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La erupción de masiva protestas en Chile en octubre de 2019—provocadas por un aumento en las tarifas del transporte urbano, pero que pronto se movilizaron en torno a un amplio conjunto de demandas socioeconómicas—sorprendió a muchos chilenos y observadores extranjeros. Un país considerado durante mucho tiempo como una de las historias de éxito económico más renombradas de América Latina y uno de los sistemas políticos más orientados al consenso se presentó ahora como un Estado profundamente dividido. La brecha central detrás de las protestas divide, por un lado, al sistema social, político y económico del país y, por el otro, a la mayoría de los chilenos, que se sienten excluidos y abusados bajo ese sistema. Un régimen de partidos políticos fracturado, incapaz de canalizar las demandas y percibido como fuera de sintonía con el deseo de cambio de la gente, abrió profundas fisuras en la sociedad, exacerbadas por la pandemia del coronavirus. La inminente elección de una Asamblea Constituyente en abril de 2021 y el consiguiente proceso de redacción y aprobación de una nueva constitución se llevarán a cabo en un país que enfrenta graves riesgos de fragmentación política o de un giro hacia el populismo antiliberal. Los actores internacionales pueden desempeñar un papel útil en la reducción de estos riesgos si se toman en serio la profundidad de la división y sus raíces.

La división entre los sectores tradicionales y sus oponentes

A partir de octubre de 2019, el país experimentó una agitación social masiva, que condujo a la formación de un amplio movimiento contra el sistema, dirigido no solo contra las élites políticas tradicionales sino, también, contra las élites empresariales y la mayoría de las instituciones sociales y políticas. A raíz de las protestas de 2019, dos instituciones aún en pie sufrieron pronunciados descensos en su legitimidad. En primer lugar, las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes propinaron un duro golpe a la reputación de esos organismos. En segundo lugar, los principales medios de comunicación fueron atacados por su supuesta cobertura progubernamental de los eventos y, en particular, por su tendencia a dar preponderancia a los disturbios, los saqueos y la violencia de los manifestantes.

Juan Pablo Luna
Juan Pablo Luna es Profesor Titular de Ciencia Política en el Instituto de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El movimiento antisistema se fortaleció frente a lo que considera una “coalición del abuso”, formada por influyentes élites sociales y empresariales, así como por la “clase política”, representada por las principales instituciones del país. De acuerdo con esta visión, la “coalición del abuso” aprovechó las permisivas condiciones de la Constitución de 1980 para coludirse y capturar, de manera desproporcionada, los réditos de un sostenido crecimiento económico sin precedentes en Chile. Varios eventos, que fueron desenvolviéndose poco a poco, sentaron las bases de esta marcada división.

En primer lugar, durante décadas el consumo y la educación se financiaron a través del endeudamiento y los rendimientos económicos de la educación han sido inferiores a lo esperado. La generación de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en los últimos diez o quince años ha tenido dificultades para acceder a mejores empleos, mientras que, al mismo tiempo, sus padres transitaban a una precaria jubilación. En la atención médica, las disparidades entre la élite y el resto de la población exacerbaron las divisiones.

En segundo lugar, varios escándalos de corrupción desde la década de 2000 menoscabaron aún más la reputación de muchas insitituciones protectoras del bien común. Estas anomalías pusieron de manifiesto cómo las élites empresariales financiaban campañas políticas y, de manera inapropiada (si no, ilegal), obtuvieron influencia sobre los procesos legislativos y regulatorios que favorecían sus intereses. Otros escándalos guardan relación con irregularidades y abusos, como la aplicación de tasas de usura al financiamiento de deudas, especialmente, las relacionadas con la educación y el consumo en que incurren las clases media y media baja para financiar sus aspiraciones de movilidad ascendente. Otras anomalías perjudicaron la imagen de organizaciones políticas y sociales muy apreciadas, como la policía, las fuerzas armadas y la Iglesia católica.

Un tercer elemento que aumentó la presión fue el hecho de que el sistema de partidos, orientado al consenso, desmovilizó a la sociedad civil y despolitizó el conflicto social. La democracia de Chile parecía no responder a los reclamos populares. La baja participación electoral se convirtió en una característica crónica del sistema político, lo que impulsó las tendencias del sistema a operar a cierta distancia de la sociedad y las organizaciones sociales.

Desde mediados de la década de 2000, grupos de jóvenes y otros sectores, como pensionados e integrantes de movimientos sociales feministas, respondieron a esta confusa convergencia de deficiencias institucionales manifestándose en las calles. El descontento se politizó de esta manera, pasando por alto las instituciones políticas y otras organizaciones dominantes. La movilización y las protestas violentas produjeron resultados. De esta manera, se convirtieron en la única fórmula viable para obtener respuestas concretas de los sectores tradicionales. Con el tiempo, el impulso de la protesta ganó fuerza a partir de los patrones subyacentes de exclusión socioeconómica, estasis política y deslegitimación institucional, hasta que, en 2019, finalmente, la situación explotó en forma de protestas masivas.

