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Acosada por una representación política crónicamente inadecuada y una capacidad estatal débil, la política peruana ha sido sacudida durante mucho tiempo por un conjunto de divisiones políticas en evolución. En los últimos años, el sector político formal ha estado dividido por el conflicto entre fuerzas a favor y en contra de reformas, lo que ha producido inestabilidad política e intensa ira ciudadana. La pandemia del coronavirus golpeó duramente la vida social y económica peruana, acentuando la división política recientemente emergente. Se avecinan riesgos significativos, incluyendo una mayor conflictividad y fragmentación política, enfrentamientos más profundos entre la policía y los manifestantes, y el potencial surgimiento de nuevas alternativas iliberales y populistas. Es crucial encontrar formas de reducir la brecha de representación y volver a involucrar a los ciudadanos—especialmente a los jóvenes—en la política organizada.

Divisiones en evolución

El desafío político dominante del Perú en las últimas dos décadas ha sido la búsqueda continua e irresuelta de una representación política adecuada por una sociedad diversa, desigual y fragmentada. En otras palabras, de canales institucionales que puedan transmitir efectivamente sus demandas al Estado y de una capacidad institucional estatal apta para responder a sus necesidades. Al carecer tanto de un aparato estatal capaz de gobernar eficazmente, como de partidos políticos bien organizados y estables que puedan agregar demandas sociales diversas y dispersas, la democracia peruana se tambalea y es asediada por constantes crisis políticas, y sus ciudadanos están cada vez más decepcionados y alienados.

Desde el colapso del sistema de partidos de Perú en la década de los noventa, la política peruana ha estado en un flujo casi continuo, marcado por constantes y profundas divisiones y enfrentamientos. La ausencia de instituciones y agrupaciones políticas estables y bien establecidas que puedan organizar y encapsular estas divisiones, ha significado que no ha habido una sola gran división política que predomine. En cambio, Perú ha sido testigo de un escenario inestable de actores y enfrentamientos divisivos.

Detrás de la turbulenta dinámica de la vida política formal del Perú se encuentran dos fisuras latentes que afloran periódicamente, inyectando presiones y tensiones en el sistema. La primera de ellas es una profunda división socioeconómica, entre aquellos que están integrados a la economía de mercado—que privilegia la inversión en minería e hidrocarburos—y aquellos a quienes dicha inversión ha dejado atrás o, incluso, han sido perjudicados por ella, como los grupos indígenas. La segunda es una división territorial, entre las provincias desatendidas y un centro con sede en Lima poderoso y, a menudo, despectivo. Estas dos divisiones a veces se superponen, alineando a los peruanos que están integrados económicamente y más cerca del centro del poder contra quienes han sido postergados por la economía y quienes viven en las provincias.

Paula Muñoz
Paula Muñoz es Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del Pacífico (Peru) y autora de Buying Audiences: Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak (Cambridge University Press, 2019).

Estas divisiones primarias se hicieron sentir durante la contienda presidencial de 2006, en la que un candidato radical de la izquierda, oficial del ejército y, luego, presidente, Ollanta Humala, perdió la presidencia ante Alan García de la tradicional Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien, aunque fue elegido en una plataforma electoral de centro izquierda, una vez en el poder, viró hacia la derecha. No obstante, pronto estas dos grandes divisiones políticas fueron silenciadas por los beneficios del posterior auge económico de Perú y un discurso político optimista del gobierno sobre el progreso económico. En cambio, una división de identidad política menos alineada con los grupos tradicionales de izquierda y derecha llegó a dominar la vida política peruana durante un tiempo: el choque entre fujimoristas y antifujimoristas.

Los fujimoristas son seguidores del presidente autoritario Alberto Fujimori, quien dirigió el país en la década de 1990. Fueron recuperándose como fuerza política poco a poco luego del descrédito que se ganaron tras de la caída de Fujimori y su salida del país en 2000. A pesar de mantener valores muy conservadores y, a menudo, iliberales, los fujimoristas se reagruparon en 2006 dentro del partido Fuerza Popular (FP), bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, hija de Alberto. Keiko Fujimori estuvo cerca de ganar la presidencia tanto en 2011 como en 2016, pero fue derrotada por un estrecho margen como resultado de una coordinación estratégica entre los votantes antifujimoristas.

