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Los resultados de este análisis son serios. No solo por lo que nos dicen sobre Honduras sino, más importante aún, por la luz que arrojan en la estructura de la economía política en casi todo el mundo. A pesar de las revueltas constantes contra la corrupción en casi cada continente en menos de una década, los miembros de los sistemas políticos, de negocios y de asistencia en los países occidentales todavía tienden a recibir la noticia del último escándalo con un incómodo encogimiento de hombros. Sus razones en cuanto a la falta que cometen al no vincular la corrupción con asuntos primordiales de su propio interés son contradictorias de manera peculiar: algunos ven estos episodios como “cisnes negros”, ejemplos aislados aunque sorprendentes de delincuencia individual que parece afectar a países desafortunados, mientras que otros minimizan la corrupción como una realidad que siempre ha existido, y que incluso es capaz de ayudar a lubricar un sistema anquilosado.

Estas actitudes evitan que reconozcamos, sin mencionar que encontremos una solución, un acontecimiento peligroso que está sistemáticamente bloqueando las posibilidades de desarrollo, acelerando la destrucción ambiental y la desigualdad de ingresos y de riqueza, además de provocar en sus víctimas respuestas aún más desesperadas. Incluso la comunidad profesional contra la corrupción parece cohibirse ante realidades más grandes, en general se limita al uso de planteamientos técnicos para un problema que se ha vuelto demasiado serio y central, en cuanto a la manera como se distribuye la riqueza y el poder, para ser susceptible a dichas soluciones.

Lo que ha potencializado de tal modo este viejo problema es que las estructuras societarias básicas en las cuales está enraizado han cambiado, de igual modo como los nuevos medios tecnológicos para hacer y mover dinero han detonado prácticas previas.

A lo largo de las últimas tres décadas aproximadamente, el dinero ha eclipsado cada vez más a otros valores como el estándar contra el cual la gente se mide a sí misma y evalúa su propio prestigio social y el mutuo. No es que el dinero no haya sido una medida importante del valor personal desde el momento en que se inventó en sus diversas formas. Sin embargo, en algunos periodos históricos, otros indicadores similares que también jugaban dicho papel, tales como la confiabilidad, la erudición o el servicio a miembros de la comunidad, se desvanecieron hasta la inconsecuencia relativa. Estamos en uno de esos periodos.

Un rasgo perjudicial en particular de esta evolución contemporánea es la poca atención prestada a la procedencia del dinero o los medios mediante los cuales fue adquirido. En décadas anteriores, por lo menos en muchas culturas, la riqueza se consideraba honorable solo si se había obtenido de una manera honrada. En Inglaterra o Francia, por ejemplo, exhibir abiertamente el patrimonio neto puede causar tal desapruebo que los ricos con discreción minimizan sus fortunas. Los ancianos de los pueblos nigerianos interrogan de manera severa a miembros de la comunidad que se han vuelto ricos de la noche a la mañana. Entre los americanos nativos o los vikingos, el botín debía proceder de una incursión donde el coraje y la resistencia se ponían a prueba para enaltecer el prestigio de aquellos que lo habían obtenido1. Estados Unidos ha sido descarado en particular al mostrar su admiración por la gente que “hace dinero” sin importar los medios. Sin embargo, incluso en este país es evidente que hay una mayor tendencia hacia esa dirección, ya que cada vez más el simple hecho de poseer riquezas otorga un estatus envidiado.

Mientras tanto, el sistema financiero globalizado, los paraísos fiscales y las transferencias electrónicas han revolucionado los usos que se le pueden dar al dinero mal ganado, por ende aumentando el riesgo. Y de esta manera, los controles ya no rigen los métodos a través de los cuales se adquiere la riqueza.

Para competir en esta carrera, por rentabilidad o ceros en las cuentas bancarias personales, las élites en el mundo en desarrollo y desarrollado por igual, en las fisuras políticas y de identidad, escriben las reglas que gobiernan la actividad económica y política (o de manera selectiva imponen dichas reglas) para su propio beneficio. Esta perversión de la función del gobierno, y no simplemente dinero en efectivo en un sobre o una orden de compra inflada, es lo que engloba la palabra corrupción en este estudio.

