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El arribo al poder en 2018 de un gobierno de izquierda en México encabezado por el asertivo y a menudo polémico presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desató intensos debates partidistas en México. Sin embargo, debido a la sorprendente continuidad de la política anti-drogas de AMLO con las políticas de sus antecesores, la alternancia política de izquierda no modificó el profundo clivaje que confronta a los miembros de los enclaves autoritarios subyacentes en las instituciones de seguridad y justicia y a los ciudadanos y víctimas de la violencia política y criminal que luchan por construir un país de derechos, de paz y justicia. La pandemia del coronavirus ha traído aún más sufrimiento a una ciudadanía ya golpeada, pero no ha cambiado la dinámica de confrontación entre élites gobernantes y la ciudadanía organizada en torno a las víctimas. Esta brecha se cerrará solo en la medida en que la movilización por la paz y en pos de un Estado democrático de derecho se amplíe al resto de la sociedad.

La llegada de AMLO al poder

Por primera vez desde que México transitó a la democracia en 2000, el electorado eligió a un presidente de izquierda en 2018. En las tres administraciones conservadoras anteriores, el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, y el Partido Revolucionario Institucional, de centro derecha (PRI), unieron fuerzas para impulsar una agenda económica a favor de la privatización y la apertura de mercados y para lanzar una cruenta guerra en contra de los principales cárteles de la droga del país. En rechazo a estas políticas, los votantes mexicanos eligieron a un candidato presidencial que prometió revertir las reformas neoliberales, poner fin a la guerra y construir un Estado democrático de derecho mediante importantes reformas judiciales y de seguridad que administraciones anteriores no quisieron implementar. AMLO, tres veces candidato presidencial, fue elegido presidente con el 53 por ciento de los votos y su coalición, liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), obtuvo una mayoría en el congreso.

Una vez en el poder, AMLO rápidamente desarrolló una presidencia personalista y altamente centralizada, y definió su administración como un movimiento transformacional. En la narrativa del presidente, se trata de la cuarta transformación desde el movimiento independentista (1810-1821). A pesar de tener una mayoría legislativa, AMLO ha adoptado un estilo plebiscitario de gobernar basado en la continua movilización popular. En sus conferencias matutinas de prensa le habla todos los días al pueblo y utiliza referendos para confirmar el apoyo público a sus políticas más emblemáticas. Además, los controles y equilibrios institucionales le incomodan. Ha privilegiado las lealtades personales al nombrar a jueces de la Suprema Corte de Justicia, a la supuestamente autónoma Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. AMLO ataca habitualmente al Instituto Nacional Electoral (INE) y socava la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Desde el púlpito que le otorga su conferencia diaria, AMLO define a sus amigos y a sus enemigos dependiendo de su lealtad al movimiento que encabeza.

Guillermo Trejo
Guillermo Trejo es Profesor Asociado de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame. Es coautor de Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico (Cambridge University Press, 2020).

Los opositores y críticos de AMLO lo acusan de polarizar a México y de introducir hábitos y medidas políticas antiliberales como parte de una estrategia de división y demonización de sus rivales. Sin embargo, la preocupación de que México con AMLO está experimentando el desmantelamiento de una democracia liberal es engañoso. De hecho, la transición política de México nunca dio lugar a una democracia liberal.

Las continuidades prevalecen

Cuando México transitó de un gobierno de partido único a una democracia multipartidista en 2000, las élites del PAN y del PRI se opusieron a un proceso de justicia transicional que habría investigado una larga historia de represión política en el país. También se opusieron a reformar enclaves autoritarios como las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial. Si bien con la transición los ciudadanos obtuvieron el derecho de seleccionar a sus líderes mediante elecciones libres y justas, otros derechos civiles y humanos fundamentales no se plasmaron en la ley o fueron cotidianamente pisoteados en la realidad. Y, cuando los gobiernos del PAN y del PRI lanzaron sucesivas guerras contra el narcotráfico, lo hicieron a través de instituciones de seguridad y de impartición de justicia represivas y corruptas. Instituciones cuyos mandos optaron por políticas militarizadas de mano dura que desencadenaron múltiples guerras criminales y causaron niveles sin precedentes de violencia y de graves violaciones de derechos humanos.

Aunque AMLO se presenta como el líder de un movimiento transformador, su gobierno ha estado marcado por sorprendentes continuidades. Su negativa a adoptar un proceso de justicia transicional y a reformar las fuerzas armadas, la policía y el poder judicial lo asemejan a sus antecesores. Su estilo de liderazgo ha sumado una nueva capa de acciones antidemocráticas a la democracia iliberal que heredó y es reacio a reformar. En lugar de transformar, AMLO ha desarrollado una histórica alianza estratégica con las fuerzas armadas, ha delegado la seguridad nacional y pública a los militares y ha mantenido el control de facto sobre la Fiscalía General, cuya oficina, desde la etapa autoritaria y hasta el presente, ha garantizado la impunidad para los aliados del presidente de turno y castigado a sus detractores políticos.

En resumen, la división fundamental que enfrenta la democracia mexicana no es entre AMLO y su partido, por un lado, y los partidos de centro derecha y derecha, por el otro, por ruidosa y problemática que sea esta división. El principal clivaje en México es más insidioso y peligroso: la renuencia de la élite gobernante, más ampliamente constituida en una clase—independientemente de los vínculos partidistas específicos de sus integrantes—a transformar los enclaves autoritarios en los ámbitos de la seguridad y la justicia, que son fundamentales en la generación de violencia criminal y las graves violaciones de derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico. Se trata de una división entre el sector más tradicional de la élite política y un movimiento emergente de víctimas de desaparición forzada, movimientos feministas e indígenas, ONGs pro derechos humanos y anticorrupción, académicos y organizaciones internacionales.

Para entender el auge de la democracia iliberal en México y la renuencia de la élite gobernante a democratizar los ámbitos de la seguridad y la justicia, así como a cambiar el rumbo de la guerra contra el narcotráfico, es necesario explorar por qué de inicio el PRI y el PAN establecieron una democracia limitada y se fueron a la guerra contra el narco.

Los orígenes neoliberales de la democracia iliberal mexicana

A lo largo de tres décadas (1988-2018), México fue gobernado por una coalición conservadora de centro derecha del PRI y el PAN. Esta coalición definió la agenda económica, el ritmo y la naturaleza de la democratización y las principales divisiones del debate ideológico en el país. Un firme compromiso con las reformas económicas neoliberales fue el pegamento que unió a esta alianza: un compromiso que trajo estabilidad macroeconómica a México, dos grandes olas de privatizaciones (en los años noventa y en 2013) y la firma de dos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (en 1994 y 2018). Quien se opusiera o incluso insinuara una crítica menor a las reformas económicas era demonizado en la arena pública como “populista”. En esta era neoliberal, el crecimiento económico y el alivio de la pobreza fueron magros, en tanto que se profundizaron las desigualdades socioeconómicas y regionales.

Durante el duopolio PRI-PAN, la democratización tomó un papel secundario y se convirtió en moneda de cambio de las reformas económicas de mercado. El PAN hizo importantes concesiones al PRI para frenar el ritmo de la transición a la democracia a cambio de la privatización de sectores clave, por mucho tiempo favorecida por el PAN. El ímpetu para crear una autoridad electoral independiente no provino de la presión del PAN sino del levantamiento zapatista de los pueblos indígenas mayas de Chiapas (1994). Y cuando Vicente Fox, el candidato del PAN que derrotó al PRI tras una hegemonía de siete décadas (2000) llegó al poder, abortó un programa de justicia transicional para mirar un pasado represivo y dejó intactas a las fuerzas armadas, la policía y el poder judicial, a fin de retener el apoyo del PRI a su agenda económica.

El duopolio PRI-PAN llevó a México a una cruenta guerra contra el narcotráfico. Entre 2006 y 2018, el despliegue de las fuerzas armadas en las regiones más conflictivas del país desencadenó múltiples guerras entre cárteles y el Estado, así como entre los propios cárteles. La estrategia de decapitación de los cárteles, mediante la cual las fuerzas de seguridad arrestaron o asesinaron a los líderes de los cárteles, desembocó en una dramática fragmentación del submundo criminal, el cual pasó de cinco a más de doscientos organizaciones criminales. Estos grupos emergentes ampliaron su menú de actividades criminales a nuevos mercados ilícitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y la explotación ilegal del petróleo, la minería y los bosques. Más de 150,000 personas fueron asesinadas en estos conflictos y más de 60,000 han desaparecido. En estas guerras criminales, los cárteles utilizan la violencia selectiva contra alcaldes y candidatos partidistas, periodistas, sacerdotes católicos, defensores de derechos humanos y pequeñas empresarios, con el propósito conquistar poblaciones, gobiernos municipales, economías locales y territorios subnacionales, en los que han establecido regímenes subnacionales de gobernanza criminal. Se han convertido en gobernantes locales de facto, subvirtiendo la democracia local en al menos el diez por ciento de los municipios de México, donde reside de un tercio de la población del país.

La coalición PRI-PAN experimentó una crisis política importante en 2014. Un año antes, una mayoría parlamentaria liderada por los dos partidos aprobó una serie de reformas de mercado de segunda generación. El electorado estaba dividido sobre las reformas, particularmente en lo relativo a la privatización del sector energético. El clivaje neoliberal y antineoliberal fracturó al país. Posteriormente, en el otoño de 2014, tres hechos importantes pusieron al país en contra del duopolio PRI-PAN y del recién electo candidato del PRI, el entonces presidente Enrique Peña Nieto: primero, la ejecución extrajudicial de quince presuntos criminales y civiles por militares en el municipio de Tlatlaya; segundo, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero; y, finalmente, un gran escándalo de corrupción que involucró a la esposa del presidente. La ciudadanía se volcó a las calles en cantidades sin precedentes para exigir el fin de la impunidad del Estado.

Un giro a la izquierda en medio de la guerra

El tres veces candidato presidencial, AMLO—caricaturizado por sus rivales políticos como el Hugo Chávez mexicano—aprovechó el sentimiento antineoliberal y anti-impunidad en la opinión pública para posicionarse en la contienda presidencial de 2018. Aunque los candidatos del PRI y del PAN adoptaron una retórica anticorrupción, sus mensajes sonaron huecos. Al izar la bandera de la honestidad, de políticas progresistas a favor de los pobres y de una feroz oposición a la guerra contra el narcotráfico y a la militarización del país – causas que había abrazado por décadas – AMLO se convirtió en el candidato a vencer. Prometió revertir las reformas neoliberales de 2013, poner fin a la guerra contra el narco, regresar a los militares a los cuarteles e impulsar un proceso de justicia transicional.

Una vez en el poder, sin embargo, AMLO adoptó políticas dramáticamente diferentes a las que había prometido en campaña. El viraje más dramático fue su decisión de convertir a las fuerzas armadas en el actor político central de su proyecto transformador. Durante el período de transición, tras una reunión a puertas cerradas con el general Salvador Cienfuegos—entonces secretario de Defensa—AMLO inició un sorprendente proceso de militarización. Es posible que Cienfuegos haya amenazado a AMLO con una fuerte reacción militar en caso de impulsar un proceso de justicia transicional y llevar a miembros de las fuerzas armadas ante la justicia por sus atrocidades previamente cometidas. Es posible, también, que sin una amenaza explícita AMLO haya percibido alguna advertencia velada que lo motivó a mantener a los militares a su lado, pero con una facción diferente a la liderada por Cienfuegos.

En su gobierno, AMLO ha ampliado de manera significativa el papel de las fuerzas armadas en la vida pública. Utilizó la mayoría legislativa de MORENA para aprobar una ley que reemplazó a la policía federal con una nueva Guardia Nacional bajo control militar y compuesta por miembros activos del ejército. Las fuerzas armadas controlan ahora la seguridad pública y la seguridad nacional y todos los puertos y cruces fronterizos. También están a cargo de los emblemáticos proyectos de infraestructura de AMLO: un nuevo aeropuerto en las afueras de la Ciudad de México y un tren de alta velocidad en la península de Yucatán. El gasto militar va en aumento pero las fuerzas armadas mexicanas continúan teniendo uno de los niveles más bajos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión civil en América Latina.

Aunque el presidente declaró, retóricamente, el fin de la guerra contra el narco, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional continúan utilizando la estrategia de decapitación de los cárteles y arrestan o matan selectivamente a los jefes de los cárteles. Las guerras entre cárteles y entre fuerzas estatales y crimen organizado siguen vigentes. Durante el primer año de gobierno de AMLO, México registró 23,964 asesinatos asociados con estos conflictos, según Lantia Intelligence, una cifra casi idéntica a la del último año de la administración del PRI. Al ritmo actual, en 2024, México bajo AMLO habría acumulado más de 143,000 muertes asociadas a las guerras criminales; es decir, más del noventa por ciento de todas las muertes acumuladas en estos conflictos en las dos administraciones anteriores.

La violencia masiva asociada con las guerras criminales en curso en México y la violencia selectiva contra periodistas, alcaldes, candidatos partidistas, defensores de derechos humanos y pequeños empresarios revelan que la competencia violenta por una amplia gama de mercados ilícitos continúa sin cesar y que los cárteles siguen transformando los órdenes local en todo el país. La suposición de AMLO de que al poner a todas las fuerzas de seguridad bajo la tutela militar acabaría con la corrupción y la colusión ha resultado ilusoria. Asimismo, en la guerra contra el narco, las fuerzas armadas han adoptado políticas de mano dura basadas en prácticas anti insurgentes que estimulan la violencia y dan como resultado graves violaciones de derechos humanos. Además, importantes sectores del ejército protegen a los cárteles o han desertado para convertirse en sus milicias privadas.

Si bien la pandemia del coronavirus ha golpeado duramente a México, infectando hasta 1,400,000 mexicanos y matando hasta 120,000 a fines de 2020, no ha alterado los fundamentos políticos básicos del gobierno de AMLO. A pesar de la pésima respuesta del gobierno a la pandemia—al negar la gravedad del problema, ocultar información, ignorar o simplemente dejar de promover los protocolos básicos de salud y claudicar a adoptar un estímulo económico para apoyar las medidas de permanencia en el hogar—la popularidad de AMLO no se ha mermado, más allá de una aversión aún mayor entre los mexicanos que ya se oponían a él.

La verdad y la justicia como estrategias de construcción de paz y democratización

Durante la última década, una coalición emergente de familias de víctimas de desaparición forzada, movimientos feministas e indígenas, ONGs pro derechos humanos y anticorrupción, académicos y organizaciones internacionales se han dado a la tarea de construir los cimientos de un proceso de justicia transicional en México. Estos grupos han identificado cinco prioridades en un proceso de justicia transicional: primero, nuevas leyes e instituciones para la búsqueda de personas desaparecidas; segundo, procesos de construcción de verdad; tercero, el procesamiento judicial de los perpetradores de atrocidades; cuarto, reparaciones para víctimas de violencia política y criminal; y quinto, reformas institucionales para prevenir futuras atrocidades.

Debido al volumen masivo de las violaciones de derechos humanos, y frente a una tasa de impunidad de cualquier delito que supera el noventa por ciento, diversos grupos de víctimas y de la sociedad civil exigen la adopción de mecanismos extraordinarios de justicia. Y puesto que un número significativo de militares y policías, fiscales y jueces están confabulados con los cárteles de la droga y otros grupos criminales, se pide la asistencia internacional, particularmente de las Naciones Unidas, a partir del ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen cooperación internacional para adoptar un enfoque radicalmente diferente en la guerra contra el narco, orientado a desmantelar las estructuras de colusión del crimen con actores estatales a través de la investigación científica y la persecución judicial efectiva, en lugar de intervenciones militarizadas y estrategias bélicas.

Como lo demuestra la experiencia internacional, los mecanismos de justicia extraordinaria no solo pueden salvaguardar los derechos de las víctimas, sino, también, estimular la democratización de enclaves autoritarios en los sectores de seguridad y judicial. A partir de 2014, la sociedad civil inició una lucha histórica en pos de un Estado democrático de derecho y para transformar la débil democracia mexicana en un sistema en el que los derechos de los ciudadanos se amplíen más allá de la arena electoral a otras esferas de la vida económica, política y social del país. Liderada por víctimas de atrocidades perpetradas por agentes del Estado y por grupos criminales, esta es una lucha moral por la transformación democrática y la construcción de paz desde abajo que trasciende a los partidos políticos y desafía a las élites gobernantes iliberales de México.

Guillermo Trejo es Profesor Asociado de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame. Es coautor de Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico (Cambridge University Press, 2020).