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Es una característica inconfundible de los sistemas de gobierno cleptocráticos que los organismos que muestran independencia o que representan una amenaza potencial a los intereses de la red sean paralizados o cortocircuitados de manera intencional. En Afganistán, por ejemplo, cuando investigadores respaldados internacionalmente descubrieron un hoyo de casi mil millones de dólares en el banco privado más importante, y extorsionaron a un miembro del personal de la presidencia a través de un soborno para influenciar la investigación, el entonces presidente Hamid Karzai intentó disolver las unidades de investigación. Los funcionarios ingleses y estadounidenses resistieron y Karzai se ensañó contra los fiscales especializados en anticorrupción, reduciendo sus salarios de la noche a la mañana y transfiriendo a varios de ellos a provincias remotas y peligrosas1. En Egipto, primero bajo el expresidente Hosni Mubarak y posteriormente bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas después de la Primavera Árabe, un sistema judicial hasta cierto punto independiente era eludido a través del uso de tribunales militares2.

Acaso el ejemplo reciente más impresionante fue el que solo se puede describir como el aprovechamiento caníbal de los ejércitos de Irak, Nigeria y Ucrania por los gobiernos de Haider al-Abadi, Goodluck Jonathan y Viktor Yanukovych, respectivamente. Las tres fuerzas fueron incapacitadas mediante el nombramiento de oficiales incompetentes, el robo masivo de material y la proliferación de “soldados fantasmas” inexistentes, cuyo sueldo recaudaban oficiales de alto rango. Desafiados en 2014 por grupos militantes mucho menos estructurados y equipados (el autoproclamado Estado Islámico y Boko Haram) o los insurgentes apoyados por rusos, los tres ejércitos colapsaron y requirieron apoyo externo considerable como resultado3.

Tampoco son difíciles de encontrar los casos de sabotaje deliberado de instituciones en Estados Unidos. Después de que el Federal Home Loan Bank Board organizó una campaña para investigar a los ejecutivos responsables de la crisis de crédito y ahorro en la década de 1980, que resultó en más de 1000 condenas por delito, funcionarios estadounidenses limitaron la cifra y la independencia de los expertos dedicados a la supervisión, y promulgaron directrices de enjuiciamiento que hicieron el castigo de infractores más improbable4. El mismo clima contra la regulación en Estados Unidos dejó a la Food and Drug Administration infrafinanciada5. Posteriormente, con empresas farmacéuticas (y pacientes) quejándose del ritmo lento de aprobaciones de medicamentos, las regulaciones se suavizaron6. Recientemente, el presupuesto inicial del Presidente Donald Trump publicado el 15 de marzo de 2017, recortó la financiación para dichos organismos reguladores o de supervisión como la Agencia de Protección del Medio Ambiente y el Departamento de Justicia7. Más adelante se analizarán algunos de los organismos hondureños que han sido incapacitados de la misma forma.

SERNA (Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras)

Resulta evidente en el relato de la presa del Patuca antes mencionado que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, o SERNA, es uno de estos organismos debilitados.

Por ejemplo, al ser subsumida en 2014 a una secretaría consolidada de energía, recursos naturales, medio ambiente y minas, la SERNA perdió en dicha fusión, según el abogado de anticorrupción citado anteriormente. “El medio ambiente solía estar separado por razones de control y balance”, señaló. “Pero ahora están todas juntas. Así que el agua y los bosques no cuentan con protección alguna”8. Un funcionario de desarrollo occidental compara a Honduras desfavorablemente con algunos de sus vecinos en este contexto. “En Costa Rica, si soy la secretaría de agricultura, transporte o infraestructura, tengo que ir a la secretaría de medio ambiente y pedir una licencia como todas las demás. Esa autonomía mejora las normas”.

Pero las normas en este ámbito no son la prioridad del gobierno hondureño. “No se trata de una ley escrita”, cavila el funcionario, “pero es casi una ley que no tengan que respetar las normas ambientales. Construyen una carretera donde quieren; el presidente firma un decreto que dice que es de interés nacional”9.

En el caso de la minería, el organismo encargado de la regulación y la supervisión fue estructurado en el verano de 2014 para rendir cuentas directamente ante el presidente10. Las compañías canadienses operan la mayoría de minas en Honduras, algunas de estas han sido el centro de controversias por envenenar aparentemente arroyos o secar cuencas11.

Cuando la SERNA desempeña un papel y permite que proyectos potenciales avancen, las regularidades en el proceso de permisos parecen ser la norma. En el caso de Patuca III, la evaluación del impacto ambiental original que provocó la reprimenda mordaz del Banco de Desarrollo Interamericano expiró dos años más tarde, en 2010. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un estudio completo de manera adecuada ni tampoco se ha realizado uno nuevo pro forma como lo exige la ley; pero se han entregado los permisos y la construcción de la presa procedió12. En uno de los casos más infames, el proyecto de la represa Agua Zarca, el segundo funcionario en importancia de la SERNA supuestamente aprobó el permiso a cambio de un soborno. Ahora se encuentra en prisión en espera de juicio13.

En 2009, Global Witness publicó un informe investigado con rigor sobre la tala ilegal en la reserva de bosque nacional Río Plátano que sacó a la luz prácticas similares por parte del organismo ambiental subordinado. El informe detalla cómo la autoridad forestal emitió memorandos y permisos que violaban las disposiciones jurídicas que exigían la confiscación y subasta pública de la caoba talada ilegalmente. Las nuevas normas facilitaron disimular la tala ilegal reciente. Se cree que cientos de árboles únicos de caoba protegidos se han talado como resultado14.

Ambientalistas veteranos y biólogos investigadores, tanto de Honduras como de Estados Unidos, hablaron acerca de una “mafia biológica”: un grupo de “académicos”, para usar el término de UEPER, que están dispuestos a dar el visto bueno a estudios ambientales. “Ésa es su especialidad”, afirma el experto ambientalista citado anteriormente, lo que confirma las descripciones que nos brindaron los naturalistas hondureños y estadounidenses que están familiarizados con los bosques del este de Honduras. “Sus estudios se acoplan a lo que los constructores desean”.

En muchos casos, la SERNA puede prescindir de las evaluaciones ambientales del todo. “Se supone que un proceso de evaluación sucede antes de la construcción”, agrega el abogado. “Pero, a mi parecer, ilegalmente, la obra arranca antes de que se haya terminado el estudio. Los propietarios obtienen una licencia en un día, la licencia denominada temporal. Pero dicha licencia nuca será revocada”15.

Investigadores holandeses solicitaron una copia de la evaluación del impacto ambiental para una versión nueva de la presa Agua Zarca, diseñada en medio de una amplia oposición al proyecto, la cual desplazó al otro lado del río la construcción principal de la instalación original permitida. Les comunicaron “que el nuevo informe parecía estar en la oficina del fiscal. Pero [la mujer] no sabía dónde. Más tarde, recibimos una carta oficial que afirmaba que no se trataba de un informe público16”. Surge la duda de si el informe realmente existe.

La secretaría lucha contra los presupuestos bajos de manera crónica, y depende en gran medida del apoyo de las donaciones del país. Conforme a la Ley Forestal de 2008, por ejemplo, se supone que un 1 % del presupuesto nacional se destina al Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, que se utiliza para la “rehabilitación de zonas boscosas que han sido deterioradas o deforestadas”17. Sin embargo, la cantidad real de dinero depositada de momento en dicho fondo no es superior a los 100 millones de lempiras, de los cuales 70 millones han sido transferidos al ejército, según el estudio sobre biodiversidad de la USAID citado anteriormente18. De hecho, el entonces presidente Zelaya anunció la iniciativa respaldada por miembros de las fuerzas armadas que de inmediato fueron desplegados en la Reserva de Río Plátano19. No obstante, durante cinco días de viaje por el río Patuca, en parques nacionales supuestamente protegidos, pudimos ver que no había ningún rastro de actividades relacionadas con la plantación ni de intentos por frenar la tala ilegal de árboles.

