Cuando la corrupción es el sistema que opera: el caso de Honduras

El 3 de marzo de 2016, se difundió la noticia de otro crimen violento más. Una mujer, Berta Cáceres, había sido asesinada a tiros antes del amanecer en su casa en el sur de Honduras. Se trataba de una de esas historias que de manera abrupta canalizan de un chispazo la atención a un lugar al parecer azaroso y desconocido: un país con una capital impronunciable, un segmento de la estrecha serpentina que separa el Mar Caribe del Océano Pacífico, un país conocido por sus selvas y puros y la huida hacia el norte de decenas de miles de jóvenes y, sin dudas, por sus asesinatos. Pero Cáceres no era una mujer común y su asesinato tuvo una importancia en sí: encapsula de algún modo la naturaleza de la corrupción que Honduras comparte con, por lo menos, sesenta y cinco países en el mundo¹ y la esencia de algunos de los movimientos civiles que están luchando contra ella con éxito notable.

Honduras puede parecer un país relativamente insignificante, de interés sobre todo para los latinoamericanos que alcanzaron la mayoría de edad en los años decrecientes de la Guerra Fría. Sin embargo, las maneras en las cuales el poder se ejerce en ese país, y con qué fines se lo hace, no son idiosincrasia local. Las dinámicas de Honduras muestran características fundamentales sobre la forma en la cual las políticas en el mundo están cobrando forma en el siglo XXI, de qué manera las economías que se consideran abiertas o que, incluso, parecen ser caóticas están en realidad estructuradas, y de qué modo estas dinámicas ayudan a propulsar el cambio climático, la desigualdad persistente y el conflicto en espiral.

No es posible seguir entendiendo la corrupción únicamente como los actos inicuos de individuos, ya sea la gente que paga sobornos en la calle, los funcionarios del gobierno o los ejecutivos de empresas. En unas cinco docenas de países de los cuales Honduras es emblemática, la corrupción es el sistema operativo de redes sofisticadas que vinculan a los sectores privado y público y a los verdaderos delincuentes, incluidos los asesinos, y cuyo objetivo principal es maximizar los beneficios para los miembros de la red². La corrupción se basa en el funcionamiento de las instituciones de dichos países. Y, al igual que las organizaciones delictivas que están insertadas en sus tejidos, las redes cruzan fronteras internacionales. Sería más oportuno considerar el intercambio de favores y la creación de vías de penetración con socios y proveedores de servicios en el mundo como redes cleptocráticas transnacionales.

En los últimos años, diversas poblaciones que van de Afganistán a Brasil y de Irak a Corea del Sur han arremetido de diversas maneras contra esta estructuración de sus economías y políticas que favorece intereses personales. Un sinnúmero de personas, en Brasil y Egipto, por ejemplo, y en Malasia y Túnez, han organizado protestas, y han logrado derrocar a sus líderes políticos en algunas ocasiones. Otras se han unido a movimientos extremistas o bandas delictivas, como en Afganistán, Irak, México y Nigeria. En otros lugares, la gente ha votado por partidos políticos o defensores marginales que prometen un cambio fundamental o hasta radical. La versión más ostentosa de ello quizá sea la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, que ocurrió porque cerca del 60 % de los estadounidenses encuestados afirmó tener más miedo a los políticos corruptos que a cualquier otra amenaza, según una investigación anual³; y tanto el candidato del Partido Demócrata inesperadamente popular, Bernie Sanders, como el vencedor, Donald Trump, convirtieron a la corrupción en un asunto central de sus campañas electorales.

En estas reacciones extremas ante el azote de la corrupción se encuentra implícita una imputación: a pesar de los esfuerzos de las miles de personas en el mundo, en los organismos de control gubernamental, en las oficinas corporativas a cargo del cumplimiento de normas, en las organizaciones no gubernamentales y en los organismos para el desarrollo, la respuesta convencional contra la corrupción está lejos de cumplir las exigencias populares para alcanzar una solución. Algunas veces este fracaso se debe a la habilidad de los cleptócratas para cooptar o inhabilitar autoridades independientes. La búsqueda de ingresos monetarios sobre otras consideraciones por un sinnúmero de individuos o, en caso contrario, la ceguera premeditada, o los incentivos competitivos, o la falta de atención han conducido a políticas que fortalecen y facilitan estas redes y sus prácticas a nivel nacional o en el extranjero. Las organizaciones civiles de la sociedad a menudo buscan maneras de trabajar “con” el gobierno y las empresas corruptas que desean reformar, con resultados dispares.

Sin embargo, por lo menos parte del fracaso puede atribuírsele al malentendido honesto de la manera en la cual opera la corrupción.

No se trata, desde luego, de que nunca se hayan realizado estudios de las dinámicas de poder en países en desarrollo. Por el contrario, el campo del análisis de la economía política floreció a principios del año 2000, con diversas agencias humanitarias e instituciones internacionales de prestigio que realizaban estudios de países⁴. Pero estos esfuerzos generalmente se enfocaron en las instituciones formales y en las prácticas informales, no en las estructuras de facto, y en gran medida se consideró a la corrupción como un rasgo inevitable y general. Y en pocos años, como los expertos en desarrollo Thomas Carothers y Diane de Gramont exponen en Development Aid Confronts Politics, la utilidad de los estudios se cuestionó, debido a la “susceptibilidad y a la resistencia” de los gobiernos del país anfitrión y a la dificultad de traducir sus percepciones comúnmente académicas en aproximaciones de desarrollo concretas⁵. El resultado fue un giro hacia un análisis de sector o de proyecto más específico⁶.

Sin embargo, este giro significa que pasan desapercibidas las dimensiones y la arquitectura verdaderas del problema. La sofisticación, resiliencia y adaptación de las redes cleptocráticas han evadido del mismo modo la comprensión a sangre fría de sus estructuras, sus modos de operación y su magnitud real. Con frecuencia, incluso los funcionarios de gobiernos occidentales parecen casi intimidados para llevar a cabo al menos un análisis global como tal, preocupados porque incluso tratar de informarse sería, una vez más, “demasiado delicado”⁷. El trabajo de periodistas de investigación o de las organizaciones civiles de la sociedad se enfoca, por lo regular, estrictamente en los detalles de casos específicos. No es posible tener un panorama de la red como un todo, lo que hace que las aproximaciones estratégicas sean difíciles de desarrollar.

Dada la importancia de la corrupción y su contribución a los disturbios, al conflicto violento y al daño ambiental a nivel mundial, resulta peligroso no prestar atención a sus modalidades. Ya es hora de volver a realizar un análisis del panorama más amplio.

El objetivo de este estudio es hacerlo mediante el empleo un marco para mapear redes cleptocráticas y sus prácticas en el caso de Honduras, y mediante la proporción de una descripción razonablemente comprensible del sistema cleptocrático integrado de dicho país. El marco y el modelo gráfico pueden utilizarse para conducir un estudio de cualquier Estado o región⁸ con un panorama resultante que variará según factores como geografía y entorno natural, historia política, fundamentos económicos y contexto diplomático.

La idea es examinar uno por uno los sectores público, privado y delictivo, al igual que las partes externas y las instituciones que interactúan con la economía política de un país determinado, para detectar signos que demuestren que actúan en connivencia para apoderarse de manera ilícita de la riqueza en nombre de los miembros de la red que están, de hecho, saqueando los bienes comunes.

En el caso del sector público, la investigación debe determinar si los elementos de la función estatal han sido manipulados para cumplir con la finalidad de la maximización de la riqueza, y los organismos del gobierno que representan obstáculos potenciales a ello han sido, a su vez, intencionalmente inhabilitados. Para el sector privado, el problema no solo radica en determinar si la estructura de la economía se ha sesgado a favor de la captura de ingresos por un número limitado de personas. Mediante el análisis también se debe averiguar si estos individuos sacan provecho de la protección estatal excesivamente privilegiada o de las relaciones con miembros del gobierno para asegurar dichos ingresos. Al examinar el sector delictivo, del mismo modo, se intenta determinar la distribución potencial entre los miembros, al igual que la protección activa del gobierno a escala de todo el sistema, a cambio de una porción del flujo de ingresos generado por actividades ilícitas.

Para llegar a la conclusión de que un gobierno dado está operando como una red cleptocrática integrada, es necesario analizar un patrón en diferentes instituciones y sectores. De la misma manera que los reporteros de derechos humanos deben demostrar una serie de acciones reiteradas y constantes para llamar a su agrupación una “violación flagrante” y no solo actos de violencia fortuitos, este análisis debe distinguir entre meros actos oportunistas de corrupción y la clase de esquema deliberado que deja indicios inconfundiblemente acordes.

Lo innovador de este marco es su enfoque en la interpenetración de los tres sectores. Un funcionario de alto rango del gobierno podría tener un hermano que ofrece servicios legales a un cártel de drogas, o estar casado con una persona que ocupe el puesto de director general de una empresa que depende de contratos o permisos públicos. Los individuos podrían entrar y salir por periodos de la empresa o del gobierno. Este entramado flexible de los hilos de las redes cleptocráticas es lo que las hace tan resilientes. De este modo, merece la pena explorar las diversas maneras en que se manifiesta la interpenetración. ¿Representan a ambos bandos algunos individuos, por ejemplo, al desempeñar un papel dentro de los sectores público y privado al mismo tiempo y, por consiguiente, servir como un nodo que vincula las redes? ¿Los líderes clave en un sector están representados en otros por un sobrino o un confidente? ¿O un intercambio de favores constituye la forma de interacción principal entre un sector y otro?

En Honduras abundan ejemplos de estas tres categorías de enlace.

Estos lazos profundos del mundo real que unen los sectores por debajo de la superficie de nombramientos formales aparentemente separados dificultan la labor de interlocutores externos bien intencionados. Los socios, tanto empresas como gobiernos extranjeros, tienden a aceptar las distinciones establecidas entre los sectores público, privado y delictivo sin cuestionarlas, y tratan a cada uno como si fuera cualitativamente diferente de los demás. Algunas personas ajenas, que dan por hecha la naturaleza apolítica de sus acciones, quizás no son conscientes de las maneras en que sus inversiones o apoyo podrían beneficiar este modo de operación. A otros interlocutores no les importa si están facilitando la captación cleptocrática de la economía local. En otros casos, los servicios son brindados a la red con plena conciencia. Este análisis examina dichos actores externos de apoyo. Se hace una distinción entre los habilitadores cuya cooperación puede ser involuntaria o bien intencionada, y los proveedores de servicios que sería mejor considerar como colaboradores de la red. También se consideran el contexto geopolítico u otras condiciones que favorecen la permisividad para el gobierno hondureño.

Como las telarañas de algunas especies de arañas, el panorama de un sistema complejo y dinámico como tal puede parecer irremediablemente caótico, en especial dadas las rivalidades que de vez en cuando alteran la configuración. Dentro de la élite económica-política, dicha contienda resulta en lealtades de partido divergentes y en partidismo político. Las rivalidades entre aquellos cuya ocupación principal es delictiva pueden volverse más violentas y podrían provocar la creación de campañas selectivas para la imposición. El equipo de diseño e investigación de este proyecto ha creado una infografía que visualmente hace mención a esta complejidad y, al mismo tiempo, la simplifica al grado de facilitar su comprensión. El largo texto ilustrativo en este informe, dividido según los cuatro sectores esbozados anteriormente (sector público, sector privado, sector delictivo y habilitadores, seguidos por una sección que trata brevemente de los lugares donde el dinero captado tiende a concentrarse), será de manera inevitable algo engorroso y en algunas ocasiones parecerá repetitivo, ya que en él se vuelven a examinar algunos de los mismos hilos que se entretejen de un lado a otro y de un sector a otro. También se incluye, por lo menos, una mirada a las fuerzas compensatorias potenciales.

La investigación que se requiere para desarrollar un panorama similar es literalmente infinita, ya que las condiciones cambian de modo continuo. La mejor manera de crear uno de estos análisis sería hacerlo como un proyecto abierto, con colaboraciones en curso por parte de equipos que incluyan investigadores profesionales con experiencia en la investigación financiera, en la debida diligencia empresarial y en el análisis de redes. Tendría sentido que secretarías de asuntos exteriores y empresas o filantropías con intereses a largo plazo en países específicos invirtieran en dichos análisis en curso.

Sin un compromiso como tal, este informe refleja un grado necesario de selectividad. Parte de esta selectividad está enchavetada a impactos específicos de las operaciones de la red. En particular, en nuestra investigación se tuvieron en cuenta las maneras en que este tipo de economía política amenaza al medio ambiente. Dicho énfasis fue deliberado, dada la amenaza considerable de seguridad a largo plazo que representa la degradación ambiental. Por el contrario, el equipo apenas abordó algunos de los aspectos quizás más conocidos del contexto hondureño. El análisis relativamente superficial de la estructura de las fuerzas de seguridad hondureñas, y de la ayuda que Estados Unidos les brinda, decepcionará a algunos lectores.

Este estudio tampoco hace hincapié en la naturaleza verdaderamente transnacional de estas redes cleptocráticas, cuyos filamentos recorren estructuras similares en países vecinos como Colombia y El Salvador, Guatemala, México, Panamá y en Estados Unidos, los intereses de la industria de extracción en Canadá y los miembros de los grupos de presión en Washington, entre otros. La naturaleza global de las redes cleptocráticas como las de Honduras requiere, con urgencia, que se siga trabajando en este sector.

También tuvimos que hacer compromisos más prosaicos: encontrar un equilibrio entre claridad y detalle; entre realidades dinámicas, multidimensionales y descripciones estáticas de dos dimensiones; y entre sospechas y evidencias documentadas.

No obstante, lo que sigue a continuación es un intento relativamente detallado por analizar de manera sistemática un problema que es sin duda sistemático. Asimismo, se esclarecen algunas de las repercusiones más preocupantes para Honduras y su región.

Honduras, un país conocido por el tráfico de drogas y la violencia entre pandillas que convirtieron barrios completos en zonas prohibidas, por ejemplo, donde los conductores debían de bajar las ventanillas y someterse a un interrogatorio llevado a cabo por vigilantes locales antes de entrar, y donde sacaban misteriosamente a los ocupantes de las casas de noche, ha perdido decenas de miles de jóvenes en los últimos años, “desaparecidos” o conducidos hacia el norte por las rutas peligrosas⁹.

La violencia y la intimidación de las que han huido se adjudican, en gran medida, únicamente al comportamiento de las organizaciones delictivas. A los funcionarios corruptos del gobierno, como la policía o los empleados de control de las fronteras, se les atribuyen, por lo regular, papeles secundarios, como individuos que ignoran la situación a cambio de un soborno¹⁰. O su comportamiento corrupto se toma en cuenta dentro de los obstáculos para combatir el crimen, pero no como una dimensión de la actividad delictiva misma.

En la práctica, como nuestros hallazgos dejan en claro, las relaciones de apoyo mutuo entre funcionarios públicos hasta el nivel más alto, las élites empresariales y las organizaciones delictivas son mucho más orgánicas e intrínsecas de lo que sugiere dicha formulación. En algunos casos, las pandillas se desempeñan como policías auxiliares. En otros, la afiliación a una pandilla se puede entender como una reacción a la corrupción sistematizada: un esfuerzo por construir un espacio social autónomo. Si bien los hondureños señalan indicios de progreso para disminuir el tráfico de drogas, la mayoría de los entrevistados para este informe está de acuerdo con que esto se logro solo a regañadientes, bajo la presión de Estados Unidos. La violencia urbana y la migración, en otras palabras, son una consecuencia de la corrupción del gobierno mismo que disfruta del apoyo de Estados Unidos (y de la Unión Europea) para luchar contra dichos males.

En el último decenio, el fortalecimiento de las normas corruptas que operan ha conducido, asimismo, a la agresión concertada contra el paisaje excepcional de Honduras. Como consecuencia de un estado de emergencia para combatir el escarabajo de pino de montaña, que ha debilitado los controles de la tala de árboles y contribuido al incremento de generadores ineficientes de energía eléctrica a partir de biomasa; de las docenas de concesiones para la explotación de minas y para presas hidroeléctricas otorgadas desde el golpe militar de 2009; de la propensión de los traficantes de drogas a lavar dinero a través del desmonte de la selva tropical para crear fincas ganaderas, se está llevando a cabo una ofensiva para convertir la naturaleza en dinero. Los defensores regionales como Cáceres, que se han manifestado en contra de estos sucesos, a menudo inspirados por una actitud profundamente diferente ante la relación entre los seres humanos y el mundo que los rodea, han sido sometidos a un ataque violento que ha convertido a Honduras en el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales¹¹.

Uno de los sucesos más impresionantes evidenciado en esta investigación es cómo la estructura cleptocrática ha explotado con cinismo las preocupaciones climáticas internacionales para arrinconar un mercado anhelado para la producción de energía solar y reactivar grandes instalaciones hidroeléctricas, luego de que su capacidad de destrucción del medio ambiente y de las comunidades locales haya conducido a una disminución en la construcción de nuevas presas en el mundo en décadas recientes. De este modo, aunque Honduras no cuenta con hidrocarburos, sufre su propia versión de la maldición de los recursos¹². En contra de esta variedad nefaria del desarrollo neutro en emisiones de dióxido de carbono, a menudo las comunidades indígenas vulnerables y sus aliados se inspiran en los hilos que conforman las creencias y las prácticas tradicionales para tejer una nueva visión para el futuro.

Acknowledgments

El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido hizo posible la investigación y escritura de este informe. Gracias como siempre por su apoyo atento y progresista para el Democracy and Rule of Law Program del Carnegie. Es difícil prodigarle los elogios suficientes al equipo de investigadores que han pasado meses en lo que pudo haberse sentido como tajo, extrayendo las pepitas clave. Entre ellos están los becarios subalternos del Carnegie Julu Katticaran y Elena Barham, al igual que David Wistocki y Katherine Wilkins, ambos investigadores independientes sobre diligencia debida y transparencia financiera. Barham escribió la mayor parte de la sección sobre historia. En Honduras, mi hermana Eve Lyman fue mi compañera pensante irremplazable; la mayor parte del análisis incluido aquí proviene de nuestras deliberaciones sobre lo que habíamos visto o escuchado y su perspicacia. (Ella también llevó a cabo la mayor parte de la traducción). Esto no hubiera sido posible, en especial en Patuca, sin los hondureños que nos despejaron el camino logística e intelectualmente. No revelamos sus nombres por razones de seguridad. Gracias a los estadounidenses que se han consagrado a este país y que fueron generosos con su tiempo y asistencia documental, en especial a Annie Bird, Marc Bonta, Kendra McSweeney y Erik Nielsen. Gracias también a Monti Aguirre, Lucy Edwards, Jonathan Fox, Sally O’Neill, Jim Phillips y Kent Shreve. Varios de los anteriormente mencionados leyeron asimismo versiones preliminares, como también lo hizo Adrienne Pine y un analista hondureño. Gracias al equipo de comunicaciones del Carnegie por la hábil edición y por desarrollar los gráficos en la próxima etapa. Por último, el vicepresidente ejecutivo del Carnegie, Tom Carothers, es un colega simplemente irremplazable. Su dedicación a la investigación a fondo que concierne a la política es inigualable y con firmeza provee el espacio que necesitamos para involucrarnos en ello.

Notes

¹ Para la lista completa y la metodología, véase Corruption: Violent Extremism, Kleptocracy, and the Dangers of Failing Governance, Ante la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores, Congreso 113avo., (30 de junio de 2016) (informe de Sarah Chayes, https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/063016_Chayes_Testimony.pdf)

² Para un análisis de cómo estos sistemas operan en diversos escenarios, véase por ejemplo Tom Burgis, The Looting Machine: Warlords, Oligarchs, Corporations, Smugglers, and the Theft of Africa’s Wealth (New York: Pegasus, 2013); Sarah Chayes, “The Structure of Corruption: A Systemic Analysis Using Eurasian Cases”, Carnegie Endowment for International Peace, 30 de junio de 2016, http://carnegieendowment.org/2016/06/30/structure-of-corruption-systemic-analysis-using-eurasian-cases-pub-63991; Sarah Chayes, Thieves of State (New York: Norton, 2015); Karen Dawisha, Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? (New York: Simon & Schuster, 2014); Balint Magyar, Post-Communist Mafia State: The Case of Hungary (Budapest: Central European University Press, 2016); y Minxin Pei, China’s Crony Capitalism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016).

³ Chapman University Survey of American Fears, “America’s Top Fears, 2016”, Wilkinson College of Arts, Humanities, and Social Sciences, 11 de octubre de 2016, https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2016/10/11/americas-top-fears-2016/.

⁴ Véase, por ejemplo, Tom Dahl-Østergaard, et al., “Lessons Learned on the Use of Power and Drivers of Change Analyses in Development Cooperation”, OECD DAC Network on Governance, Organization for Economic Cooperation and Development, 20 de septiembre de 2005, https://www.oecd.org/dac/governance-peace/governance/docs/37957900.pdf.

⁵ Thomas Carothers y Diane de Gramont, Development Aid Confronts Politics: The Almost Revolution (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2013), pp. 148–49.

⁶ Ibíd., p. 164. “Las principales organizaciones de ayuda están incrementando y repensando su uso del análisis económico político. El empuje de esta medida es hacia estudios más enfocados, desplazándose de nivel país a nivel sector o a planteamientos enfocados en el problema”.

⁷ Durante reuniones informativas sobre esta metodología, funcionarios de gobierno de Alemania, Suecia y Estados Unidos, entre otros países, expresaron su punto de vista conforme a estos términos.

⁸ Éste se probó primero en Azerbaiyán, Kirguistán y Moldavia en junio de 2016. Véase Chayes, “Structure of Corruption”.

⁹ Para una mirada relativamente más reciente y profunda sobre la crisis migratoria en Centroamérica, véase “Easy Prey: Criminal Violence and Central American Migration” (Latin America Report No. 57), International Crisis Group, 28 de julio de 2016, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/057-easy-prey-criminal-violence-and-central-american-migration.pdf.

¹⁰ Incluso en la frontera estadounidense. Véase Ron Nixon, “The Enemy Within: Bribes Bore a Hole in the U.S. Border”, New York Times, 28 de diciembre de 2016, http://www.nytimes.com/2016/12/28/us/homeland-security-border-bribes.html?emc=eta1&_r=0.

¹¹ Véase “On Dangerous Ground”, Global Witness, 20 de junio de 2016, https://www.globalwitness.org/en/reports/dangerous-ground/; al igual que “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness, 31 de enero de 2017, https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-environmental-activism/.

¹² Véase Sarah Peck y Sarah Chayes, “The Oil Curse: A Remedial Role for the Oil Industry”, Carnegie Endowment for International Peace, 30 de septiembre de 2015, http://carnegieendowment.org/2015/09/30/oil-curse-remedial-role-for-oil-industry-pub-61445.

En Honduras viven poco más de 8 millones de personas, las cuales generaron un producto interno bruto oficial (PIB) de 20,93 mil millones de dólares en 2015, lo que significa que, si esta suma se dividiera equitativamente, cada quien recibiría alrededor de 2527 dólares al año. Sin embargo, como la mayoría de países latinoamericanos, Honduras tiene una distribución de ingresos extremadamente desigual¹, y una distribución de la riqueza aún más injusta. En otras palabras, la mayoría de los hondureños se las arreglan con mucho menos. La agricultura, incluida la madera, representa alrededor del 14 % del PIB; y la industria, como la producción textil, el doble de eso, aunque la segunda categoría incluye productos agrícolas procesados tales como el azúcar y el café. Las remesas enviadas a casa por hondureños que trabajan en el extranjero aportan el 18 % del PIB²; al menos una quinta parte de los hogares se beneficia de dicho apoyo³. Ningún indicio del sector ilícito exagerado, el comercio de drogas, el tráfico dinámico de bienes de consumo, o de migrantes, o de armas, se observa en las cifras oficiales; de este modo, estas presentan una imagen bastante distorsionada de la economía.

Los plátanos quedaron en el pasado (pero no Estados Unidos)

Honduras, el arquetipo original del término peyorativo “república bananera”, a principios del siglo XX estaba dominada tanto política como económicamente por tres productores de plátanos competitivos de Estados Unidos⁴. Como una muestra del poder en bruto de estas compañías, el propietario de una de ellas, Samuel Zemurray, promovió un golpe en 1910 para obtener tierras que deseaba, además de concesiones comerciales⁵. Aunque no ha sido una colonia estadounidense de manera formal, Honduras, en otras palabras, se asemeja en varios aspectos a la estructura política y económica de dicho país. Cuando las prácticas no lograron el cambio de régimen a través de la violencia, la industria del plátano continuó entretejiendo la corrupción en el tejido del estado, con frecuencia sobornando y apoyándose en funcionarios, adoptando políticas sobre posesión de tierras para el enriquecimiento personal, e involucrando, finalmente, al gobierno hondureño en un largo conflicto interno de compañías plataneras⁶.

Golpeadas por plagas en la cosecha y la Gran Depresión en las décadas de 1930 y 1940, las exportaciones de plátano bajaron y la economía regional tuvo que diversificarse un poco⁷. Una clase media profesional comenzó a surgir⁸; el gobierno invirtió en infraestructura y saldó su deuda pública⁹; y las reformas legislativas abrieron una vía para que se organizaran algunos líderes laborales y de campesinos¹⁰. Sin embargo, la preocupación del entonces presidente, el exgeneral Tiburcio Carías Andino, de mantenerse en el poder durante este periodo relativamente estable, impidió la germinación de instituciones democráticas fuertes en un momento cuando las expectativas crecientes estaban a punto de colisionarse con el sentido del derecho de la aristocracia terrateniente¹¹. Las revueltas económicas y políticas marcaron la década de 1950 y los primeros años de la década de 1960¹².