Las entrevistas a fondo en casi una docena de países a nivel mundial indican que dichas prácticas dieron un giro hacia un terreno que no se había visto en más de una generación durante y alrededor de los años noventa. En Honduras, el huracán Mitch proveyó la oportunidad para transformaciones rápidas en ese sentido a finales de dicha década2. La elección de Manuel Zelaya en 2005 comprobó su dinamismo, de modo que el golpe de 2009 marca el punto de cambio de dirección.

Para lograr su objetivo de autoenriquecimiento de la manera más efectiva, las élites hondureñas duplicaron un patrón observado en otras partes: se entrelazaron en redes multidimensionales. De diversas geometrías y grados de estructura, estas redes tejen sectores dispares: gobierno y negocios, delincuentes verdaderos y grupos violentos. Un sinnúmero de observadores ven estas categorías como entidades totalmente separadas. De hecho, sus propias preferencias políticas o actividades profesionales se manifiestan en dicha separación, por ejemplo, entre el gobierno y el sector privado, o “los malos” y los actores lícitos. El reflejo totalmente humano para categorizar nos ha impedido hacer un corte transversal en las redes cleptocráticas.

En Honduras, una negociación dura vinculó a elementos del sector público y privado de la red: a cambio de un marco normativo y legal que inclina el mercado drásticamente a favor de las industrias monopolizadas por las principales familias empresarias, además de la protección del aparato del estado tanto para ellas como para sus intereses, estas familias ignoran la situación cuando los funcionarios del gobierno y sus apoderados hurtan las arcas públicas y participan en actos en interés propio.

El objetivo principal por el cual estas redes cleptocráticas se unen, por supuesto, es para captar fuentes de ingresos desproporcionadas al esfuerzo ejercido o a la contribución hecha al bien común. En Honduras, en la década de 1990, el cambio de las rutas de los ríos de cocaína que fluyen hacia el norte a Estados Unidos no esquivó la red. Los cárteles de tráfico de drogas más importantes en el país están entrelazados a ésta. Es muy probable que los contrabandistas de personas se unieran a ellos durante la ola de escapadas de jóvenes que alcanzó su punto máximo en 2014 y 2015. En Honduras como en otros lugares, categorías enteras del crimen, en particular el lavado de dinero, se han vuelto la norma.

El aparejo y la criminalización de los sistemas económico y político de este modo han enfurecido a la población en docenas de países a nivel mundial. En Honduras, protestas locales dieron paso en 2015 a manifestaciones masivas similares a las que estallaron ese año en media docena de otros países. Anteriormente, esta indignación ayudó a desencadenar el Despertar Árabe y la revolución Euro Maidan en Ucrania, y ha demostrado contribuir a la atracción del extremismo violento3.

Las redes cleptocráticas han demostrado una capacidad extraordinaria para manejar y explotar esta indignación. A menudo, como en Rusia, Estados Unidos y en cierto número de países Árabes, han manipulado el nacionalismo, las filiaciones de identidad o las tradiciones sociales para distraer a la ciudadanía de su posesión (o recuperación) de la política económica. Los humanos están casi mentalmente programados para formar grupos de identidad cuya finalidad suprema se vuelve la derrota de otras formaciones similares, incluso frente a un escenario ganador que podría ser más beneficioso de manera objetiva que la victoria sobre grupos rivales4. Un manipulador talentoso puede jugar con estas afiliaciones para dirigir acusaciones denigrantes a grupos externos y fuera de su red y de su malversación. Las políticas de identidad de este tipo, o cuestiones sociales que provocan una respuesta como el velo de cuerpo entero o el derecho al aborto, no han jugado un papel primordial en Honduras como en otros lugares.

En contraste, la represión violenta, cuidadosamente dirigida para causar el máximo efecto psicológico, sí se ha utilizado. El asesinato de Berta Cáceres es el mayor ejemplo. Era una figura tan inspiradora que su asesinato envió reverberaciones a comunidades afines, donde la gente se quedó pensando: “Si pueden matar a tiros a Berta Cáceres, solo imagina lo que pueden hacerme a mí”. Pudo haberse considerado que valía la pena la condena internacional que estalló con la noticia de su muerte por el efecto de intimidación que causaría.