Usando un lenguaje consabido entre los organismos de desarrollo, la evaluación de la USAID “concluyó que la debilidad institucional es la causa fundamental de los problemas ambientales… En Honduras” (itálicas añadidas). A su vez, enumera el cumplimiento inadecuado de las regulaciones y de las leyes ambientales; la implementación, el monitoreo y el cumplimiento deficientes de los requerimientos de la evaluación del impacto ambiental; la escasa prioridad por parte del gobierno; la ignorancia y la corrupción20.

Pero esta terminología de la debilidad, la cual es muy común en los debates de donación de las instituciones de países en desarrollo, enmascara la naturaleza deliberada de las deficiencias tomadas en consideración y, por ende, desvía la atención de lo que yace en la raíz de muchos de los problemas: la corrupción estructurada. El informe de la USAID evidencia de manera indirecta esta intencionalidad, al señalar que “el gobierno está apoyando actualmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar, café y palma”, al igual que la actividad ganadera y el turismo costero, los cuales ejercen presión sobre el medio ambiente y amenazan la biodiversidad. Las leyes de protección ambiental, por lo tanto, “a menudo están en conflicto directo con las políticas actuales de desarrollo económico hondureño”21.

Quizás casualmente, los negocios cuyas actividades constituyen la amenaza más seria a la biodiversidad, y por tal motivo necesitan instituciones legales y ambientales “débiles” para poder florecer, son empresas en manos de miembros de la red del sector privado. Estas son las actividades que el gobierno hondureño ha elegido como los pilares de su estrategia de desarrollo22.

Algunos académicos plantean que la degradación ambiental que resulta de dichas políticas también es deliberada: es útil para crear una clase desarraigada de obreros pobres para las industrias controladas por la red cleptocrática. “Los entornos naturales degradados a menudo hacen que la vida en comunidad sea imposible”, afirma James Phillips en Honduras in Dangerous Times. “La contaminación del agua y de los recursos terrestres a través de la tala o de la minería provoca que la gente se desplace. Con frecuencia esto significa el fin de su forma de vida tradicional, convirtiendo a los campesinos en buscadores de empleo desplazados. La destrucción ambiental también socava los valores espirituales y la moral de las comunidades locales…[Daniel] Faber argumenta que la deterioración ambiental que resulta de dichos sucesos… Es un componente intencionado del control económico de la sociedad. El desplazamiento de comunidades rurales de sus tierras crea una reserva de mano de obra barata”23. (Sin mencionar a los migrantes que se dirigen hacia el norte).

De este modo, el modelo de negocios de las redes cleptocráticas parece basarse en la explotación prácticamente irrestricta del medio ambiente. En las palabras de un aldeano, cuya casa que da hacia el río Patuca está asentada sobre pilotes al estilo tradicional, “el mismo gobierno que hace las leyes que protegen este lugar está involucrado en los negocios que lo destruyen”24.

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social

Otros ejemplos de estas instituciones gubernamentales débiles, o deliberadamente debilitadas, merecen por lo menos un vistazo somero.

Entre ellas se encuentra la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Resulta sorprendente que este organismo, presuntamente responsable de abordar la legendaria pobreza y la desigualdad de ingresos en Honduras, al igual que la infraestructura deplorable en las zonas rurales, condiciones que dieron lugar al reclutamiento de pandillas y a la migración, sea tan invisible como lo es25.

Una de sus iniciativas emblemáticas es el Bono Vida Mejor, un programa de transferencia de dinero en efectivo para los hondureños empobrecidos, en especial destinado a gastos de educación26. No obstante, algunos entrevistados señalaron que es el personal de la oficina presidencial quien elige a muchos de los beneficiarios y no la secretaría. El propio vocero del gobierno hondureño confirmó la observación27.

Los entrevistados con regularidad criticaron la falta de transparencia en la distribución de estos bonos y afirmaron que los utilizan para asegurar el apoyo al presidente. “Los bonos y subsidios son solo para la gente del Partido Nacional”, observa un miembro de una organización de la comunidad hondureña en el sur. “Es una especie de compra de votos”. Otros citaron experiencias personales de discriminación. “No podemos recibir el Bono 10 Mil [anterior al Bono Vida Mejor] ni participar en otros programas porque criticamos al gobierno”, afirmó un silvicultor de las montañas en la frontera de Honduras y El Salvador. “Lo utilizan como campaña política. Se trata de un discurso de doble cara: hablan de educación y desarrollo pero nosotros no estamos obteniendo nada”28. Otros entrevistados secundaron esta sospecha de que algunos de estos fondos se usan para la publicidad de campañas o para transportar personas (y pagarles por su participación) a consultas públicas o mítines como el del 24 de julio de 2016: una concentración en Tegucigalpa a favor de la reelección de Hernández, durante la cual cientos de autobuses estuvieron estacionados en fila en las avenidas y los pasos elevados centrales de la ciudad capital29.

En una opinión secundada por la mayoría de los entrevistados, un exfuncionario de alto rango afirmó: “Están usando el dinero del presupuesto del gobierno para otros propósitos”. Señaló en particular a “Vida Mejor, que obtiene un 1 % del presupuesto nacional. Una parte de este está en un fondo fiduciario. No existe un proceso transparente para determinar quiénes son los beneficiados”30. Un chofer profesional secunda: “Hay programas para niños, entre otras cosas. Pero ayudan a la gente que les conviene, que les da poder. El dinero no va a donde más se necesita”31.

Autobuses que transportaban manifestantes a una marcha para apoyar un segundo periodo presidencial para Hernández, Tegucigalpa, julio de 2016

INA (Instituto Nacional Agrario)

Por un lado, desde el punto de vista de los hondureños desfavorecidos en las zonas rurales, el papel del INA ha cambiado, lo que refleja los diferentes enfoques del gobierno en relación a la tenencia de tierras y quizás algunas discrepancias internas entre el personal designado en épocas anteriores. Por el otro, ha facilitado la consolidación de grandes negocios de posesión conforme a la Ley de Modernización Agrícola de 1992, y permitido la titulación ilegal de tierras protegidas. El especialista en leyes ambientales citado anteriormente destaca la estructura de incentivos interna del organismo: “Hay una contradicción: se supone que nadie debe vender tierras dentro de los bosques nacionales. Pero el INA tiene destinatarios para el número de títulos que espera entregar”32.

Sin embargo, algunos funcionarios del organismo también han desafiado la legitimación de los propietarios de grandes plantaciones en el Bajo Aguán, incluido el poderosísimo Miguel Facussé, al afirmar que el conflicto en dicho lugar podría haberse resuelto a través de la expropiación de las tierras cuyos derechos de posesión fueran dudosos y de la distribución de las mismas entre los lugareños que las han cultivado durante años33. Últimamente, el instituto ha ayudado a comunidades indígenas como la garifuna y la misquito a ganar los derechos colectivos sobre tierras ancestrales34. “El INA fue un socio vital durante todo el proceso de convalidación”, afirma Fernando Rodríguez, un antropólogo que estudia el desarrollo de las prácticas de gobernanza del pueblo misquito en las tierras que recientemente obtuvieron un título de propiedad. “Ha funcionado como un punto de entrada al Estado para las organizaciones rurales y los activistas sociales”35.