Las tensiones por las demandas a las reformas sociales, como seguridad social y laboral pero, en especial, la distribución de la tierra, llegaron a un punto crítico con el golpe de 1963¹³. Durante dos décadas, Honduras se embarcó en un periodo de gobierno regido por el ejército, en una alianza vaga con las élites propietarias de la tierra. Las aspiraciones de justicia social de los ciudadanos pobres en las zonas urbanas y rurales se ignoraron en gran medida¹⁴. Sin embargo, en comparación con Guatemala, el país vecino, y El Salvador, el ejército hondureño ejerció una represión relativa y permitió un grado de pluralismo cívico. En gran parte, Honduras se mantuvo inmune a los escuadrones de la muerte, las desapariciones y la tortura que afectaron a otros países centroamericanos.

El descontento nacional con el estancamiento económico y con una sucesión de escándalos de corrupción, además de la presión por parte de la administración consciente de los derechos humanos del entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, obligó al ejército a organizar, primero, una votación por una asamblea constituyente en 1980 y, finalmente, una elección presidencial en 1981¹⁵.

No obstante, rodeado como estaba por vecinos más violentos, Honduras no pudo escapar a las repercusiones de los conflictos en Nicaragua y El Salvador. La administración de Ronald Reagan exigió que el país sirviera en un asunto, y no en otro, como base de retaguardia para los grupos rebeldes de ambos países¹⁶. La militarización de la década de 1980 impactó de manera considerable en el carácter hondureño.

Conocido como el USS Honduras por su función en el lanzamiento de tropas estadounidenses¹⁷, el país recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar estadounidense durante la década de 1980, cuando Estados Unidos era presa de un miedo excesivo por la amenaza a la seguridad nacional que emanaba de Nicaragua, con un apoyo anual promedio de 57,7 millones de dólares durante el momento álgido del conflicto de los Contras¹⁸. Se dieron incrementos importantes en la financiación para que el ejército expandiera su poder, y aunque Honduras permaneció bajo un gobierno civil durante este tiempo, aumentaron los asesinatos políticos, los secuestros y las desapariciones¹⁹.

La mezcla de poder militar y el contexto ideológico supuso la persecución de activistas de izquierda, incluido el secuestro y la tortura bastante difundida del dirigente sindical Rolando Vindel González, y las purgas del cuerpo docente con convicciones de izquierda de las Universidades hondureñas²⁰. La impunidad se volvió la regla en estos casos, sin ninguna repercusión para las unidades militares u oficiales involucrados en abusos de derechos humanos según la opinión general²¹, incluso cuando la evidencia del terrorismo de Estado, de los centros de detención clandestinos y de los cementerios escondidos y de las fosas comunes salieron a la luz de manera pública²². La implicación de Estados Unidos en ese momento también sirvió para empoderar al sector del narcotráfico en expansión en Honduras, ya que Estados Unidos contrató la flota aérea del narcoempresario Juan Ramón Matta Ballesteros para distribuir armas a los Contras²³.

La economía: golpeada y reestructurada

En la década de 1990, Honduras (como muchos otros países en el mundo) comenzó un proceso de privatización, liberación económica e inserción en la economía globalizada, impulsado por Estados Unidos y diversas instituciones multilaterales²⁴. Los programas de ajuste estructural auspiciados por el Fondo Monetario International (FMI) exigían reducir los gastos del gobierno y una apertura del mercado para la inversión extranjera, los nuevos productos de exportación (incluidos textiles de talleres de explotación laboral) y el turismo²⁵.

A mediados de octubre de 1998, un torbellino de vientos fuertes que avanzaba por el Atlántico desde el oeste de África agitó el Caribe. Se detuvo y luego avanzó de nuevo sacudiéndose mientras se desviaba hacia el oeste, vertiendo más de un metro de lluvia en algunos lugares. Le tomó una semana completa llegar a Honduras al sistema climático que se desplazaba con pesadez, pero cuando lo hizo, el huracán Mitch causó una destrucción histórica. Marejadas ciclónicas, inundaciones y deslaves provocaron más de 11,000 muertes en la región, dejaron a 3 millones de personas sin hogar y desplazadas, además de arrancar de cuajo hasta tres cuartas partes de las cosechas en los campos y causar otras pérdidas económicas²⁶.

El gobierno hondureño, encabezado por el presidente recién electo del Partido Liberal, Carlos Roberto Flores Facussé, no estaba preparado para enfrentar la tormenta más destructiva que había golpeado a la región en dos siglos, pero se movilizó para concentrar el poder y afrontar la crisis²⁷. El 29 de octubre, Flores declaró el estado de emergencia, desplegando al ejército en las áreas más afectadas para imponer el orden público y prevenir saqueos. Suspendió las libertades civiles e impuso un toque de queda el 3 de noviembre²⁸.

Para enfrentar la recuperación de la crisis a largo plazo, Flores incorporó un nuevo gabinete de cinco secretarios. Inaccesible tanto para los funcionarios locales como para los representantes del congreso, según algunos detractores, el equipo diseñó el plan para la reconstrucción nacional en secreto²⁹. A principios de 1999, poco después de que el gobierno revelara el modelo, el entonces comisionado para los derechos humanos Leo Valladares denunció la presunta malversación generalizada de la ayuda extranjera³⁰.

El desastre económico, la desorientación nacional y el ambiente de crisis facilitaron la implementación de una reestructuración económica controvertida: abrir más el mercado hondureño a la inversión extranjera, incluida la expansión de las maquiladoras textiles, la agricultura de exportación, la industria del turismo y las ventas de infraestructura pública. Muchas de estas iniciativas estaban vinculadas a las renegociaciones de deuda del FMI, descritas como vitales por partidarios dentro del gobierno y en el extranjero³¹. Al beneficiar de manera desproporcionada a un pequeño grupo de familias, estas iniciativas catapultaron a la primacía a la clase conformada por inmigrantes provenientes de Siria y Palestina, a la que Flores pertenecía³²,, otorgándoles el control de la mayor parte de la economía “moderna”³³.

Como podría predecirse, dada la devastación que causó Mitch, los cambios abruptos en las prácticas económicas y las deportaciones desde Estados Unidos, este periodo también presenció una proliferación de pandillas y un incremento en la violencia urbana³⁴. La importancia en aumento de las rutas del tráfico por tierra a través de Centroamérica para la cocaína destinada al mercado estadounidense, entre otros productos ilícitos, alimentó aún más el crecimiento del crimen³⁵.

La vía que casi se tomó

En 2005, en medio de niveles alarmantes de crimen y de malestar, el candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya obtuvo una candidatura a la presidencia por un margen escaso, en una plataforma que enfatizaba la rehabilitación de los delincuentes violentos: un distanciamiento del modelo mano dura más tradicional de su predecesor, al igual que un ejercicio de poder más inclusivo³⁶.

De hecho, aunque Zelaya pertenecía a la vieja estructura de poder³⁷, al parecer se alejó del círculo de allegados de las familias de la élite empresarial cuando se convirtió en presidente. Adoptó un estilo personal ostentosamente populista, nombrando algunos reformadores bien intencionados para conformar su gabinete, además de tomar medidas bastante provocadoras como el incremento del salario mínimo y la apertura de investigaciones sobre conflictos violentos por tierras en un valle fértil en la costa caribeña entre agricultores y productores de aceite de palma, incluida la investigación relacionada con el patriarca sumamente poderoso de la nueva élite empresarial, Miguel Facussé³⁸. Zelaya ajustó la manera en la cual la gasolina de Honduras era obtenida y distribuida, y redujo las ganancias para las familias más importantes del sector energético. Ni ellas ni Estados Unidos recibieron con agrado su decisión de obtener gasolina más barata de Venezuela, ni su amistad creciente con el presidente de ese país en aquel entonces, Hugo Chávez³⁹.

Cuando Zelaya comenzó a hacer campaña a finales de 2008 para un referéndum acerca de una reforma constitucional, las élites económicas y militares marcaron un alto, descalificando la medida como un intento por eliminar los límites del mandato presidencial y extender el ejercicio de su cargo. Las calles se llenaron de manifestantes a favor y en contra del referéndum conforme la crisis política se agravaba. Asimismo, la embajada estadounidense organizó diversas reuniones en 2009 para tratar de trazar una solución⁴⁰.

Sin resultados. En las primeras horas de un sábado 28 de junio, algunos soldados marcharon hacia el palacio presidencial y, después de desarmar a los guardias y disparar a las cerraduras, irrumpieron en la habitación de Zelaya, lo esposaron y lo subieron apresuradamente a un avión con destino a Costa Rica. Se presentó una renuncia falsificada (la fecha era incorrecta) ante el Congreso, que proclamó a Roberto Micheletti como presidente interino del país⁴¹. Aunque los soldados llevaron a cabo los actos finales de este drama, el ejército no presentó el tipo de queja independiente contra el gobierno que, por ejemplo, las fuerzas malienses mal remuneradas y sin el equipo adecuado presentaron al derrocar a su presidente en 2012. La mejor manera de entender el levantamiento hondureño de 2009 es verlo como un golpe corporativo⁴². Sin embargo, la semántica importa, ya que la ley estadounidense estipula recortes automáticos en la ayuda después de un golpe militar.

Las huelgas, las manifestaciones y la desorganización civil se toparon con arrestos generalizados, desapariciones y golpizas; mientras los medios de comunicación y los cabilderos lanzaban una campaña nacional e internacional para legitimizar al nuevo gobierno⁴³. A finales de noviembre, bajo la presión internacional pero en medio de una atmósfera de insurrección y represión brutales para sofocarla, se llevó a cabo una nueva elección, que resultó en la victoria de Porfirio Lobo, un inquebrantable del Partido Nacional.

La postura ante estos sucesos tomada por la joven administración del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acosada por dos guerras en Medio Oriente y un colapso financiero de dimensiones épicas, ha generado una controversia enardecida. Después de una reacción firme en un principio ante lo que el embajador de Estados Unidos calificó inequívocamente como golpe⁴⁴ , incluida la condena y la suspensión de ayuda no humanitaria⁴⁵, Washington cambió de parecer. La entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, que exhortó a Zelaya a no buscar la restitución, presionó para que se llevaran a cabo unas elecciones apresuradas y, así, normalizar la situación⁴⁶. (El papel de su viejo amigo y cabildero, Lanny Davis, en relación a este cambio de dirección se aborda más adelante en las páginas 99–100).

Las elecciones de 2014 que le permitieron al sucesor de Lobo al frente del Congreso ascender a la presidencia misma solo fueron en cierto modo menos problemáticas que las votaciones asoladas por la violencia de 2009⁴⁷. El ganador, el Presidente Juan Orlando Hernández, está actualmente haciendo campaña para la reelección en noviembre de 2017, precisamente la supuesta ambición por la cual Zelaya fue derrocado.

En dos etapas, por consiguiente, esta historia difícil ha contribuido a conformar la economía política hondureña actual, optando por ciertos grupos y prácticas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las concepciones del mundo colonialistas percibían y trataban a los países menos desarrollados como proveedores de materias primas e insumos agrícolas para el beneficio de los poderes industrializados dominantes. Estados Unidos desempeñó esta función en lo que respecta a Honduras. Posteriormente, la Guerra Fría y las profundas preocupaciones sobre la subversión de la izquierda definieron la política estadounidense.

Estos fenómenos se han debatido y argumentado en otros artículos largo y tendido, por ende este estudio no tiene la intención de litigar sobre ellos una vez más. Sin embargo, actores externos han actuado con mano dura a la hora de conformar la Honduras de hoy en día y, por lo tanto, en nuestra opinión, tienen la responsabilidad de ayudar a enmendar lo que forjaron.

Notes

¹ Honduras tenía un coeficiente de Gini de 50.64 en 2014, donde 0 es totalmente igual. Estados Unidos obtuvo 41.06 el mismo año. Véase “Data: Honduras”, Banco Mundial, http://data.worldbank.org/country/honduras.

² “Honduras”, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html, y “Data: Honduras”, Banco Mundial, http://data.worldbank.org/country/honduras.

³ Katherine Brogan y Elizabeth McGuineess, “FIELD Report No. 19: Assessment of Remittances in Honduras”, USAID, ACDU/VOCA y FHI360, octubre de 2013, https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/FIELD%20Report%20No%2019%20Honduras%20Remittances%20Assessment.pdf. Note que las remesas internas también son importantes, ya que los habitantes de la ciudad envían parte de sus salarios a los miembros de la familia en el campo.

⁴ Thomas M. Leonard, The History of Honduras (Santa Barbara, CA: Greenwood Publishing, 2011), p. 83.

⁵ Ibíd., pp. 84–85.

⁶ Véase Kirk Bowman, “The Public Battles Over Militarization and Democracy in Honduras, 1954–1963”, Journal of Latin American Studies 33, no. 3 (agosto de 2001): 539–60.

⁷ Tim Merrill, Honduras: A Country Study (Washington D.C.: Federal Research Division, Library of Congress, 1995), p. 29.

⁸ Leonard, The History, pp. 135–36.

⁹ Merrill, Honduras, p. 32.

¹⁰ Leonard, The History, p. 138.

¹¹ Merrill, Honduras, p. 32.

¹² Leonard, The History, p. 143. Consultar también John A. Booth, Christine J. Wade y Thomas W. Walker, Understanding Central America: Global Forces, Rebellion, and Change (Boulder, CO: Westview Press, 2010), p. 211; y Thomas P. Anderson, Politics in Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras, and Nicaragua (New York: Praeger Publishers, 1982), p. 112.

¹³ Anderson, Politics, p. 113.

¹⁴ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 210–12.

¹⁵ Ibíd., p. 212.

¹⁶ Ibíd., p. 213.

¹⁷ Ibíd., p. 213.

¹⁸ Ibíd., p. 347.

¹⁹ Nancy Peckenham y Anne Street (eds.), Honduras (New York: Praeger Publishers, 1985), p. 194.

²⁰ Ibíd., pp. 211–18.

²¹ Ibíd., p. 211.

²² Véase James LeMoyne, “Testifying to Torture”, New York Times, 5 de junio de 1988, http://www.nytimes.com/1988/06/05/magazine/testifying-to-torture.html?pagewanted=all.

²³ “Honduras”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras.

²⁴ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 220.

²⁵ Ibíd., p. 219.

²⁶ “1998- Hurricane Mitch”, Hurricanes: Science and History, 2015, http://www.hurricanescience.org/history/storms/1990s/mitch/; “Mitch: The Deadliest Hurricane Since 1780”, National Climate Data Center, 23 de enero de 2009, https://www.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html; y “1998: Hurricane Mitch slams into Central America”, History.com, http://www.history.com/this-day-in-history/hurricane-mitch-slams-into-central-america.

²⁷ Vilma Elisa Fuentes, “Post-Disaster Reconstruction: An Opportunity for Political Change”, en The Legacy of Hurricane Mitch: Lessons from Post-Disaster Reconstruction in Honduras, Marisa O. Ensor (ed.) (Tucson, AZ: University of Arizona Press, 2009), p. 106.

²⁸ Ibíd., pp. 106–7.

²⁹ Ibíd., p. 107.

³⁰ Ibíd., p. 113. Véase también Naomi Klein, “The Rise of Disaster Capitalism”, Nation, 14 de abril de 2005, https://www.thenation.com/article/rise-disaster-capitalism/. Para una mirada con una giro interesante sobre este “capitalismo del desastre”, véase Benjamin F. Timms, “The (Mis)use of Disaster as Opportunity: Coerced Relocation from Celaque National Park, Honduras”, Antipode: A Radical Journal of Geography 43, no. 4 (2011): 1,357–79.

³¹ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 221.

³² William Aviles, “The Political Economy of Low-Intensity Democracy: Colombia, Honduras, and Venezuela”, en Corporate Power and Globalization in U.S. Foreign Policy, Richard W. Cox (ed.) (London: Routledge, 2012), p. 146.

³³ Ibíd., p. 147. Véase también la sección sobre los miembros de la red del sector privado más adelante, pp. 67–76.  

³⁴ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 221.

³⁵ “Honduras”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras.

³⁶ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 223.

³⁷ Para un relato sobre la familia Zelaya, véase Will Weissert, “Zelaya Hometown Provides Look at Divided Honduras”, San Diego Union-Tribune, 7 de julio de 2009, http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-lt-honduras-divided-070709-2009jul07-story.html. Para los vínculos existentes entre Zelaya y la familia de Sarmiento, véase Steven Dudley, “WikiLeaks: Zelaya and Organized Crime”, InSight Crime, 12 de diciembre de 2010, http://www.insightcrime.org/investigations/zelaya-and-organized-crimel; y “Un hijo de Ulises Sarmiento sustituye a ‘Mel’ Zelaya en Olancho”, El Heraldo, 6 de octubre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1004221-466/un-hijo-de-ulises-sarmiento-sustituye-a-mel-zelaya-en-olancho.

³⁸ “Noticia: Plantaciones de palma en Honduras”, Salva la Selva, 4 de febrero de 2011. www.salvalaselva.org/noticias/3324/plantaciones-de-palma-en-honduras.

³⁹ Fiona Forde, “Oil Negotiation Between Honduras and Venezuela Rankles Washington”, Irish Times, 20 de mayo de 2006, http://www.irishtimes.com/news/oil-negotiation-between-honduras-and-venezuela-rankles-washington-1.1005625; “Can President Zelaya be Brought Back to the Fold?” (cable de la embajada de Estados Unidos de Tegucigalpa a Washington), WikiLeaks, 9 de septiembre de 2008, http://wikileaks.redfoxcenter.org/cable/2008/09/08TEGUCIGALPA863.html. Escuchamos un relato de un exsecretario sobre un discurso de Zelaya en el cual un patriarca de una de las familias emitió una amenaza directa, a tal efecto que un ataque a cualquiera de sus intereses se consideraría como un ataque a todos ellos.

⁴⁰ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 224. Para una opinión reciente de la embajada estadounidense, véase “Honduras: A Political Crisis Brews”, WikiLeaks, 25 de junio de 2009, https://wikileaks.org/gifiles/docs/16/1687739_honduras-a-political-crisis-brews-.html; y “Zelaya and the Fourth Urn”, WikiLeaks, 9 de junio de 2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA438_a.html. Vale la pena mencionar que Zelaya mismo nunca mencionó eliminar los límites del mandato. Y ahora que el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado sus planes para competir por la reelección, es claro que la razón aparente de derrocar a Zelaya fue un pretexto.

⁴¹ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 225. Véase también, por ejemplo, Elisabeth Malkin, “Honduran President is Ousted in Coup”, New York Times, 28 de junio de 2009; o William Finnegan, “An Old-Fashioned Coup”, New Yorker, 30 de noviembre de 2009. Un exfuncionario me mostró un video en un teléfono celular de un grupo de golpistas entrando a su oficina con una carta de renuncia falsa y pidiendo que la leyera, lo que se negó a hacer.

⁴² Un sinnúmero de análisis y estudios reflexivos –y algunas veces engorrosos– se han hecho acerca de esta cuestión. La respuesta de la política de Estados Unidos a un “golpe” usa la terminología “golpe militar”, demasiado esfuerzo se ha dedicado a comprobar que en realidad fue eso. Para una selección de algunos análisis más sustanciales, véase Leticia Salomón, “Conozca las diez familias que financiaron el golpe de Estado en Honduras”, El Libertador, 8 de agosto de 2009, que identifica a José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, Camilo Atala, Fredy Nasser y Miguel Facussé, entre otros, como sus principales artífices. Véase también Geoff Thale, “Behind the Honduran Coup”, Foreign Policy in Focus, 1 de julio de 2009. Esta presentación de diapositivas anónima, extrañamente etiquetada con una bandera israelí, resulta interesante: “Esquema del golpe de estado en Honduras el día 28 de junio 2009, SlideShare, 9 de agosto de 2009, https://www.slideshare.net/xatruchmorazan/esquema-del-golpe-de-estado-en-honduras-el-dia-28-de-junio-2009.

⁴³ Salomón, “Conozca las diez”.

⁴⁴ Véase “Open and Shut: The Case of the Honduran Coup” (cable de la embajada estadounidense de Tegucigalpa a Washington), WikiLeaks, 28 de junio de 2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA645_a.htm.

⁴⁵ Véase Arshad Mohammed y David Alexander, “Obama Says Coup in Honduras Is Illegal”, Reuters, 29 de junio de 2009; Ben Feller, “Obama’s Stand on the Honduran Coup”, Associated Press, 30 de junio de 2009; y Tim Padgett, “Why Obama Won’t Use the M-Word for Honduras’ Coup”, Time, 5 de septiembre de 2009.

⁴⁶ Véase, entre diversos análisis durante la campaña presidencial de 2016, Robert Naiman, “Did Secretary of State Hillary Clinton Enable the Coup in Honduras?”, Huffington Post, 19 de febrero de 2016; o Tim Shorrock, “How Hillary Clinton Militarized U.S. Policy in Honduras”, Nation, 5 de abril de 2016.

⁴⁷ Booth, Wade y Walker, Understanding, p. 228.

Las redes que han penetrado en el control de la economía política hondureña a través de un proceso son quizás menos unitarias que las redes de cleptocracias mucho más estructuradas como la de Azerbaiyán o Cambodia o la de Túnez de Zine el-Abidine Ben Ali¹. En esos países, el sector privado está o estaba dominado casi en su totalidad por miembros subordinados del clan del gobernante. Actualmente, en Honduras, por el contrario, los sectores público, privado y delictivo, si bien están interrelacionados de manera estrecha, son bastante displicentes y mantienen, por lo menos, algo de autonomía.

Por ejemplo, la mayor parte del sector privado moderno (la banca, la producción de energía, la comida rápida y el turismo, las telecomunicaciones y algunos productos de exportación) está en manos de unas cuantas familias cuyos orígenes levantinos comunes los aísla en cierto modo del resto de la sociedad hondureña. Estas familias, los Facussés, los Canahuatis, los Goldsteins, los Kafies, los Laraches, los Nassers, los Rosenthals, entre otras se desplazaron a Honduras del Medio Oriente a principios del siglo XX y se han beneficiado con las políticas económicas post-Mitch. Hasta hace muy poco, tendían a casarse de un modo endógeno para preservar, de esta, forma su cultura e identidad diferentes². (Dichos matrimonios se pueden interpretar en gran medida como alianzas económicas). Varios miembros han ocupado altos cargos públicos, como Flores, quien era sobrino del anterior patriarca del grupo, Miguel Facussé; la hija de Carlos Facussé, Mary Elizabeth Flores Flake, que es la embajadora actual ante Naciones Unidas; o el exsecretario de la presidencia, Yani Rosenthal.

Sin embargo, según la mayoría (pero no el total) de hondureños entrevistados para este estudio, esta línea dominante levantina del sector privado y el elemento del sector público de las redes cleptocráticas de Honduras no son idénticos, más bien están vinculados por una especie de acuerdo entre la élite. “‘Debo contar con alguien que controle al Estado’”, un funcionario latinoamericano que trabaja en Tegucigalpa presentaba el punto de vista de la élite. “‘Lo haces para servirme. Estás ahí para garantizar nuestros negocios. A cambio, puedes robar tanto como quieras’”³. O, en palabras de otro entrevistado de alto rango: “Los políticos están al servicio de la élite económica. Cuando el presidente trata de ser un verdadero presidente y no obedece a las diez familias, hay un golpe de estado”⁴.

Expresando el intercambio en términos estrictamente materiales, al parecer diversos canales de ingreso van a parar a diferentes elementos de la red. El saqueo de las arcas del Estado, a través del presupuesto del sistema de salud pública o de contratos de adquisición públicos inflados o de concesiones en beneficio propio para la construcción de una presa hidroeléctrica,⁵ por ejemplo, enriquece a los miembros del elemento del sector público, así como la extorsión de sobornos. Para obtener ingresos del fraude de adquisiciones públicas, por supuesto que los funcionarios del gobierno o sus familiares tienen que encontrar compañías privadas: empresas farmacéuticas o compañías contratistas, por dar un ejemplo. Por consiguiente, esta sección del elemento del sector privado realmente se superpone con el sector público.

Sin embargo, los elementos dominantes de la red del sector privado cosechan sus ganancias por medio de las leyes, las regulaciones y la implementación selectiva que les garantizan ingresos indebidos. Para los que se encuentran en la cima de la red, cada vez con mayor frecuencia, la recompensa por estos favores oficiales se ha convertido en acciones de las compañías que se benefician, según diversos entrevistados. Pero la opacidad de los registros corporativos y el uso de prestanombres para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de dichas acciones hicieron imposible la confirmación de estas sospechas.

Aproximadamente a partir de la década pasada, los círculos de los sectores privado y público de la élite han ido estableciendo, de manera progresiva, conexiones cercanas con las redes delictivas que dirigen el comercio de estupefacientes, al igual que otros tipos de contrabando, como el tráfico de personas. Individuos y familias que han ligado sus fortunas a la función pública brindan ayuda legal o de otro tipo a las organizaciones delictivas, o les garantizan protección e impunidad en sus actividades. En diversos casos, miembros de importantes familias traficantes de drogas han ejercido un cargo local, por consiguiente, conformando un nodo que conecta ambos sectores. Por su parte, miembros de la élite económica proveen servicios de lavado de dinero o participan en empresas conjuntas con organizaciones delictivas.

Por el simple valor monetario, es probable que el sector delictivo empequeñezca a los otros dos⁶. Diversos expertos recomiendan que, por tal motivo, debería entenderse como el elemento dominante dentro de la red cleptocrática de Honduras. Sin embargo, las percepciones y expectativas de la gente común acerca de su gobierno, y su gran deseo por encontrar una manera de trabajar en la economía lícita, indican que la criminalización y el abuso de poder de esos dos sectores podrían afectar la psique nacional con la misma intensidad. Por lo tanto, los tres sectores serán abordados en este estudio como si tuvieran más o menos las mismas consecuencias.

Notes

¹ Véase Chayes, Thieves of State; y Chayes, “Structure of Corruption”; al igual que “Cambodia’s Family Trees: Illegal Logging and the Stripping of Public Assets by Cambodia’s Elite”, Global Witness, junio de 2007.

² Victor Meza et al., Poderes fácticos y sistema político (Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras [CEDOH], 2014); Dario Euraque, “La configuración histórica de las élites en Honduras hasta 1990: una aproximación” (documento de seminario y presentación para “Elites and the Reconfiguration of Power in Central America”, Antigua: American University, 16 de febrero de 2012); Stephen Dudley, “Honduran Elites and Organized Crime: Introduction”, InSight Crime, 9 de abril de 2016; y numerosas entrevistas.

³ Al ocupar el primer lugar en el mundo por muertes inexplicables de activistas ambientales, Honduras es un país extremadamente peligroso para aquellos que amenazan el régimen. Por esta razón, los nombres de todos los interlocutores no aparecerán en esta publicación (entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016).

⁴ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Entre otras versiones de la idea que escuchamos, de hondureños de todos los ámbitos sociales, “Se trata del apoyo financiero y de los medios, y la libertad de robar, a cambio de estabilidad”; “Funciona a través de favores: tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Es bueno para el presidente y su familia y su ciudad”. Leticia Salomón, “La percepción de la relación entre grupos económicos y poder político”, en Meza et al., Poderes Facticos, pp. 49–50: “Los empresarios miran la relación [con los políticos] como una apuesta cuyo premio será la seguridad política para sus negocios, lo que les impulsa a acercase a todos los que tienen opciones de ganar y, en última instancia, los que tienen posibilidades de controlar grupos o instituciones dentro del gobierno”. O, “…es preocupante la cantidad de instituciones donde la empresa privada tienen representación institucional y las cuotas crecientes de poder que van adquiriendo con cada nuevo gobierno.…[y] la visión instrumental de los empresarios con respecto al Estado, al que cada vez perciben menos como árbitro y más como instancia de trámite de sus intereses corporativos” (52).

⁵ Véase más adelante la sección sobre el escándalo del IHSS acerca del presupuesto de salud. Sobre contratos de adquisición inflados, véase “Exgerente Roberto Martínez acusado de millonario fraude”, La Prensa, 5 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997184-410/exgerente-roberto-mart%C3%ADnez-acusado-de-millonario-fraude. Sobre presas hidroeléctricas, véase “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness.

⁶ Aunque no existe una estimación clara acerca de las proporciones del sector criminal en Honduras, se ha estimado que sólo la extorsión le cuesta a los hondureños más de 200 millones de dólares al año (véase Mike LaSusa, “Honduras Authorities Grapple with Social, Economic Impacts of Extortion”, InSight Crime, 2 de mayo de 2016), mientras que la cocaína que fluye a través de Honduras tiene un posible valor estimado por encima de los 25.2 mil millones de dólares, basado en la estimación de que 90% del mercado de la cocaína de 28 mil millones de dólares de Estados Unidos pasa por el corredor de Centroamérica; véase World Drug Report 2016, (Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016), 77, http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf.

“Juan Orlando tiene todos los poderes de Estado. Hay una cara de la democracia aquí en Honduras, pero detrás de ella está la dictadura”

—Austra Bertha Flores López, madre de Berta Cáceres

Diversas personas entrevistadas para este informe compartían la apreciación de que el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está haciendo un esfuerzo estratégico con el propósito de consolidar los mecanismos del poder en el gobierno para colocarlos a su alcance. Si bien los medios a través de los cuales él mismo estaría extrayendo beneficio material de este arreglo son difíciles de comprobar, se han identifico varios de ellos sin lugar a dudas. De cualquier forma, el patrón de las instituciones subordinadas a su autoridad personal, o de la prueba de su debilidad, es evidentemente visible. La mayor parte de las acciones o de las inacciones de estas instituciones han servido para facilitar o proteger la maximización de las ganancias para los miembros principales de la red del sector privado, o han brindado oportunidades de malversación de fondos para funcionarios públicos.

Defensa Nacional y Consejo de Seguridad

Un paso evidente en el proceso de la consolidación del poder fue la creación de este organismo poderoso y hermético en 2011. Su misión declarada es diseñar, supervisar y coordinar la política de todos los asuntos relacionados con la seguridad, la defensa y la inteligencia, incluido el nombramiento y la supervisión del director de inteligencia nacional. Integrado por el presidente, el presidente del congreso, el secretario de la presidencia, los secretarios de defensa y seguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general, este consejo controla todas las actividades y capacidades de vigilancia electrónicas, incluidas las intercepciones telefónicas judiciales. Asimismo, provee el comando operativo para la fuerza de seguridad interdisciplinaria, FUSINA. (Para información más detallada, consultar la sección sobre elementos de defensa más adelante en las páginas 32–35).

La integración de las tres ramas del gobierno en este consejo formaliza la violación a la división de poderes. Durante las entrevistas, con frecuencia escuchamos críticas al respecto. A sus actividades las salvaguarda una ley decretada en 2014 que establece categorías amplias de secretos de estado.

Congreso

La razón para captar un organismo legislativo es para escribir las leyes que gobiernan la actividad económica y política de tal manera que los miembros de la red se beneficien aún más (la gente que ya disfruta de un poder desproporcionado en ambos ámbitos). Parte de dicho objetivo es deshabilitar la capacidad del organismo para servir como un mecanismo eficaz de controlar el poder ejecutivo. En otras palabras, el control sobre la mayoría de escaños en una legislatura no constituye en sí mismo “la captura” de este organismo. Pero si esa mayoría es consecuente, elección tras elección, o si partidos aparentemente contrarios se juntan con frecuencia para defender los intereses de la red, o si las normas internas son abusadas o violadas sistemáticamente de tal modo que bloquean la capacidad de los legisladores para influir en la toma de decisiones o ejercer las funciones de control apartidistas, entonces, se ha socavado su propósito.

Contemplar solo por unos minutos el Palacio Legislativo, el edificio en el centro de Tegucigalpa donde el Congreso hondureño se reúne, es revelador en lo que se refiere a la realización de estos objetivos. El edificio de la década de 1950, con sus muros externos hechos de listones de vidrio polvoriento, no cuenta con oficinas privadas para los 128 legisladores, por ejemplo, y solo hay dos salas de conferencia donde se pueden reunir en grupo o con votantes. En la cámara, con frecuencia no funcionan las máquinas electrónicas de registro de votos, así que cuando un proyecto de ley sale a votación, los miembros no pueden ver el resultado. Todo en la institución es una muestra de su falta de estatus, poder e independencia.

Sin embargo, debajo del edificio, el contraste es sorprendente: el estacionamiento está lleno de vehículos todoterreno último modelo, inmaculadamente negros.

La importancia radica aquí: los partidos de oposición, si votan juntos, superan en número al Partido Nacionalista gobernante, y en algunas ocasiones han desbaratado sus planes. Para reducir esta posibilidad, han debilitado al Congreso de Honduras tanto en sus mecanismos operativos como en sus instalaciones físicas.

El presidente del Congreso se encarga estrictamente de todos los procesos. “Los normas básicas afirman que él decide quién habla y durante cuánto tiempo, además de la agenda”, explica un miembro del joven Partido Anticorrupción (PAC). A su discreción, el presidente del Congreso puede también crear comités especiales, hacia los que puede desviar oportunidades de negocios, eludiendo la estructura del comité formal. “Cuando hay un comité especial”, comenta el miembro del PAC, “hay que estar atento”¹.

Antes de comenzar a ocupar el cargo de presidente del país, Hernández ocupó durante cuatro años la dirigencia del Congreso. Bajo sus auspicios, se inició el proceso sistemático de crear un clima legislativo favorable para las prácticas de las redes. El Congreso aprobó un sinnúmero de leyes que formulaban normas económicas a fin de poder favorecer actividades controladas por miembros de la red del sector privado. En diciembre de 2013 y en enero de 2014 (cuando Hernández aún fungía como presidente del Congreso pero ya había sido electo presidente del país), la agenda estuvo totalmente llena: como una floritura final para un despliegue de fuegos artificiales.

 Algunas de las leyes clave de su cargo en la dirección del Congreso se describen a continuación en orden cronológico.

La ley de Promoción de la Alianza Público-Privada (septiembre de 2010)²:

Al parecer una respuesta ante la escasez de financiación gubernamental para proyectos de obras públicas, esta ley atiende a los intereses de los miembros de la red del sector privado al permitir que las compañías lleven a cabo proyectos de obras públicas bajo acuerdos bastante flexibles y nada transparentes, que facilitan la captación de una parte del dinero público invertido, al igual que de los honorarios, el peaje o de las ganancias obtenidas. Los licitadores exitosos también podían obtener un “pago por servicios” de hasta el 2 % del presupuesto total del proyecto. Comúnmente, un banco (sobre todo Ficohsa y en menor grado Atlántida, controlados respectivamente por miembros de las familias Atala Faraj y Nasser-Facussé-Barjum, y Goldstein y Bueso) mantiene en un fideicomiso la financiación del proyecto y, a su vez, está a cargo de su implementación. Debido a que las actividades están amparadas por un contrato comercial, las cuentas no están disponibles para el público. (Para un análisis ulterior, véase más adelante las secciones sobre Coalianza y bancos en las páginas 35 y 36).

Siete meses después de que se aprobara esta ley, el entonces presidente Porfirio Lobo y el secretario de relaciones exteriores Mario Canahuati (líder de uno de los clanes levantinos de negocios) celebraron una conferencia de inversión en San Pedro Sula donde anunciaron que Honduras estaba “abierta a los negocios”. En este evento, se presentaron aproximadamente 160 proyectos para los sectores de turismo, energía, infraestructura, silvicultura y agroindustria a más de 500 inversionistas internacionales potenciales, además de un paquete de leyes adicionales. Las medidas protegían la inversión privada, fijaban las condiciones para el trabajo remunerado por hora y establecían las zonas de libre comercio (denominadas como “Ciudades Modelo”) cuyo territorio había sido removido del control del gobierno con eficacia y puesto bajo un sistema judicial y tributario distinto. (Dichas zonas se gobernaron anticonstitucionalmente en 2012.)³

La iniciativa se elaboró para atraer una inyección de inversión extranjera directa a Honduras y se supone que fue diseñada principalmente por miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la cámara de comercio dominada por elementos del sector privado de la red gobernante. El coanfitrión de la conferencia, Canahuati, fue presidente anterior del COHEP⁴.

Las empresas que pertenecen a estos miembros de la red fueron las que se beneficiaron sobre todo con los incentivos que se ofrecían, incluidas tasas de intereses bajos y exenciones de impuestos; sin embargo, los miembros de la red del sector público también sacaron ventaja de la confidencialidad que encubría a los contratos que empleaban para mover dinero del escrutinio de los presupuestos normales y de las restricciones de la ley sobre contratación pública. Otro aspecto más de la maniobra fue obtener la inyección de capital extranjero que las compañías necesitaban para terminar los proyectos en la lista, ya que no contaban con el suficiente dinero disponible⁵. Muchos de los beneficios de las leyes solo se aplicaban a inversiones grandes, mientras que las pequeñas y medianas empresas continuaron soportando cargas fiscales más pesadas.

Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo (diciembre de 2010)⁶:

Similar a las restricciones decretadas recientemente en docenas de países a nivel mundial⁷, esta ley exige que las organizaciones no lucrativas declaren cualquier contribución mayor a 2000 dólares. La Comisión Nacional de Bancos y Valores está autorizada para actuar unilateralmente contra organizaciones sospechosas de implicación financiera con un grupo organizado a fin de cometer actos terroristas. Una definición amplia de dicho término permite el uso selectivo de este instrumento contra organizaciones inoportunas.

Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas (diciembre de 2011)⁸:

Si bien esta ley incluye salvaguardas aparentes, como el requisito de una orden judicial antes de intervenir las comunicaciones entre personas, los entrevistados estaban convencidos de que el gobierno hace un uso amplio de sus capacidades considerables para la intervención de comunicaciones privadas fuera del ámbito de las investigaciones delictivas. En un momento en el que los equipos conectados de Internet están aspirando cantidades de información personal sin precedentes, las consecuencias son considerables. Los hondureños con un interés en asuntos públicos rara vez ponen por escrito algo de importancia que se va a enviar electrónicamente, y de forma sistemática usan plataformas encriptadas para comunicarse⁹. Un periodista que conocimos tenía tanto miedo de la vigilancia electrónica que insistía en escribir sus respuestas a nuestras preguntas en lugar de hablar en voz alta. La académica Adrienne Pine, especialista en Honduras, contó que antes de iniciar una conversación, uno de sus interlocutores no solo exigía que los teléfonos celulares se apagaran, sino también que les sacaran las baterías¹⁰.

Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (diciembre de 2011)¹¹:

Esta ley establece el consejo permanente que se mencionó anteriormente, el cual está integrado por el presidente, su secretario, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, el procurador general, y los secretarios de seguridad y defensa.

Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (enero de 2014):¹²

Si bien garantiza su propio acceso a la información personal de los ciudadanos a través de la ley de intervención de comunicaciones privadas de 2011, el gobierno tuvo la precaución de protegerse a sí mismo de todo escrutinio. Esta legislación establece un nivel de clasificación para la información descrita en términos muy generales como factible a producir “efectos institucionales indeseables” o cuya diseminación podría “oponerse al desarrollo eficaz de la política de Estado o a la función normal de las instituciones del sector público”.

La ley ha hecho que sea excesivamente difícil para los ciudadanos hondureños obtener información acerca de la mayoría de las acciones del gobierno, incluidos contratos de adquisición públicos clave. Como el líder de una comunidad lo expresó: “Existe una privatización de la información en este país: si preguntas quién es el dueño de una mina o una presa en tu pueblo, esos datos son privados”¹³. Entre las instituciones cuya información se considera confidencial (no debe hacerse pública antes de los diez años) están la Corte Suprema, la Dirección de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto de la Propiedad, la Marina Mercante y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¹⁴. Asimismo, cualquier transacción que estas instituciones lleven a cabo con entidades privadas está protegida por la ley.

Algunas legislaciones anteriores también ajustaron el modelo antes mencionado, como la ley para la modernización de la agricultura de 1992 que permitió la titulación y venta de pequeñas parcelas de tierra, que anteriormente eran inalienables. Su impacto fue debilitar las tradiciones de propiedad colectiva y abrir una vía para que grandes empresas pudieran comprar y consolidar extensiones de tierra. Una ley de 1998 para promover el turismo otorgó exenciones fiscales generosas a cadenas de comida rápida, al igual que a muchos otros negocios vinculados con la red. En 2001, una ley transfirió zonas de bosque del control indígena colectivo al gobierno, abriendo una vía para la explotación forestal comercial a gran escala, al igual que ilegal¹⁵. La ley antimaras de 2003 modificó el código penal para establecer una condena mínima de prisión y sanción para los líderes de las pandillas u otros grupos organizados para cometer crímenes¹⁶. Los detractores señalan que su terminología amplia ha permitido que la utilicen contra activistas de derechos de tierra, y la culpan del aumento significativo de encarcelaciones en Honduras en los últimos años. (Ver más adelante, pág. 31–32.)¹⁷. Una ley de 2007 para fomentar la energía renovable desmesuradamente benefició a grandes inversionistas al exigirle al gobierno la compra de toda la energía renovable generada por las empresas privadas contratadas a una tasa del 10 % sobre el nivel de partida establecido en 2007, entre otros incentivos.

Poder judicial

Uno de los vínculos más importantes que mantienen a las estructuras cleptocráticas en su lugar es brindar impunidad a cambio de una parte del dinero generado por las actividades de la red¹⁸. Dicho intercambio solo puede sostenerse si el poder judicial y sus instituciones afiliadas, o por lo menos una parte de ellas, están al servicio de los miembros de la red. Estas instituciones pueden entonces militarizarse para castigar y disuadir a los individuos que cuestionen el orden gobernante.

Con más descaro que en muchos otros países corruptos, el sector judicial de Honduras se ha reinstrumentado para servir como mero instrumento. Los cambios por los que ha pasado en la década pasado reflejan un patrón inconfundible. En la actualidad, el sector judicial se ha implementado claramente en nombre de los miembros de la red del sector privado, al igual que del presidente mismo.

Aún antes del golpe de 2009, algunos profesionales jurídicos enérgicamente disputaron lo que percibían como influencia política y obstrucción a la justicia dentro de las instituciones judiciales. En abril de 2008, por ejemplo, ocho fiscales, a quienes se les unieron docenas de integrantes de la sociedad civil, realizaron una huelga de hambre de treinta y ocho días, montando casas de campaña en el Palacio Legislativo, para solicitar que se imputaran los cargos en más de doce casos de anticorrupción paralizados, que se destituyera al procurador general y que se investigara el desempeño profesional de su función¹⁹.

En los días posteriores al golpe de junio de 2009, que derrocó a Manuel Zelaya, una coalición similar de jueces, fiscales y activistas de la sociedad civil desafiaron la legalidad de su resultado ante la Corte Suprema. Algunos de ellos, junto con otras personas, presentaron una denuncia penal contra miembros específicos del ejército y del Congreso por su papel en el golpe. Los firmantes de la denuncia, al igual que otros jueces que participaron en las manifestaciones públicas, o que expresaron simplemente sus inquietudes sobre los sucesos, fueron despedidos y las purgas judiciales continúan²⁰.

En años posteriores, especialmente en 2011 y en 2012, a pesar de la corrupción desmedida dentro del poder judicial, la Corte Suprema se destacó como una de las pocas instituciones del gobierno que adoptó una vía independiente, desafiando varias iniciativas legislativas que favorecían los intereses empresariales de la clase gobernante, como el proyecto de ley para crear las Ciudades Modelo y el proyecto de ley de reforma policial que la corte determinó que violaba los derechos a un debido proceso judicial²¹.

En diciembre de 2012, el Congreso, bajo el liderazgo de su entonces presidente Hernández, estableció un comité especial para investigar a los cuatro jueces que habían votado para revocar la legislación. En base a un reporte entregado en veinticuatro horas, el Congreso se reunió en una sesión a las 4:00 a. m. y votó deponer a los cuatro, aunque la Constitución hondureña estipula que los jueces solo pueden dejar su cargo en caso de renuncia, de incapacidad por enfermedad o de muerte. En medio de manifestaciones generalizadas, Hernández de inmediato designó reemplazos²². Esta serie de sucesos era tan irregular que enseguida se denominó “el golpe técnico”.

Partidarios del anterior golpe militar/corporativo contra Manuel Zelaya racionalizaron sus acciones al acusarlo de intentar cambiar la constitución para contender por la reelección²³. De manera irónica, Hernández anunció sus planes para hacer justo lo mismo el 9 de noviembre de 2016²⁴. Su desarticulación de la Corte Suprema se percibió, en gran medida, como la preparación hacia esa fase. “Sabíamos que una de las razones por las que Hernández necesitaba controlar la Corte Suprema era el asunto de la reelección”, afirmó un miembro del PAC del Congreso. Y en efecto, el 23 de abril de 2015, su elección personal de jueces vetó la disposición constitucional, impidiendo que los titulares se postularan por más de un periodo²⁵.

En menos de un año, en febrero de 2016, el Congreso aprobó la nueva planilla de jueces, considerados cercanos a Hernández. Jorge Calix del Partido Libre declaró que la retribución normal por votos en el Congreso era de 10,000 dólares²⁶, y el presidente del partido Manuel Zelaya presentó una denuncia legal²⁷. “Hasta compraron miembros del Partido Anticorrupción”, un miembro del PAC se lamentó, “a través de familiares y elecciones dudosas. Trabajaron en esto durante meses con antelación. Y ahora, una de nuestras grandes aflicciones es que estamos atorados con esta corte durante los próximos siete años. Ya atestiguamos que su primera resolución fue no reevaluar la decisión de permitir la reelección presidencial”²⁸.

En marzo, la misma Corte Suprema nuevamente afín al gobierno invalidó varias disposiciones de la ley que rigen los atributos profesionales del poder judicial y la estructura de sus instituciones (como los procedimientos para la promoción y remoción de los jueces, los cuales en la profesión eran vistos como garantía de su independencia)²⁹.

Sin embargo, no solo en los niveles más altos de la función judicial los procedimientos legales se distorsionan, incluso se tuercen para lograr los fines de la red. Periodistas, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil que se oponen a las concesiones hidroeléctricas y de minería se lamentan de enjuiciamientos espurios frecuentes³⁰.

El director de Radio Globo y Globo TV, David Romero Ellner, quien reveló un escándalo importante en el sistema de salud pública en 2015 que condujo a semanas de manifestaciones masivas, fue enjuiciado y sentenciado por difamación³¹. Algunos ven el escrutinio judicial de los miembros del Partido Libre de Manuel Zelaya bajo el mismo prisma³².

Un abogado que se especializa en casos de anticorrupción afirma que sus resúmenes son, por lo regular, rechazados bajo pretextos falsos, “una vez porque el sello en la parte inferior de la página estaba un poco sobre el margen”. Recuerda ejemplos de manipulación de evidencia flagrante, por ejemplo, cuando un carro fue detenido por la policía en el tráfico y resultó tener a bordo 50 000 dólares en efectivo, se escribió un nombre falso en el afidávit para proteger del escrutinio al reconocido conductor³³. Todavía más ostentoso, los expedientes de evidencia en el caso más famoso de Honduras, la investigación del asesinato de Berta Cáceres, se extraviaron cuando presuntos ladrones de automóviles robaron el vehículo de una jueza que llevaba el caso, quien afirmó que se los había llevado de la corte para estudiarlos en casa”³⁴.

Un cerdo, que representa a funcionarios del gobierno que saquearon enormes sumas del servicio de salud pública (IHSS), lanza el epíteto “¡criminal!” a un manifestante joven que escribe con pintura de aerosol una consigna sobre una pared. Detrás del cerdo (fuera del marco), la educación se va por un excusado.

La manipulación de evidencia flagrante parece ser un rasgo de los cleptócratas actuales. En Moldova, el incendio de un vehículo en 2014 quemó doce bolsas de documentos que registraban mil millones de dólares en préstamos bancarios corruptos. En un caso anterior y hasta más impactante, Slobodan Milošević de Serbia desenterró cuerpos de víctimas a manos de sus tropas, que enterró de nuevo en un lugar recóndito en Serbia³⁵.

Para los hondureños en general, prácticas como estas definen la injusticia. “Un gobierno tiene el derecho a crear cualquier ley que desee”, expresó un pequeño agricultor y tendero que atendía el tráfico de pipantes en el río Patuca en el extremo oriente del país. “Pero tiene que aplicarla por igual. Aquí agarran a los pequeños delincuentes callejeros y los dejan que se pudran en la cárcel, ¿pero y los grandes? ¿La vicepresidenta del Congreso que fabricó medicinas fraudulentas? [Ver la sección en las páginas 48–50 más adelante]. Eso es un crimen, debería estar en prisión. Pero no solo andan libres, sino que también reciben protección”³⁶.

Un profesor de agricultura jubilado en Juticalpa señaló una discrepancia similar en el trato de los activos de diversos hondureños imputados o sentenciados en Estados Unidos. Afirmó que los bienes de los Rosenthals, una familia banquera y de negocios, cuyos miembros fueron acusados en 2015 por cargos de lavado de dinero, malversación de fondos, soborno y estupefacientes³⁷, “fueron expropiados de inmediato porque pertenecían al partido de oposición. Pero para otras personas que han sido extraditadas, como [Juan Ramón Matta] Ballesteros o el hijo de Pepe [el expresidente Porfirio Lobo] es diferente. Sus familiares todavía disfrutan de sus bienes”³⁸. En este caso, el trato diferencial otorgado podría reflejar ambos esfuerzos para disciplinar a la red o las rivalidades entre sus distintas partes en conflicto.

Policía

Las herramientas de los cleptócratas incluyen algún instrumento de fuerza invariablemente para intimidar o castigar a los rivales o adversarios más recalcitrantes. En algunos países (tales como Camerún), una unidad del ejército especializada puede desempeñar dicho papel. En otros (Egipto, Pakistán), el ejército mismo constituye la red cleptocrática principal. Pero muy a menudo, la policía o un área especial dentro de esta, junto con los servicios de seguridad interna cuya competencia incluye espiar a la población, proveen tanto la fuerza como el flujo de ingresos³⁹. Casi siempre, algunos grupos armados informales (“matones”, “rebeldes” o guardias de seguridad privada) también desempeñan un papel.

En el caso de Honduras, los oficiales de la policía en todos los niveles, de manera regular, sirven en nombre de los tres elementos de las redes. Parece que raras veces trabajan por los intereses de la población común. Sin embargo, el acceso independiente a grandes cantidades de dinero a través de relaciones con organizaciones traficantes y pandillas juveniles le brinda a la policía a nivel local cierto grado de autonomía de los niveles altos en la jerarquía política. Asimismo, el programa de Estados Unidos, cuya meta fija es profesionalizar la fuerza y frenar la violencia y el tráfico de drogas, podría dificultar algunas de las maneras en las que se emplea este instrumento. Como una respuesta a ambas realidades, Hernández ha buscado sistemáticamente imponer al ejército hondureño, al cual quizás considera más manipulable, en los papeles de la seguridad nacional que en la mayoría de las democracias le pertenecen a la policía.

Dicha policía es una fuerza nacional dividida en dos áreas que operan fuera de las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, con jefaturas departamentales y regionales y delegaciones en 298 municipios. Con una cifra aproximada de entre 13 000 y 14 000 hombres y mujeres (aunque miles de ellos en realidad no existan⁴⁰), el cuerpo policial hondureño es descrito por un miembro de una organización no gubernamental (ONG) que está involucrado en la reforma policial, Asociación Para una Sociedad Más Justa (ASJ), como “la institución estatal más grande. Tiene armas, cobertura nacional, vehículos y datos detallados de inteligencia sobre la población, incluida la información financiera de la gente y dónde vive”⁴¹.

“Hubo una politización de la policía antes, durante y después del golpe”, juzga otro miembro de la ASJ. “Los políticos instrumentalizaron a la policía. Combina eso con un proceso de selección carente de rigor (cualquiera puede formar parte del cuerpo policial) y la exaltación de las prácticas duras. La policía se volvió un instrumento de represión”⁴².

Incluso los diplomáticos estadounidenses, que raras veces critican a Tegucigalpa, parecen estar de acuerdo con dichas apreciaciones, las cuales se han difundido dentro y fuera de Honduras durante años⁴³. “Hay una cifra preocupante de indicios de que el personal de la policía está involucrado en algunos crímenes”, afirma un cable de la embajada en marzo de 2006, “aunque dichas denuncias…No son exclusivas de este [el de Zelaya] gobierno”. El secretario de seguridad pública, concluye el cable, “a pesar de sus afirmaciones audaces acerca de que la policía forma parte del problema, aún tiene que tomar algunas medidas para reorganizar los rangos corruptos”⁴⁴.

Después de tres años y medio, en un cable que alertaba a Washington del crimen violento que aumentaba de forma considerable en la Honduras posgolpista, la embajada de Estados Unidos enfatizó la “falta de recursos…La corrupción y la politización que resultó de la crisis política de 2009” como factores contribuyentes a la ola de violencia. “Los fiscales”, el cable añadía, “no confían en la policía para llevar a cabo investigaciones de crimen eficaces, y citaba casos donde la policía les advertía a los sospechosos o les divulgaba información”. Pero, del mismo modo, los funcionarios estadounidenses afirmaron, “la policía ha sido politizada, defendiendo de facto al régimen de aquellos que han tomado las calles para oponerse al golpe…El procurador general ha iniciado una serie de persecuciones políticamente motivadas contra el presidente Zelaya y los miembros de su gabinete, mermando la credibilidad del ministerio público como una institución que ejerce la justicia equitativa”⁴⁵.

En otras palabras, la policía era utilizada como un arma para hacer cumplir los resultados de un golpe de estado claramente ilegal.

Antes de que finalizara ese año, el funcionario titular antinarcóticos del país, Julián Arístides González Irías, fue asesinado, un caso casi paradigmático de la imposición de los intereses financieros de la red integrada: en este caso, su negocio de drogas. Supuestamente altos mandos policiales, funcionarios electos y una organización de tráfico de drogas importante actuaron en colusión en el asesinato⁴⁶.

Solo se trata del ejemplo más dramático y reciente de evidencia pasada y difundida de que la policía hondureña, en todos los niveles, ha colaborado de manera activa con los cárteles de las drogas del país, y se ha desempeñado fundamentalmente como una parte de estos⁴⁷, e incluso se ha “subordinado” a ellos, desde el punto de vista de algunos miembros de la ASJ. “Hasta cometerían asesinatos para ellos”⁴⁸. (Para mayor información, véase la sección sobre elementos de la red delictiva más adelante en las páginas 79–83). Desde entonces, nada ha sucedido para mejorar la reputación de la policía hondureña.

Todavía con frecuencia acusan a la fuerza policial de hostigar a las personas que se oponen a las políticas del gobierno, por ejemplo. “Todo comenzó en 2012”, una vez más explica el dirigente de la organización de una comunidad que registra nueve muertes sospechosas en sus filas en poco más de un año. “Cuando empezamos a impugnar los permisos para presas en todos los ríos cercanos y los planes del alcalde de medir nuestra tierra en parcelas individuales, comenzamos a tener problemas con la policía. Te detienen, te preguntan quién eres, a dónde vas, qué comiste hoy. Acusan a la gente de sedición, les plantan drogas”⁴⁹.

La defensora de derechos humanos Marlene Cruz fue acusada de agredir a la policía⁵⁰. A Luis Galdamez, otro periodista de Radio Globo, una difusora dispuesta a discrepar, lo arrastraron desde su automóvil y lo golpearon, supuestamente por una infracción de tráfico de rutina. En Honduras in Dangerous Times, el profesor de antropología y estudios internacionales James Phillips documentó este y otros arrestos por cargos ilógicos o falsos, tales como inmiscuirse⁵¹.

Activistas acosados que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bromean con humor negro sobre uno de las soluciones que con frecuencia la comisión sugiere: protección policial. “La policía no me brinda protección”, se burla uno. “¡Necesito que me protejan de la policía!”⁵².

Los hondureños en la capital y en el campo se quejan de las extorsiones a nivel calle que son típicas de la policía en la mayoría de países corruptos. “La policía te detiene por cualquier cosa”, afirma un maestro de idiomas de una escuela privada. “Dice: ‘Págame o te multo’. Así que de cualquier manera pagas. Por lo regular piden 200 lempiras. La multa es de 600”⁵³. Otra víctima coincidió, añadiendo: “Especialmente si estás transportando carga. Te peguntan qué llevas, adónde vas, te piden tus documentos, encuentran algún problema con tu vehículo; la finalidad misma de todo esto es hacer que el conductor les dé dinero”⁵⁴.

Suscita una mayor preocupación los reportes que escuchamos en entrevistas de la colusión entre la policía y las pandillas juveniles cuyas depredaciones les corresponde frenar⁵⁵. “Los que más me preocupan, afirmó el implementador de un programa antipandilla a nivel calle, “son los barrios donde hay mucha interacción entre la policía y las pandillas, donde personas con instintivos pandilleros entran y salen de las estaciones de policía, donde las conversaciones de repente cambian cuando entras al cuarto. Esos son los barrios más difíciles para trabajar”⁵⁶. Investigaciones recientes indican que más de sesenta funcionarios de la policía, incluidos comisionados, se encontraban de hecho en la nómina de la famosa pandilla MS-13⁵⁷.

Uno de los propósitos de esta relación turbia, según varios hondureños, es la generación de ingresos. La extorsión a dueños de viviendas, pequeños negocios y proveedores y usuarios del transporte público, entre otras víctimas, se convirtió en una actividad importante para las pandillas aproximadamente a inicios de 2012⁵⁸. Sin embargo, la atmósfera general de violencia y anonimato dificultó determinar exactamente quién se beneficiaba. En el punto álgido del caos hace algunos años, afirma un chofer profesional, “todos tenían miedo de una llamada nocturna”. Hasta hoy en día, “si a alguien le pegan un tiro por no pagar el dinero de una extorsión, nadie quiere reportarlo, porque tienen miedo de que la policía le informe a la pandilla”⁵⁹. Un especialista en antipandillas está de acuerdo: “Una atmósfera de violencia permite más criminalidad. Si alguien llama y dice: ‘Soy MS-13 y quiera X cantidad de dinero’, se lo das”⁶⁰.

La policía puede sacar provecho de la confusión resultante. “Todos dicen que se trata de violencia pandillera”, afirma el chofer, “pero nadie sabe”. Para el profesor de agricultura jubilado que mencionó la discrepancia en la manera en que las layes se aplican contra las personas con vínculos versus las que carecen de ellos, no cabe duda de que: “La policía recibe una parte del dinero de la extorsión”, afirma⁶¹. “La policía está totalmente involucrada en la extorsión”, concuerda uno de los miembros de la ASJ. Al comentar sobre casos que la ASJ ha investigado y entregado a la comisión de la nueva reforma policial, concluye que la policía “ve, asesora, protege y facilita la extorsión para proteger a los miembros de la familia que están en las pandillas y para obtener dinero”⁶².

En otras palabras, aunque se sabe que exprimen a la gente por infracciones de tráfico falsas como sus contrapartes en Nigeria o en Uzbekistán o en docenas de otros países corruptos, la policía hondureña también puede delegar sus actividades de extorsión a las pandillas. Y esa relación podría ir más lejos: las pandillas podrían desempeñarse como auxiliares informales de la policía, “para ciertos objetivos, trabajos sucios”, expresa el profesor jubilado.

El antropólogo Phillips afirma: “Algunas veces la gente pregunta si existe colusión e incluso integración entre las actividades de los escuadrones de la muerte y las acciones de la policía”⁶³. En efecto, la mayoría de las personas entrevistadas en Honduras, occidentales al igual que hondureños, sospecha que la policía participa en una política descrita por algunos como “limpieza social”, asesinatos extrajudiciales y redadas o desapariciones en barrios peligrosos⁶⁴.

El impacto en la juventud hondureña es devastador. “La policía está integrada en las pandillas y forma parte de las pugnas internas entre ellas”, el exfuncionario de alto nivel hondureño cuya cita aparece como epigrama en este artículo está convencido. “Los jóvenes, lo mejor de nuestro país, están siendo asesinados a un ritmo de quince a dieciséis al día. ¿Qué pueden hacer? Migrar o morir”.

De este modo, un patrón consistente de la participación de la policía con elementos delictivos de las redes cleptocráticas, al igual que con miembros de las redes del sector privado y público para cometer crímenes o proteger la captación ilícita de fuentes de ingreso, es claro, como lo es su papel al entretejer las redes. Este modelo de corrupción podría, por lo tanto, estar en el meollo de la reciente crisis de refugiados centroamericanos⁶⁵.

Es dentro de este contexto y a raíz de las revelaciones de 2016 sobre la participación de la policía en el asesinato de 2009 del zar antidrogas, que Hernández anunció la creación de una comisión especial para reformar a la policía⁶⁶. Si bien no existe duda de que las fuerzas policiales necesitan una reforma, la mayoría de los hondureños entrevistados expresaron sospechas profundas sobre los verdaderos objetivos o las consecuencias probables de esta comisión.

Integrada por el Secretario de Seguridad Julian Pacheco, la expresidenta de la Corte Suprema Vilma Morales (una defensora abierta del golpe de 2009 y una persona de confianza de Hernández), el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, y Omar Rivera de la ASJ, está facultada para “determinar la idoneidad [de los funcionarios de la policía] para servir”, además de supervisar a aquellos que sean purgados de los rangos policiales⁶⁷. A finales de 2016, cerca de 2100 funcionarios, muchos de ellos de alto rango, fueron removidos de (o han dejado) sus puestos de un total de aproximadamente 14 000⁶⁸, mientras que alrededor de 2500 nuevos egresados de la academia de policía juraron su cargo.

“Algunos [de los funcionarios purgados] son corruptos, otros no son ni corruptos ni delincuentes, simplemente son demasiado viejos o mediocres o negligentes”, juzga uno de los miembros de la ASJ involucrado en la iniciativa, que elogia los resultados de la comisión hasta ahora. Para esta organización sin fines de lucro que se basa en la fe, la oportunidad para ayudar a guiar el proceso vale el riesgo potencial de servir de manera inadvertida (y encubrir) los objetivos de la administración de Hernández. El miembro de la ASJ ve la iniciativa como una oportunidad para la reforma verdadera, especialmente a nivel calle. “Podemos deshacernos de los peores funcionarios, reemplazarlos con nuevos elementos policiales y mejor entrenados, establecer un nuevo programa, incluida capacitación en derechos humanos; fortalecer la capacidad de la policía con mejores equipos de comunicación, armas y vehículos; y crear mecanismos para la supervisión por parte de los ciudadanos”⁶⁹.

Sin embargo, aunque muchos observadores han aplaudido la eficacia de la purga, otros sospechan de segundas intenciones. Algunos sugieren que la filtración de documentos que implicaban al liderazgo policial en el ardid del asesinato de 2009 le convenía sospechosamente a Hernández, quien había buscado durante mucho tiempo establecer un control personal sobre el mantenimiento del orden hondureño. Desde el punto de vista del abogado que se especializa en casos de anticorrupción, el proceso de la reforma podría permitirle a Hernández eliminar de manera selectiva los funcionarios que no estén a su entera disposición. “Las acciones tomadas contra la policía llegaron muy rápido y se basaban en información poco confiable. El presidente está utilizando esta comisión para proteger a su gente leal. Se puede decir cuáles funcionarios de la policía están en complicidad con el gobierno por los automóviles de lujo que manejan”⁷⁰.

Cuando Hernández aún era presidente del Congreso, instó al poder legislativo a crear una unidad especializada de respuesta al crimen organizado llamada los TIGRES⁷¹. Aunque oficialmente rendía cuentas ante la Secretaría de Seguridad como la policía, esta unidad de 250 hombres ahora se encuentra bajo el mando operativo de la fuerza de seguridad interinstitucional dirigida por el ejército, FUSINA. (Consultar más adelante, pág. X). Los TIGRES se alojan y entrenan hombro a hombro con los batallones del ejército⁷², incluidas, en ocasiones, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos⁷³. De hecho, dada la preferencia de Estados Unidos de asociarse con la policía en lugar de asociarse con las unidades del ejército para la seguridad nacional, los TIGRES podrían haberse creado y conservado en parte con la finalidad expresa de captar el apoyo de Estados Unidos en cuestión de seguridad⁷⁴. Han visto a personal de los TIGRES en el sitio de construcción de la presa Agua Zarca, el proyecto al que se opuso Berta Cáceres y por el cual fue asesinada⁷⁵.

Desde que asumió el cargo de presidente, Hernández ha buscado transferir la función del mantenimiento del orden a las manos del ejército profesional⁷⁶. Lo anterior demuestra su prelación por el ejército entre los instrumentos de fuerza a su disposición. Además de la creación de una nueva policía militar favorecida, la cual se analiza más adelante, Hernández ha cimentado esta transformación aún más al designar un funcionario del ejército activo (quien luego renunció a su cargo) como secretario de seguridad, con jurisdicción sobre la policía. Asimismo, funcionarios y exfuncionarios del ejército se desempeñan como directores de aduanas y del sistema penitenciario.

Prisiones

De hecho, es difícil separar las preocupaciones sobre la policía de las preocupaciones sobre el sistema penitenciario, el cual también recae bajo la incumbencia del secretario de seguridad. La policía se desempeña a menudo como guardia de prisiones. Las cárceles hondureñas, que sufrieron un incremento excesivo de detenidos en 2012 y 2013 (ver gráfico 1), son conocidas por sus condiciones inhumanas, incluidos la sobrepoblación, la violencia, la suciedad, el autogobierno fuera de control por parte de los prisioneros, la corrupción y la extorsión. El dinero es ubicuo. Los funcionarios toman una tajada por todas las prácticas que condonan, desde la venta directa de celdas privadas y las visitas sin inspección hasta la depuración entre internos⁷⁷. Dada la alta probabilidad de que por lo menos una parte de esta tajada pasa a los altos mandos en la cadena⁷⁸, debe entenderse que la administración de las prisiones representa una fuente de ingresos para ciertos elementos de la red cleptocrática.

El incremento repentino del 30 % en la cifra de hondureños detrás de las rejas entre 2012 y 2014 concuerda con los rumores sobre limpieza social que escuchó varias veces el equipo de investigación (los cateos y las detenciones arbitrarias reportadas en los barrios de las pandillas). Más ominosas son las sospechas generalizadas de que la policía u otros funcionarios del gobierno estén sacando ventaja de las condiciones insalubres en las prisiones para deshacerse de ciertos detenidos indeseables. “Ha habido este tipo de suceso en diferentes prisiones”, nos dice un observador. “Hay una gran cárcel, y de repente, un gran incendio. La gente afirma que hubo un problema de electricidad, pero no abren las celdas porque quieren que ciertos internos se mueran”. Los reportes sobre los más famosos incendios en prisión (en 2003, 2004 y 2012) describen descargas de disparos y la muerte de algunas víctimas por heridas de bala⁷⁹.

Fuerzas armadas

Dado que la historia del ejército hondureño a menudo ocupa el centro de la política (al dirigir al país abiertamente de 1963 a 1982, y posteriormente disfrutar del importante patronazgo estadounidense durante las guerras civiles en la década de 1980 en Nicaragua y El Salvador, países vecinos) es engañoso de algún modo incluir a las fuerzas armadas entre otros elementos de función estatal claramente subordinados, que están a la disposición de las élites entretejidas del país. Hasta cierto punto, las fuerzas armadas representan un bloque autónomo.

Sin embargo, cada informe sobre Honduras o entrevista con expertos dentro o fuera del país contiene información sobre el incremento del uso del ejército hondureño para finalidades que no están relacionados con la defensa nacional, de manera más específica para patrullar comunidades indígenas, proteger tierras o desarrollos que los miembros de la red del sector privado reclaman como de su propiedad, reprimir las manifestaciones contra la transferencia de dichas tierras o valores naturales a las manos de la red, restringir el ejercicio de la libre expresión y, en líneas generales (a través de la nueva Policía Militar del Orden Público de Hernández o la PMOP), asumir un sinnúmero de papeles del mantenimiento del orden y de la seguridad nacional.

Los ejemplos del uso indebido o represivo del ejército son vastos, en especial y, hace poco tiempo, en relación con el proyecto de la presa de Agua Zarca. El Primer Batallón de Ingenieros trabajó en la presa; por ejemplo, construyendo sus instalaciones dentro del perímetro del campamento de la empresa constructora⁸⁰. El 15 de julio de 2013, los soldados apostados en el campamento abrieron fuego contra los manifestantes locales, matando a uno de ellos⁸¹. Miembros de la organización de oposición principal fueron arrestados en retenes militares⁸². Y dos exfuncionarios militares, y uno todavía en el ejercicio de su cargo, están entre los ocho sospechosos que fueron arrestados por el asesinato de Cáceres. Uno de ellos fue nombrado jefe de inteligencia militar en 2015. Él y otro sospechoso se han desempeñado en cargos dentro de las fuerzas especiales de Honduras⁸³.

Una de las tareas inesperadas de los soldados es (supuestamente) proteger y reforestar los bosques nacionales hondureños. Según una evaluación realizada para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 100 millones de lempiras (aproximadamente 4,2 millones de dólares) al año son designados para dichos objetivos de conservación forestal, de los cuales 70 millones son transferidos a las fuerzas armadas⁸⁴. En un viaje por el río Patuca en los límites remotos al este del país, mi hermana y colega en esta investigación, Eve Lyman, dos naturalistas y yo presenciamos soldados patrullando pueblos pequeñas y lejanos como Wampusirpi y Bilalmo. Los habitantes nos dijeron que estaban ahí para proteger los bosques, sin embargo, parecían carecer de los vehículos o del equipo especializado que se requieren para tales tareas; además, no había evidencia de esfuerzo alguno por frenar la tala de árboles en los márgenes del río.

Sin embargo, es a través de la PMOP que el uso del ejército por parte de Hernández ha tenido, por mucho, el mayor impacto y causado controversia en extremo.

Incluso en las décadas posteriores al régimen militar que concluyó en 1982, la idea no es nueva. Fue el expresidente Zelaya quien primero engrosó los rangos policiales al asignar policías militares, que habían terminado su servicio, a la fuerza civil. Incluso, en aquel entonces, se sometieron a la jerarquía y la supervisión policiales. Hernández, por el contrario, ha emprendido un esfuerzo más concertado para desplazar las responsabilidades de seguridad nacional al ejército desde que Honduras terminó su transición al régimen civil⁸⁵.

La ley que creó la PMOP, que Hernández promovió a través del Congreso, entró en vigor en el otoño de 2013⁸⁶. En la actualidad esta unidad, encargada de “mantener y preservar el orden público, especialmente contra las pandillas y los traficantes de drogas, al igual que de aplicar la ley contra la financiación del terrorismo, cuenta con al menos 4000 oficiales⁸⁷. “Están al servicio personal del presidente”, afirma un vecino del departamento de Olancho al este del país. “Actúan como dioses o reyes, infundiendo miedo, no seguridad”.

En enero de 2015, Hernández trató de modificar la constitución para consagrar a la PMOP como un elemento permanente del dispositivo de seguridad hondureño. El Congreso objetó⁸⁸, pero el asunto se decidirá ahora por voto popular en un referéndum en 2017. El liderazgo de la ASJ para asuntos relacionados con la reforma policial tiene la confianza de que la unidad no crecerá más, de que se trata principalmente de un “truco de marketing”, y de que Estados Unidos al igual que la sociedad civil local evitará que Hernández transfiera más funciones del mantenimiento del orden al ejército.

Otros no están tan seguros. Una veterana estadounidense defensora de organizaciones locales de la sociedad civil describe lo que denomina un nuevo fenómeno alarmante: grupos pequeños de oficiales de la PMOP se dispersan en el campo, forman alianzas con personal local jubilado del ejército y contratan sicarios para vigilar a los grupos de oposición⁸⁹. Los hondureños en general tampoco subestiman a la PMOP. “Actúan como reyes”, afirma el vecino de Olancho. “Las personas se alejan frente a ellos. Le ordenan a la gente hacer esto o aquello. Toman lo que quieren. La gente realmente les teme; tienen miedo de manifestarse por el gas lacrimógeno y las golpizas y los encarcelamientos”⁹⁰.

Uno de los dos oficiales del ejército activo relacionado con el asesinato de Cáceres, el comandante Mariano Díaz Chávez, fue instructor en la academia de la PMOP⁹¹.

No obstante, la responsabilidad por la seguridad nacional, y la protección de los intereses de la red, es todavía más confusa por los papeles aparentemente intercambiables entre las unidades élites de la policía y del ejército tales como la PMOP y los TIGRES, entre otras; además de la manera en que proceden las operaciones conjuntas por parte de guardias de seguridad privada o golpeadores civiles contratados que están vinculados con la policía o con personal del ejército⁹². Los papeles mal definidos y que se superponen de las diversas unidades e individuos le agregan al velo de impunidad que los protege, ya que dificultan identificar sus órdenes oficiales y determinar si se han violado lineamientos y quién lo ha hecho.

Hernández ha institucionalizado esta mezcla a través de una diversidad de grupos operativos conjuntos en la cual los soldados desempeñan labores en cooperación con oficiales de la policía, procuradores, agentes de aduana, personal de inteligencia y otras autoridades civiles. Entre 2010 y 2014, Xatruch, una fuerza anterior similar, controló el exuberante valle del Bajo Aguan, donde la gente local se quejaba de la expropiación de tierras debido a los intereses en el aceite de palma⁹³. En la actualidad, la más activa y conocida de ellas es la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), que rinde cuentas directamente ante el Consejo de Seguridad Nacional y está bajo el mando operativo del ejército. Según se informa, consta de aproximadamente 6300 oficiales del ejército, incluida toda la PMOP y los TIGRES, además de la mayoría de la marina. Puede desplegarse por todo el territorio del país⁹⁴.

De este modo, el ejército hondureño se usa para varios fines inapropiados. Además del despliegue en barrios acosados por pandillas y la participación en la lucha contra las drogas, es un instrumento para la consolidación del poder, la protección de la propiedad privada o de los intereses empresariales de los miembros de la red del sector privado y la intimidación⁹⁵.

En 2011, el Congreso aprobó un impuesto especial aplicado en algunos de los sectores económicos clave que pertenecen a elementos de la red del sector privado: transacciones financieras, ingresos de comida rápida, teléfonos celulares y exportaciones de minería. Las ganancias se destinaron a compras de material para servicios de seguridad. Las empresas se quejaron de que el impuesto era oneroso y nada claro⁹⁶. El personal del Departamento de Estado de Estados Unidos, entrevistado en julio de 2016, confirmó que lo que había respaldado el departamento en un principio como un compromiso para mejorar la situación de la seguridad resultó desalentador a la hora de su ejecución, dada la falta de transparencia y las evidencias de que hubo desviación de fondos para otros fines⁹⁷. Los hondureños encuestados corroboraron la falta de transparencia del impuesto, incluido el depósito de los fondos que genera en numerosas cuentas en diversos bancos diferentes.

El mismo Hernández asistió a la academia militar cuando era un adulto joven. La elección no podría estar más cargada de significado que la decisión de algunas familias estadounidenses de enviar a sus hijos a una escuela católica: las academias militares son una manera bastante económica de obtener una educación digna y contactos útiles. El servicio que prestó durante mucho tiempo su hermano y confidente Amílcar, quien se jubiló como coronel, tiene un peso más significativo, además de haber cimentado una conexión familiar con las fuerzas armadas. Lo anterior y la persistencia de los esfuerzos de Hernández para utilizar al ejército hondureño en tareas domésticas indican inequívocamente que el ejército es la preferencia personal de Hernández entre los instrumentos de fuerza a su disposición.

Coalianza (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada)

Una puntada vital para entretejer las madejas del sector público y privado de las redes cleptocráticas de Honduras es la Coalianza o la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada. Creada en 2010 para promover los objetivos de la Ley de la Alianza Público-Privada (PPP), el papel manifestado por la comisión es promover, concluir y supervisar contratos conforme a los cuales empresas privadas llevan a cabo proyectos de obras públicas que van desde la construcción de un puerto y carretera y el envío de pasaportes hasta la compra de medicina para el sistema de salud pública.

En la práctica, eso significa canalizar financiamiento público a contratos privados a través de un proceso de licitación (si existe) nada transparente⁹⁸ y, normalmente, de un convenio de fideicomiso administrado por un banco privado⁹⁹. La responsabilidad por completar y operar la instalación o servicios públicos es cedido a un comité técnico, el cual puede estar conformado por funcionarios del gobierno, al igual que por ejecutivos de un banco o de otro sector privado. La contratación se celebra conforme a procesos especiales, no los enunciados en la ley general de contratación pública.

La Coalianza selecciona proyectos prospectivos, después coordina un proceso de licitación y celebra los contratos. De este modo, el presidente puede personalmente dirigir o aprobar proyectos, incluyendo dichos términos como los peajes que se deben obtener o las garantías de compra. Denominado por un exmiembro del gabinete “un hijo de Juan Orlando,” la Coalianza opera con la cooperación cercana del presidente hondureño. El actual secretario de finanzas es un exjefe del organismo.

Los funcionarios de la Coalianza se opusieron a la promulgación de una reforma en 2014 que incrementaba un poco la supervisión, incluida la creación de una Unidad de Contingencias Fiscales que rinde cuentas ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Esta unidad supuestamente examina los riesgos y desarrolla estrategias de mitigación, además de pronunciarse sobre la idoneidad de un concepto dado para este tipo de acuerdo de alianza público-privada. Pero según un reporte de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en práctica la SEFIN todavía no ha desarrollado la capacidad para examinar y autorizar propuestas de la PPP…Incluso en la actualidad cuando tiene el papel principal en el proceso de aprobación”¹⁰⁰. Como es el caso frecuentemente en documentos como tales, la pregunta permanece abierta: está el gobierno por lo menos buscando desarrollar dicha capacidad o el déficit es intencionado.

Una confusión similar impera en lo que respecta a la inclusión (o no) de proyectos de la Coalianza en los procesos presupuestarios generales a nivel nacional, al igual que en la supervisión financiera independiente. “La responsabilidad constitucional para llevar a cabo esta tarea recae en el Contralor y Auditor General de Honduras; sin embargo, la capacidad institucional para supervisar el portafolio de la PPP es limitada”, afirma el BID. “Por ejemplo, el auditor general no ha emitido las directrices para auditar proyectos de infraestructura conforme al modelo de la PPP”¹⁰¹.

De momento, ni el Tribunal Superior de Cuentas, ni la Secretaría de Finanzas, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros han publicado la auditoria de algún proyecto de la Coalianza¹⁰². El público puede tener acceso a los contratos después de que estos se hayan firmado, e incluso entonces solo lo pueden hacer parcialmente.

De hecho, según un entrevistado, un miembro del Congreso que ha investigado estos acuerdos en un esfuerzo por ejercer la supervisión constitucional, su objetivo principal es “ocultar dinero del presupuesto y de la ley sobre contratación pública y de la supervisión asociada”¹⁰³.

La confusión podría permitirles no solo a los ejecutivos del banco, sino también a los funcionarios públicos en el comité técnico, obtener beneficios indebidos, según el miembro del Congreso. Algunos banqueros presuntamente han expresado renuencia a seguir encargándose de dichos proyectos, dado el comportamiento atestiguado en los diecisiete proyectos actualmente contratados¹⁰⁴. La implicación es que funcionarios del gobierno, no solo sus socios del sector privado, están explotando estos gastos extrapresupuestarios para beneficio personal, mientras que el banco sigue teniendo la responsabilidad estatutaria por actos indebidos, tales como violaciones a las regulaciones internacionales de lavado de dinero.

El gobierno hondureño puede garantizar préstamos pedidos a favor de dichos proyectos, asumiendo de este modo el riesgo institucional y una deuda de intereses compuestos, aunque el involucramiento de la reputación estatal no se beneficia de los mecanismos de supervisión normales del gobierno¹⁰⁵. El financiamiento para el desarrollo internacional también se aplica a estos proyectos, produciendo beneficios potenciales adicionales para sus directores. Según un economista de uno de los bancos principales de desarrollo regional, incluso estas instituciones bastante permisivas expresan preocupación. “El Banco Mundial, nosotros e incluso el FMI estamos tratando siempre de presionar al gobierno hondureño para que reduzca el papel de los fondos fiduciarios. Pero no quiere hacerlo”¹⁰⁶.

ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)

Puede parecer extraño incluir a una compañía eléctrica en una lista de organismos estatales que se encuentran al servicio de la red cleptocrática de un país. Pero cuando la situación financiera de esa empresa es tan catastrófica como para bloquear la cualificación del gobierno para préstamos internacionales¹⁰⁷, cuando los cargos de dirección están ocupados por parientes cercanos de políticos influyentes¹⁰⁸ y cuando la empresa parece hacer negocios exclusivamente con las familias que constituyen en elemento central del segmento del sector privado de la red cleptocrática, entonces se justifica el interés. El sector eléctrico hondureño, asimismo, ha captado a un sinnúmero de habilitadores externos de la red y generado prolongados conflictos entre las élites cleptocráticas y las poblaciones rurales¹⁰⁹. El sector energético genera una fuente de ingresos clave para la red y, al mismo tiempo, representa una amenaza importante para el medio ambiente.

En 2013, la empresa eléctrica nacional, ENEE, sangraba dinero a un ritmo récord de más de 20 millones de lempiras, o aproximadamente 1,3 millones de dólares, al día. El total anual, casi 9,6 mil millones de lempiras, o cerca de 477 millones de dólares, representó alrededor del 2,5 % del PIB¹¹⁰. Los prestamistas internacionales (también conocidos como instituciones financieras internacionales o IFI) pedían a voces una reforma del sector eléctrico. Pero la mayoría de los cambios que demandaban se referían a la estructura de la compañía y no a los resultados que demostraban la enmienda de sus deficiencias. Las IFI querían que la ENEE se privatizara (aunque dicha realidad está casi siempre enmascarada por la sosa terminología de “reforma estructural”). Un comunicado de prensa del FMI en diciembre de 2014 acerca de la aprobación de un fondo por la cantidad aproximada de 190 millones de dólares a través de un financiamiento de interés bajo, por ejemplo, señaló que “se prevé que las reformas estructurales juegue un papel crucial al respaldar la consolidación fiscal y mejorar las perspectivas de crecimiento. El programa comprende las reformas en el sector eléctrico, incluida la ENEE”. En otro comunicado, el FMI afirmó, de manera explícita, que dichas reformas deberían “fomentar la competencia en el sector eléctrico”¹¹¹.

El gobierno hondureño comenzó a dividir la ENEE en 2014 con miras a invitar al capital privado. La empresa se separó en tres entidades con la responsabilidad respectivamente de generar, transmitir y distribuir energía. El proceso de privatización en curso se gestionará a través de uno de los fondos fiduciarios, manejado como siempre por los bancos Ficohsa y Atlántida¹¹².

Sin embargo, no fue tanto esta transformación como la caída de los precios del petróleo, y 2000 despidos de un total de una fuerza laboral de 5000¹¹³, lo que provocó la caída de las pérdidas operativas de la ENEE por casi 180 millones de lempiras en 2015, o aproximadamente 30 millones de dólares, alrededor del 1,9 % del total¹¹⁴. Pero, aunque la empresa se encuentra en una situación financiara un poquito mejor, y aunque los cortes eléctricos catastróficos que azotaron la región a principios de la década de 1990 no se han repetido, los apagones siguen siendo frecuentes¹¹⁵, y las zonas rurales están desatendidas¹¹⁶. Según algunos expertos, el 15 % de la población hondureña no tiene acceso a la electricidad¹¹⁷.

Es por eso, explicó Giovanni Ayestas de UEPER (una dependencia de la ENEE a cargo de los proyectos de generación grandes) en una entrevista en su oficina en el verano de 2016, que los planes del gobierno exigen una expansión importante de la capacidad de generación de energía de Honduras. Ayestas hacía clic en las diapositivas en PowerPoint mientras argumentaba. Pero las cifras en la pantalla no respaldaban la elección política. La producción eléctrica actual, reconoce Ayestas, excede la demanda. Honduras incluso exporta aproximadamente un 1 % de su energía.

Sin embargo, la cifra más sorprendente fue la de las pérdidas: el 30 % íntegro de la corriente eléctrica de Honduras desaparece en las conexiones y los cables defectuosos, y en los robos que cometen los clientes¹¹⁸. Sin embargo, en lugar de lanzar una campaña nacional para renovar materiales, ajustar conexiones e identificar medidores desactivados, los clientes colgados ilegalmente o la connivencia con empresas favorecidas, el gobierno firmó de prisa contratos con compañías privadas para aumentar la capacidad de generación.¹¹⁹

La ENEE durante mucho tiempo ha dependido de la generación de electricidad privada que vende a los consumidores, produciendo en sí solo aproximadamente una tercera parte del suministro total del país. Y esta subcontratación ha generado rentas importantes para los miembros de la red del sector privado durante más de dos décadas.

A principios de la década de 1990, escaseces paralizantes en la región provocaron un estado de emergencia durante quince años, bajo cuyos términos la ENEE otorgó contratos generosos a industriales bien conectados, quienes construyeron centrales de carbón y de petróleo. De hecho, fue la renegociación de algunos de estos contratos lo que ayudó a reducir el déficit de la empresa después de 2014¹²⁰.

La ley de 2007 que impulsaba la energía renovable tenía como objetivo dejar de obtener el suministro de estas centrales de combustibles fósiles costosas. Sin embargo, sus condiciones eran aún más generosas que las de la legislación de 1994 para los generadores de electricidad privados (en gran medida la misma gente). Los generadores de energía renovable gozan de una prima del 10 % por encima de los precios del mercado, incrementos anuales garantizados sobre esos precios ya elevados, diversas exenciones fiscales (incluida la exención de impuestos sobre las ventas y los ingresos), al igual que un bono de 0,03 céntimos de dólar por kilovatio-hora para los primeros 300 megavatios provenientes de proyectos que aparecieron en línea el 31 de junio de 2015¹²¹.

Estas condiciones no cambian durante la vigencia del contrato, generalmente de por lo menos veinte años, en un momento en el que los precios de la energía solar están bajando nada menos que un 10 % al año¹²². “Los productores privados gozan de beneficios indebidos”, afirma Ramón Romero, quien ha estudiado las interrelaciones entre lo que denomina élites eléctricas y los brókeres de energía políticos¹²³. “Obtienen un precio más elevado que las centrales [combustible fósil] térmicas, sin ninguna justificación razonable. Los insumos son más baratos”¹²⁴. A modo de comparación, la electricidad a partir de carbón se sitúa en un rango de 0,07 y 0,09 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que los precios garantizados por el gobierno para la energía solar son aproximadamente el doble, a una cifra ligeramente superior a 0,15 centavos de dólar por kilovatio-hora, sin incluir el bono de 3 centavos¹²⁵.

Fue en este contexto que el Congreso promulgó una ley para reestructurar la ENEE, cambiando el marco de contratación y estableciendo un nuevo organismo regulador encargado de supervisar un proceso de licitación abierto, de aprobar contratos y de publicar una lista de compañías productoras de energía. Pero según varios expertos, un extraño retraso ocurrió entre la presentación del proyecto de ley ante el Congreso, su aprobación y su entrada en vigor en julio de 2014. (Casi un año después de todo eso, el organismo regulador aún no estaba listo ni cumpliendo sus funciones)¹²⁶.

Durante esa lapso inusual, la ENEE firmó por lo menos treinta de los viejos y apreciados contratos otorgados sin licitación, sumando un total de alrededor de 400 megavatios de electricidad renovable¹²⁷. Los beneficiarios no fueron otros que los miembros de las mismas familias que habían gozado de los contratos de combustibles fósiles sobrevaluados, que el gobierno estaba renegociando con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo: las familias que se encuentran en el núcleo del elemento del sector privado de la cleptocracia: los Facussés, los Kafies, los Laraches, los Nassers (que se aliaron con los Facussés a través del matrimonio)¹²⁸. De hecho, la sincronización de los dos sucesos indica que las condiciones excesivamente generosas para las energías renovables sirvieron quizás como incentivo para facilitar la renegociación de los contratos pasados de combustible fósil. En el caso de ambos tipos de generación de electricidad, las condiciones del contrato son tan generosas que constituyen una transferencia directa de fondos públicos a los bolsillos de los miembros de la red del sector privado. (Véase también la sección sobre control de la industria energética por parte del sector privado en las páginas 70–73 más adelante).

En este contexto, la presión internacional para reducir o finalizar los subsidios eléctricos parece equivocarse. Obliga a clientes pobres (la mayoría de ellos no están sujetos al impuesto sobre la renta u otro tipo de impuesto) a financiar directamente los beneficios excesivos de los generadores privados.

Estos sucesos incluso molestaron a algunos funcionarios de la ENEE. La indignación de Ayestas se evidenció cuando habló “del escaso poder de regateo” del gobierno dentro de estas negociaciones. “Las concesiones establecieron un tope mínimo por debajo del cual el precio no debe caer; pero sí puede subir. Por ley y por contraste, el Estado tiene la obligación de comprar toda la energía renovable que produce”, aun cuando la red tenga o no la capacidad de conducirla. Es un mercado caro y poco transparente”¹²⁹.

Curiosamente, dadas las ventajas del sector y los costos elevados de estos contratos, la ENEE no buscó hacer sus propias inversiones en la generación de energía solar. Abandonó este segmento del mercado y en su lugar optó por asignar proyectos hidroeléctricos grandes, caros y técnica y ambientalmente poco confiables¹³⁰.

IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social)

La historia que se difundió en Globo TV el 8 de mayo de 2015 difícilmente hubiera ganado puntos por maestría técnica. Calvo y vestido con una camisa vaquera casual, el reportero casi gritaba en el micrófono. El material de archivo de salas de espera de hospitales, ambulancias y edificios con el logotipo del IHSS aparecía una y otra vez¹⁶⁴. Pero los hallazgos que David Romero Ellner difundió en el segmento fueron impactantes. No menos de 7 mil millones de lempiras (aproximadamente 297 millones de dólares) habían sido desviados del sistema nacional de salud, de los cuales por lo menos 3 millones podrían haber terminado en las arcas del Partido Nacionalista del Presidente Hernández para financiar su campaña de elección presidencial de 2014¹⁶⁵. Las cámaras de Globo enfocaron algunos de los cheques cancelados mientras Romero recitaba cifras.

Honduras estalló. El descubrimiento de que el sistema de salud pública evidentemente endeudado¹⁶⁶, arruinado por la falta de medicinas durante meses¹⁶⁷, era el blanco de desfalcos sistemáticos a tal escala y para tales propósitos flagrantes, conmocionó incluso a los hondureños acostumbrados a la corrupción. A la angustia hay que agregarle unas 3000 personas que pudieron haber fallecido al ingerir compuestos peligrosos o inútiles que pensaron que eran medicina, o debido a otras carencias o disfunciones del sistema vinculadas con la corrupción¹⁶⁸.

En marchas nocturnas, manifestantes vestidos con uniformes blancos de doctor y antorchas en las manos bloquearon las calles de Tegucigalpa¹⁶⁹. Durante junio y julio, las manifestaciones continuaron en la capital y en por lo menos una docena de otras ciudades a nivel nacional, al igual que en Miami y en Washington, DC. Carteles y pancartas proclamaban los hechos al desnudo: “¡L7 300 000 000 Robados! ¡2800 Muertos!”. Los manifestantes exigían la renuncia del Presidente Hernández y la creación de una comisión de investigación y enjuiciamiento respaldada internacionalmente conforme a los términos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que estaba procesando a funcionarios en el vecino país.

En el pasado no muy lejano, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) era reconocido por ofrecer una asistencia médica de calidad confiable a los hondureños empleados en la economía formal, quienes aportaban al sistema mensualmente en función de una escala variable. Sin embargo, según algunos entrevistados, la calidad de la atención médica ha ido decayendo y el precio se ha incrementando durante varios años. En 2013, el equipo, el personal y la escasez de suministros atrajeron la atención de los pacientes y de los profesionales de la asistencia médica.

En 2014, los primeros hallazgos importantes sobre las causas de estas carencias se hicieron públicos. Una investigación por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el ministerio público descubrió que 600 millones de lempiras eran extraídos al mes a través de fraudes y de la corrupción¹⁷⁰. En el meollo del ardid había una amplia variedad de fraudes tan diversos como el surtido en una caja de chocolates, incluidas compras injustificadas, contratos o compras a precios que superaban el doble del promedio global en algunos casos, además de adquisición de medicinas que resultaron no contener los ingredientes activos indispensables, que de hecho eran placebos¹⁷¹. Según informes y algunos documentos relacionados con el juicio, varias compañías fantasmas, como Insumedic, por ejemplo, o Sumimed, o Improme, se constituyeron para obtener contratos por los cuales no se otorgaban servicios ni se entregaban productos, o para cubrir pagos inflados. Algunas se constituyeron en Panamá, pero muchas en Honduras¹⁷².

Según se informa, la declaración de una emergencia de dengue por parte del Presidente Lobo en 2010 facilitó algunas de estas compras fraudulentas¹⁷³. Y a partir de ese año y durante los próximos cuatro años, según uno de nuestros entrevistados (un funcionario internacional involucrado en investigaciones en curso), de 60 a 70 % del presupuesto operativo del IHSS fue desviado.

La investigación de 2014 analizó la implicación potencial de unos 400 individuos, la mayoría eran funcionarios públicos o estaban vinculados a estos, o eran sus amigos cercanos. El comisionado del IHSS y el jefe de suministros y compras (ambos con el apellido de Zelaya, aunque sin existir relación alguna entre ellos o con el expresidente) encabezaban la lista junto con la tesorera del instituto, Vivian Melissa Juárez Fiallos, y Edita Lizbeth López, la esposa del director financiero y administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty¹⁷⁴. Lo más impresionante fue una empresa farmacéutica fundada por la vicepresidenta del Congreso Lena Gutiérrez, su padre y dos de sus hermanos, que vendía placebos y le cobraba al sistema de salud precios bastante inflados por estos y otros suministros. Arrestada en julio de 2015, Gutiérrez está siendo juzgada desde agosto de 2016¹⁷⁵. Otros sospechosos han sido sentenciados y están cumpliendo condenas en prisión, pero ninguno de estos casos ha arrojado luz sobre los vínculos entre el escándalo del IHSS y el financiamiento de la reelección presidencial.

Este caso ilustra la división tosca entre trabajo o territorio que caracteriza a la red cleptocrática hondureña, con la mayoría de los saqueos rotundos de las arcas del gobierno perpetrada por miembros del sector público, a menudo a través de compañías privadas en manos de familiares o apoderados sustitutos. En general, las compañías que ganan contratos públicos de las dependencias del gobierno como el IHSS no pertenecen a miembros de la élite empresarial autónoma de descendencia levantina.

Pero las “diez familias”, como se refieren a ellas algunas veces, no se libraron totalmente de acabar salpicadas por el escándalo. En junio de 2015, el magnate de negocios Shukri Kafie fue arrestado y su compañía acusada de haber cobrado cantidades superiores al IHSS en contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento y reparación de maquinaria médica con un valor de aproximadamente 118 millones de dólares (aunque fue liberado inmediatamente bajo alegatos de emergencia médica y no existen indicios de que los procedimientos jurídicos hayan avanzado)¹⁷⁶. El Banco Ficohsa también estuvo implicado. Según informes participó en una transferencia ilegal de fondos del IHSS como parte del ardid¹⁷⁷.

Un sinnúmero de personas involucradas en la difusión o la investigación del caso han sufrido represalias. Tanto el querellante principal como el fiscal general fueron transferidos a otros cargos (aunque el fiscal general fue designado juez de la Corte Suprema). A Romero de Globo y a varios testigos clave les dispararon e hirieron en las semanas subsiguientes al reportaje de televisión en 2015¹⁷⁸.

Sin embargo, el escándalo del IHSS y las manifestaciones masivas que desató a la larga forzaron al gobierno a aceptar la creación en Honduras de una versión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), como se llama este organismo, puede apoyar a las autoridades legales hondureñas en la investigación y la presentación de casos de corrupción ante los tribunales, si bien no puede presentarlos por sí misma como lo puede hacer la CICIG. Sin embargo, la MACCIH sí cuenta con la autoridad para ayudar a plantear reformas institucionales que pueden ayudar a limitar las estructuras de incentivos y las oportunidades que favorecen la corrupción, tales como modificaciones a la financiación de campañas o a los derechos corporativos. (Para mayor información, véase más adelante la sección sobre MACCIH en las páginas 105–106).

En una situación considerablemente similar a la de la compañía nacional de electricidad, la ENEE, analizada anteriormente, el Fondo Monetario Internacional identificó las pérdidas en las que incurrió el IHSS como un factor importante del déficit del gobierno hondureño. Pero en lugar de identificar la causa verdadera de dichas pérdidas , en ambos casos, la corrupción, y exigir medidas específicas para abordar el problema, como la investigación y el castigo de los infractores y el perfeccionamiento de la supervisión del gobierno, el FMI parece haber encontrado una explicación suficiente para el rendimiento financiero pobre del IHSS en el simple hecho de que se trataba de una institución pública. La “restructuración” del IHSS (léase: privatización), como la de la ENEE, fue un prerrequisito para la entrega del paquete de ayuda financiera de 2014 del FMI. A Tegucigalpa no se le pidió incrementar la independencia de sus organismos de anticorrupción, o demostrar acciones legales contundentes contra los sospechosos del IHSS en puestos importantes y sus beneficiarios, o ni siquiera demostrar de qué manera se llevaría a cabo la privatización para no beneficiar automáticamente a las empresas que han exfiltrado fondos públicos¹⁷⁹.

Notes

¹ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

² “Ley de Promoción de la Alianza Publico-Privada”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 16 de septiembre de 2010, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LeyPromocionAlianzaPublicoPrivada.pdf.

³ Véase “170 Companies at ‘Honduras Open for Business’”, Central America Data, 11 de marzo de 2011, http://www.centralamericadata.com/en/article/home/170_Companies_at_Honduras_Open_for_Business; “Este jueves comienza la ronda de negocios ‘Honduras is Open for Business’”, America económica, 5 de mayo de 2011, http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/este-jueves-comienza-la -ronda-de-negocios-honduras-open-business; “Honduras Is Open for Business”, Consejo de Asuntos Hemisféricos, 26 de julio de 2011, http://www.coha.org/honduras-is-open-for-business/; “Renewable Energy Sector Investment Opportunities: Honduras is Open for Business”, Honduran National Investment Promotion Program, abril 2011; y Associated Press, “Honduran Judges Rule Against Privately Run ‘Model Cities’ Project’”, Guardian, 4 de octubre de 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/oct/04/honduran-judges-reject-model-cities.

⁴ Los altos funcionarios actuales del COHEP también están en el círculo interno del elemento del sector privado de esta red, como su presidente, Luis Napoleón Larach, y director, Luis Alberto Atala.

⁵ Entrevistas de la autora, Tegucigalpa, agosto de 2016.

⁶ “Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo”, gobierno de Honduras, noviembre de 2011, https://www.unodc.org/tldb/pdf/Honduras/Ley_Contra_el_Financiamiento_del_Terorismo_Honduras_.pdf.

⁷ Véase Thomas Carothers y Saskia Brechenmacher, “Closing Space: Democracy and Human Rights Support Under Fire”, Carnegie Endowment for International Peace, 2014, pp. 29–30.

⁸ “Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas”, gobierno de Honduras, 12 de diciembre de 2011, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20sobre%20Intervencion %20de%20las%20Comunicaciones%20Privadas%20(8,2mb).pdf.

⁹ Véase “Junta Nominadora exige cese de espionaje telefónico”, El Libertador, 8 de enero de 2016, https://honduprensa.wordpress.com/2016/01/10/junta-nominadora-exige-cese-de-espionaje-telefonico-junta-nominadora-confirma-espionaje-telefonico-en-honduras-asesor-presidencial-revela-nombres-de-proximos-magistrados/; “Honduras: Gobierno paga L.8 millones en software de espionaje telefónico”, Conexihon, 6 de julio de 2015, https://honduprensa.wordpress.com/2015/07/06/honduras-gobierno-paga-l-8-millones-en-software-de-espionaje-telefonico/; “Revelado espionaje contra Rafael Leonardo Callejas”, Cholusat Sur Canal 36, 21 de mayo de 2015, http://cholusatsur.com/noticias/?p=10621; Inter-American Commission on Human Rights, “Situation of Human Rights in Honduras”, Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 187.

¹⁰ Entrevista de la autora, Washington, DC, 16 de febrero de 2017.

¹¹ “Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, gobierno de Honduras, 12 de diciembre de 2011, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20del%20Consejo%20Nacional%20de%20Defensa%20y%20Seguridad%20(2,9mb).pdf.

¹² “Ley Para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, gobierno de Honduras, 24 de enero de 2014, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley%20para%20la%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Documentos%20P%C3%BAblicos%20relacionados%20con%20la%20Seguridad%20y%20Defensa%20Nacional.pdf.

¹³ Entrevista de la autora, Monte Capado, 23 de julio de 2016.

¹⁴ Inter-American Commission on Human Rights, “Situation of Human Rights”, p. 183–84.

¹⁵ Véase James Phillips, Honduras in Dangerous Times: Resistance and Resilience (Lanham, MD: Lexington Books, 2015), p. 45; y “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere: A Farce in Three Acts”, Global Witness, enero de 2009.

¹⁶ “Presidente envía al CN revisión de Ley Antimaras”, La Tribuna, 16 de marzo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/03/16/presidente-envia-al-cn-revision-de-ley-antimaras/.

¹⁷ “‘Ley Antimaras’ debía ser derogada tras sentencia de CORTEIDH pero al contrario será endurecida”, Radio Progreso y el ERIC, 27 de marzo de 2015, http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1959-%E2%80%9Cley-antimaras %E2%80%9D-deb%C3%ADa-ser-derogada-tras-sentencia-de-corteidh-pero-al-contrario-ser%C3%A1-endurecida; y entrevista con Adrienne Pine, Washington, DC, 16 de febrero de 2017.

¹⁸ Véase Chayes, “Vertically Integrated Criminal Syndicates”, cap. 5 en Thieves of State, pp. 58–67.

¹⁹ Alvaro Morales Molina, “Public Prosecutors’ Hunger Strike Becoming a Complicated Affair”, Honduras Weekly, 12 de diciembre de 2008, http://www.hondurasweekly.com/joomla-pages-iii/archieved-articles/53-news/national/6899-public-prosecutors-hunger-strike-becoming-a-complicated-affair; Guido Eguigure, “Notes for Understanding the Hunger Strike of the Public Prosecutors in Honduras”, DanChurchAid, 5 de mayo de 2008; Thelma Mejia, “Honduras: Prosecutors on Hunger Strike Against Corruption”, Inter-Press Service, 6 de mayo de 2008, http://www.ipsnews.net/2008/05/honduras-prosecutors-on-hunger-strike-against-corruption/; Buró para la Democracia, Derechos Humanos y Laborales, “Honduras: 2008 Country Report on Human Rights Practices”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 25 de febrero de 2009, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119164.htm. Para un informe minucioso sobre la huelga de los fiscales, véase Adrienne Pine, “Caso Gasolinazo”, Quotha (blog), 8 de junio de 2008, http://quotha.net/node/17.

²⁰ Véase Phillips, Honduras in Dangerous Times, 51; Dana Frank, “The Long Judicial Arm of the Honduran Coup”, World Post, 4 de febrero de 2015; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 113-118, incluyendo el análisis de las purgas posteriores. En octubre de 2015, en un caso atraído por cuatro jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a Honduras de violar el derecho a las garantías judiciales, el principio de la legalidad, la libertad de expresión y asociación de las víctimas, los derechos políticos y la protección judicial. Ninguno ha sido restituido. Para mayor información, véase “Situation of the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of López Lone vs Honduras; Expiration of the Term of Complicance”, Brigadas Internacionales de Paz, 10 de noviembre de 2016, http://www.pbi-honduras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/Publications/161110Briefing_AJD_EN.pdf.

²¹ “Reacciones al golpe técnico a la Corte Suprema de Honduras,” La Prensa, 13 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/377761-273/reacciones-al-golpe-t%C3%A9cnico-a-la-corte-suprema-de-honduras.

²² “Presidente de la Corte Suprema niega participación en destitución de magistrados”, Proceso Digital, 13 de diciembre de 2012, http://www.proceso.hn/component/k2/item/28446.html; “Corte Suprema de Honduras está de luto por golpe,” La Prensa, 14 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/330939-273/corte-suprema-de-honduras-est%C3%A1-de-luto-por-golpe; “Claves 2012: Las noticias más importantes en Honduras”, La Prensa, 17 de diciembre de 2012, http://www.laprensa.hn/especiales/377778-273/claves-2012-las-noticias-m%C3%A1s-importantes-en-honduras; “Integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, Poder Judicial de Honduras, 2016, http://www.poderjudicial.gob.hn/Corte%20Suprema%20de%20Justicia,%20Per%C3%ADodo%202009-2016/Paginas/Integrantes.aspx.

²³ Para el suceso en relación a los diputados que criticaron la mención de Zelaya sobre la reelección de funcionarios como un “grave error”, véase “Turba encabezada por ‘mel’ se toma base aérea”, El Heraldo, 25 de junio de 2009.

²⁴ “Honduran President to Seek a Second Term, Opposition Cries Foul”, Reuters, 9 de noviembre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-honduras-election-idUSKBN1343L7.

²⁵ Véase Tracy Wilkinson, “A Honduran Coup Comes Full Circle”, Los Angeles Times, 27 de abril de 2015, http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-a-honduran-coup-20150427-story.html; y “Re-election a Done Deal”, Honduras Culture and Politics (blog), 25 de abril de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/04/re-election-done-deal.html. Véase también Brian Sheppard y David Landau, “Why Honduras’s Judiciary Is Its Most Dangerous Branch”, New York Times, 25 de junio de 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/26/opinion/why-hondurass-judiciary-is-its-most-dangerous-branch.html?_r=0.

²⁶ “Honduras: Libre revela nombre de diputados del Congreso que recibieron sobornos”, El Heraldo, 9 de febrero de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/928027-466/honduras-libre-revela-nombre-de-diputados-del-congreso-que-recibieron-sobornos.

²⁷ “Mel: ocho diputados recibieron hasta medio millón de lempiras”, La Prensa, 9 de febrero de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/927879-410/mel-ocho-diputados-recibieron-hasta-medio-mill%C3%B3n-de-lempiras.

²⁸ Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

²⁹ Véase también “Honduras Report: Situation of Human Rights, Judiciary Independence, Militarization of Police Functions Within the Framework of the Alliance for Prosperity Plan”, Coalición contra la Impunidad, 18 de junio de 2016, pp. 1–2.

³⁰ Ibíd., pp. 4–7; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 29–30, 40, 43–44; “The Voice of Greatest Authority is That of the Victims”, Comisión de la Verdad, abril de 2013, pp. 98–102; “Declaran culpable por seis delitos de difamación e injuria a David Romero”, El Heraldo, 13 de noviembre de 2015, http://www.elheraldo.hn/pais/900815-466/declaran-culpable-por-seis-delitos-de-difamaci%C3%B3n-e-injuria-a-david-romero; y “Estado hondureño recrudece persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos”, Radio Progreso el ERIC, 14 de marzo de 2014,

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/793-estado-hondure%C3%B1o-recrudece-persecuci%C3%B3n-contra-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos.

³¹ “Declaran culpable por seis delitos de difamación e injuria a David Romero”, El Heraldo, 13 de noviembre de 2015, http://www.elheraldo.hn/pais/900815-466/declaran-culpable-por-seis-delitos-de-difamaci%C3%B3n-e-injuria-a-david-romero.

³² Véase también los archivos del blog Honduprensa relacionados con la persecución política, en: “Entradas etiquetadas como persecución política”, Honduprensa (blog), 25 de mayo de 2015, https://honduprensa.wordpress.com/tag/persecucion-politica/.

³³ Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016. Véase también ejemplos de evidencia mal manejada en “‘There Are No Investigations Here’: Impunity for Killings and Other Abuses in Bajo Aguan, Honduras”, Human Rights Watch, febrero de 2014, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/honduras0214web.pdf.

³⁴ Véase Chris Arsenault, “Court Files Stolen in Case of Murdered Honduran Land Rights Activist: U.N.”, Reuters, 4 de octubre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-honduras-landrights-activist-idUSKCN1241X9; o “Honduras: Explican por qué expediente de Berta Cáceres estaba fuera de CSJ”, El Heraldo, 30 de septiembre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1004614-466/honduras-explican-porqué-expediente-de-berta-cáceres-estaba-fuera-de-csj; o Sarah Faithful, “Conspiracy Surrounding Cáceres Stolen Files”, Consejo de Asuntos Hemisféricos, 12 de octubre de 2016, http://www.coha.org/conspiracy-surrounding-caceres-stolen-case-files/.

³⁵ Andrew Higgins, “Moldova: Hunting for Missing Millions, Finds Only Ash”, New York Times, 4 de junio de 2015, http://www.nytimes.com/2015/06/05/world/europe/moldova-bank-theft.html?_r=0; Slobodan Milošović de Serbia fue demasiado lejos, de hecho transportó los cuerpos de las víctimas de crímenes de guerra en camiones con refrigeradores a zonas aisladas en Serbia, donde fueron arrojados a ríos o enterrados bajos carreteras. Escribí un artículo periodístico sobre esta historia para el programa de radio de la BBC-WGBH The World en 2001. Véase también “Serbian Minister Comments on Exhumed Bodies”, BBC Worldwide Monitoring, 13 de junio de 2001, https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28718.html.

³⁶ Entrevista de la autora, Nueva Palestina, 1 de agosto de 2016. La alusión se refiere al escándalo de 2015 en el sistema de salud pública, IHSS, analizado en pp. 48–50.

³⁷ Véase United States of America v. Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, Yankel Rosenthal Coello, and Andrés Acosta García, S2 13 Crf. 413 (JGK), https://www.justice.gov/usao-sdny/file/781866/download. Yani y Yankel se encuentran bajo la custodia de Estados Unidos y serán juzgados a partir del 1 de abril de 2017.

³⁸ Entrevista de la autora, Juticalpa, 24 de julio de 2016.

³⁹ Alguna parte del dinero de las extorsiones y los sobornos a nivel calle a los transeúntes, a los detenidos e incluso a las víctimas de crímenes va a parar a las altas esferas dentro de la jerarquía. La suma total es bastante considerable. Por ejemplo, véase Chayes, cap. 5 en Thieves of State.

⁴⁰ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, p. 102.

⁴¹ Véase “Results of the First 60 Days” (material presentado en el evento del Wilson Center, 16 de junio de 2016) Special Commission for the Clean-up and Transformation of the National Police, https://www.scribd.com/doc/316032212/Honduras-Police-Depuracion-Documents; or “Honduras Organized Crime News”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras#security. Cita de una entrevista en Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

⁴² Entrevista en Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

⁴³ Ver por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 28–29, 42, 44, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf.

⁴⁴ Charles Ford, “Zelaya Administration’s First 45 Days” (cable filtrado disponible en el registro público), WikiLeaks, 16 de marzo de 2006. https://wikileaks.org/plusd/cables/06TEGUCIGALPA526_a.html.

⁴⁵ Hugo Llorens, “Merida 2.0 in Honduras” (cable filtrado disponible en el registro público), WikiLeaks, 29 de octubre de 2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA1090_a.html.

⁴⁶ Elisabeth Malkin y Alberto Arce, “Files Suggest Honduran Police Leaders Ordered Killing of Antidrug Officials”, New York Times, 15 de abril de 2016, https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/americas/files-suggest-honduras-police-leaders-ordered-killing-of-antidrug-officials.html?_r=0 ; y Alberto Arce, “Honduran Ex-Police Chief Says Government Faked Documents in Assassination Case”, New York Times, 22 de abril 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/23/world/americas/honduras-ramn-sabilln-pineda-police-antidrug-assassination.html propone que la filtración de información en 2016 sobre la conspiración que reportó quizás sea parte de una treta para permitirle a Hernández que perjudique a la policía y ejerza un control más directo sobre la seguridad interna.

⁴⁷ Sólo dos ejemplos: La oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Manhattan US Attorney Announces Charges Against Members of the Honduran National Police for Drug Trafficking and Related Firearms Offenses”, comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 29 de junio de 2016, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-members-honduran-national-police-drug; Malkin y Arce, “Files Suggest”, New York Times.

⁴⁸ Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

⁴⁹ Entrevista, Monte Copado, 22 de julio de 2016.

⁵⁰ “Estado Hondureño Recrudece Persecución Contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, Radio Progreso, 14 de marzo de 2014, http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/793-estado-hondureño-recrudece-persecución-contra-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos.

⁵¹ Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 149–51, 158.

⁵² Entrevista, Departamento de La Paz, 22 de julio de 2016. Véase también “Honduras Indigenous Leader Under Police Protection Arrested”, TelesSUR TV, 11 de enero de 2017, http://www.telesurtv.net/english/news/Honduras-Indigenous-Leader-Under-Police-Protection-Arrested-20170111-0024.html.

⁵³ Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

⁵⁴ Entrevista, Nueva Palestina, 1 de agosto de 2016

⁵⁵ Los vínculos entre la policía y los narcotraficantes son bien conocidos y están mejor documentados, y se analizan más adelante en la sección sobre funcionarios locales.

⁵⁶ Entrevista, Tegucigalpa, 23 de julio de 2016.

⁵⁷ “La pandilla tenía a sus servicios a 13 jefes policiales”, La Prensa, 10 de enero de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/1033698-410/la-pandilla-ten%C3%ADa-a-sus-servicios-a-13-jefes-policiales.

⁵⁸ “Honduras Gangs Extort Homeowners”, Fox News, 9 de agosto de 2012, http://www.foxnews.com/world/2012/08/09/honduras-gangs-extort-homeowners.html.

⁵⁹ Entrevista, 21 de julio de 2016.

⁶⁰ Entrevista, Tegucigalpa, Julio 23, 2016.

⁶¹ Entrevista, Juticalpa, 25 de julio, 2016.

⁶² Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Véase también “Caen dos policías por extorsión y tres civiles en Honduras”, El Tiempo, 18 de septiembre de 2015, http://tiempo.hn/caen-dos-policias-por-extorsion-y-tres-civiles-en-honduras/.

⁶³ Phillips, Honduras in Dangerous Times, 58. Véase también Adrienne Pine, Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras, 1era. ed. (Berkeley: University of California Press, 2008), pp. 56–69.

⁶⁴ Entrevistas, y véase Adrienne Pine, “Waging War on the Wageless: Extrajudicial Killings, Private Armies, and the Poor of Honduras”, en The War Machine and Global Health: A Critical Medical Anthropological Examination of the Human Costs of Armed Conflict and the International Violence Industry, ed. Merrill Singer y G. Derrick Hodge (Lanham, MD: AltaMira Press, 2010), pp. 241–76; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 47–48.

⁶⁵ Y sin embargo, muchas de las iniciativas importantes que tienen como objetivo disminuir estos flujos se enfocan en fortalecer esta política misma. Véase Oficina de la Secretaría de Prensa, “Fact Sheet: Alliance for Prosperity”, la Casa Blanca, 3 de marzo de 2015, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/03/fact-sheet-support-alliance-prosperity-northern-triangle; Esther Yu His Lee “Experts Say US Aid Package to Central America is Backfiring Big Time”, Think Progress, 4 de febrero de 2016, https://thinkprogress.org/experts-say-u-s-aid-package-to-central-america-is-backfiring-big-time-c0928534f91c#.sacjx04s2.

⁶⁶ “Decreto 21-2016”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 8 de abril de 2016, http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/decretos_vigentes/DECRETO-DE-EMERGENCIA-DEPURACION-POLICIAL-08-DE-ABRIL-2016.pdf; para una evaluación, véase Mike LaSusa, “Breaking Precedent, Honduras Police Reform Commission Making Progress”, InSight Crime, 17 de junio de 2016 http://www.insightcrime.org/news-analysis/honduras-police-reform-commission-making-progress-members-say.

⁶⁷ Para el texto de la ley que estableció la comisión, véase Decreto 21-2016, La Gaceta de la Republica de Honduras, 8 de abril de 2016, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10611.pdf.

⁶⁸ “Depuración policial cesó a más de dos mil agentes en Honduras”, Prensa Latina, 27 de diciembre de 2016, http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=53004&SEO=depuracion-policial-ceso-a-mas-de-dos-mil-agentes-en-honduras.

⁶⁹ Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

⁷⁰ Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016. Muchos más entrevistados reiteraron estas opiniones. Para más dudas sobre la independencia de la comisión, véase Laura Jung, “Honduras Special Commission on Police Reform: Genuine Cleanup Effort or Yet Another PR Scheme”, The Americas (blog), Center for Economic and Policy Research, 8 de julio de 2016, http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/honduras-special-commission-on-police-reform-genuine-cleanup-effort-or-yet-another-pr-scheme. En una entrevista el 13 de octubre de 2016, funcionarios de Honduras en la Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) de la USAID confirmaron que no sabían de un análisis sistemático a partir del cual oficiales estaban siendo cesados. Enfatizaron que el enfoque del trabajo de la OTI es en los oficiales a nivel calle.

⁷¹ Véase R. Evan Ellis, Honduras: A Pariah State, or Innovative Solutions to Organized Crime Deserving of U.S. Support? (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, junio de 2016), pp. 24–26.

⁷² Watch “Alianza – Creación de la policía los TIGRES”,  Video en YouTube, subido por “Alianza por la Paz y la Justicia”, 18 de octubre de 2012, https://www.youtube.com/watch?v=r5mIPqYWNko. Véase también: Marguerite Cawley, “Plans for New Military Police in Honduras Backed by Congress”, InSight Crime, 9 de mayo de 2013, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-police-military-unit-organized-crime; Thelma Mejia, “Government Puts Tigers on the Streets”, Inter-Press Service, 7 de agosto de 2012, http://www.ipsnews.net/2012/08/honduran-president-puts-tigers-on-the-streets/.

⁷³ Capt. Thomas Cieslak, “Special Forces Soldiers Train Honduran Force”, Ejército de Estados Unidos, 3 de marzo de 2015, https://www.army.mil/article/143821/Special_Forces_Soldiers_train_Honduran_force. Un oficial del ejército estadounidense, que recientemente regresó de Honduras después de un año, confirmó que la mayoría de la cooperación interna con las unidades hondureñas es con los TIGRES. En su evaluación, la mayor parte del trabajo realizado por las fuerzas estadounidenses apostadas en Honduras se enfoca fuera de territorios hondureños, en colaboración con fuerzas que no son hondureñas.

⁷⁴ Deducción basada en la experiencia con asistencia militar, y véase Ellis, Honduras: A Pariah State, 25. Para la evidencia respecto a las decisiones de políticas realizadas con el propósito expreso de atraer la asistencia militar de Estados Unidos, véase la evaluación del embajador Larry Palmer sobre la retribución esperada por el gobierno hondureño a cambio de su envío de aproximadamente 300 soldados y oficiales a Irak. Larry Palmer, “Status of Honduran Troop Deployment to Iraq” (cable de la embajada de Estados Unidos), WikiLeaks, 22 de julio de 2003, http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=9590.

⁷⁵ Entrevistas en La Esperanza, 22 de julio de 2016, Joshua Partlow y Gabriela Martínez, “Suspicions Mount in Slaying of Honduran Environmentalist”, Washington Post, 18 de marzo de 2016, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/suspicions-mount-in-murder-of-noted-honduran-environmentalist/2016/03/17/cbac766c-ea2d-11e5-a9ce-681055c7a05f_story.html?utm_term=.cf0e436c4a77.

⁷⁶ Véase más adelante, pp. 32–35, y entre otros estudios, Victor Meza et al, “La militarización de la Seguridad Pública en Honduras”, CEDOH, 2015.

⁷⁷ “World Prison Brief Data: Honduras”, Institute for Criminal Policy Research, University of London, http://www.prisonstudies.org/country/honduras; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, 193, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf; “Honduras: Events of 2015”, Human Rights Watch, 2015, https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/honduras; “Shadow Report from Honduran Civil Society to the UN Committee Against Torture (CAT)”, Organización Mundial contra la Tortura, 2016, p. 12, http://www.omct.org/files/2016/07/23875/informe_alternativo_honduras_cat_e.pdf. Véase también José Martínez d’Aubuisson y Steven Dudley, “Where Chaos Reigns: Inside San Pedro Sula Prison”, InSight Crime, 2 de febrero de 2017, http://www.insightcrime.org/investigations/where-chaos-reigns-inside-the-san-pedro-sula-prison.

⁷⁸ Según Fiona Mangan, una experta en correccionales internacionales, la posibilidad de que el dinero de los que administran prisiones de manera individual fluya a la capital depende de la percatación del gobierno acerca de la corrupción en la prisión y su control sobre la administración de ésta. (Comunicación a través de correo electrónico, 21 de marzo de 2017). Dada la naturaleza evidente de la corrupción en Honduras, y el nombramiento por parte de Hernández de un exoficial militar para administrar el sistema, es probable que ambos factores sean una tendencia en Honduras.

⁷⁹ Tim Weiner, “At Least 100 Are Killed in Prison Fire in Honduras”, New York Times, 18 de mayo de 2004, http://www.nytimes.com/2004/05/18/world/at-least-100-are-killed-in-prison-fire-in-honduras.html?_r=0; “Honduras Prison Fire Video Purportedly Captures Deadly Blaze”, Huffington Post, 16 de febrero de 2012, http://www.huffingtonpost.com/2012/02/16/honduras-prison-fire-video-deadly-blaze_n_1281941.html; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, pp. 54-56, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Honduras-en-2015.pdf; José Martínez d’Aubuisson y Steven Dudley, “Where Chaos Reigns: Inside San Pedro Sula Prison”, InSight Crime, 2 de febrero de 2017, http://www.insightcrime.org/investigations/where-chaos-reigns-inside-the-san-pedro-sula-prison.

⁸⁰ Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Communities in Honduras”, Rights Action, 3 de octubre de 2013, p. 7. Véase también Jordy Willems y Anne de Jonghe, “Protest and Violence over the Agua Zarca Dam”, Bankwatch, febrero de 2016, pp. 27–28.

⁸¹ Ariel Torres Fuenes, “El destino de Agua Zarca”, El Pulso, 2 de marzo de 2017, http://elpulso.hn/el-destino-de-agua-zarca/.

⁸² “Por los intereses oligarcas, detienen ilegalmente en Río Blanco tres compañeros Lencas del COPINH”, COPINH, 2 de noviembre de 2012, https://www.copinh.org/article/por-los-intereses-oligarcas-detienen-ilegalmente-e/; “Arbitrary Detention, Subsequent Release of Ms Berta Cáceres and Mr Tomas Gómez Membreno”, Protection International, 27 de mayo de 2013.

⁸³ Ambos fueron desplegados en el Bajo Aguán, donde enfrentamientos sobre la expansión de las plantaciones de palma implicaron numerosas violaciones a los derechos humanos. (Véase varias menciones más adelante). Nina Lakhani, “Berta Cáceres Court Papers Show Murder Suspects’ Links to US-Trained Elite Troops”, Guardian, 28 de febrero de 2017, www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces; véase también Jason McGahan, “Army Major, Corporate Goons Charged in Murder of Berta Cáceres in Honduras”, Daily Beast, 8 de mayo de 2016, http://www.thedailybeast.com/articles/2016/05/08/did-corporate-goons-plot-to-murder-activist-berta-caceres.html.

⁸⁴ Becky Myton et al., “Honduras Tropical Forest and Biodiversity Assessment”, USAID Honduras, septiembre de 2014, A21.

⁸⁵ Véase Victor Meza et al., “La militarización.”

⁸⁶ Se trata de la ley 168-2013, y ha sufrido varias modificaciones desde entonces. Véase: “Decreto No. 168-2013”, UNHCR ACNUR, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10608.pdf; “Decreto No. 168-2013”, La Gaceta de la Republica de Honduras,  http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_Policia_militar_orden_publico_2013.pdf; “Decreto No. 410-2013”, La Gaceta de la Republica de Honduras, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ref_PMOP_2014.pdf.

⁸⁷ “Memoria Anual, 2015: Año del fortalecimiento de La Policía Nacional”, Policía Nacional Hondureña, 2015, p. 18, http://www.seguridad.gob.hn/policiaNacional/media/MEMORIA%202015.pdf.

⁸⁸ “Permanent Parallel Police Forces?”, Honduras Culture and Politics (blog), 19 de enero de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/01/permanent-parallel-police-forces.html; http://www.laprensa.hn/honduras/788396-410/diputados-no-ratifican-rango-constitucional-de-la-polic%C3%ADa-militar?utm_source=laprensa.hn&utm_medium=website&utm_campaign=temasdestacados.

⁸⁹ Conversación privada, Washington, DC, 22 de diciembre de 2016. Véase también Sarah Kinosian, “Honduras’ Military: On the Streets and in the Government”, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, 10 de febrero de 2015; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situation of Human Rights”, p. 93; y un bloguero identificado como RNS, “Permanent Parallel Police Forces?”, Honduras Culture and Politics (blog), 19 de enero de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/01/permanent-parallel-police-forces.html.

⁹⁰ Y véase Agence France-Presse y Agencia EFE, “Creación de policía militar levanta temor en Honduras”, La Nación, 23 de agosto de 2013, http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Creacion-policia-militar-levanta-Honduras_0_1361663860.html. Para una descripción de su composición, capacitación y obligaciones, véase Ellis, Honduras: A Pariah State, pp. 20–24.

⁹¹ El resumen más cuidadoso y reciente de la información sobre la implicación militar en el asesinato de Cáceres se encuentra en “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness, p. 14.

⁹² Exoficiales del ejército pueden ser los dueños de dichas empresas de seguridad privadas. Servicios Especiales de Seguridad (SESER), que pertenece al excomandante de una unidad de inteligencia militar, fue utilizada por la compañía minera canadiense Aura Minerals. Véase Karen Spring, “Mining in a State of Impunity”, MiningWatch Canada, 28 de junio de 28, 2016, http://miningwatch.ca/sites/default/files/mining-in-a-state-of-impunity-web_1.pdf.

⁹³ Anna Jover Segura, “Honduras, Bajo Aguán: Nuevo coronel de la Operación Xatruch, ¿Más de lo mismo?”, Upside Down World, 21 de marzo de 2014, http://upsidedownworld.org/noticias-en-espa/noticias-en-espa-noticias-en-espa/honduras-bajo-aguan-nuevo-coronel-de-la-operacion-xatruch-imas-de-lo-mismo/. Véase también una denuncia detallada en “‘There are No Investigations Here’”, Human Rights Watch.

⁹⁴ Ellis, Honduras: A Pariah State, p. 17. Véase, sobre su uso contra la extorsión pandillera, “Presidente hondureño asegura que en 2016 ‘Combatirá la Extorsión’”, El Libertador, 30 de diciembre de 2015, http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/889-presidente-hondureno-asegura-que-en-2016-combatira-la-extorsion; otras fuentes proveen información detallada sobre los abusos en la Radio-TV Globo y afirman que las fuerzas se reportan directamente con Hernández, véase “Militares intimidan a personal de Radio y TV Globo”, Criterio, 24 de mayo de 2016, http://criterio.hn/2016/05/24/militares-intimidan-personal-radio-tv-globo/.

⁹⁵ Véase el resumen de InSight Crime sobre Honduras, “Honduras”, InSight Crime, 6 de diciembre de 2016, http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras; Reuters, “Police Militarization in Honduras Has Helped Cut Violence, but Soldiers Are Being Accused of Murder and Torture”, Business Insider, 9 de julio de 2015, http://www.businessinsider.com/r-military-helps-cut-honduras-murder-rate-but-abuses-spike-2015-7; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “The Situation of Human Rights”, p.  93; Sarah Kinosian, “Honduras’ Military: On the Streets and in the Government”, Security Assistance Monitor, 10 de febrero de 2015, http://securityassistance.org/blog/honduras-military-streets-and-government.

⁹⁶ “Honduras Cuts Security Tax After Angering Businesses”, Reuters, 14 de septiembre de 2011, http://www.reuters.com/article/honduras-tax-idAFS1E78D23920110914.

⁹⁷ Reunión con dos miembros del Buró del Departamento de Estado para Operaciones de Conflicto y Estabilización, 28 de junio de 2016.

⁹⁸ Hugo Noe Pino, “Honduras: The Fragility of Gains in Budget Transparency”, International Budget Partnership, octubre de 2016, http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ibp-case-study-honduras-budget-transparency-2016.pdf.

⁹⁹ Gerardo Reyes-Tagle y Mikel Tejada, “The Fiscal Implications of Public-Private Partnerships in Honduras”, Banco Interamericano de Desarrollo, julio de 2015, https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6991/FMM_DP_Fiscal_Implications_of_Public_Private_Partnerships_Honduras.pdf?sequence=1, 32.

¹⁰⁰ Ibíd., p. 27

¹⁰¹ Ibíd., p. 29. La evaluación del Tribunal Superior de Cuentas fue corroborada por entrevistados que lo describieron como “un chiste. No es una institución de control”.

¹⁰² “Informe consolidado de rendición de cuentas del sector público, Periodo 2015”, Tribunal Superior de Cuentas, 31 de julio de 2016, http://www.tsc.gob.hn/Rendicion_de_cuentas/2015/Informe_001-DF-2016.pdf; y entrevista telefónica, 8 de febrero de 2017.

¹⁰³ Ibíd.

¹⁰⁴ Ibíd.

¹⁰⁵ “Debt Management Reform Plan: The Republic of Honduras”, Grupo Banco Mundial, octubre de 2014, http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2015/09/plan_mejoradeuda.pdf.

¹⁰⁶ Entrevista con un funcionario del IADB, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016. Sin embargo cfr. en el propio sitio web del IADB: “Trust Funds” Banco Interamericano de Desarrollo, http://www.iadb.org/aboutus/trustfunds/fundsearch.cfm. Véase también Stephan Lefebvre, “Honduras: IMF Austerity, Macroeconomic Policy, and Foreign Investment”, Center for Economic and Policy Research, septiembre 2015, http://cepr.net/documents/Honduras_IMF-2015-08.pdf, 14–18. Este rasgo de las operaciones cleptocráticas hondureñas tiene similitudes incómodas en Occidente, incluyendo la privatización de los servicios públicos en Chicago, donde un consorcio apoyado por un banco obtuvo contratos clave aquí. Según Hilari Rantakarii, de Transparencia Internacional Finlandia, la subcontratación de los servicios públicos de Helsinki a compañías privadas también ha resultado en la perdida del acceso público a los términos de los contratos o a la supervisión de su implementación en ese país.

¹⁰⁷ Marco Cáceres, “Honduras: Bargaining Away the State Power Company”, World Post, sin fecha, http://www.huffingtonpost.com/marco-caceres/honduras-bargaining-away_b_5767394.html; “IMF Executive Board Approves $113.2 Million Stand-By Arrangement and $75.4 Million Stand-By Credit Facility for Honduras”, comunicado de prensa, Fondo Monetario Internacional (FMI), 4 de diciembre de 2014, http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14545; “Debt Management Reform”, Grupo Banco Mundial, 11; Marco Antonio Hernández et al.,“Honduras Economic DNA”, Banco Mundial, junio de 2015, http://documents.worldbank.org/curated/en/150731468189533027/pdf/97361-WP-PUBLIC-Box391473B-Honduras-Economic-DNA-First-Edition-11Jun2015-FINAL-PUBLIC.pdf, 10: “Uno de los principales contribuyentes a los déficit constantes del sector público combinado ha sido la compañía de electricidad propiedad del estado (ENEE)”.

¹⁰⁸ Luciano González, “Concerning Developments Over at ENEE,” Honduras News, 19 de octubre de 2015, http://www.hondurasnews.com/concerning-developments-over-at-enee/.

¹⁰⁹ Kirguistán, Brasil, subsidios, etc.

¹¹⁰ Cifras sobre las pérdidas de la ENEE de “Perdidas eléctricas de la ENEE suman L 47,296 millones en seis años,” El Heraldo, 24 de abril de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/953306-466/p%C3%A9rdidas-el%C3%A9ctricas-de-la-enee-suman-l-47296-millones-en-seis-a%C3%B1os. Cifras del PIB de “Data: Honduras”, Banco Mundial, http://data.worldbank.org/country/honduras.

¹¹¹ “IMF Executive Board”, comunicado de prensa, FMI, 4 de diciembre de 2014; “IMF Completes Third and Fourth Reviews Under SBA and SCF with Honduras”, comunicado de prensa press, FMI, 2 de noviembre de 2016, https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/02/PR16482-Honduras-IMF-Completes-Third-Fourth-Reviews-Under-SBA-SCF.

¹¹² Kelssin Vásquez, “Congreso aprobó liberalizar la generación de energía eléctrica”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Economia/story.csp?cid=611117&sid=294&fid=216.

¹¹³ Cesar Pantin, “Honduras: Sacan de la Enee a 2,000 empleados”, La Prensa, 24 de noviembre de 2014, http://www.laprensa.hn/honduras/770871-410/honduras-sacan-de-la-enee-a-2000-empleados; “Masivos despidos en la ENEE,” Tiempo Digital, 4 de noviembre de 2016, http://tiempo.hn/masivos-despidos-en-la-enee/.

¹¹⁴ Luis Rodríguez, “Perdidas eléctricas de la ENEE suman L 47,296 en seis años,” El Heraldo, 24 de abril de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/953306-466/p%C3%A9rdidas-el%C3%A9ctricas-de-la-enee-suman-l-47296-millones-en-seis-a%C3%B1os. Sin embargo, debe mencionarse que la lempira se devaluó contra el dólar en 2014, lo que hizo que las comparaciones con el dólar fueran engañosas. Véase “Devaluation in Honduras”, Central America Data, http://www.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le:%22devaluation%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Honduras%22.

¹¹⁵ Entrevista con residente de Choluteca (donde hay por lo menos tres generadores de electricidad, dos de petróleo y  uno solar), 6 de agosto de 2016. Un entrevistado registró apagones de hasta ocho horas al día durante varios días a la semana.

¹¹⁶ Según cifras citadas por el Banco Mundial para 2011 y 2012, poco más de 82 por ciento de la población tenía electricidad, pero sólo un 65 por ciento de los hogares rurales. Véase “Access to Electricity (% of Population)”, Banco Mundial, accedido el 14 de abril de 2017, http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=HN.

¹¹⁷ Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

¹¹⁸ Entrevista, Tegucigalpa, octubre de 2014; y véase José Ernesto Calix Mendoza, “Origen, causa-efecto de los problemas financieros de la ENEE, y las medidas alternativas para afrontarlos”, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, octubre de 2014, http://www.cimeqh.org/index.php/noticias/351-origen-causa-efecto-de-los-problemas-financieros-de-la-enee-y-las-medidas-alternativas-para-afrontarlos, p. 15.

¹¹⁹ Ibíd., que es un plan trazado por Mendoza, coordinador nacional de la ENEE para el control de pérdidas, que prevé una meta de reducción “realista” sólo del 60 por ciento de pérdidas no técnicas. El Congreso aprobó cuarenta y uno contratos de energía renovable en septiembre de 2010. “Empleados hondureños entrarán a las 7:30 AM,” La Prensa, 1 de marzo  de 2011, http://www.laprensa.hn/honduras/548392-97/empleados-hondurenos-entraran-a-las-730-am.

¹²⁰ “Continúa revisión de contratos térmicos en Honduras”, America Economia, 24 de marzo de 2014, http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/continua-revision-de-contratos-termicos-en-honduras; y Ibíd., Marco Cáceres. Véase también motivación para un préstamo potencial del Banco de Desarrollo Interamericano, “Programmatic Support for Structural Reforms in the Electricity Sector”, para que sea considerado por el Consejo de Directores, 2 de diciembre de 2017, p. 5, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PRO/2015/01/Anlagen/PRO201501275005.pdf?v=1.

¹²¹ Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables”, La Gaceta de la República de Honduras, 2 de octubre de 2007, http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20Promocion%20a%20la%20Generacion%20de%20Energia%20Electrica%20con%20Recursos%20Renovables.pdf. Véase también el perfil de Honduras de 2016 de Climatescope: “Honduras”, Climatescope, 14 de diciembre de 2016, http://global-climatescope.org/en/country/honduras/#/details.

¹²² Robert Fares, “Price of Solar is Declining to Unprecedented Lows”, Plugged In (blog), Scientific American, 27 de agosto de 2016, https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/the-price-of-solar-is-declining-to-unprecedented-lows/.

¹²³ “Electrical Elites and Political Power” en Meza et al., Poderes fácticos, pp. 119–34.

¹²⁴ Entrevista (teléfono), 3 de octubre de 2016.

¹²⁵ “Incentivos elevarán el costo del kilovatio de energía solar”, La Prensa, 13 de abril de  2013, http://www.laprensa.hn/economia/laeconomia/830712-410/incentivos-elevar%C3%A1n-el-costo-del-kilovatio-de-energ%C3%ADa-solar.

¹²⁶ Según un estudió realizado en Tegucigalpa que no se publicó, y confirmado en entrevistas.

¹²⁷ Véase nota 187; y entrevista con el exfuncionario de alto rango, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016.

¹²⁸ Vía Grupo Lufussa, COHESSA y SOPOSA del Larach Group , y Grupo Terra, respectivamente; and entrevistas, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

¹²⁹ Un indicio de su consternación por los términos de dichos contratos es el fracaso aparente de la ENEE para pagar los incentivos. Véase Rosie Fitzmaurice, “Developers of Honduran PV Still Yet to Receive Incentive Tariff”, IJGlobal, 30 de junio de 2016, https://ijglobal.com/articles/101219/developers-of-honduran-pv-still-yet-to-receive-incentive-tariff.

¹³⁰ Varios fueron declarados de interés nacional en 2011, y se les brindó provisiones legales extraordinarias para expropiar la tierra y otras aportaciones, según la Ley Especial Reguladora de Adquisición de Bienes Inmuebles para la Ejecución de Proyectos Especiales de Energía con Recursos Renovables).

¹³¹ Véase “Honduras: the Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness.

¹³² Uno, iniciado a mediados de la década de 1990, fue abandonado en 1999 porque el huracán Mitch, que había devastado la zona un año antes, erosionó severamente las riberas. Preocupados sobre la confiabilidad del flujo del agua previsto, Harza Engineering Company (posteriormente MWH Global), con sede en Chicago, y Panda Energy International, con sede en Dallas, cancelaron su participación. La oposición por parte de las comunidades locales, que se alió en una Plataforma para la Defensa del Río Patuca, también influyó en su decisión. Una década más tarde, los socios taiwaneses abandonaron su promesa de apoyar un proyecto diferente de 104 megavatios, Patuca III, ubicado río arriba del sitio original. Véase Jack Eidt, “Honduras: Patuca River Dams Threaten Indigenous Survival”, WilderUtopia, 26 de julio de 2011, http://www.wilderutopia.com/environment/honduras-patuca-river-dams-threaten-indigenous-survival/; Monti Aguirre, “Damming the Patuca”, International Rivers, 30 de junio de 2016, https://www.internationalrivers.org/blogs/233/damming-the-patuca; Mark Graffis, “Dam Dilemna in Honduras (Patuca River)”, Conservation Media Center, Rainforest Alliance, 26 de agosto de 1998, http://www.hartford-hwp.com/archives/47/225.html; “Taiwan President Confirms Loan to Build Honduras‘ 100-MW Patuca 3”, Hydroworld, 27 de agosto de 2008, http://www.hydroworld.com/articles/2007/08/taiwan-president-confirms-loan-to-build-honduras-100-mw-patuca-3.html.

¹³³ IANS, “Honduras Signs Deal With Chinese Firm on Hydro Plant”, Thaindian News, 19 de abril de 2011, http://www.thaindian.com/newsportal/business/honduras-signs-deal-with-chinese-firm-on-hydro-plant_100527451.html. Una búsqueda exhaustiva en inglés, español y chino por un experto experimentado en diligencia debida empresarial, no pudo encontrar una copia del contrato real.

¹³⁴ Alex Flores, “Honduras: Viene Sinohydro a negociar segunda etapa de Patuca III”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/alfrente/564883-209/honduras-viene-sinohydro-a-negociar-segunda-etapa-de-patuca-iii.

¹³⁵ Para algunos factores del marco cronológico, Véase “Hydroelectric Project Patuca III in Honduras”, Central America Data, http://en.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le%3A%22Hydroelectric+Project+Patuca+III%22&q2=mattersInCountry_es_le%3A%22Honduras%22&start=15; y Sara Santiago, “Understanding Power: The Prospects for Indigenous Resistance to a Proposed Mega-dam in Rural Honduras” (tesis de investigación universitaria, Departamento de Geografía, Ohio State University, 17 de mayo de 2012), http://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/52064, 36–41.

¹³⁶ De una copia de la carta en posesión del Carnegie Endowment.

¹³⁷ “Estudios Ambientales y Sociales Adicionales - Patuca 3, Honduras”, AF Industry AB y Ecologia y Servicios S. A., noviembre de 2012 (reporte en posesión del Carnegie).

¹³⁸ Véase, por ejemplo, el retrato de Mongabay de Honduras: “Honduras,”
 Mongabay, última actualización 6 de febrero de 2006, http://rainforests.mongabay.com/20honduras.htm.

¹³⁹ Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016.

¹⁴⁰ Véase el texto de la convención aquí: Organización Internacional del Trabajo no. 169, “C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention”, 27 de junio de 1986, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312314.

¹⁴¹ Gerardo Torres, “Hondurans Protest Over Lands Lost in Hydroelectric Project”, Telesur, 2 de febrero de 2015, http://www.telesurtv.net/english/news/Hondurans-Protest-Over-Lands-Lost-in-Hydroelectric-Project-20150202-0020.html.

¹⁴² Entrevista, Las Planchas, 25 de julio de 2016.

¹⁴³ Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto de 2016.

¹⁴⁴ “Continúan tomas en carretera al Proyecto Patuca III”, El Sol de Honduras, 21 de noviembre de 2016, http://www.elsoldehonduras.com/nacionales/continuan-tomas-en-carretera-al-proyecto-patuca-iii/.

¹⁴⁵ Entrevista, Las Planchas, 25 de julio de 2016.

¹⁴⁶ Entrevista, Las Planchas, 26 de julio de 2016.

¹⁴⁷ Entrevistas con el alcalde Andrés Avelino Betancourt y un miembro de su personal, Nueva Palestina, 26 de julio de 2016.

¹⁴⁸ Entrevista, 28 de julio de 2016.

¹⁴⁹ Entrevista, 31 de julio de 2016.

¹⁵⁰ Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

¹⁵¹ Entrevista, 26 de julio de 2016.

¹⁵² Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

¹⁵³ Entrevista, 30 de julio de 2016.

¹⁵⁴ El Instituto Nacional de Investigación Espacial estima que las presas son la única fuente humana y la más grande de metano, responsables del 23 por ciento de todas las emisiones. Véase “Greenhouse Gas Emissions From Dams FAQ”, International Rivers, 1 de mayo de 2007, https://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-4064;  Cfr. Bridget Deemer et al., “Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis”, BioScience 66, no. 11 (octubre de 2016): 949–64.

¹⁵⁵ Entrevista, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016.

¹⁵⁶ Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016; véase también, “Energy Integration in Central America: Full Steam Ahead”, Banco Interamericano de Desarrollo, 25 de junio de 2013, http://www.iadb.org/en/news/webstories/2013-06-25/energy-integration-in-central-america,10494.html; y Jay Zarnikau et al., “Will the SIEPAC Transmission Project Lead to a Vibrant Electricity Market in Central America?”, Energy Forum, International Association for Energy Economics, 24 de septiembre de 2013.

¹⁵⁷ Jeremy Martin, “Central America Electric Integration and the SIEPAC Project: From a Fragmented Market Toward a New Reality”, Center for Hemispheric Policy, 6 de mayo de 2010, https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Martin_Central_America_Electric_Int.pdf.

¹⁵⁸ A pesar de la confusión regulatoria, la red integrada ya conecta países más allá de Centroamérica como México y Colombia. Ibíd., Zamikau et. al., “Will the SIEPAC Transmission Project Lead to a Vibrant Electricity Market in Central America?”

¹⁵⁹ Véase “CNA denuncia a funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, comunicado de prensa, Consejo Nacional Anticorrupción, 16 de agosto de 2016, http://www.cna.hn/index.php/43-noticias-fijas/437-cna-presenta-denuncia-ente-el-ministerio-publico-mp-en-contra-de-actuales-funcionarios-y-ex-funcionarios-de-la-empresa-nacional-de-energia-electrica-enee; también, “CNA pide a la fiscalía declarar en reserva caso de Patuca III”, La Prensa, 7 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997942-410/cna-pide-a-la-fiscal%C3%ADa-declarar-en-reserva-caso-de-patuca-iii.

¹⁶⁰ “Nadie aclara polémico contrato de la ENEE con la empresa Odebrecht”, La Prensa, 21 de febrero de 2017, http://www.laprensa.hn/honduras/1046225-410/nadie-aclara-pol%C3%A9mico-contrato-de-enee-con -empresa-odebrecht; Silma Estrada, “CNA interpone denuncia en contra de exfuncionarios y exempleados de la ENEE”, HRN, 24 de agosto de 2016, http://www.radiohrn.hn/l/noticias/cna-interpone-denuncia-en-contra-de-ex-funcionarios-y-ex-empleados-de- la-enee; “Contratos de obras se hicieron al amparo de la Ley Especial”, La Prensa, 5 de septiembre de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/997181-410/contratos-de-obras-se-hicieron-al-amparo-de-la-ley-especial.

¹⁶¹ Alex Flores, “Avanzó o retrocedió Honduras en la lucha contra la corrupción en 2016?”, Revistazo, 25 de enero de 2017, http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/1167-%C2%BFavanz%C3%B3-o-retrocedi%C3%B3- honduras-en-la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n. Todavía más impactante, parece que la ENEE alentó a una compañía que pertenece al cártel de drogas Cachiros licitar por el trabajo: “ROMA invitó a Los Cachiros a participar en las licitaciones de la ENEE”, Criterio, 29 de marzo de 2017, http://criterio.hn/2017/03/29/roma-invito-los-cachiros-participar-las-licitaciones-la-enee/.

¹⁶² “La ENEE dio otro contrato de construcción a Los Cachiros”, El Heraldo, 27 de marzo de 2017, http://www.elheraldo.hn/pais/1057899-466/la-enee-dio-otro-contrato-de-construcción-a-los-cachiros.

¹⁶³ James Robinson y Ragnar Torvik, “White Elephants”, Journal of Public Economics 89 (2005): pp. 197–210, http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/jr_WhiteElephants.pdf; para un estudio de caso en Egipto, véase Frederick Deknatel, “White Elephants”, Nation, 13 de agosto de 2015, https://www.thenation.com/article/white-elephants/. Las presas son saqueadas por lo regular de esta manera –a tal grado que a menudo ni siquiera pueden recuperar el costo de construcción–. Atif Ansar de la Universidad de Oxford et al. hallo en 2013 que tres de cada cuatro presas grandes exceden costos, con un gasto real promedio del 96 por ciento por encima de lo estimado. En casi la mitad de los casos, la inversión perdida jamás se recuperará. Atif Ansar et al., “Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development”, Energy Policy 69 (junio de 2014): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2406852; véase también Bent Flyvbjerg, “What You Should Know About Megaprojects and Why”, Project Management Journal 45, no. 2 (abril de 2014): http://www.pmi.org/learning/library/know-mega-projects-overview-2267; y Transparencia Internacional, Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008), http://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2008_corruption_in_the_water_sector.

¹⁶⁴ “Quiebra del Seguro Social IHSS -  Globo TV Honduras”, YouTube video, posteado por “The MrR5”, 8 de mayo de 2015, https://www.youtube.com/watch?v=WMdmVeAEKF8.

¹⁶⁵ Un mes más tarde, Hernández admitió que el dinero había ido a parar a su partido político, pero argumentó no haber sabido acerca de esto, y afirmó que lo regresaría. Agencia EFE, “Presidente hondureño acepta que su campaña recibió dinero de corrupción”, Excélsior, June 4, 2015,

http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/04/1027556.

¹⁶⁶ “Informe revela escandalosa corrupción en IHSS”, El Heraldo, 28 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=702964&sid=299&fid=214.

¹⁶⁷ “Protesta de empleados y pacientes en IHSS”, El Heraldo, 31 de julio de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/734058-214/protesta-de-empleados-y-pacientes-en-ihss.

¹⁶⁸ “Hondureño protesta contra saqueo al IHSS en la Copa America!”, Diario Deportivo Más, 7 de junio de 2016, http://www.diariomas.hn/2016/06/07/hondureno-protesta-contra-saqueo-al-ihss-en-la-copa-america/; “Cerca de tres mil personas han muerto por descalabro en el IHSS”, La Tribuna, 28 de mayo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/05/28/cerca-de-tres-mil-personas-han-muerto-por-descalabro-en-el-ihss/.

¹⁶⁹ Para artículos anteriores de corrupción en el IHSS, véase “Informe confirma ‘corrupción institucionalizada’ en el IHSS”, Proceso Digital, 6 de marzo de 2014, http://www.proceso.hn/component/k2/item/6822.html; para las manifestaciones en mayo y junio,  véase “Capitalinos marchan exigiendo resolución en caso del IHSS”, La Prensa, 30 de mayo de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/844810-410/capitalinos-marchan-exigiendo-resoluci%C3%B3n-en-caso- del-ihss; y Elisabeth Malkin, “Wave of Protests Spreads to Scandal-Weary Honduras and Guatemala”, New York Times, 12 de junio de 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/13/world/americas/corruption-scandals-driving-protests-in-guatemala-and-honduras.html?_r=0.

¹⁷⁰ “Informe confirma ‘corrupción institucionalizada’ en el IHSS”, Proceso Digital; e “Informe revela escandalosa corrupción en el IHSS”, El Heraldo, 28 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/702964-214/informe-revela-escandalosa-corrupci%C3%B3n-en-ihss.

¹⁷¹ Ibíd.; y “ASJ muestra irregularidades de Astropharma en informes”, La Prensa, 19 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/851251-410/asj-muestra-irregularidades-de-astropharma-en-informes.

¹⁷² “Mario Roberto Zelaya Rojas”, Persona de Interés, https://www.personadeinteres.org/personas/2276; “Los cheques fueron entregados por el señor Zelaya”, El Heraldo, 9 de marzo de 2015, http://www.elheraldo.hn/alfrente/820507-209/los-cheques-fueron-entregados-por-el-señor-zelaya.

¹⁷³ “Familia Gutiérrez intentó vender medicinas hace 2 meses al Estado”, La Prensa, 1 de julio de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/854571-410/familia-guti%C3%A9rrez-intent%C3%B3-vender -medicinas-hace-2-meses-al-estado.

¹⁷⁴ “Mujeres acusadas de lavado de activos del IHSS dejaron sus lujos y ahora van a la iglesia”, La Tribuna, 30 de junio de 2016, http://www.latribuna.hn/2016/06/30/mujeres-acusadas-lavado-activos-del-ihss-dejaron-lujos-ahora-van-la-iglesia/.

¹⁷⁵ “Lena y su familia van a juicio por caso de Astropharma”, La Prensa, 5 de agosto de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/986870-410/lena-y-su-familia-van-a-juicio-por-caso-de-astropharma.

¹⁷⁶ “Al dictarle detención judicial a Shukri Kafie es trasladado a una clínica privada”, TVC, 12 de junio de 2015, http://direct.televicentro.hn/nota/2015/6/12/dictan-detención-judicial-a-shukri-kaffie.

¹⁷⁷ RNS, “CONATEL Attempts to Shut Down Cholusat Sur”, Honduras Culture and Politics (blog), 16 de octubre de 2015, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2015/10/conatel-attempts-to-shut-down-cholusat.html.

