de poder que van adquiriendo con cada nuevo gobierno.…[y] la visión instrumental de los empresarios con respecto al Estado, al que cada vez perciben menos como árbitro y más como instancia de trámite de sus intereses corporativos” (52).

5 Véase más adelante la sección sobre el escándalo del IHSS acerca del presupuesto de salud. Sobre contratos de adquisición inflados, véase “Exgerente Roberto Martínez acusado de millonario fraude”, La Prensa, 5 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997184-410/exgerente-roberto-mart%C3%ADnez-acusado-de-millonario-fraude. Sobre presas hidroeléctricas, véase “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness.

6 Aunque no existe una estimación clara acerca de las proporciones del sector criminal en Honduras, se ha estimado que sólo la extorsión le cuesta a los hondureños más de 200 millones de dólares al año (véase Mike LaSusa, “Honduras Authorities Grapple with Social, Economic Impacts of Extortion”, InSight Crime, 2 de mayo de 2016), mientras que la cocaína que fluye a través de Honduras tiene un posible valor estimado por encima de los 25.2 mil millones de dólares, basado en la estimación de que 90% del mercado de la cocaína de 28 mil millones de dólares de Estados Unidos pasa por el corredor de Centroamérica; véase World Drug Report 2016, (Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016), 77, http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf.