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La renuncia de Evo Morales, tras acusaciones de fraude en el conteo de los votos en la elección presidencial de 2019, provocó una serie de graves disturbios y creciente polarización política. Una división de vieja data entre los seguidores de Morales y su movimiento político indígena, por un lado, y la élite sociopolítica tradicional del país, por otro, llegaron a un punto de crisis. La pandemia del coronavirus elevó la temperatura de las tensiones políticas en el país. La elección presidencial de fines de 2020, llevada a cabo con éxito, devolvió al poder al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, aunque bajo el nuevo liderazgo del presidente Luis Arce. Los resultados que su administración pueda tener para mitigar las profundas divisiones en Bolivia y, al mismo tiempo, enfrentar las fuertes presiones derivadas de la pandemia, determinarán si el nivel de polarización se controla o si las manifestaciones y la violencia estallan nuevamente.

La división principal

Bolivia se caracteriza por una división socioeconómica y sociocultural entre la élite urbana no indígena, especialmente de los departamentos orientales del país, y una gran población indígena y mestiza. En la década de los 2000, esta división adquirió importancia política cuando un movimiento indígena de amplia base—el MAS—, se movilizó con éxito para ganar las elecciones, incluida la que llevó a Morales a la presidencia en 2005.

Pese a que la polarización entre ambos bandos estuvo relativamente contenida en los últimos años, esta fisura política comenzó a acentuarse en 2016. Determinado a mantener el poder más allá de los períodos que le permitía la constitución, Morales convocó un referéndum para que la ciudadanía definiera si podía presentarse por cuarta vez como candidato presidencial. Para su sorpresa y la de sus principales seguidores, Morales obtuvo el 49 por ciento de los votos y perdió el referéndum. La oposición a la reelección de Morales provino, principalmente, de las élites tradicionales, así como de los departamentos orientales que, desde un inicio, habían resistido el gobierno del MAS. Además, a lo largo de los años, el gobierno acumuló opositores entre sectores aparentemente inconexos de clase media urbana, movimientos estudiantiles y de mujeres, y grupos indígenas que se oponían al modelo de desarrollo económico extractivista promovido por Morales . Algunos de estos oponentes rechazaban por completo el proyecto del MAS; otros, simplemente, exigían menos personalismo y mayor pluralismo dentro del partido.

Carla Alberti
Carla Alberti es profesora asistente en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora joven en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.

El año siguiente (2017), un segundo evento contribuyó a polarizar aún más el ambiente en Bolivia. El Tribunal Constitucional decidió que limitar la reelección de Morales menoscababa su derecho a la participación política. En 2018, el Tribunal Supremo Electoral le permitió a Morales competir en las elecciones de 2019. Esta autorización exacerbó las divisiones existentes, provocando protestas en las principales ciudades del país y un llamado de la oposición a un paro nacional.

Las elecciones de 2019 se llevaron a cabo en este contexto profundamente polarizado. Algunas encuestas de opinión pública previas a las elecciones mostraban una brecha cada vez menor entre Morales y su principal oponente, el expresidente Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana, lo que aumentó las tensiones en torno al proceso de votación. La elección presidencial se realizó según lo programado, pero dio un giro dramático cuando el Tribunal Electoral dejó de informar acerca del recuento de votos durante 24 horas. Cuando se reanudó el conteo, Morales incrementó su ventaja sobre Mesa. Las acusaciones de fraude electoral se extendieron rápidamente, alimentando protestas y descontento popular. Los principales líderes de la oposición exigieron una nueva votación. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó graves preocupaciones acerca de la transparencia del proceso electoral, una posición que luego reafirmó tras auditar los comicios.

Las movilizaciones se volvieron violentas a medida que grupos de manifestantes comenzaron a enfrentarse. La situación se agravó cuando la policía se rebeló contra el gobierno en varias de las principales ciudades del país. El ejército hizo lo mismo y “sugirió” que el presidente dejara el cargo. Ante este escenario, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera anunciaron su decisión de dimitir y acusaron a sus opositores de fabricar una crisis para justificar un golpe de Estado. El gobierno mexicano ofreció asilo al presidente y sus colaboradores más cercanos, los cuales abandonaron el país. Morales estuvo en México alrededor de un mes y, luego, se refugió en Argentina, donde permaneció hasta regresar a Bolivia en noviembre de 2020, tras la victoria de Arce.

Cubrir la vacante presidencial a raíz de la salida de Morales no fue tarea fácil, ya que los asambleístas del MAS que, según la constitución podrían haber sido elegidos para sucederlo, también habían renunciado. En ausencia de legisladores del MAS, la Asamblea Legislativa Plurinacional nominó como presidente interina a Jeanine Áñez, una senadora derechista del departamento oriental de Beni y segunda vicepresidente del Senado. Los papeles desempeñados en esta crisis por Áñez y Luis Fernando Camacho—líder del Comité Cívico pro Santa Cruz, una poderosa organización en el próspero departamento de Santa Cruz y bastión de la oposición al gobierno de Morales—revelan la profunda división regional entre las élites orientales y el MAS, cuyas bases provienen principalmente de la región andina.

La polarización no concluyó tras el establecimiento de un gobierno de transición. Las primeras semanas de la nueva administración estuvieron marcadas por la intensa movilización de los partidarios de Morales, quienes fueron reprimidos por la policía y el ejército. La violencia fue particularmente aguda en localidades como Senkata, El Alto, en las afueras de la capital, La Paz, y Sacaba en la provincia de Chapare, donde las operaciones militares y policiales terminaron con varias muertes y decenas de manifestantes heridos. A nivel nacional, el Decreto N°4078, posteriormente derogado, eximió de responsabilidad penal a las fuerzas policiales y militares.

La presidente interina también acordó con la dirigencia del MAS un cronograma para realizar nuevas elecciones generales, el cual excluía la candidatura de Morales. Sin embargo, su administración fue más que un gobierno de transición. Para sorpresa de muchos, en varios temas Áñez no se apartó drásticamente del MAS y mantuvo los subsidios y los programas sociales. En otros aspectos, sus políticas reflejaron las profundas fisuras políticas en la sociedad boliviana, especialmente evidentes en su dura retórica hacia países gobernados por partidos de izquierda, como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela. Pero de manera más importante, el gobierno interino presentó una acusación formal contra Morales por cargos de terrorismo y sedición e inició investigaciones criminales contra numerosos políticos del MAS. Evidenciando su ambición política, Áñez, quien se había comprometido a liderar un gobierno de transición, decidió presentarse como candidata presidencial en las nuevas elecciones generales.

Comienza la pandemia

En medio de este escenario político inestable, la pandemia del coronavirus golpeó a Bolivia con especial dureza, exacerbando la polarización y la crisis política y social. Uno de los principales factores que generaron descontento social fue la decisión del gobierno de postergar dos veces las elecciones. Originalmente programadas para mayo de 2020, los comicios se retrasaron, primero, a septiembre y, luego, al 18 de octubre, cuando finalmente se llevaron a cabo. Si bien este aplazamiento era justificado en el marco de una complicada situación de salud pública, los detractores del gobierno interino lo interpretaron como un intento de Áñez de prolongar su gobierno y utilizar su cargo para mejorar sus opciones como candidata presidencial. Esto provocó una nueva ola de protestas. Manifestantes bloquearon las principales carreteras del país, lo que, según el gobierno, impidió la distribución de oxígeno y otros suministros médicos.

Las tensiones continuaron creciendo a medida que aumentaba de manera alarmante el número de infecciones y muertes por coronavirus. Incluso la presidente y algunos de sus ministros contrajeron la enfermedad. El gobierno interino culpó del precario estado del sistema de salud pública a la incompetencia del gobierno de Morales. Los partidarios del MAS, a su vez, criticaron las políticas de la presidente destinadas a contener la propagación del virus y mitigar los efectos económicos de estas medidas—particularmente los estrictos confinamientos—sobre los hogares más pobres. Un escándalo de corrupción relacionado con la compra de ventiladores a un precio artificialmente superior al del mercado complicó aún más las cosas para el gobierno y terminó con el arresto del entonces ministro de salud, Marcelo Navajas.

Simultáneamente, las fricciones entre el gobierno interino y la Asamblea Legislativa Plurinacional, con su mayoría afiliada al MAS, dificultaron la coordinación e implementación de medidas adecuadas para combatir la pandemia. Por ejemplo, el gobierno interino se negó a promulgar una serie de leyes aprobadas por la asamblea, destinadas a enfrentar la pandemia y sus efectos económicos. A su vez, la asamblea aprobó el uso de dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19, aún cuando el Ministerio de Salud había advertido acerca de los peligros de su uso en repetidas ocasiones.

La nueva elección presidencial se celebró en circunstancias complicadas y tensas. Los principales contendientes incluyeron las dos coaliciones políticas que habían competido en 2019: El MAS, con Arce como su candidato presidencial y Comunidad Ciudadana, encabezada por Mesa. Una tercera fuerza, Creemos, emergió como resultado de la crisis. Muy por detrás de los otros candidatos en las encuestas de opinión, Áñez decidió retirarse aproximadamente un mes antes de los comicios, alegando que sólo una oposición unida podría derrotar al MAS.

Los resultados le dieron parcialmente la razón a Áñez, ya que la fragmentación de la oposición favoreció a Arce. Sin embargo, la decisiva victoria del MAS en la primera vuelta, en la que obtuvo el 55 por ciento de los votos y mayorías en ambas cámaras, indicó que una gran parte del electorado seguía favoreciendo las políticas de ese partido, aunque no apoyaba la concentración de poder en las manos de Morales.

Riesgos futuros

Aunque la elección de un nuevo gobierno puso fin a un año turbulento, es poco probable que las tensiones políticas y sociales que se cristalizaron en esta crisis desaparezcan fácilmente. Además, la nueva administración del MAS enfrentará numerosos desafíos internos y externos que, si no se atienden adecuadamente, podrían generar problemas para la democracia en Bolivia.

El alto nivel de polarización es el primer y más evidente riesgo que enfrenta la democracia boliviana. Mientras el gobierno de Arce se preparaba para la ceremonia de traspaso de mando, se realizaban protestas por parte de grupos opositores, principalmente en Santa Cruz, donde los manifestantes adujeron que hubo fraude electoral y exigieron nuevas elecciones. Al mismo tiempo, la asamblea, controlada por el MAS, anunció acciones legales contra Áñez y algunos de sus ministros por la represión contra manifestantes tras la crisis electoral de 2019. Estas tensiones, junto con la falta de legitimidad del gobierno en un sector bastante radicalizado de la población, pueden poner en peligro la frágil tregua social y la estabilidad democrática que existe en el país.

El nuevo gobierno de Arce ha marcado cierta distancia de Morales. Arce y su vicepresidente han enfatizado su autonomía, estableciendo límites claros al papel de Morales en su gobierno. Si estos límites no se respetaran, el descontento de la oposición, así como también el de los votantes del MAS que rechazaron el cuarto mandato de Morales, podría incrementar. Ahora que Morales está de regreso en el país y ha retomado la presidencia del MAS, estas consideraciones son particularmente relevantes. Morales es un personaje político muy poderoso, por lo que aún no es claro cómo su presencia afectará al nuevo gobierno y a la democracia boliviana en general.

Además, considerando que el nuevo gobierno del MAS deberá seguir luchando contra la pandemia y abordando la grave situación económica, cualquier ineficacia resultante de conflictos dentro de la coalición gobernante podrían contribuir a deslegitimar a la administración de Arce frente a la oposición y, por lo tanto, justificar las protestas de ciertos segmentos de la sociedad. Esto genera gran presión sobre Arce y su capacidad de liderazgo para conducir su partido y enfrentar la situación de salud pública.

El reto de reducir tensiones

En este contexto es importante que Arce y sus colaboradores tomen varias medidas concretas y simbólicas para reducir las tensiones políticas en el país. Primero, el gobierno del MAS debe cumplir con su compromiso de gobernar para todos los bolivianos y evitar tanto la retórica como acciones divisorias. En segundo lugar—y relacionado a lo anterior—el diálogo entre el gobierno y la oposición será de suma importancia para asegurar la estabilidad y evitar una intensificación de la polarización política. Esto es especialmente importante en un contexto en el que grupos opositores radicalizados en la ciudad de Santa Cruz se han movilizado, exigiendo que las fuerzas armadas tomen el control del país. Además, prestar atención a sectores de la sociedad que apoyaron a Arce, pero que demandan mayor pluralismo dentro del MAS, especialmente en las áreas urbanas, es fundamental para que la nueva administración reduzca tensiones futuras.

En tercer lugar, el gobierno de Arce podría trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado y en las instituciones políticas como vehículos legítimos para canalizar demandas sociales. Los acontecimientos de los últimos meses de 2019 fueron no sólo el resultado de una crisis electoral sino, también, de una profunda deslegitimación de las instituciones estatales entre ciertos grupos. Finalmente, considerando la politización de las fuerzas armadas en la crisis de 2019, es importante que la nueva administración delimite con claridad la función que militares y policías tienen en una sociedad democrática.

Carla Alberti es profesora asistente en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora joven en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.