Quizás debido a esa accesibilidad, el INA parece estar ahora en proceso de saqueo. Ha sufrido repetidos recortes de presupuesto36, lo que condujo a manifestaciones por parte de trabajadores no remunerados en 2016 y a que organizaciones de campesinos expresaran temor acerca de que la intención es disolver el organismo37. “Escuché que puede ser desmantelada”, Rodríguez observó, secundando los rumores que le pasaron sus contactos 38.

Dada la falta de un foro alternativo para la apelación, inutilizar al INA a través de la falta de recursos priva con eficacia a los campesinos agrícolas y a los indígenas hondureños de todo medio para obtener una compensación cuando se encuentran implicados en conflictos locales por tierras. En otros contextos, una privación sistemática de recursos de apelación como tal o de la reparación de agravios legítimos con frecuencia conduce a los afectados a la violencia extrema39.

Entidades fiscalizadoras

La ineficacia del Tribunal Superior de Cuentas es un ejemplo de los organismos de control huecos. “¿Cuentas?”, se mofa un profesional en auditoria hondureño cuando le pregunto sobre esto. “Es un chiste. No existe una institución de control. Está totalmente incapacitada. A lo que me refiero es que ni siquiera hicieron nada acerca del escándalo del IHSS”40. De hecho, fue el Consejo Nacional Anticorrupción quien inició las investigaciones de ese extenso caso, basándose en una pista anónima41. En noviembre de 2016, la MACCIH se quejó públicamente de una lista de nuevos magistrados elegidos42.

Por el contrario, entrevistados señalaron que el tribunal abrió una investigación sobre la compra de zapatos para distribuir entre los pobres por una organización benéfica que pertenecía a la esposa del expresidente Porfirio Lobo43. Un rumor divulgó que la esposa estaba en una lista estadounidense de extradición potencial, pero conforme a la ley hondureña, nadie puede ser extraditado si un proceso legal hondureño está en curso contra él o ella44.

A pesar del secreto a voces sobre la cantidad de dinero del narcotráfico que se lava a través del sistema bancario hondureño, el organismo regulador de la industria financiera, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no ha atraído ningún caso importante de lavado de dinero que se recuerde. Tampoco ha auditado ninguna de las obras públicas ni los proyectos de colaboración pública-privada que implementan acuerdos de fideicomisos administrados por bancos.

Es fundamental tomar en cuenta la intencionalidad que se muestra en estos ejemplos de debilidad institucional. No se trata de casos de déficits de capital humano debido al subdesarrollo, ni de corrupción oportunista dentro de estos organismos que entorpece la capacidad de los profesionales para hacer su trabajo. Ni de funcionarios bien intencionados que están siendo bloqueados en algunas ocasiones por la interferencia política. En su lugar, la independencia de estos organismos está siendo deshabilitada sistemáticamente. Su funcionalidad restante la distorsionan para proteger las prácticas de las redes, a menudo al levantar cortinas de humo entre la sociedad o los interlocutores internacionales. La finalidad deliberada de las regulaciones y los organismos de supervisión es neutralizar el poder de supervisión real y, de este modo, facilitar las prácticas cleptocráticas.

Los ejemplo antes mencionados representan algunos de los organismos nacionales que han sido moldeados o ajustados de modo que sirvan a los objetivos de las redes hondureñas. Varios entrevistados nos alertaron sobre la reflexión adicional que inicia esta sección. No solo las funciones del gobierno están siendo tergiversadas de esta manera, varios interlocutores coinciden en que Hernández también ha trabajado para consolidar el control en sus propias manos de estas funciones a tal grado que hasta en Honduras se percibe como algo insólito. La palabra “autocracia” aparece con frecuencia en sus evaluaciones.

“Parte de esta crisis es el hecho de que tenemos un gobierno totalmente autocrático: impone decisiones a través de la fuerza, secuestra la justicia; todo el aparato del gobierno que se supone que debería operar de modo independiente está secuestrado y controlado por el presidente”, afirmó uno de los entrevistados.

“Es bastante inusual la manera en la cual ha tomado control de todos los niveles del poder: el Congreso, la Corte Suprema, y así sucesivamente”, otro más lo expresó así. “Como un rey”.

En las palabras de un tercero: “Hernández está tratando de incrementar su poder. Trata de concentrar tanto poder como sea posible en la presidencia”45.

Funcionarios locales

Los debates occidentales sobre la corrupción con frecuencia desestiman la extorsión cotidiana por funcionarios a nivel calle como “corrupción pequeña” relativamente insignificante que no necesita suscitar demasiada atención política. O se enfocan en los vínculos entre los líderes municipales y el crimen organizado como un fenómeno casi autónomo; por lo regular a los delincuentes organizados se les asignan los papeles hegemónicos: como los corruptores de los funcionarios locales o los infiltrados en estructuras del gobierno específicas. En la mayoría de los casos, este planteamiento subestima la importancia de la corrupción a nivel subnacional, y el grado de integración vertical que caracteriza a estos sistemas.

En el caso de Honduras, si bien se observa autonomía local, la red cleptocrática también está integrada verticalmente. Dicha integración es visible en las estructuras institucionales, al igual que en los lazos personales. Los impuestos recolectados a nivel local, por ejemplo, no son suficientes para cubrir todos los gastos; de este modo, los alcaldes dependen de las transferencias de efectivo del presupuesto nacional, que la ley estableció en un 10 % de los ingresos del gobierno, tanto tributarios como no tributarios, que comparten las 298 municipalidades46.

La suspensión de estas transferencias a los municipios cuyos alcaldes se manifestaron contra el golpe de 2009 demuestra el potencial del uso discrecional de Tegucigalpa, con fines disciplinarios, de este financiamiento crucial47. Asimismo, los partidos nacionales eligieron a los candidatos a alcalde, en lugar de los comités locales de un partido o que los candidatos prospectivos mismos decidieran de manera independiente unirse a la contienda48. Algunos observadores afirmar que ciertos alcaldes, aquellos que han sacado provecho de la oleada de dinero proveniente del narcotráfico, por ejemplo, tienen un poder de negociación considerable en este proceso. Todavía los miembros de la red a nivel nacional juegan un papel determinante al decidir quién contenderá por el gobierno local.

Como las víctimas de la corrupción en todos lados, los hondureños denuncian las extorsiones que sufren a manos de los funcionarios y burócratas locales. “Al lugar donde vas para obtener los certificados de nacimiento”, un maestro de inglés de Tegucigalpa relata a modo de ejemplo, “te dicen que no tienen papel. Pero si le pagas a alguien, lo consigues. Eso no tiene sentido. ¡Si no hay papel, no hay papel! Me hace sentir mal y me enoja… Diversos sentimientos mezclados”.

En el departamento rural de La Paz, “hacen todo tipo de pequeñas estupideces para obtener dinero. Como en el Día de la Independencia, tienes que cantar el himno nacional. Si te niegas, tienes que pagar. Si no pagas la multa, tus hijos no pasan al siguiente grado escolar”49.

En muchos otros países, de Afganistán y Azerbaiyán a Nigeria y Uzbekistan, una porción de estas extorsiones a nivel calle va para los mandos en los puestos más altos: ya sea en la forma de una parte del efectivo entregada al intermediario de un superior, la compra directa de una oficina, o regalos en especie u horas de trabajo sin beneficio de sueldo. Dichos pagos son el precio del permiso para robar. El sistema de Azerbaiyán es el más institucionalizado de los que he documentado: como un acuerdo para compartir propinas, los sobornos exigidos a nivel calle son consolidados en una esfera más alta; de este modo, una parte del efectivo regresa a un nivel más bajo en forma de “salarios en sobres”50. Ningún entrevistado proporcionó alguna evidencia de un sistema elaborado como tal en Honduras. Sin embargo, varias personas confirmaron la probabilidad de que una tajada de las extorsiones a nivel calle se comparte con los de arriba. Un experto en corrupción afirmó que la práctica está bien establecida dentro de la policía y en las oficinas donde se entregan permisos de construcción.

Las fuentes de ingresos disponibles para los funcionarios locales, de un modo más directo, son las que están relacionadas con la tierra. Los alcaldes a menudo están involucrados en los esfuerzos por medir y titular pequeñas propiedades, según lo permita la Ley de Modernización Agrícola de 1992, ya sea para sus propios fines o para beneficiar a compañías privadas. “Nuestros concilios indígenas locales son dueños de la tierra colectivamente”, explicó el coordinador de la organización de una comunidad que incluye una docena de pueblos de ese departamento. “Pero el gobierno le dijo al alcalde que dividiera nuestra tierra y registrara las parcelas individuales en el catastro. El alcalde nos aseguró que nadie había medido nada. Pero fuimos a la oficina de catastro, lo verificamos y encontramos las medidas”51. El coordinador afirmó que para obtener servicios municipales nada especiales, tales como una licencia de matrimonio o una toma de corriente eléctrica, los habitantes tenían que firmar su consentimiento con el procedimiento de titulación individual de tierras.

Visitamos la granja de su hermano, donde crecen matas de café y cacao entremezcladas con mangos y árboles de selva alta en las laderas empinadas. Cada cinco minutos, interrumpiría nuestra conversación para señalar una hierba medicinal o una planta cuyas hojas o semillas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo o a repeler insectos. La comunidad claramente percibe la zona como su tierra y sabe donde están sus límites. Sin embargo, tradicionalmente no podría venderla a un foráneo por dinero. Es esta tradición que la ley de 1992 está erosionando. Una de las consecuencias de dividir la tierra en parcelas individuales es que las empresas que quieren cavar minas o construir presas pueden comprar y traer suficientes personas residentes para crear disensión en la comunidad. Los nuevos habitantes, agradecidos por la tierra, pueden dar su consentimiento para documentos de consulta como el precio. Los miembros de la asociación reportaron que su rechazo a la medición y al registro de parcelas individuales desató una ola de acoso e intimidación policíaca52.

Para estos hondureños de las zonas rurales, el único papel que el gobierno local parece desempeñar es el de saqueador. “Nuestros alcaldes no nos están proveyendo ningún servicio público”, señaló un hombre de chaqueta verde, sin siete dientes. “Solo están aquí para medir la tierra”.

“Las carreteras aquí están en pésimo estado; tenemos que mendigar por desarrollo”, concordó otro de camiseta roja, “pero cinco municipios diferentes están recaudando impuestos de nosotros y quieren nuestra selva, nuestra agua y nuestra energía eólica”53.

Como resultado de estas experiencias, muchos hondureños de las zonas rurales concluyen que el sistema del partido democrático ha fallado al darles una voz verdadera, que en realidad es una distracción, que tiene como objetivo crear enfrentamientos entre ellos y desviar su atención de la defensa de derechos preciados. “Los partidos políticos llegan y dividen a la gente”, reflexionó el coordinador. “Ahora muchos de nosotros nos damos cuenta de que en realidad ninguno nos representa”. Otros están de acuerdo. “Se trata de sectarismo político. Solo otra manera de oprimirnos”54.

Aquí y en otras zonas rurales de Honduras, los habitantes se quejan de los gastos de presupuesto nada transparentes y de la captación de recursos para el desarrollo por parte de los funcionarios locales. “Tenemos una educación muy mala. No hay medicinas en el centro de salud”, afirma el hombre de la camiseta roja. “El gobierno consigue recursos humanitarios, pero ninguno de ellos nos llega”. Otro señaló que los organismos de desarrollo internacional acostumbran a canalizar los recursos a través de las oficinas de funcionarios locales.

En un intento por evitar la creación de estructuras paralelas, el organismo para el desarrollo de la Unión Europea, y, en menor grado, la USAID, pone de manifiesto su preferencia para aplicar estrategias de programas a través de funcionarios locales55. Como una alta funcionaria europea de desarrollo se desvió en una entrevista para enfatizar, “No estamos sustituyendo”56. La pregunta que quizás debería preguntarse con mayor cuidado en este contexto es si la actual dispensación política de Honduras permite que los funcionarios en realidad representen a sus electores, y si no, cómo se mejoraría la entrega de ayuda para el desarrollo.

A lo largo del río Patuca, el uso discrecional y arbitrario de la ayuda para el desarrollo experimentado en La Paz está deteriorando el delicado tejido que mantiene unidas a las comunidades indígenas amenazadas; además, representa un engranaje esencial en la máquina que está carcomiendo algunas de las últimas extensiones de selva tropical en Centroamérica.

En testimonios reiterados, los lugareños explicaron que hasta hace aproximadamente dos años, proyectos de desarrollo a pequeña escala ayudaron a generar las diminutas sumas de efectivo que necesitaban para subsistir en la economía moderna: pagar por el viaje en pipante de ida y vuelta por río para conseguir provisiones o medicinas o zapatos para sus niños. “Solía haber pequeños proyectos en todos los pueblos”, explicó una lugareña que pidió aventón río arriba de Wampusirpi a su casa. “Había campañas para limpiar el pueblo o reparar el camino de tierra que desciende al río; de este modo, la gente hacía un poco de dinero. Pero ahora, nada”57. El alcalde con jurisdicción sobre este trecho de río de repente dejó de financiar estas actividades hace aproximadamente dos años, afirmó.

Un hombre que conocimos en el pueblo herboso de Bilalmo contó la misma historia. Los ponis pastaban a nuestro alrededor mientras hablábamos y las vacas andaban libres entre las huertas de árboles de naranja y pilas de palma seca. Las escaleras conducían a los pórticos de casas de madera encaramadas en pilotes a la altura del hombro. “El alcalde obtuvo 25 millones de lempiras para este proyecto, 25 millones para este, pero se los llevó a cuestas”, nos dijo el hombre, mientras una media docena de vecinos se juntaba alrededor asintiendo con la cabeza. “Se lleva el dinero y dice que implementa los proyectos, pero el gobierno no verifica”58.

Los reportajes de la prensa confirman la existencia de denuncias de corrupción generalizada, al igual que las largas ausencias del alcalde Walter Bertrán Gonzáles de su puesto59.

Los habitantes del río están tan indignados que montaron un plantón de sesenta días en la capital regional, Wampusirpi, a principios de 2016. “Durante tres años no hemos tenido un alcalde en el que podamos confiar”, afirmó el hombre. “Ningún alcalde, de hecho. Hemos ido una y otra vez al gobierno para exigir otro alcalde. Estamos cansados”. Finalmente, la manifestación se disolvió sin ningún cambio de situación.

Conforme se agotaron los proyectos que generaban una pequeña remuneración en efectivo, los habitantes de manera subrepticia vendieron su tierra, aunque según el estatuto de 1999 que creó el parque nacional, dicha tierra es inalienable, y nadie excepto aquellos que vivían en el parque cuando el estatuto entró en vigor y sus descendientes directos pueden habitarla60. Todo título o escritura de venta otorgados por funcionarios locales o empleados del INA son ilegales.

