Tabla de contenido

Los seis casos de esta colección de ensayos demuestran la importancia y significativa diversidad de las divisiones políticas en América Latina. En su conjunto, los ensayos muestran cómo, en la mayoría de los casos, las fracturas sociopolíticas se han ido intensificando en los últimos años, dinámica que ha sido exacerbada por la pandemia del coronavirus. Los autores del informe recalcan que existen una serie de riesgos en el futuro cercano, pero, al mismo tiempo, destacan algunas medias que tanto actores domésticos como internacionales pueden tomar para mitigar dichos riesgos. En este ensayo final discutimos algunos patrones comunes y particularidades nacionales a partir de las cuatro interrogantes centrales que guiaron el análisis de los seis ensayos.

Un contexto de divisiones complejo

Duración y estabilidad son dos de las variables fundamentales para entender las divisiones que aquejan la política latinoamericana. Muchas de las divisiones son de larga data y se han mantenido relativamente constantes en el tiempo, al menos en su estructura básica, aun cuando su intensidad varía entre los casos. En su ensayo sobre la situación en Bolivia, Carla Alberti muestra que una profunda brecha ha caracterizado por décadas la política boliviana: la división socioeconómica y sociocultural entre indígenas y mestizos y las élites urbanas blancas. La política colombiana, en tanto, ha debido sortear profundas diferencias entre sectores acerca de cuáles condiciones del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son aceptables, como lo explica Angelika Rettberg. En Colombia, si bien la principal fisura se vincula a condiciones socioeconómicas y socioculturales, éstas últimas son menos pronunciadas que en Bolivia. En ese sentido, las diferencias relativas a cómo encauzar el proceso de paz parecen tener mejores posibilidades de convergencia, incluso de reconciliación. En Bolivia, en cambio, el desafío es cómo manejar divisiones muy enraizadas y profundas que se han constituido en un elemento casi permanente en la vida política del país.

En contraste con los casos arriba enunciados, en otros países de la región, las divisiones son el producto de fluctuaciones más recientes en la vida política. Oliver Stuenkel describe en su ensayo el complejo proceso de división en Brasil, que se inició por diferencias profundas entre detractores y seguidores del Partido de los Trabajadores (PT) y que luego se acentuó tras la revelación de una serie de escándalos de corrupción en la última década. La magnitud de los escándalos y su impacto negativo sobre la percepción de la elite por parte de la población hicieron que las divisiones mutaran hacia una ruptura entre quienes reprueban a los sectores tradicionales de la política y quienes los apoyan. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones en el 2018, en parte gracias a una estrategia electoral que denunciaba a los sectores tradicionales, las divisiones en el país se profundizaron aún más, en buena medida como resultado de los impulsos autoritarios de Bolsonaro y de la reacción de grupos políticos que se oponen a él y que se han articulado en defensa de la democracia.

En Chile, diferencias entre sectores que se sienten excluidos del sistema y aquellos que detentan el poder se manifestaron de forma inesperada a fines del 2019. Juan Pablo Luna explica que esta división se venía fraguando por largo tiempo producto de un agudo sentimiento de frustración e insatisfacción acumulada por años en contra del modelo socioeconómico imperante y que, para muchos chilenos, había acentuado la exclusión y marginación social. En el caso de Perú, como explica Paula Muñoz, la división también es reciente—pero intensa—entre partidarios del expresidente Martín Vizcarra y sectores anti reformistas que colisionaron en el congreso, y que condujo a un proceso de destitución de Vizcarra a fines de 2020.

Una segunda e importante dimensión de las divisiones sociopolíticas que afligen a América Latina se refiere a si la fractura se expresa dentro o por fuera de la institucionalidad política existente. A ese respecto, los países analizados muestran claras diferencias. En Bolivia y Colombia la principal división política se canaliza a través de las vías formales y representa el eje principal de las opciones electorales de los ciudadanos. En Bolivia compiten el Movimiento al Socialismo (MAS), que representa sectores indígenas y mestizos, con partidos de oposición que representan a la élite. Por su parte en Colombia, la disputa se da entre fuerzas de centro derecha que han tomado una postura crítica frente al acuerdo de paz con las FARC y partidarios de centro y centro izquierda que apoyan la paz y abogan por la implementación de dicho proceso. En Brasil se observa algo parecido, en tanto las profundas divisiones que afligen al país se manifiestan dentro del sistema político, y son representadas por posiciones de adhesión o rechazo al presidente Bolsonaro.

En los casos restantes se observa algo distinto: la relación entre las fisuras existentes y la política institucional es bastante menos directa. Como explica Guillermo Trejo en su ensayo, México representa un ejemplo claro de esta dinámica. Existe en el país una división importante y de larga data entre sectores de centro y centro derecha, por un lado, y grupos de centro izquierda que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el otro. Sin embargo, hay una fractura más profunda—pero menos visible—entre enclaves autoritarios vinculados a la institucionalidad vigente, incluyendo a los servicios de seguridad, por un lado, y sectores de la sociedad civil que abogan por la profundización democrática, por el otro.

Perú sufre de un problema crónico de debilidad en las estructuras de representación. Allí, partidos débiles y personalistas desdibujan la relación entre la fractura sociopolítica existente y las opciones electorales de los ciudadanos. Paula Muñoz explica que existen severas diferencias entre sectores prósperos y desposeídos, así como conservadores y progresistas, que a lo largo de la historia han generado recelos y desavenencias. Más que aflorar como una fractura política manifiesta, visible en la institucionalidad política, dichas diferencias permanecen sumergidas, asomándose de cuándo en cuándo (lo que acentúa las divisiones), para luego volver a sumergirse cuando las condiciones cambian. En Chile, un sector político orientado a la generación de consenso, dominado por partidos moderados, tanto de centro derecha como de centro izquierda, fue remecida en 2019 tras la erupción de masivas protestas, inicialmente generadas por un alza en el valor del pasaje del sistema de transporte urbano. La capacidad de la institucionalidad política para incorporar genuinamente las aspiraciones y necesidades de aquellos que se sienten excluidos del sistema político será fundamental para determinar el futuro democrático y, de forma más general, las condiciones del país, según lo argumenta Juan Pablo Luna.

Los efectos de la pandemia

Tras la propagación del COVID 19 y su transformación en pandemia, analistas en diversas partes del mundo se preguntaron si la aguda crisis sanitaria ayudaría a unir sociedades divididas y a contribuir a generar grados de cooperación entre sectores político y sociales contrarios para enfrentar en conjunto la delicada situación. Contrariamente, sin embargo, como han argumentado Thomas Carothers y Benjamin Press, en su conjunto la pandemia ha acelerado dinámicas políticas de confrontación, ejemplificadas por el incremento de protestas, la polarización y el populismo, y por un creciente sentimiento de desconfianza de la población hacia las instituciones existentes. Los seis casos analizados en este estudio dan cuenta de esta dinámica de confrontación en América Latina. En Bolivia, disputas entre sectores políticos acerca de cómo enfrentar la pandemia no demoraron en aparecer y culminaron en masivas y violentas manifestaciones que paralizaron gran parte del país. La decisión del gobierno interino de aplazar la elección presidencial en respuesta a la grave situación sanitaria acentuó la polarización. En Perú, un país particularmente golpeado por la pandemia y que durante 2020 tuvo por momentos los niveles de mortalidad más altos del mundo, la respuesta del gobierno a la crisis se transformó en un hecho extremadamente contencioso en un contexto marcado por los desencuentros de la élite política.

En Chile, el gobierno tuvo inicialmente la expectativa que una respuesta efectiva a la pandemia podría desviar la atención de la difícil coyuntura de crispación social que vive el país y, de paso, ayudar a aumentar el magro apoyo que en ese momento recibía de la ciudadanía. Más que fortalecer su apoyo e incrementar su popularidad, las discusiones sobre la eficacia y la equidad en relación a la reacción del gobierno se transformaron en otra área de confrontación. En Brasil, Bolsonaro instrumentalizó la pandemia al emplear un discurso desafiante que negaba o ridiculizaba la situación sanitaria a efectos de demonizar a sus contendientes políticos y movilizar su base de apoyo.

La pandemia no ha sido, simplemente, un ámbito adicional de debate político, sino un elemento que ha profundizado las agudas divisiones existentes. El impacto desproporcionado que la pandemia ha tenido en sectores marginalizados y de bajos ingresos contrasta con la vivencia de sectores aventajados y ha dejado aún más al descubierto las profundas diferencias que caracterizan las sociedades en América Latina. En Perú, la marcada disimilitud en el impacto de la enfermedad sobre los distintos sectores sociales fue particularmente evidente y destruyó la idea generalizada de que niveles sostenidos de crecimiento económico habían disminuido la brecha en ricos y pobres (un mito, al parecer). La pandemia también forzó una dura introspección en Brasil, al evidenciar lo mucho que la crisis económica de los últimos años ha golpeado a los brasileños. Con el objetivo de evitar algunos los costos políticos de la crisis, durante la pandemia, Bolsonaro alteró su posición y apoyó programas de transferencia directa a sectores desposeídos, a los que en el pasado se había opuesto.

Colombia ha sido la excepción en cuanto a las dinámicas de la pandemia. Tal como muestra Angelika Rettberg, en contraste a la política de confrontación observada en otros lugares, en Colombia ha primado una política pública basada en conocimiento científico, que ha generado importantes cuotas de consenso, lo que ha ayudado a mitigar la polarización derivada de la pandemia acaecida en los casos anteriores. Este consenso ha contribuido a que el país evite los trágicos efectos en materia de salud observada en otros países y reforzar el consenso frente al futuro de largo plazo del acuerdo de paz.

Riesgos graves

Los efectos negativos de la pandemia, sumados a un contexto de aguda crisis preexistente, generan en muchos latinoamericanos una entendible aprensión acerca de los altos riesgos para la democracia que emergen en muchos países. Los estudios de caso de este informe ilustran estos peligros. La principal preocupación es que las divisiones se intensifiquen al punto de provocar conflictos incontrolables que pudiesen precipitar un quiebre de los procesos e instituciones democráticas. Bolivia, que sorteó con relativo éxito un quiebre de este tipo, tras las reñidas elecciones de 2019 que pusieron fin al largo gobierno de Evo Morales, y que ahora sufre los rigores de la pandemia, enfrenta un futuro político bastante incierto. Sobre el particular, Alberti enfatiza que el mayor desafío del país radica en contener dentro de los canales institucionales -cuyas raíces son poco profundas- el abismo social que caracteriza al país. La democracia peruana, por su parte, ha sobrevivido de manera casi milagrosa un infarto institucional que se expresó en la controvertida destitución de un presidente con importantes grados de adhesión popular y la renuncia, sólo seis días después, de su sucesor. Muñoz advierte que un país sacudido por constantes catástrofes y disrupciones presidenciales en los últimos veinte años debe estar preparado para más divisiones y peligros de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2021.

El largo proyecto de consolidación democrática en Brasil también parece haber tomado un rumbo incierto, con amenazas autoritarias o, en el mejor de los escenarios, por una trayectoria contraria al liberalismo. En México, tal como explica Trejo, las luces de alerta se han encendido por el potencial estrangulamiento del limitado espacio democrático existente por parte de enclaves autoritarios que operan con impunidad dentro de los servicios de seguridad.

Varios autores coinciden en su preocupación por el potencial para la aparición de figuras populistas, de tendencias iliberales, que aprovechen la desafección y alienación del sistema político formal de parte importante de la población. El temor es la repetición de figuras antisistema que se presentan como “salvadores” y que ofrecen soluciones demagógicas para concitar apoyo popular pero que, en definitiva, implementan políticas incongruentes y erosionan la democracia. Muñoz advierte el riesgo para Perú, dada la crónica debilidad de la representación en el país. Luna hace la misma advertencia sobre Chile, a pesar de la trayectoria de relativa moderación y consenso de los partidos políticos. Si bien Rettberg piensa que es posible que Colombia tome un rumbo positivo marcado por una disminución de la polarización y nuevos esfuerzos para enfrentar inequidades socio económicas de largo aliento, no descarta un potencial y serio peligro: la posibilidad de un rebrote de violencia. La amenaza es particularmente preocupante si organizaciones criminales y grupos políticos extremistas logran reconfigurar viejas rencillas y conflictos que generen tracción y redunden en apoyo popular en áreas rurales.

