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En 2016, un histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin, formalmente, al conflicto entre ambas partes, pero también se convirtió en una importante fractura en la política colombiana, dividiendo a quienes consideraron que el acuerdo representaba una base razonable para la paz y quienes juzgaron que era demasiado indulgente con las FARC. En el último año, esta dura división, aunque todavía resuena en la vida política, ha comenzado a disminuir a medida que la institucionalidad del acuerdo se ha afianzado. Sorprendentemente, la pandemia del coronavirus ha reducido la tensión gracias al logro de un consenso notable en el país sobre un enfoque basado en la ciencia para controlar el virus. Sin embargo, la pandemia también ha puesto de relieve una serie de cuestiones socioeconómicas y políticas que constituyen otros ejes de división con los que el país ahora debe lidiar a medida que intenta superar las tensiones del pasado.

El relajamiento de divisiones de vieja data

La principal división que afectó la vida política en Colombia en años recientes converge alrededor del acuerdo de paz de 2016. No se cuestiona tanto si fue apropiado terminar el conflicto a través de negociaciones (una posición históricamente apoyada por la mayoría de la población), sino qué concesiones a las FARC son aceptables a cambio de la paz. Muchos colombianos creen que el acuerdo fue demasiado favorable a las FARC y resienten tanto su recién adquirido derecho de formar un partido político como el trato indulgente otorgado a los guerrilleros bajo un esquema de justicia transicional pactado en el acuerdo que les impuso sentencias leves a cambio de sus confesiones.

Para comprender la profundidad y el poder de esta división es necesario recordar lo que las FARC han significado para muchos colombianos. En los años más candentes del conflicto, a fines de la década de 1990, el grupo controlaba grandes franjas del territorio colombiano a través de un férreo esquema militar. Atacaba regularmente pueblos y aldeas en áreas controladas por el gobierno y secuestraba a miles en las selvas colombianas, incluyendo a muchos miembros de las fuerzas de seguridad nacional. La llamada “estrategia de seguridad democrática” aplicada por el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la década del 2000 no solo implicó atrapar a los comandantes de las FARC. Además, puso en vigencia un discurso de línea dura que propagó el resentimiento público hacia las FARC. En consecuencia, la paz finalmente alcanzada en 2016 se logró en un contexto sociopolítico marcado no solo por la esperanza de un futuro pacífico sino, también, por una profunda desconfianza y amargura hacia las FARC.

Las primeras elecciones presidenciales tras la firma del acuerdo, en 2018, estuvieron dominadas por actitudes conflictivas hacia las FARC y el valor del acuerdo de paz. La línea dura, representada por el presidente Iván Duque Márquez—protegido de Uribe—criticó fuertemente el acuerdo y ganó las elecciones. Una vez en el poder, sin embargo, Duque no lo desarticuló por completo.

Angelika Rettberg
Angelika Rettberg es Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

A fines de 2020, el acuerdo de paz había perdido atractivo como la fisura electoral de mayor relevancia. En primer lugar, se ha puesto en marcha gran parte de la infraestructura de transición del acuerdo, incluidas disposiciones judiciales para las violaciones a los derechos humanos, el reintegro de excombatientes y la conversión de las FARC en un partido político. El desarrollo de estos planes ha generado un impulso significativo y ha reforzado el proceso de paz. También ha contribuido la admisión de las FARC de que los secuestros fueron un error, así como las revelaciones sobre una ominosa política de recuento de cadáveres implementada por las Fuerzas Armadas que generó decenas de “falsos positivos” o muertes de personas acusadas injustamente de ser parte de la guerrilla para cimentar el proceso de paz. Los ataques al acuerdo y los intentos de cambiarlo han fracasado reiteradamente, lo que demuestra tanto una creciente responsabilidad y fortaleza institucional, como también la pérdida de atractivo de la afirmación acerca de que el acuerdo equivalía a entregar el país a los comunistas de las FARC. Tanto la popularidad de Duque como la de Uribe han disminuido en los últimos meses. En este contexto, sus amenazas de derribar el acuerdo ya no suenan factibles, y mucho menos deseables, para la mayoría de los colombianos

En segundo lugar, ha habido cada vez más convocatorias—desde diferentes puntos del espectro político, incluidas las élites—para superar la polarización de larga data y desarrollar un “acuerdo sobre lo fundamental”. Estas convocatorias están muy alineadas con la tradición colombiana de muchas décadas, de buscar el consenso de las élites en momentos de profunda división. Es notable porque, incluso, nuevas élites izquierdistas y centristas participan en este llamado para mitigar la polarización extrema. En resumen, si bien la polarización aún podría rendir réditos electorales, los principales actores políticos deberán encontrar nuevas divisiones para fomentarla.