Pero “la gente no tiene nada”, explicó nuestra polizona. “Ninguna otra forma de hacer dinero. Pude negarme y conservar mi tierra para mis nietos solo porque mi hija trabaja en Tegucigalpa y me envía algo de efectivo cada mes”.

Los habitantes jóvenes de Krausirpi describieron las reuniones tensas del pueblo relacionadas con la tierra que duraban bien entrada la noche. “Estamos enojados con los más viejos por vender la tierra”, dijo un lugareño, a quien le habíamos dado un aventón también en nuestra pipante después de pasar la noche en Krausirpi. “Les dijimos: ‘Ustedes se van a morir, así que no les importa. Pero, ¿nosotros y nuestros niños qué?’”.

“Si hubiera proyectos”, se lamentó otro joven de Krausirpi, “no tendríamos que vender nuestra tierra. El problema es el efectivo. Podemos cultivar arroz, frijoles y yuca, suficiente para nuestra propia subsistencia, pero no para vender”61.

En este dilema personal amargo para los hogares indígenas yace una amenaza para la selva que constituye tierras vírgenes irremplazables, sin mencionar un banco de carbono gigante. Los compradores de las tierras, ocupadas durante mucho tiempo por habitantes misquitos y tawahkas, que entrevistamos son ganaderos que están arrasando con el parque nacional aparentemente protegido.

“Traerán gente foránea para que limpie y siembre pastura”, afirmó simplemente de la selva detrás de su pueblo la polizona. De lo contrario, los indígenas mismos se verán forzados a hacer el trabajo, al buscar un trabajo salarial cuando ya no puedan mantenerse ellos mismos de su tierra. Un hombre con un tono de voz suave, quien también le hizo señas a nuestra pipante para pedir un aventón, nos explicó lo que íbamos viendo en las orillas. “La gente de negocios corta los árboles con machete. Posteriormente, cuando la madera está seca, la queman. A veces usan un poco para sus propias casas, pero queman el resto o lo dejan tirado para que se pudra. Es demasiado costoso llevársela”62.

“No es práctico vender la madera”, confirmó un experto en leyes ambientales. Es muy difícil obtener un permiso para vender o usar maderas preciosas, así que no vale el esfuerzo. Se necesitan veinticuatro autorizaciones solo para usar la madera con propósitos no comerciales. Tarda una eternidad y es costoso, así que la gente no ve el beneficio. Lo más fácil es talar y poner ganado”.

Algunas personas en el río reportaron ver canoas cargadas de madera ilegal navegando el Patuca a plena luz del día, pero las cicatrices negras que recorren kilómetros y kilómetros de las laderas confirman la preferencia por la quema. Una vez que los árboles se han eliminado, a menudo se siembra maíz y frijol durante algunos años y posteriormente la tierra se transforma en pastizales.

Las habitantes de la zona del río Patuca raras veces saben con exactitud quién compra su tierra. “Olanchanos,” dicen, que quiere decir gente que no es indígena de Olancho, el departamento que incluye la sección del parque nacional río arriba, pero que se extiende una buena parte hacia el oeste del mismo. Comprobamos la apreciación preguntándoles a varios ganaderos y a sus empleados de dónde eran. Los olanchanos, inmersos en una cultura ruidosa de la motocicleta y el ganado, con rasgos fronterizos, también han comprado tiendas y otros comercios en Wampusirpi. “Es una nueva conquista española por la que estamos pasando”, increpó un habitante de Krautara63. Esos empresarios de Wampusirpi son la gente que la polizona identificó como los compradores de tierra en su pueblo y cerca de Krausirpi.

Sin embargo, algunos entrevistados que se atrevieron a hablar sobre esto ratificaron los hallazgos de geógrafos y especialistas en ciencias de la tierra estadounidenses familiarizados desde hace tiempo con la zona: que estos pequeños comerciantes son tapaderas de, o están en contubernio con, los comerciantes realmente importantes en esta parte relevante del país, los traficantes de drogas.

La economía de las drogas se analizará con detalle en la siguiente sección sobre elementos delictivos de la red cleptocrática. Sin embargo, está tan incorporada al destino de la cuenca del río Patuca, y para entender el papel de los funcionarios locales de manera más general, que es indispensable por lo menos mencionarla de paso. A mediados de la década de 2000, los tramos río abajo del Patuca se volvieron parte de una zona de tránsito importante para la cocaína destinada a Estados Unidos. En el libro “Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation”, Kendra McSweeney, Eric Nielsen y sus coautores señalan la “relación cercana entre el momento y la ubicación del deterioro de la selva y el tránsito de las drogas en esta zona”64. El ritmo de dicho deterioro se aceleró considerablemente después de 2006, según hallazgos de estos y otros investigadores.

La compra y el “desarrollo” de la tierra al transformar la selva en ranchos es una buena manera de justificar la presencia en esa región aislada, para asegurar el espacio para el transbordo y el lavado de dinero, en especial ante el fomento del gobierno hondureño a las exportaciones de carne65. Las entrevistas de los investigadores revelaron que diversos habitantes son intimidados o coaccionados para que vendan su tierra ancestral. “Son los narcotraficantes quienes actúan como fuerzas de choque en las agresiones contra las tierras natales indígenas… Despojando a los habitantes y convirtiendo de manera rapaz bienes comunes de selva en pastizales privados preparados para la venta”66.

Para varios observadores expertos, la cancelación de los proyectos de desarrollo a pequeña escala ha sido otro elemento deliberado en este proceso, haciendo que sea más difícil para los habitantes resistir la invasión de los narcotraficantes.

De este modo, la corrupción integral que enlaza funcionarios públicos, negocios apoyados por el gobierno y organizaciones delictivas está dirigiendo una agresión irreparable en hábitats  y contra la gente que los ha resguardado y cultivado durante siglos.

Al oeste de la cuenca del Patuca, cerca de la ciudad de Juticalpa, los vínculos entre los funcionarios del gobierno local y los narcotraficantes son todavía más evidentes. Durante años, la zona fue una base de retaguardia para tres organizaciones de tráfico de drogas, a menudo rivales: los Bayrons67, los Cachiros68 y los Sarmientos69.

“¡Usaban esta carretera como pista de aterrizaje!” afirmó un lugareño que nos llevó a recorrer la ciudad. “Antes, no se podía conducir por aquí lentamente como lo estamos haciendo ahora”70. Por “antes”, nuestro guía quiere decir antes de una ola de arrestos de los miembros de la familia Sarmiento y sus cómplices, incluido el entonces alcalde de la ciudad71. Durante diez años, Ramón Daniel Sarmiento, el sobrino del patriarca de la familia, Ulises “Liche” Sarmiento, ocupó el cargo de alcalde de Juticalpa.

Un artículo de fondo acerca de otro capo hondureño de las drogas histórico que realizó el especialista en crimen en Centroamérica, Steven Dudley, respalda la idea de muchos hondureños acerca de que Armando Calidonio Alvarado, el alcalde actual de San Pedro Sula, un centro industrial y comercial, también podría ser una figura clave en la industria de las drogas72. Su puesto previo en el gobierno como subsecretario de seguridad parece indicar la integración vertical de esta parte interrelacionada de la red. Alex Ardón, del cártel de los hermanos AA, fue alcalde de El Paraíso, ubicado en el departamento del mismo nombre, contiguo a Olancho, al suroeste73.