La explotación del legalismo es otra técnica utilizada por las élites hondureñas que cuidadosamente, aunque con engaños, junta listas de firmas que pueden mostrar como evidencia del consentimiento a los proyectos, o impulsar cambios legislativos a través de comités selectos. En democracias mejor establecidas con una fe inquebrantable en sus instituciones legales, como Estados Unidos, éstas son la herramienta de elección. Puede verse en funcionamiento en la decisión unánime de la Suprema Corte en 2016 para revocar la condena de corrupción del exgobernador de Virginia Bob McDonnell porque las reuniones que organizó a cambio de dinero en efectivo y regalos en especie no se consideraron “actos oficiales”5, o los recordatorios frecuentes de Donald Trump de que el presidente no está sujeto a las leyes de conflicto de intereses.

Irónicamente, dada la oportunidad que presenta la indignación generalizada por el tipo de corrupción analizada en este informe, los reformadores verdaderos han resultado ser mucho menos capaces de capitalizarla que los saboteadores. Los idealistas han sido obstaculizados una y otra vez, ya que las redes con rapidez se reconstituyen a sí mismas en la estela de los levantamientos importantes que tenían como objetivo derrocarlas. A las adversidades contra los reformadores, en especial en los países en desarrollo como Honduras, habría que añadirles el impacto de la asistencia internacional excesiva, incluida la participación diplomática y la inversión extranjera directa al igual que la ayuda civil y militar. Al asimilar la suma, la mayor parte de esta asistencia fluye hacia las redes cleptocráticas, enriqueciéndolas y fortaleciendo su dominio material y psicológico, y eludiendo las víctimas de sus prácticas o a los que luchan tenazmente en su contra. Es tiempo de considerar esas realidades con honestidad.

Este informe quizás describe estos sistemas como excesivamente multifacéticos y sólidos, tan dominantes, tan respaldados por actitudes culturales generalizadas y por intervenciones bien intencionadas, como para que parezcan imposibles de combatir. Y, de hecho, revertir este fenómeno global será muy difícil. Sin embargo, el peligro que representan las redes cleptocráticas transnacionales a los gobiernos en función de los gobernados, a la seguridad global y a la salud ambiental es demasiado cuantioso para que el fracaso sea una opción.

El primer paso debe ser reconocer la corrupción actual como un sistema operativo deliberado de redes exitosas y sofisticadas. Debemos estar dispuestos a estudiar estas redes como tales, donde quiera que nos las encontremos. Debemos de dejar de dar por hecho la realidad de las distinciones entre sus diferentes ramificaciones funcionales. Debemos analizar con cuidado las huellas superpuestas del sector privado-público para encontrar evidencia de actos en interés propio. Debemos de dejar de justificar el uso del poder inescrupuloso en beneficio personal, y no solo en los prestatarios o contrapartes del gobierno de un país en desarrollo sino también en nuestro propio país. Ya que bastantes países occidentales muestran elementos del patrón descrito en este informe. Debemos de dejar de aceptar los legalismos como pretextos para la delincuencia de políticas.

El planteamiento modelizado en este informe, en otras palabras, no solo está destinado a ayudar a los profesionales a diseñar mejor los pormenores del suministro de ayuda o el uso del apalancamiento diplomático en lo que respecta a Honduras. El cambio en la mentalidad al que exhorta este informe y la herramienta analítica que provee son cruciales para tratar la patología cada vez mayor de las economías políticas tanto en Occidente como en nuestros vecinos económicamente menos desarrollados.

Notes

1 Véase, por ejemplo, Heather Pringle, “What You Don’t Know About the Vikings”, National Geographic, marzo de 2017, http://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/03/vikings-ship-burials-battle-reenactor/; S.C. Gwynne, Empire of the Summer Moon (New York: Scribner, 2010); o Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006).

2 Klein, “The Rise of Disaster Capitalism”.

3 Chayes, Thieves; y Lt. Col. Dave Allen et al., “The Big Spin: Corruption and the Growth of Violent Extremism”, Transparencia Internacional Reino Unido, febrero de 2017, http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2017/02/The_Big_Spin_Web-1.pdf.

4 Múltiples estudios se analizan en Liliana Mason, Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity (Chicago: University of Chicago Press, forthcoming).

5 McDonnell contra United States, 579 U.S. (2016), https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-474_ljgm.pdf.