Un tercer factor que explica el cambio de énfasis en el debate político se relaciona con las fuentes de la violencia en curso, que sigue siendo considerable a pesar del acuerdo de paz. Gran parte de esta violencia proviene de conflictos relacionados con el narcotráfico y las organizaciones criminales, que quedan fuera del alcance del acuerdo de paz. Los críticos del acuerdo con las FARC apuntan a un aumento de la producción de hoja de coca, materia prima de la cocaína. Según la ONU, en 2019, los niveles de producción de hoja de coca fueron los más altos jamás registrados, prueba del fracaso del acuerdo y del engaño voluntario de las FARC. Pero para la mayoría de los expertos y observadores nacionales e internacionales, combatir el narcotráfico es una tarea más ardua que resolver el problema de las FARC. En consecuencia, la acusación de que la violencia relacionada con la economía ilícita de Colombia puede atribuirse a un acuerdo de paz problemático no persuade a muchos.

El progreso de la pandemia

Sorprendentemente, la llegada de la pandemia del coronavirus a Colombia ha mejorado el tono del debate político y le ha aportado un contenido más constructivo. A diferencia de otros países latinoamericanos, en Colombia ha prevalecido un notable consenso al respecto del manejo epidemiológico de la crisis, lo que ha facilitado la convergencia científica entre los gobiernos nacionales y locales (más notablemente entre Duque y Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien fue elegida como candidata de una coalición de centro izquierda). Este consenso ha producido un resultado tangible: A pesar de las altas tasas de muerte por COVID 19, el sistema de salud pudo evitar la saturación, a diferencia de otros países con instituciones sanitarias mucho más fuertes que Colombia. Según una encuesta reciente de la consultora Cifras & Conceptos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Salud y el ministro de Salud disfrutan de algunos de los niveles más altos de apoyo popular, lo que indica una satisfacción general con este enfoque tecnocrático del virus. También apunta en la misma dirección el apoyo popular a los más de 180 decretos presidenciales promulgados durante el cierre inicial y los meses posteriores, que abarcan temas como la emergencia sanitaria; el cierre de fronteras con Venezuela; pago de impuestos y contrataciones públicas más flexibles; créditos al consumidor; subsidios para asegurar a grupos de menores ingresos el acceso a alimentos y servicios de salud; el cierre de escuelas; regulaciones sobre el tamaño de las reuniones privadas, religiosas y públicas; y restricciones sobre viajes nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de relieve las divisiones sociales y económicas existentes, muchas de las cuales fueron la fuente de las protestas sociales de finales de 2019. En noviembre de 2019, una importante huelga nacional comenzó cuando estudiantes universitarios salieron a las calles para exigir educación asequible y de alta calidad. El movimiento se expandió hasta incluir grupos feministas; ambientalistas que se oponen a la deforestación, las actividades mineras y la venta y exportación de aletas de tiburón; defensores del acuerdo de paz; comunidades campesinas que critican la lentitud en la aplicación de programas de sustitución de cultivos ilícitos; víctimas del conflicto armado que denuncian incumplimientos en el pago de reparaciones y atentados a la memoria histórica; líderes indígenas que exigen protección de sus tierras ancestrales; maestros de los planteles oficiales en busca de seguridad laboral y mejores salarios; activistas de derechos que demandan el fin de los asesinatos de líderes sociales y una reforma policial; activistas anticorrupción; críticos de los bancos y de las políticas neoliberales, incluidos los tratados de libre comercio; partidos de la izquierda política; y grupos que desconfían del sistema político en general.