Alternativas de apoyo

Sortear o, incluso, simplemente manejar las divisiones sociopolíticas existentes nunca ha sido ni será tarea fácil. Los autores subrayan que existen una serie de acciones que actores domésticos y foráneos, dispuestos a proteger la democracia, deberían considerar. Los actores políticos tendrán una función fundamental en este campo. Stuenkel plantea que, en Brasil, la formación de una amplia coalición a favor de la democracia, de cara a las próximas elecciones presidenciales, es de vital relevancia para resistir los embates autoritarios. En cuanto a Bolivia, Alberti indica que el MAS tiene la responsabilidad de evitar el uso de una retórica y tácticas políticas divisorias, si quiere evitar un retroceso democrático y el retorno a la situación de faccionalismo extremo que caracterizó la campaña electoral en 2019. La autora también aboga por la necesidad de abrir nuevos canales de diálogo entre el gobierno y la oposición en el futuro cercano.

La sociedad civil y grupos de ciudadanos también deberán ejercer un papel preponderante. Trejo plantea que la manera de garantizar la supervivencia de la democracia en México probablemente depende de la movilización de amplios sectores ciudadanos que puedan poner fin a la impunidad y a violaciones de derechos fundamentales, la generación de mecanismos de justicia transicional y, de forma más general, apoyar al fortalecimiento del Estado de derecho. De modo similar, Muñoz recalca la urgente necesidad de crear mayores niveles de seguimiento y control cívico a los políticos. Canalizar la energía y el compromiso por parte de sectores jóvenes, una fuerza emergente en Perú, puede resultar crucial, argumenta Muñoz, quien también subraya la relevancia de la función de los medios de comunicación de generar canales más amplios y democráticos de deliberación ciudadana sobre temas políticos fundamentales.

Los actores internacionales relevantes deberían buscar canales para colaborar. En el caso de Chile, Luna piensa que diversos actores extranjeros podrían contribuir a dirimir la perenne discusión sobre un modelo económico consensuado y a promover un debate sobre cómo lograr que el modelo capitalista cubra efectivamente las necesidades de los marginados. Stuenkel, a su vez, subraya la necesidad de que actores internacionales le recuerden a Brasil—y a su gobierno—las obligaciones adquiridas en foros multilaterales, sobre todo en lo que guarda relación con valores democráticos y buen gobierno. Por muy desafiante que sea la actual posición nacionalista e iliberal del gobierno brasileño, el país pagará costos políticos por abrogar sus obligaciones internacionales y su vinculación a procesos e instituciones transnacionales. Este autor argumenta, asimismo, que los gobiernos de Europa y Norte América deberían desarrollar una estrategia más mancomunada y efectiva para hacer frente a líderes populistas con tendencias iliberales, tanto en América Latina como en otras partes.

En síntesis, como enfatiza el estudio sobre polarización política a nivel global desarrollado por Thomas Carothers and Andrew O’Donohue, alcanzar progresos para reducir las divisiones en países que enfrentan dificultades en materia democrática es un desafío que requiere esfuerzos concertados y sostenidos en el tiempo por parte de actores domésticos e internacionales. Aún así no existen garantías de éxito. La tendencia generalizada de creciente polarización y acrimonia en la vida política y social es profunda y se extiende a virtualmente casi todas las regiones del mundo. Esto es algo manifiesto en América Latina, caracterizada por patrones históricos de desigualdad, frágiles estructuras de representación política y baja capacidad estatal. La creciente demanda por justicia y derechos por parte de los ciudadanos en América Latina—y los esfuerzos de algunos actores políticos por responder positivamente a ella— muestran que la protección, e incluso, la renovación de la democracia no es sólo necesaria sino también posible.