Fragmentación en el sistema político

El movimiento de protesta convive inquietantemente con un sistema político que se debilitó tanto por la crisis de credibilidad de los partidos políticos tradicionales como por la consolidación de un liderazgo cada vez más personalista en esos partidos. En 2015 se adoptó un nuevo sistema de elecciones en reemplazo del régimen electoral poco representativo heredado del período militar, llamado “sistema binomial”. Esta reforma introdujo aspectos que han alentado la proliferación de nuevos partidos y grupos políticos. Para la Cámara de Diputados, la reforma estableció un sistema de representación proporcional de lista abierta, con circuitos que eligen entre tres y ocho diputados. Esta nueva fórmula no solo indujo una mayor fragmentación y competencia a través de la creación de nuevos partidos fuera del espectro de centro-izquierda a centro-derecha. También favoreció los intentos de movilización electoral por parte de líderes antisistema y más personalistas.

Estas modificaciones comenzaron a socavar la política de compromiso y consenso de Chile, la cual, durante mucho tiempo, había sido considerada fundamental para el desarrollo económico y el progreso social del país. La política centrista cambió gradualmente su valencia a medida que muchos chilenos llegaron a ver las negociaciones y “pactos virtuosos” entre grupos ideológicamente diversos del pasado como arreglos asociados a procesos de abuso, colusión, intrigas y conjuras.

Fue en el marco de un movimiento de protesta enardecido y un sistema político en fragmentación que se alcanzó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en noviembre de 2019. El acuerdo estableció un plan para un referéndum sobre la posibilidad de iniciar un proceso de reforma constitucional, celebrado a fines del 2020. Este proceso permitiría a los chilenos reemplazar la constitución vigente, promulgada por el expresidente autoritario Augusto Pinochet, la cual se asocia con los impactos distributivos negativos del modelo neoliberal. El acuerdo fue redactado por los principales partidos en momentos de desesperación, tras días de disturbios incontrolables y una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad. Según una fuente confidencial vinculada a la casa presidencial, el presidente decidió negociar el pacto con el congreso solo después de que el ejército se replegara a sus cuarteles y la policía amenazara con irse a la huelga.

En el período previo al referéndum, izquierda y derecha polarizaron el debate y la campaña. A pesar de lo que esperaban muchos observadores, el movimiento de protesta obtuvo gran impulso electoral, aunque carecía de líderes y una base programática claramente articulada. En el referéndum de octubre de 2020, el movimiento demostró su potencial electoral disruptivo: el 78 por ciento de los votantes apoyó la redacción de una nueva constitución y el 79 por ciento de los votantes se opuso a la participación de los miembros del congreso en ejercicio en una asamblea constituyente.

En resumidas cuentas, la polarización en el sector político formal era mucho mayor que en la sociedad, donde había surgido un amplio consenso en torno a la necesidad de un cambio fundamental. El sistema político y las élites sociales y empresariales habían perdido contacto con la sociedad, recreando artificialmente una división imaginaria entre derechas e izquierdas. En otras palabras, las élites políticas participaron en la polarización en un esfuerzo inútil por reformular las demandas sociales en sus propios términos. Al final, no se dieron cuenta de que el problema principal no es el mensaje, sino la ilegitimidad de los mensajeros.

Los efectos de la pandemia

En medio de esta agitación sociopolítica, llegó la pandemia. Después de ver su índice de popularidad caer al 6 por ciento en diciembre de 2019, el gobierno del presidente Sebastián Piñera dio la bienvenida a la pandemia como una oportunidad para redimirse. Implementó una estrategia innovadora llamada “cuarentenas dinámicas” para manejar la pandemia sin paralizar la economía. Ese plan pronto fracasó cuando aumentaron las muertes y surgió un nuevo escándalo relacionado con supuestas omisiones considerables en el conteo oficial de fallecidos. El gobierno terminó enfrentándose a acusaciones de dejar morir a la gente para salvar la economía, lo que reforzó su mala imagen entre la población. Este entorno polarizado contribuyó a invisibilizar un plan exitoso que aseguraba la atención en cuidados intensivos para todas las personas enfermas de COVID 19 que lo necesitaran.

Además, el gobierno atrasó significativamente la ejecución de sus programas de asistencia económica y se empeñó en imponer parámetros de asignación que retardaron la implementación y desencadenaron un debate sobre sus criterios de focalización. Dichas discusiones motivaron propuestas de la oposición para permitir que las familias aprovecharan los ahorros de sus planes privados de jubilación para autofinanciar sus necesidades. El congreso aprobó la medida con los votos de numerosos legisladores afiliados al gobierno que desertaron de sus posiciones en respuesta a la presión social. Las élites sociales del país (tecnócratas, asociaciones empresariales y principales medios de comunicación) se opusieron activamente al proyecto, aunque el apoyo popular al mismo fue cercano al 90 por ciento.