El movimiento, que estuvo marcado por cacerolazos diarios, no ha logrado mantener su impulso, no solo por la pandemia (que operó como elemento disuasivo y distracción temporal) sino, también, porque la multiplicidad de problemas y líderes hizo imposible que se definiera una clara dirección. Los más afectados en términos económicos y de salud ya eran más pobres, sufrían mayores privaciones a sus derechos y estaban menos comprometidos con la política, lo que subraya la importancia duradera de los problemas planteados en los estallidos sociales, especialmente para los jóvenes que desempeñaron un papel central en los disturbios. De esta manera, el malestar social y la pandemia se han combinado para poner al descubierto las numerosas contradicciones pendientes en la vida socioeconómica y política colombiana que el conflicto civil eclipsó durante mucho tiempo.

El camino futuro

El creciente arraigo del acuerdo de paz, los llamamientos a la despolarización de la política y la sociedad, y la comprensión de que las duras consecuencias sociales de la pandemia deben ser atendidas en beneficio de toda la sociedad—incluyendo la reducción de la violencia y la inseguridad en varias regiones—pueden, eventualmente, redundar en beneficio de la democracia colombiana. Las instituciones colombianas han demostrado una notable resiliencia y fortaleza en estos tiempos exigentes, y han sabido canalizar críticas y tensiones. La sociedad civil colombiana ha madurado y parece estar formándose una importante coalición de centro-izquierda.

Al mismo tiempo, persisten los riesgos. Más importante aún, las economías ilícitas en auge, relacionadas con el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro y coltán (especialmente, a lo largo de la frontera con Venezuela), ofrecen amplia oportunidad para que las organizaciones criminales nuevas y antiguas operen y consoliden su presencia territorial. En consecuencia, la desmovilización de las FARC ha tenido secuelas, como la reconfiguración de los grupos armados y una creciente inseguridad en algunas áreas periféricas. Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC se han tornado cada vez más frecuentes en esas zonas. Además, las necesidades puestas al descubierto por la pandemia y por el flujo constante de migrantes venezolanos hacia el país han planteado la posibilidad de desviar fondos inicialmente destinados a la implementación de la paz. Así, se corre el riesgo de no cumplir la promesa de fortalecer el Estado y las economías formales en áreas tradicionalmente excluidas del desarrollo nacional, componente crucial del acuerdo de paz y recomendación de una amplia literatura académica y política que sugiere que la construcción de Estados capaces es esencial para promover la paz.

Pasos oportunos

Varios pasos son necesarios para ayudar al país a enfrentar sus profundas divisiones y desigualdades socioeconómicas.

En primer lugar, el gobierno, tanto nacional como local, debe promover el diálogo entre instituciones a nivel central y local, así como entre instituciones y diferentes sectores de la sociedad civil, para abordar las preocupaciones planteadas en los disturbios sociales de 2019, que fueron agravadas por la pandemia. Es hora de aprovechar la oportunidad creada por los llamamientos para superar la polarización sobre el acuerdo de paz y atender situaciones como la desigualdad histórica y la división entre las zonas urbanas y rurales. La próxima campaña presidencial puede impulsar u obstaculizar mejoras en el debate político. Puede proveer una oportunidad para que el centrismo político gane fuerza, como en las elecciones presidenciales anteriores, o podría terminar promoviendo mensajes divisorios por parte de candidatos que buscan ganar el favor del público.

En segundo lugar, es necesario atender las fuentes de una violencia persistente. Lo más importante es reforzar la seguridad en las regiones más vulnerables mediante el fortalecimiento de la respuesta estatal más allá de acciones militares. Esto es fundamental para aumentar la confianza de los colombianos en las instituciones y su bienestar y productividad. Además, el gobierno colombiano y otros gobiernos extranjeros deben continuar impulsando un enfoque sistémico en la discusión del narcotráfico y su impacto social, político y económico a nivel internacional. Existe abundante evidencia que sugiere que, tanto desde una perspectiva de salud pública como de seguridad, Colombia no puede combatir este problema por sí sola.

En resumen, Colombia enfrenta hoy tanto viejas batallas como nuevos desafíos derivados de la pandemia. Convertir esta circunstancia en una oportunidad dependerá de la visión, las habilidades de negociación y la voluntad democrática de los líderes políticos y de la sociedad civil en todo el país.

Angelika Rettberg es Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. También codirige la línea sobre Transformación y Empoderamiento del Centro sobre Género, Justicia y Seguridad de London School of Economics (Gender, Justice, and Security Hub). En 2018 se desempeñó como negociadora del gobierno colombiano en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).