Esta división se ha transformado de maneras complejas desde 2016 en un choque diferente entre, por un lado, los presidentes y sus equipos que intentan promover distintas agendas—tales como reformas educativas, anticorrupción y políticas—y, por otro, una mayoría de congresistas que se opone a esas reformas. Este conflicto comenzó durante los últimos años del gobierno de Humala luego de que la bancada de su Partido Nacionalista Peruano (PNP) perdiera miembros en el Congreso permitise el surgimiento de una coalición de oposición APRA-Fujimorista obstruccionista . Empeoró después de las elecciones de 2016 cuando Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Kambio (PPK) pero su partido, FP, obtuvo una supermayoría en el Congreso. Negándose a admitir su derrota electoral, el congreso dominado por el fujimorismo intensificó el enfrentamiento con el ejecutivo. Las acusaciones de corrupción vinculadas a la investigación internacional de corrupción del caso Lava Jato sobre sobornos pagados por importantes empresas brasileñas a funcionarios en varios países latinoamericanos, azuzaron más el conflicto pues involucraron a casi todos los principales actores políticos peruanos, incluyendo a Keiko Fujimori y Kuczynski. En medio de acusaciones de uno y otro bando, el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo se intensificó hasta que Kuczynski renunció en 2018 para evitar ser destituido por el Congreso.

Lejos de disminuir, el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo se intensificó aún más después de que el vicepresidente de Kuczynski, Martín Vizcarra, asumiera la presidencia tras la partida del primero. A diferencia de Kuczynski,Vizcarra logró conectarse con la ciudadanía y su deseo de reformas a la gobernabilidad. Definió entonces el conflicto ejecutivo-legislativo como una cruzada reformista anticorrupción contra una clase política y un congreso corrupto. La primera fase de esta pugna entre Vizcarra y el órgano legislativo terminó cuando Vizcarra disolvió el congreso, en setiembre de 2019.

La pandemia hace su entrada

La COVID-19 golpeó duramente a Perú. En ocasiones durante 2020, el país tuvo la tasa de mortalidad por la enfermedad más alta del mundo. La pandemia ha devastado la economía y, además, ha causado una enorme agitación política. Los debates sobre el manejo problemático de la pandemia por parte del gobierno y su impacto económico agudizaron la lucha política entre un presidente popular y un congreso recién elegido, pero cada vez más impopular.

La elección de un nuevo congreso en enero de 2020 bajo nuevos parámetros que impiden a reelección de congresistas, produjo un legislativo fragmentado en el que el presidente no tiene miembros que lo representen (Vizcarra no presentó una lista de candidatos al congreso para la elección). La representación de FP disminuyó de 72 congresistas en 2016 a solo 15 (de un total de130). Este congreso postfujimorista no solo está fragmentado sino que está compuesto por políticos de segundo nivel, ya que los más experimentados no se postularon en 2020 para poder presentarse en las elecciones de 2021. Los nuevos congresistas parecen además propensos a la influencia de intereses particulares y están interesados en revertir las reformas logradas.

Las restricciones a eventos públicos y viajes impuestas por la pandemia ampliaron la desconexión política entre congresistas y ciudadanos, distanciándolos incluso más de la opinión pública. En este contexto, nuevas acusaciones de corrupción, esta vez contra Vizcarra, avivaron otro conflicto entre los poderes del Estado. El abismo entre el poder legislativo y la ciudadanía se hizo particularmente evidente cuando el 9 de noviembre de 2020 los congresistas destituyeron a Vizcarra, a pesar de que la opinión pública mayoritaria desaprobaba tal medida. Lo expulsaron del poder utilizando la dudosa y controvertida figura legal de alegar “incapacidad moral permanente” y formaron un nuevo gobierno encabezado por el presidente del congreso, Manuel Merino. La indignación ciudadana estalló, provocando protestas masivas en múltiples zonas del país bajo consignas como “Merino usurpador” y “este congreso no me representa”. Sacudido por las protestas, el gobierno ilegítimo renunció tras una semana en el poder y el congreso eligió un gobierno interino que gobernará hasta que se celebren elecciones nacionales en abril de 2021.

La amplia participación de los jóvenes de la llamada “generación del bicentenario” en las protestas replanteó la división anterior entre fujimoristas y antifujimoristas, convirtiéndola en una fractura más general entre el estancamiento político, representado por la mayoría de congresistas, y un reformismo con una agenda más ambiciosa. Queda por ver si esta división será canalizada y representada políticamente en el próximo proceso electoral. Asimismo, el debilitamiento electoral de FP -que había tratado de representar a un sector conservador activo en diversas pugnas sobre políticas socioculturales en curso- plantea la pregunta de si la división conservadores-progresistas en lo moral (que incluye, por ejemplo, el apoyo a los derechos LGBTQ y la igualdad de género) perdurará más allá de la lenta desaparición del fujimorismo.

Además de agudizar estas dinámicas políticas conflictivas, la pandemia visibilizó los problemas estructurales subyacentes que el reciente crecimiento económico de Perú no resolvió, incluyendo la desigualdad de ingresos y de la riqueza, la gran extensión de la economía informal y los graves problemas de incapacidad estatal. La COVID-19 afectó también más a los peruanos menos favorecidos. Asimismo, la aguda recesión económica producida por un confinamiento estricto, así como por la deficitaria implementación de políticas públicas para contener el virus, han empujado a innumerables hogares a la pobreza o a un estrés económico severo. Al profundizar y visibilizar las brechas e inequidades socioeconómicas existentes, la pandemia ha sentado las bases para la repolitización de la división socioeconómica, como lo muestran las intensas movilizaciones sostenidas en noviembre de 2020 en protesta por las precarias condiciones laborales y los bajos salarios en el sector agro-exportador. Sin embargo, todavía no está claro si habrá un actor político capaz de articular, organizar y representar con éxito estas reivindicaciones políticas de sectores indignados.

Más problemas a la vista

En vista de las crecientes presiones y turbulencias políticas de 2020, ¿cuáles son las perspectivas y los riesgos para la democracia peruana? Un peligro importante es la continuación o, incluso, la intensificación de la inestabilidad política debido a la alta probabilidad de que la fragmentación electoral continúe y la persistente y grave ambigüedad constitucional con respecto a la figura de vacancia del presidente por incapacidad moral permanente; incertidumbre que no ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, aunque los militares se negaron a involucrarse durante la reciente crisis política, dejando claro su compromiso con la democracia, esta crisis y la pandemia han revelado un grave problema con una fuerza policial corrupta y de inclinaciones autoritarias. La policía respaldó a la coalición conservadora de derecha que intentó tomar el poder por medios dudosos. Además, a través de su brutalidad, la policía se ha distanciado de la ciudadanía aún más que antes. Esta creciente ilegitimidad popular de la policía—y su abierta resistencia a la reforma policial—presagia problemas para la gobernabilidad democrática en un contexto en el que, probablemente, continuarán los disturbios civiles y las protestas.

En tercer lugar, el surgimiento de una agenda reformista y a favor de la institucionalidad, dirigida a defender la democracia, es buena noticia para Perú. Sin embargo, su organización social incipiente y la poca representatividad y organización política detrás de ella, probablemente hagan que este sector tenga dificultades para contener tendencias y grupos de interés no democráticos. Quienes apoyan esta agenda podrían proteger a la democracia peruana de una amenaza abiertamente autoritaria—como un golpe de Estado—pero no queda claro si podrían detener el surgimiento de un liderazgo más populista, alineado con las demandas populares y dispuesto a erosionar el equilibrio democrático una vez en el poder, a través de la clausura del congreso o de intromisiones en el poder judicial.

Acciones necesarias

En este contexto inquietante e incierto, ¿qué se puede hacer para disminuir los riesgos para la democracia? Una prioridad clave es fomentar la vigilancia prodemocrática de los procesos políticos por parte de agrupaciones ciudadanas, medios de comunicación y el público en general. Esto es crucial considerando que fue la protesta social prodemocrática la que detuvo el reciente impulso autoritario del congreso. En particular, las organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo defender y fomentar la democracia deben aprovechar la oportunidad y canalizar la participación de jóvenes hacia una agenda democrática y a favor de la institucionalidad. Deben trabajar para fortalecer su capacidad organizativa para agregar demandas ciudadanas y coordinar diversas agendas ciudadanas. Además, la sociedad civil debe utilizar más intensamente las redes sociales como medio alternativo y complementario a la organización y movilización tradicional, ya que demostraron ser una herramienta exitosa para coordinar iniciativas dispersas y generar un mensaje unificado en las recientes protestas.

La supervisión y las protestas de la sociedad civil, sin embargo, no son suficientes. Los medios de comunicación privados de Perú también deben sumarse al reto ciudadano. Desde la transición democrática de 2000, las principales empresas y conglomerados mediáticos privadas han asumido que los ciudadanos solo quieren distraerse y han renunciado a su deber de proporcionar información política de alta calidad y de promover la deliberación pública. Las emisoras de radio y televisión pueden ser cruciales para la creación de espacios abiertos para la deliberación y, por lo tanto, ayudar a fomentar debates políticamente informados entre el público en general.

Un segundo gran desafío es encontrar formas de disminuir la brecha de representación entre los ciudadanos y las autoridades electas, canalizando el renovado interés de los jóvenes en la política—como lo demuestran las protestas—hacia una participación política más organizada. Esto podría oxigenar las organizaciones políticas existentes o crear otras nuevas. Romper el círculo vicioso de la despolitización de la sociedad y la vigencia de perspectivas antipolíticas entre los ciudadanos es clave para fortalecer la democracia.

Una tercera prioridad es impulsar la agenda de reforma política pendiente durante el próximo proceso electoral, particularmente en lo que respecta a la regulación de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Y, finalmente, dentro de la vasta agenda de fortalecimiento del Estado, será difícil pero crucial aprovechar el momento ciudadano a favor de la reforma political para impulsar una reforma liderada por civiles. La gran pregunta aquí, como en muchas de las otras áreas, es quién estará dispuesto y será políticamente capaz de hacerlo.

Paula Muñoz es Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del Pacífico (Peru) y autora de Buying Audiences: Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak (Cambridge University Press, 2019).