Pero estos no son los únicos casos. En los últimos años, una racha de investigaciones y arrestos arrasó con las filas de los alcaldes. Casi tres docenas ha sido objeto de escrutinio por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre otros crímenes74.

Un exsecretario cuyas obligaciones incluían la supervisión de los esfuerzos de la lucha contra las drogas expresó empatía por los funcionarios locales que son sobornados. “Un jefe de policía es designado a una ciudad pequeña”, nos pidió que nos imagináramos la situación. “Le pagan 1500 dólares al mes. Un ‘empresario’ le ofrece 30 000 dólares al mes para que ignore las pistas aéreas clandestinas que se están construyendo. Para alguien en esa situación, es difícil decir no. Y esto transforma todo el sistema de seguridad en una rama del crimen organizado”. El exsecretario relató la estrategia que ha observado: “Hay tres personas clave que los traficantes de drogas están tratando de ganarse: el policía, el juez y el alcalde. Por lo general tienen éxito”75. (Para un análisis más detallado, véase más adelante la sección sobre los elementos de la red delictiva en las páginas 79–83).

Otros alcaldes, como Nasry Juan Asfura Zablah de Tegucigalpa, parecen tomar la ruta más tradicional al enriquecimiento, al fomentar proyectos de infraestructura en los cuales sus propias compañías participan en la implementación. “Lo llaman ‘Papi a la Orden’”, comentó un economista de un banco de desarrollo internacional importante. “También es un empresario. Es propietario de una empresa de construcción. Habla abiertamente sobre su gente que trabaja en contratos públicos”76. Comenta impasible un contratista de desarrollo de Occidente: “El alcalde de Tegus es un tipo de construcción; en verdad está metido en la infraestructura. ¡Piensa que todo se puede arreglar a través de infraestructura!”77.

Notes

1 Véase Chayes, Thieves, pp. 142–43.

2 Véase por ejemplo, Heather McRobie, “Military Trials in Egypt: 2011–2014”, openDemocracy, 15 de diciembre de 2014, https://www.opendemocracy.net/5050/heather-mcrobie/military-trials-in-egypt-20112014.

3 Para Irak, Nigeria y Ucrania, véase Loveday Morris y Missy Ryan, “After More Than $1.6 Billion in U.S. Aid, Iraq’s Army Still Struggles”, Washington Post, 10 de junio de 2016, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqs-army-is-still-a-mess-two-years-after-a-stunning-defeat/2016/06/09/0867f334-1868-11e6-971a-dadf9ab18869_story.html?utm_term=.274144d98c86; Aryn Baker, “Nigeria’s Military Quails When Faced With Boko Haram”, Time, 10 de febrero de 2015, http://time.com/3702849/nigerias-army-boko-haram/; y Sarah Chayes, “How Corruption Guts Militaries: The Ukraine Case Study”, Defense One, 16 de mayo de 2014, http://www.defenseone.com/ideas/2014/05/how-corruption-guts-militaries-ukraine-case-study/84646/; y Aleksandr Lapko, “Ukraine’s Own Worst Enemy”, New York Times, 7 de octubre de 2014, https://www.nytimes.com/2014/10/08/opinion/in-war-time-corruption-in-ukraine-can-be-deadly.html?_r=0.

4 Véase William Black, “Afterword” y “Appendix B: Hamstringing the Regulator”, en The Best Way to Rob a Bank is to Own One, ed. actualizada (Austin: University of Texas Press, 2013), pp. 269–300, 308–9.

5 Ron Nixon, “Funding Gap Hinders Law for Ensuring Food Safety”, New York Times, 17 de abril de 2015, http://www.nytimes.com/2015/04/08/us/food-safety-laws-funding-is-far-below-estimated-requirement.html.

6 Véase, por ejemplo, el texto para este proyecto de ley, presentado en el 114avo Congreso: Reciprocity Ensures Streamlined Use of Lifesaving Treatments Act of 2015, TAM15B08, 114th Cong. (2015), http://www.cruz.senate.gov/files/documents/Bills/20151211_FDA.pdf; y Lacie Glover, “Does the US Drug Approval Process Need an Overhaul?”, Fox News, 1 de julio de 2015, http://www.foxnews.com/health/2015/07/01/does-us-drug-approval-process-need-overhaul.html.

7 Alicia Parlapiano y Gregor Aisch, “Who Wins and Loses in Trump’s Proposed Budget”, New York Times, última actualización 16 de marzo de 2017, https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/15/us/politics/trump-budget-proposal.html?_r=0.

8 Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto 2016.

9 Entrevista, Tegucigalpa, agosto de 2016.

10 Faustino Ordonez Baca, “Crean Instituto de Geología y Minas en Honduras”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/574587-214/crean-instituto-de-geologia-y-minas-en-honduras.

11 Rory Carroll, “Gold Giant Faces Honduras Inquiry Into Alleged Heavy Metal Pollution”, Guardian, 31 de diciembre de 2009, https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/31/goldcorp-honduras-pollution-allegations; Dawn Paley et al., “Investing in Conflict: Public Money, Private Gain, Goldcorp in the Americas”, MiningWatch Canada, 4 de mayo de 2008, http://miningwatch.ca/sites/default/files/mininggoldcorpbw042608.pdf; Mike Blanchfield, “Stephane Dion Urged to Protect Honduran Villagers From Canadian Mining Company”, CBC, 20 de abril de 2016, http://www.cbc.ca/news/politics/aura-minerals-honduras-1.3545712. Cabe mencionar que una moratoria a las nuevas concesiones mineras y la revisión a la legislación minera elaborada a principios de 2009 se perciben como uno de los motivos para el golpe que depuso al Presidente Zelaya. La nueva legislación minera se aprobó en 2013, eliminando las protecciones que se habían incluido en la propuesta de ley de 2009. No prohíbe la minería a cielo abierto, tampoco establece garantías para los derechos del agua de las comunidades locales, aunque sí protege la información del proyecto del escrutinio público. La consulta a la comunidad se da sólo después de la entrega de la concesión. Véase “Decreto No. 238-2012”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 2 de abril de 2013, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_de_Mineria.pdf; véase también Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 47, 96.

12 Santiago, “Understanding Power”.

13 Este artículo también vincula a funcionarios del organismo con el escándalo del IHSS. Véase “Honduras: Capturan exviceministro de Serna acusado por caso de Agua Zarca”, El Heraldo, 14 de octubre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1008434-466/honduras-capturan-exviceministro-de-serna-acusado-por-caso-de-agua-zarca.

14 “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere: A Farce in Three Acts”, Global Witness, 28 de enero de 2009, https://www.globalwitness.org/en/reports/honduras-farce-three-acts/, p. 5 (para la estimación de aproximadamente 8,000 m3 de bosque), p. 11 (sobre la regulación y procesos de permisos por parte de la autoridad forestal). Cada árbol de caoba puede proveer cerca de 15 m3, dependiendo de la edad y otros factores. R.E. Gullison et al., “The Percentage Utilisation of Felled Mahogany Trees in the Chimanes Forest, Beni, Bolivia”, Journal of Tropical Forest Science 10, no. 1 (septiembre 1997): http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=MY1998050100.

15 Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

16 Willems y de Jonghe, “Protest and Violence over the Agua Zarca Dam”, p. 21.

17 “Articulo 37.- Fondo para la reinversión forestal y fomento de plantaciones”, La Gaceta de le Republica de Honduras, 26 de febrero de 2008, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LeyForestalAreasProtegidasVidaSilvestre.pdf.