El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el congreso escaló drásticamente, mientras que los alcaldes aumentaron su visibilidad al oponerse a algunas acciones y a políticos de nivel nacional. Dicha oposición amplió la división emergente posterior a octubre de 2019 entre políticos locales, con conexiones sociales, y los sectores tradicionales. Los bajos índices de popularidad del presidente incentivaron las luchas internas dentro de su coalición, aumentando el faccionalismo y los intentos personalistas de aprovechar la crisis de legitimidad. Creció la percepción de que Piñera se había vuelto prematuramente insignificante y de las pugnas internas surgieron varios aspirantes a la presidencia, entre los que predominan díscolos y líderes municipales.

Simultáneamente, la pandemia de coronavirus ha debilitado la movilización social y las protestas, al menos por el momento, debido a las cuarentenas y restricciones de movimiento, incluyendo un toque de queda nocturno aparentemente motivado más por consideraciones políticas que por preocupaciones de salud pública. Las largas secuelas del daño económico podrían prolongar este efecto, ya que es menos probable que las personas protagonicen huelgas y protestas cuando están desesperadas por cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, a mediano y largo plazo, los resultados relacionados con la pandemia podrían reforzar el descontento y, en última instancia, reavivar la movilización. La mayoría de evidencia disponible a la fecha apunta al impacto regresivo de la pandemia, tomando en cuenta que la mayoría de las muertes se concentran en las comunidades más pobres. Las mismas comunidades también se ven afectadas de manera desproporcionada por la recesión y el cierre de las escuelas.

Dos riesgos futuros

Un análisis comparativo de la situación política actual de Chile sugiere que la fragmentación y la personalización pueden seguir creciendo, lo que profundizaría la polarización y debilitaría aún más la legitimidad del sistema. Dos escenarios futuros parecen probables. Por un lado, la fragmentación puede intensificarse, impactando negativamente la gobernabilidad y aumentando la rotación de personal en el ámbito político (un escenario similar al de Perú). Por otro lado, podría surgir un líder personalista que logre canalizar con éxito el descontento contra el sistema (escenario populista). Estos dos resultados no son mutuamente excluyentes: podrían ocurrir en secuencia.

Estos riesgos son evidentes en las discusiones sobre la composición ideal de la asamblea constituyente que será elegida en abril de 2021. Si bien el sistema electoral favorece fuertemente a los partidos en el poder, la sociedad votó en el referéndum de octubre de 2020 contra esos partidos y su liderazgo. Las demandas de inclusión de independientes en las listas electorales se han multiplicado, al igual que las autoproclamadas candidaturas independientes. Sin embargo, los partidos tradicionales interpretan el resultado del referéndum (debido a la participación relativamente alta y al entusiasmo social con el proceso) como un respaldo a su supuesto éxito en la canalización del descontento popular.

¿Qué podría ayudar?

Aunque marcada por las acciones de muchos actores políticos y sociales específicos, las causas de la actual situación política de Chile son, en gran parte, estructurales y asimétricas. En otras palabras, no pueden revertirse en el corto plazo induciendo a los actores sistémicos a cambiar rápidamente la marcha de lo que han hecho las últimas tres décadas. Una élite tan arraigada difícilmente está capacitada para absorber una ola masiva de descontento popular. Intentar llevar a cabo semejante cambio probablemente exacerbaría los problemas de legitimidad, en lugar de atenuarlos con éxito.

¿Qué pueden hacer los actores internacionales para ayudar a mejorar la situación? En primer lugar, podrían contribuir a despolarizar las élites sociales y políticas, promoviendo, entre otras medidas, debates necesarios sobre modelos alternativos de desarrollo para el país. Las élites económicas en Chile necesitan reformular el sistema capitalista del país para hacerlo más social, institucional y ambientalmente sostenible. Sin embargo, en su discurso actual, caracterizan todas las alternativas al modelo económico actual como el camino hacia una pesadilla izquierdista venezolana, a pesar de que el sistema existente ha perdido su arraigo institucional y su economía moral, por lo que no es rescatable. Contribuir a moderar y potenciar la sofisticación de este debate económico es una tarea urgente.

En segundo lugar, los actores internacionales podrían promover la articulación social y política del descontento popular, tanto para desarrollar alternativas políticas sólidas y viables, como para promover un diálogo entre los actores políticos y la sociedad. Los mecanismos existentes, como los cabildos organizados para discutir la constitución, no bastan. Esas iniciativas son presa de enormes sesgos de selección y favorecen a ciudadanos ya politizados y comprometidos. Si bien el proceso es importante y la participación de estas personas es útil, no alcanza a involucrar a actores populares que hoy están fuera del sistema, dedicados a organizar acciones colectivas para oponerse y trastocar la política institucional. Por lo tanto, es fundamental diseñar intervenciones políticas complejas que tengan el propósito de habilitar la voz política de los más afectados por las desigualdades interseccionales que caracterizan a la sociedad chilena contemporánea.

Juan Pablo Luna es Profesor Titular de Ciencia Política en el Instituto de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigador asociado en Millennium Institute for Foundational Research on Data, donde actualmente realiza investigaciones sobre la interacción entre sociedades intensas en datos, la capacidad estatal y la representación democrática.