18 Myton et al., “Honduras Tropical Forest and Biodiversity Assessment”, p. A21.

19 “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere”, Global Witness, pp. 9–10.

20 Ibíd., 31, pp. 26–27.

21 Ibíd., pp. 25–26.

22 Siempre que han hablado abiertamente sobre el desarrollo económico hondureño, los presidentes Lobo y Hernández han hecho énfasis en estas categorías de actividad. Véase por ejemplo, Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno, “Plan Estratégico de Gobierno 2014–2018: Plan de todos para una Vida Mejor”, Presidencia de la República de Honduras, diciembre de 2015,  http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/01/Plan_Estrategico_Gobierno_Diciembre_2015.pdf; y véase el discurso de Hernández en septiembre de 2014 ante las Naciones Unidas: “En Asamblea de la ONU: Presidente Hernández priorizará desarrollo sostenible y crecimiento equitativo”, Presidencia de la República de Honduras, 17 de septiembre de 2016, http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/1342-en-asamblea-de-la-onu-presidente-hernandez-priorizara-desarrollo-sostenible-y-crecimiento-equitativo; “El discurso del presidente Juan Orlando Hernández en la ONU”, El Heraldo, 24 de septiembre de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/751148-214/el-discurso-del-presidente-juan-orlando-hernández-en-la-onu; al igual que los negocios publicitados en su folleto: “Honduras Is Open for Business”, Consulado General de la República de Honduras, mayo de 2011, http://www.consuladohonduras.ca/open.pdf; “Honduras como destino de la inversión extranjera directa”, Observatorio de Multinacionales en América Latina, 10 de septiembre de 2011, http://omal.info/spip.php?article700 y Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 96–97.

23 Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 47–48.

24 Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

25 Su presupuesto ha incrementado cerca de seis veces desde la elección de Juan Orlando, de 5.9 mil millones de lempiras a 31.4 mil millones; véase “Presupuesto Mensual”, Portal de Transparencia, http://sedis.gob.hn/portal/presupuesto-mensual.

26 Véase la descripción en la página de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: “Bono Vida Mejor”, Portal de Transparencia, http://www.sedis.gob.hn/node/8.

27 “Vida Mejor”, Presidencia de la República de Honduras, http://www.presidencia.gob.hn/index.php/sites/vida-mejor; véase también “‘Bono Solidario’ se retirara con una tarjeta de debito”, La Tribuna, 26 de febrero de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/02/26/bono-solidario-se-retirara-con-una-tarjeta-de-debito/.

28 Entrevista, 23 de julio de 2016.

29 Entre los comentarios: “Los mítines ahora son para apoyar la reelección, utilizando dinero del Estado para pagar a la gente para que venga. Para nosotros ése es un acto de corrupción”. “El impuesto de seguridad va a un fondo fiduciario que el presidente usa a su antojo”.

30 Entrevista, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016. De hecho, el total del programa de Vida Mejor, incluyendo “créditos solidarios”, becas, asistencia para pisos y techos, etc., representa por lo menos el 2.2% del presupuesto. Véase “De 206 mil millones es presupuesto 2016”, La Prensa, 17 de diciembre de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/912199-410/de-206-mil-millones-es-presupuesto-2016.

31 Entrevista, Tegucigalpa, 19 de julio de 2016.

32 Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

33 Véase este documento acerca de una campaña mediática sobre el liderazgo de Cesar Ham:  “Facussé ataca la administración de Cesar Ham en el INA”, Instituto Nacional Agrario, sin fecha, http://www.ina.hn/userfiles/CAMPAÑA%20CONTRA%20EL%20INA%20SITRA%20Y%20FACUSSE%202.pdf. Ham, director del INA en aquel entonces, estaba bajo amenaza de muerte y fue herido en un intento de asesinato en 2015. “Honduras: Atentan contra el exdirector del INA, Cesar Ham Pena”, El Heraldo, 27 de junio de 2015, http://www.elheraldo.hn/inicio/853603-331/honduras-atentan-contra-el-exdirector-del-ina-césar-ham-peña. Más tarde se fue de Honduras y ahora vive en Miami.

34 “Alerta: Comunidad Garifuna de Nueva Armenia asediada por un grupo armado”, OFRANEH, 4 de mayo de 2015, https://ofraneh.wordpress.com/2015/05/04/alerta-comunidad-garifuna-de-nueva-armenia-asediada-por-un-grupo-armada/. Nota: este artículo señala que el área total con título de propiedad fue mucho menos de lo que los garifuna se vieron forzados a ceder a Standard Fruit en la década de 1920. Para la Mosquitia, véase “Campaign Update: Honduras Gives Title to Lands to Miskito People”, Cultural Survival, 9 de septiembre de 2013, https://www.culturalsurvival.org/news/campaign-update-honduras-gives-title-lands-miskito-people; pero también K. McSweeny y Z. Pearson, “Prying Native People from Native Lands: Narco Business in Honduras”, NACLA Report on the Americas 46, no. 4 (invierno de 2013): http://nacla.org/news/2014/2/4/prying-native-people-native-lands-narco-business-honduras.

35 Entrevista (teléfono), 19 de septiembre de 2016.

36 “450 empleados del INA serán despedidos”, El Heraldo, 22 de mayo de May 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/962529-466/450-empleados-del-ina-serán-despedidos.

37 “El INA se quedó sin presupuesto desde junio”, La Prensa, 24 de julio de Julio 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/980251-410/el-ina-se-quedó-sin-presupuesto-desde-junio; “Diputado Alegría denuncia que gobierno desaparecerá el INA, Banadesa y la SAG”, Proceso Digital, 18 de abril de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/100817-diputado-alegr%C3%ADa-denuncia-que-gobierno-desaparecerá-el-ina-banadesa-y-la-sag.html.

38 Ibíd.

39 Chayes, Thieves, en especial los capítulos 12 y 13, 156–83.

40 Entrevista (teléfono), septiembre de 2016.

41 “Honduras: Once ‘empresas fantasma’ saquearon 332 millones del IHSS”, El Heraldo, 9 de noviembre de 2014, http://www.elheraldo.hn/alfrente/746709-209/honduras-once-empresas-fantasma-saquearon-332-millones-del-ihss.

42 “Honduras: El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya tiene nuevos magistrados”, El Heraldo, 8 de noviembre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1016044-466/honduras-el-tribunal-superior-de-cuentas-tsc-ya-tiene-nuevos-magistrados.

43 “El CNA denuncia a exprimera dama por compra irregular de zapatos”, La Prensa, 28 de julio de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/984345-410/el-cna-denuncia-a-ex-primera-dama-por-compra-irregular-de-zapatos

44 Véase, para un ejemplo de este procedimiento al cual se recurrió en el caso Rosenthal, “Honduran Supreme Court Rejects U.S. Extradition Request for Jaime Rosenthal”, Southern Pulse, 31 de enero de 2016, http://www.southernpulse.info/sp-pulses/honduran-supreme-court-rejects-u-s-extradition-request-for-jaime-rosenthal.

45 Junto con los ejemplos anteriores, la autoridad tributaria hondureña ha sido removida de la secretaría de finanzas para convertirse en la Comisión Presidencial para la Administración Tributaria. Véase también: “SOA Grads Prominent Among New Military Leadership in Honduras as Juan Orlando Hernández Prepares to Take Office”, SOA Watch, sin fecha, http://www.soaw.org/about-us/equipo-sur/263-stories-from-honduras/4175-johmilitary.

46 Véase “Decreto Número 134-90”, Tribunal Superior de Cuentas, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_de_Municipalidades.pdf; y Hal Lippman y Patrick Pranke, “Impact Evaluation: Democratic Local Governance in Honduras”, USAID, 1998, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaca908.pdf.

47 Daniel Altschuler “The Municipal Politics of the Honduran Crisis”, World Post, sin fecha, http://www.huffingtonpost.com/daniel-altschuler/the-municipal-politics-of_b_361512.html. Nota: el alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad económicamente más dinámica y la segunda más grande del país, decidió no postularse para la reelección debido a la suspensión.

48 Véase Lippman y Pranke,“Impact Evaluation”; y para una perspectiva más reciente, “National Mayoral Candidates Begin to Prepare for their Race”, Honduras Report, 28 de septiembre de 2016, http://thehondurasreport.weebly.com/political-news/national-mayoral-candidates-begin-to-prepare-for-their-race.

49 Entrevista, Marcala, 23 de julio de 2016.

50 Chayes, “Structure of Corruption”.

51 Entrevista, 22 de julio de 2016.

52 Entrevistas, departamento de La Paz, 22 y 23 de julio de 2016. Véase también Phillips, Honduras in Dangerous Times, p. 46.

53 Entrevista, 23 de julio de 2016.

54 Entrevistas, 22 y 23 de julio de 2016.

55 Véase, por ejemplo, Europe Aid Cooperation Office, “Aid Delivery Methods, Volume 1, Project Cycle Management Guidelines”, marzo de 2004 (https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf) en especial pp. 9-11 sobre las desventajas de la ejecución directa de proyectos por la falta de “propiedad local”; y las secciones sobre enfoque sectorial y apoyo presupuestario directo.

56 Entrevista (teléfono), 10 de noviembre de 2016.

57 Entrevista, río Patuca, 31 de julio de 2016.

58 Entrevista, Bilalmo, 30 de julio de 2016.

59 “Liberan a alcalde hondureño que llevaba 900 mil lempiras”, La Prensa, 6 de diciembre de 2014, http://www.laprensa.hn/sucesos/774333-410/liberan-a-alcalde-hondure%C3%B1o-que-llevaba-900-mil-lempiras; “Vecinos denuncian alcalde de Wampusirpi, Gracias a Dios, desde hace más de dos años sin que nadie haga nada,” Criterio, 13 de enero de 2016, http://criterio.hn/2016/01/13/vecinos-denuncian-alcalde-wampusirpi-gracias-dios-desde-dos-anos-sin-nadie-haga-nada/.

60 “Decreto no. 157-99”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 21 de diciembre de 1999, http://icf.gob.hn/wp-content/uploads/2015/09/AP-Decreto-157-99-Declaratoria-PN-Patuca-y-RB-Tawahka-Asagni.pdf.

61 Entrevistas, Río Patuca, 31 de julio de 2016. Para empeorar las cosas, según varios entrevistados, los primeros proyectos agrícolas apoyados por el gobierno usaron semillas OMG, las cuales necesitan fertilizantes e insecticidas costosos; de este modo, el gobierno no ofreció una vía al sustento independiente.

62 Entrevista, Río Patuca, 30 de julio de 2016.

63 Entrevista, 28 de julio de 2016.

64 Kendra McSweeney et al., “Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation”, Science 343, no. 6,170 (31 de enero de 2014): pp. 489–90, http://science.sciencemag.org/content/343/6170/489.

65 Véase, por ejemplo, el interés presidencial prodiga sobre la reinauguración de una planta procesadora en Olancho: “Honduras: Reopening of Meat Processing Plant”, Central America Data, 16 de febrero de 2017, http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Honduras_Reopening_of_Meat_Processing_Plant.

66 McSweeney y Pearson, “Prying Native People from Native Lands”, 7; véase también Elizabeth Bourne Jackson, “From Lobsters to Cocaine: The Shifting Commodity Landscape on the Miskito Coast of Honduras” (Tesis doctoral, University of Wisconsin-Madison, 2015).

67 “Aseguran bienes a supuesto narco vinculado a masacres”, La Prensa, 18 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/850663-410/aseguran-bienes-a-supuesto-narco-vinculado-a-masacres

68 Steven Dudley, “Honduran Elites and Organized Crime: The Cachiros”, InSight Crime, 9 de abril de 2016, http://www.insightcrime.org/investigations/honduras-elites-and-organized-crime-the-cachiros.

69 “Honduras: Inteligencia vincula a la familia Sarmiento con red delictiva”, El Heraldo, 9 de julio de 2015, http://www.elheraldo.hn/alfrente/857676-209/honduras-inteligencia-vincula-a-la-familia-sarmiento-con-red-delictiva.

70 Entrevista, Juticalpa, 24 de julio de 2016.

71 Michael Lohmuller, “Arrest, and Release, in Nicaragua Illustrates Confusion about Honduras”, InSight Crime, 6 de julio de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/rancher-arrest-nicaragua-highlights-complexity-honduras-narco-political; Sam Tabory, “Arrests Add to Murky Picture of Crime-Politics Links in Honduras”, InSight Crime, 19 de agosto de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/arrests-add-murky-honduras-picture-crime-political-relationship; “Honduras: Capturan al alcalde de Juticalpa, Olancho”, La Prensa, 4 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/846431-410/honduras-capturan-al-alcalde-de-juticalpa-olancho; “Agentes de Fusina capturan a Ramón Sarmiento, alcalde de Juticalpa”, El Heraldo, 5 de junio de 2015, http://www.elheraldo.hn/sucesos/846424-219/agentes-de-fusina-capturan-a-ramón-sarmiento-alcalde-de-juticalpa.

72 Steven Dudley, “Honduras Elites and Organized Crime: Juan Ramón Matta Ballesteros”, InSight Crime, 9 de abril de 2016, http://www.insightcrime.org/investigations/honduras-elites-and-organized-crime-juan-ramon-matta-ballesteros.

73 Sam Tabory, “Mysterious ‘AA Brothers’ Captured, Negotiate Deal With DEA in Honduras”, InSight Crime, 3 de noviembre de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/mysterious-aa-brothers-members-negotiate-with-dea.

74 “Marvin Ponce: ‘Me quede corto al decir que hay 35 alcaldes narcos”, La Tribuna, 13 de marzo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/03/13/marvin-ponce-me-quede-corto-al-mencionar-que-hay-35-alcaldes-narcos/; “Corrupción y sospechas de ‘narco alcaldes’ sacude a los gobiernos locales”, Proceso Digital, 9 de abril de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/100146-corrupci%C3%B3n-y-sospechas-de-%E2%80%9Cnarco-alcaldes%E2%80%9D-sacude-a-los-gobiernos-locales.html; Marguerite Cawley, “Honduras Mayor Accused of Leading Murderous Drug Running Gang”, InSight Crime, 29 de julio de 2014, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-mayor-accused-of-leading-murderous-drug-running-gang.

75 Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

76 Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016; “Las 12 cosas que no sabías de Nasry ‘Tito’ Asfura”, El Heraldo, 28 de agosto de 2015, http://www.elheraldo.hn/metro/873699-213/las-12-cosas-que-no-sab%C3%ADas-de-nasry-tito-asfura; “Marcia Villeda pide renuncia a Nasry Asfura”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/583328-214/marcia-villeda-pide-renuncia-a-nasry-asfura; “Tito Asfura dice que seguirá con contrato de basura en Tegucigalpa aunque resulte electo Alcalde”, Ultima Hora, 16 de julio de 2012, http://ultimahora.hn/node/6551.

77 Entrevista, Tegucigalpa, 23 de julio de 2016.