¹⁷⁸ NPINEDA, “Detención judicial dicta juez a John Charles Bogran”, La Prensa, 17 de mayo de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/840871-410/detenci%C3%B3n-judicial-dicta-juez-a-john-charles-bogr% C3%A1n.

¹⁷⁹ “IMF Executive Board”, comunicado de prensa, FMI, 4 de diciembre de 2014; y “IMF Completes Third and Fourth Review”, comunicado de prensa, FMI, 2 de noviembre de 2016.

Es una característica inconfundible de los sistemas de gobierno cleptocráticos que los organismos que muestran independencia o que representan una amenaza potencial a los intereses de la red sean paralizados o cortocircuitados de manera intencional. En Afganistán, por ejemplo, cuando investigadores respaldados internacionalmente descubrieron un hoyo de casi mil millones de dólares en el banco privado más importante, y extorsionaron a un miembro del personal de la presidencia a través de un soborno para influenciar la investigación, el entonces presidente Hamid Karzai intentó disolver las unidades de investigación. Los funcionarios ingleses y estadounidenses resistieron y Karzai se ensañó contra los fiscales especializados en anticorrupción, reduciendo sus salarios de la noche a la mañana y transfiriendo a varios de ellos a provincias remotas y peligrosas¹. En Egipto, primero bajo el expresidente Hosni Mubarak y posteriormente bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas después de la Primavera Árabe, un sistema judicial hasta cierto punto independiente era eludido a través del uso de tribunales militares².

Acaso el ejemplo reciente más impresionante fue el que solo se puede describir como el aprovechamiento caníbal de los ejércitos de Irak, Nigeria y Ucrania por los gobiernos de Haider al-Abadi, Goodluck Jonathan y Viktor Yanukovych, respectivamente. Las tres fuerzas fueron incapacitadas mediante el nombramiento de oficiales incompetentes, el robo masivo de material y la proliferación de “soldados fantasmas” inexistentes, cuyo sueldo recaudaban oficiales de alto rango. Desafiados en 2014 por grupos militantes mucho menos estructurados y equipados (el autoproclamado Estado Islámico y Boko Haram) o los insurgentes apoyados por rusos, los tres ejércitos colapsaron y requirieron apoyo externo considerable como resultado³.

Tampoco son difíciles de encontrar los casos de sabotaje deliberado de instituciones en Estados Unidos. Después de que el Federal Home Loan Bank Board organizó una campaña para investigar a los ejecutivos responsables de la crisis de crédito y ahorro en la década de 1980, que resultó en más de 1000 condenas por delito, funcionarios estadounidenses limitaron la cifra y la independencia de los expertos dedicados a la supervisión, y promulgaron directrices de enjuiciamiento que hicieron el castigo de infractores más improbable⁴. El mismo clima contra la regulación en Estados Unidos dejó a la Food and Drug Administration infrafinanciada⁵. Posteriormente, con empresas farmacéuticas (y pacientes) quejándose del ritmo lento de aprobaciones de medicamentos, las regulaciones se suavizaron⁶. Recientemente, el presupuesto inicial del Presidente Donald Trump publicado el 15 de marzo de 2017, recortó la financiación para dichos organismos reguladores o de supervisión como la Agencia de Protección del Medio Ambiente y el Departamento de Justicia⁷. Más adelante se analizarán algunos de los organismos hondureños que han sido incapacitados de la misma forma.

SERNA (Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras)

Resulta evidente en el relato de la presa del Patuca antes mencionado que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, o SERNA, es uno de estos organismos debilitados.

Por ejemplo, al ser subsumida en 2014 a una secretaría consolidada de energía, recursos naturales, medio ambiente y minas, la SERNA perdió en dicha fusión, según el abogado de anticorrupción citado anteriormente. “El medio ambiente solía estar separado por razones de control y balance”, señaló. “Pero ahora están todas juntas. Así que el agua y los bosques no cuentan con protección alguna”⁸. Un funcionario de desarrollo occidental compara a Honduras desfavorablemente con algunos de sus vecinos en este contexto. “En Costa Rica, si soy la secretaría de agricultura, transporte o infraestructura, tengo que ir a la secretaría de medio ambiente y pedir una licencia como todas las demás. Esa autonomía mejora las normas”.

Pero las normas en este ámbito no son la prioridad del gobierno hondureño. “No se trata de una ley escrita”, cavila el funcionario, “pero es casi una ley que no tengan que respetar las normas ambientales. Construyen una carretera donde quieren; el presidente firma un decreto que dice que es de interés nacional”⁹.

En el caso de la minería, el organismo encargado de la regulación y la supervisión fue estructurado en el verano de 2014 para rendir cuentas directamente ante el presidente¹⁰. Las compañías canadienses operan la mayoría de minas en Honduras, algunas de estas han sido el centro de controversias por envenenar aparentemente arroyos o secar cuencas¹¹.

Cuando la SERNA desempeña un papel y permite que proyectos potenciales avancen, las regularidades en el proceso de permisos parecen ser la norma. En el caso de Patuca III, la evaluación del impacto ambiental original que provocó la reprimenda mordaz del Banco de Desarrollo Interamericano expiró dos años más tarde, en 2010. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un estudio completo de manera adecuada ni tampoco se ha realizado uno nuevo pro forma como lo exige la ley; pero se han entregado los permisos y la construcción de la presa procedió¹². En uno de los casos más infames, el proyecto de la represa Agua Zarca, el segundo funcionario en importancia de la SERNA supuestamente aprobó el permiso a cambio de un soborno. Ahora se encuentra en prisión en espera de juicio¹³.

En 2009, Global Witness publicó un informe investigado con rigor sobre la tala ilegal en la reserva de bosque nacional Río Plátano que sacó a la luz prácticas similares por parte del organismo ambiental subordinado. El informe detalla cómo la autoridad forestal emitió memorandos y permisos que violaban las disposiciones jurídicas que exigían la confiscación y subasta pública de la caoba talada ilegalmente. Las nuevas normas facilitaron disimular la tala ilegal reciente. Se cree que cientos de árboles únicos de caoba protegidos se han talado como resultado¹⁴.

Ambientalistas veteranos y biólogos investigadores, tanto de Honduras como de Estados Unidos, hablaron acerca de una “mafia biológica”: un grupo de “académicos”, para usar el término de UEPER, que están dispuestos a dar el visto bueno a estudios ambientales. “Ésa es su especialidad”, afirma el experto ambientalista citado anteriormente, lo que confirma las descripciones que nos brindaron los naturalistas hondureños y estadounidenses que están familiarizados con los bosques del este de Honduras. “Sus estudios se acoplan a lo que los constructores desean”.

En muchos casos, la SERNA puede prescindir de las evaluaciones ambientales del todo. “Se supone que un proceso de evaluación sucede antes de la construcción”, agrega el abogado. “Pero, a mi parecer, ilegalmente, la obra arranca antes de que se haya terminado el estudio. Los propietarios obtienen una licencia en un día, la licencia denominada temporal. Pero dicha licencia nuca será revocada”¹⁵.

Investigadores holandeses solicitaron una copia de la evaluación del impacto ambiental para una versión nueva de la presa Agua Zarca, diseñada en medio de una amplia oposición al proyecto, la cual desplazó al otro lado del río la construcción principal de la instalación original permitida. Les comunicaron “que el nuevo informe parecía estar en la oficina del fiscal. Pero [la mujer] no sabía dónde. Más tarde, recibimos una carta oficial que afirmaba que no se trataba de un informe público¹⁶”. Surge la duda de si el informe realmente existe.

La secretaría lucha contra los presupuestos bajos de manera crónica, y depende en gran medida del apoyo de las donaciones del país. Conforme a la Ley Forestal de 2008, por ejemplo, se supone que un 1 % del presupuesto nacional se destina al Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, que se utiliza para la “rehabilitación de zonas boscosas que han sido deterioradas o deforestadas”¹⁷. Sin embargo, la cantidad real de dinero depositada de momento en dicho fondo no es superior a los 100 millones de lempiras, de los cuales 70 millones han sido transferidos al ejército, según el estudio sobre biodiversidad de la USAID citado anteriormente¹⁸. De hecho, el entonces presidente Zelaya anunció la iniciativa respaldada por miembros de las fuerzas armadas que de inmediato fueron desplegados en la Reserva de Río Plátano¹⁹. No obstante, durante cinco días de viaje por el río Patuca, en parques nacionales supuestamente protegidos, pudimos ver que no había ningún rastro de actividades relacionadas con la plantación ni de intentos por frenar la tala ilegal de árboles.

Usando un lenguaje consabido entre los organismos de desarrollo, la evaluación de la USAID “concluyó que la debilidad institucional es la causa fundamental de los problemas ambientales… En Honduras” (itálicas añadidas). A su vez, enumera el cumplimiento inadecuado de las regulaciones y de las leyes ambientales; la implementación, el monitoreo y el cumplimiento deficientes de los requerimientos de la evaluación del impacto ambiental; la escasa prioridad por parte del gobierno; la ignorancia y la corrupción²⁰.

Pero esta terminología de la debilidad, la cual es muy común en los debates de donación de las instituciones de países en desarrollo, enmascara la naturaleza deliberada de las deficiencias tomadas en consideración y, por ende, desvía la atención de lo que yace en la raíz de muchos de los problemas: la corrupción estructurada. El informe de la USAID evidencia de manera indirecta esta intencionalidad, al señalar que “el gobierno está apoyando actualmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar, café y palma”, al igual que la actividad ganadera y el turismo costero, los cuales ejercen presión sobre el medio ambiente y amenazan la biodiversidad. Las leyes de protección ambiental, por lo tanto, “a menudo están en conflicto directo con las políticas actuales de desarrollo económico hondureño”²¹.

Quizás casualmente, los negocios cuyas actividades constituyen la amenaza más seria a la biodiversidad, y por tal motivo necesitan instituciones legales y ambientales “débiles” para poder florecer, son empresas en manos de miembros de la red del sector privado. Estas son las actividades que el gobierno hondureño ha elegido como los pilares de su estrategia de desarrollo²².

Algunos académicos plantean que la degradación ambiental que resulta de dichas políticas también es deliberada: es útil para crear una clase desarraigada de obreros pobres para las industrias controladas por la red cleptocrática. “Los entornos naturales degradados a menudo hacen que la vida en comunidad sea imposible”, afirma James Phillips en Honduras in Dangerous Times. “La contaminación del agua y de los recursos terrestres a través de la tala o de la minería provoca que la gente se desplace. Con frecuencia esto significa el fin de su forma de vida tradicional, convirtiendo a los campesinos en buscadores de empleo desplazados. La destrucción ambiental también socava los valores espirituales y la moral de las comunidades locales…[Daniel] Faber argumenta que la deterioración ambiental que resulta de dichos sucesos… Es un componente intencionado del control económico de la sociedad. El desplazamiento de comunidades rurales de sus tierras crea una reserva de mano de obra barata”²³. (Sin mencionar a los migrantes que se dirigen hacia el norte).

De este modo, el modelo de negocios de las redes cleptocráticas parece basarse en la explotación prácticamente irrestricta del medio ambiente. En las palabras de un aldeano, cuya casa que da hacia el río Patuca está asentada sobre pilotes al estilo tradicional, “el mismo gobierno que hace las leyes que protegen este lugar está involucrado en los negocios que lo destruyen”²⁴.

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social

Otros ejemplos de estas instituciones gubernamentales débiles, o deliberadamente debilitadas, merecen por lo menos un vistazo somero.

Entre ellas se encuentra la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Resulta sorprendente que este organismo, presuntamente responsable de abordar la legendaria pobreza y la desigualdad de ingresos en Honduras, al igual que la infraestructura deplorable en las zonas rurales, condiciones que dieron lugar al reclutamiento de pandillas y a la migración, sea tan invisible como lo es²⁵.

Una de sus iniciativas emblemáticas es el Bono Vida Mejor, un programa de transferencia de dinero en efectivo para los hondureños empobrecidos, en especial destinado a gastos de educación²⁶. No obstante, algunos entrevistados señalaron que es el personal de la oficina presidencial quien elige a muchos de los beneficiarios y no la secretaría. El propio vocero del gobierno hondureño confirmó la observación²⁷.

Los entrevistados con regularidad criticaron la falta de transparencia en la distribución de estos bonos y afirmaron que los utilizan para asegurar el apoyo al presidente. “Los bonos y subsidios son solo para la gente del Partido Nacional”, observa un miembro de una organización de la comunidad hondureña en el sur. “Es una especie de compra de votos”. Otros citaron experiencias personales de discriminación. “No podemos recibir el Bono 10 Mil [anterior al Bono Vida Mejor] ni participar en otros programas porque criticamos al gobierno”, afirmó un silvicultor de las montañas en la frontera de Honduras y El Salvador. “Lo utilizan como campaña política. Se trata de un discurso de doble cara: hablan de educación y desarrollo pero nosotros no estamos obteniendo nada”²⁸. Otros entrevistados secundaron esta sospecha de que algunos de estos fondos se usan para la publicidad de campañas o para transportar personas (y pagarles por su participación) a consultas públicas o mítines como el del 24 de julio de 2016: una concentración en Tegucigalpa a favor de la reelección de Hernández, durante la cual cientos de autobuses estuvieron estacionados en fila en las avenidas y los pasos elevados centrales de la ciudad capital²⁹.

En una opinión secundada por la mayoría de los entrevistados, un exfuncionario de alto rango afirmó: “Están usando el dinero del presupuesto del gobierno para otros propósitos”. Señaló en particular a “Vida Mejor, que obtiene un 1 % del presupuesto nacional. Una parte de este está en un fondo fiduciario. No existe un proceso transparente para determinar quiénes son los beneficiados”³⁰. Un chofer profesional secunda: “Hay programas para niños, entre otras cosas. Pero ayudan a la gente que les conviene, que les da poder. El dinero no va a donde más se necesita”³¹.

Autobuses que transportaban manifestantes a una marcha para apoyar un segundo periodo presidencial para Hernández, Tegucigalpa, julio de 2016

INA (Instituto Nacional Agrario)

Por un lado, desde el punto de vista de los hondureños desfavorecidos en las zonas rurales, el papel del INA ha cambiado, lo que refleja los diferentes enfoques del gobierno en relación a la tenencia de tierras y quizás algunas discrepancias internas entre el personal designado en épocas anteriores. Por el otro, ha facilitado la consolidación de grandes negocios de posesión conforme a la Ley de Modernización Agrícola de 1992, y permitido la titulación ilegal de tierras protegidas. El especialista en leyes ambientales citado anteriormente destaca la estructura de incentivos interna del organismo: “Hay una contradicción: se supone que nadie debe vender tierras dentro de los bosques nacionales. Pero el INA tiene destinatarios para el número de títulos que espera entregar”³².

Sin embargo, algunos funcionarios del organismo también han desafiado la legitimación de los propietarios de grandes plantaciones en el Bajo Aguán, incluido el poderosísimo Miguel Facussé, al afirmar que el conflicto en dicho lugar podría haberse resuelto a través de la expropiación de las tierras cuyos derechos de posesión fueran dudosos y de la distribución de las mismas entre los lugareños que las han cultivado durante años³³. Últimamente, el instituto ha ayudado a comunidades indígenas como la garifuna y la misquito a ganar los derechos colectivos sobre tierras ancestrales³⁴. “El INA fue un socio vital durante todo el proceso de convalidación”, afirma Fernando Rodríguez, un antropólogo que estudia el desarrollo de las prácticas de gobernanza del pueblo misquito en las tierras que recientemente obtuvieron un título de propiedad. “Ha funcionado como un punto de entrada al Estado para las organizaciones rurales y los activistas sociales”³⁵.

Quizás debido a esa accesibilidad, el INA parece estar ahora en proceso de saqueo. Ha sufrido repetidos recortes de presupuesto³⁶, lo que condujo a manifestaciones por parte de trabajadores no remunerados en 2016 y a que organizaciones de campesinos expresaran temor acerca de que la intención es disolver el organismo³⁷. “Escuché que puede ser desmantelada”, Rodríguez observó, secundando los rumores que le pasaron sus contactos ³⁸.

Dada la falta de un foro alternativo para la apelación, inutilizar al INA a través de la falta de recursos priva con eficacia a los campesinos agrícolas y a los indígenas hondureños de todo medio para obtener una compensación cuando se encuentran implicados en conflictos locales por tierras. En otros contextos, una privación sistemática de recursos de apelación como tal o de la reparación de agravios legítimos con frecuencia conduce a los afectados a la violencia extrema³⁹.

Entidades fiscalizadoras

La ineficacia del Tribunal Superior de Cuentas es un ejemplo de los organismos de control huecos. “¿Cuentas?”, se mofa un profesional en auditoria hondureño cuando le pregunto sobre esto. “Es un chiste. No existe una institución de control. Está totalmente incapacitada. A lo que me refiero es que ni siquiera hicieron nada acerca del escándalo del IHSS”⁴⁰. De hecho, fue el Consejo Nacional Anticorrupción quien inició las investigaciones de ese extenso caso, basándose en una pista anónima⁴¹. En noviembre de 2016, la MACCIH se quejó públicamente de una lista de nuevos magistrados elegidos⁴².

Por el contrario, entrevistados señalaron que el tribunal abrió una investigación sobre la compra de zapatos para distribuir entre los pobres por una organización benéfica que pertenecía a la esposa del expresidente Porfirio Lobo⁴³. Un rumor divulgó que la esposa estaba en una lista estadounidense de extradición potencial, pero conforme a la ley hondureña, nadie puede ser extraditado si un proceso legal hondureño está en curso contra él o ella⁴⁴.

A pesar del secreto a voces sobre la cantidad de dinero del narcotráfico que se lava a través del sistema bancario hondureño, el organismo regulador de la industria financiera, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no ha atraído ningún caso importante de lavado de dinero que se recuerde. Tampoco ha auditado ninguna de las obras públicas ni los proyectos de colaboración pública-privada que implementan acuerdos de fideicomisos administrados por bancos.

Es fundamental tomar en cuenta la intencionalidad que se muestra en estos ejemplos de debilidad institucional. No se trata de casos de déficits de capital humano debido al subdesarrollo, ni de corrupción oportunista dentro de estos organismos que entorpece la capacidad de los profesionales para hacer su trabajo. Ni de funcionarios bien intencionados que están siendo bloqueados en algunas ocasiones por la interferencia política. En su lugar, la independencia de estos organismos está siendo deshabilitada sistemáticamente. Su funcionalidad restante la distorsionan para proteger las prácticas de las redes, a menudo al levantar cortinas de humo entre la sociedad o los interlocutores internacionales. La finalidad deliberada de las regulaciones y los organismos de supervisión es neutralizar el poder de supervisión real y, de este modo, facilitar las prácticas cleptocráticas.

Los ejemplo antes mencionados representan algunos de los organismos nacionales que han sido moldeados o ajustados de modo que sirvan a los objetivos de las redes hondureñas. Varios entrevistados nos alertaron sobre la reflexión adicional que inicia esta sección. No solo las funciones del gobierno están siendo tergiversadas de esta manera, varios interlocutores coinciden en que Hernández también ha trabajado para consolidar el control en sus propias manos de estas funciones a tal grado que hasta en Honduras se percibe como algo insólito. La palabra “autocracia” aparece con frecuencia en sus evaluaciones.

“Parte de esta crisis es el hecho de que tenemos un gobierno totalmente autocrático: impone decisiones a través de la fuerza, secuestra la justicia; todo el aparato del gobierno que se supone que debería operar de modo independiente está secuestrado y controlado por el presidente”, afirmó uno de los entrevistados.

“Es bastante inusual la manera en la cual ha tomado control de todos los niveles del poder: el Congreso, la Corte Suprema, y así sucesivamente”, otro más lo expresó así. “Como un rey”.

En las palabras de un tercero: “Hernández está tratando de incrementar su poder. Trata de concentrar tanto poder como sea posible en la presidencia”⁴⁵.

Funcionarios locales

Los debates occidentales sobre la corrupción con frecuencia desestiman la extorsión cotidiana por funcionarios a nivel calle como “corrupción pequeña” relativamente insignificante que no necesita suscitar demasiada atención política. O se enfocan en los vínculos entre los líderes municipales y el crimen organizado como un fenómeno casi autónomo; por lo regular a los delincuentes organizados se les asignan los papeles hegemónicos: como los corruptores de los funcionarios locales o los infiltrados en estructuras del gobierno específicas. En la mayoría de los casos, este planteamiento subestima la importancia de la corrupción a nivel subnacional, y el grado de integración vertical que caracteriza a estos sistemas.

En el caso de Honduras, si bien se observa autonomía local, la red cleptocrática también está integrada verticalmente. Dicha integración es visible en las estructuras institucionales, al igual que en los lazos personales. Los impuestos recolectados a nivel local, por ejemplo, no son suficientes para cubrir todos los gastos; de este modo, los alcaldes dependen de las transferencias de efectivo del presupuesto nacional, que la ley estableció en un 10 % de los ingresos del gobierno, tanto tributarios como no tributarios, que comparten las 298 municipalidades⁴⁶.

La suspensión de estas transferencias a los municipios cuyos alcaldes se manifestaron contra el golpe de 2009 demuestra el potencial del uso discrecional de Tegucigalpa, con fines disciplinarios, de este financiamiento crucial⁴⁷. Asimismo, los partidos nacionales eligieron a los candidatos a alcalde, en lugar de los comités locales de un partido o que los candidatos prospectivos mismos decidieran de manera independiente unirse a la contienda⁴⁸. Algunos observadores afirmar que ciertos alcaldes, aquellos que han sacado provecho de la oleada de dinero proveniente del narcotráfico, por ejemplo, tienen un poder de negociación considerable en este proceso. Todavía los miembros de la red a nivel nacional juegan un papel determinante al decidir quién contenderá por el gobierno local.

Como las víctimas de la corrupción en todos lados, los hondureños denuncian las extorsiones que sufren a manos de los funcionarios y burócratas locales. “Al lugar donde vas para obtener los certificados de nacimiento”, un maestro de inglés de Tegucigalpa relata a modo de ejemplo, “te dicen que no tienen papel. Pero si le pagas a alguien, lo consigues. Eso no tiene sentido. ¡Si no hay papel, no hay papel! Me hace sentir mal y me enoja… Diversos sentimientos mezclados”.

En el departamento rural de La Paz, “hacen todo tipo de pequeñas estupideces para obtener dinero. Como en el Día de la Independencia, tienes que cantar el himno nacional. Si te niegas, tienes que pagar. Si no pagas la multa, tus hijos no pasan al siguiente grado escolar”⁴⁹.

En muchos otros países, de Afganistán y Azerbaiyán a Nigeria y Uzbekistan, una porción de estas extorsiones a nivel calle va para los mandos en los puestos más altos: ya sea en la forma de una parte del efectivo entregada al intermediario de un superior, la compra directa de una oficina, o regalos en especie u horas de trabajo sin beneficio de sueldo. Dichos pagos son el precio del permiso para robar. El sistema de Azerbaiyán es el más institucionalizado de los que he documentado: como un acuerdo para compartir propinas, los sobornos exigidos a nivel calle son consolidados en una esfera más alta; de este modo, una parte del efectivo regresa a un nivel más bajo en forma de “salarios en sobres”⁵⁰. Ningún entrevistado proporcionó alguna evidencia de un sistema elaborado como tal en Honduras. Sin embargo, varias personas confirmaron la probabilidad de que una tajada de las extorsiones a nivel calle se comparte con los de arriba. Un experto en corrupción afirmó que la práctica está bien establecida dentro de la policía y en las oficinas donde se entregan permisos de construcción.

Las fuentes de ingresos disponibles para los funcionarios locales, de un modo más directo, son las que están relacionadas con la tierra. Los alcaldes a menudo están involucrados en los esfuerzos por medir y titular pequeñas propiedades, según lo permita la Ley de Modernización Agrícola de 1992, ya sea para sus propios fines o para beneficiar a compañías privadas. “Nuestros concilios indígenas locales son dueños de la tierra colectivamente”, explicó el coordinador de la organización de una comunidad que incluye una docena de pueblos de ese departamento. “Pero el gobierno le dijo al alcalde que dividiera nuestra tierra y registrara las parcelas individuales en el catastro. El alcalde nos aseguró que nadie había medido nada. Pero fuimos a la oficina de catastro, lo verificamos y encontramos las medidas”⁵¹. El coordinador afirmó que para obtener servicios municipales nada especiales, tales como una licencia de matrimonio o una toma de corriente eléctrica, los habitantes tenían que firmar su consentimiento con el procedimiento de titulación individual de tierras.

Visitamos la granja de su hermano, donde crecen matas de café y cacao entremezcladas con mangos y árboles de selva alta en las laderas empinadas. Cada cinco minutos, interrumpiría nuestra conversación para señalar una hierba medicinal o una planta cuyas hojas o semillas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo o a repeler insectos. La comunidad claramente percibe la zona como su tierra y sabe donde están sus límites. Sin embargo, tradicionalmente no podría venderla a un foráneo por dinero. Es esta tradición que la ley de 1992 está erosionando. Una de las consecuencias de dividir la tierra en parcelas individuales es que las empresas que quieren cavar minas o construir presas pueden comprar y traer suficientes personas residentes para crear disensión en la comunidad. Los nuevos habitantes, agradecidos por la tierra, pueden dar su consentimiento para documentos de consulta como el precio. Los miembros de la asociación reportaron que su rechazo a la medición y al registro de parcelas individuales desató una ola de acoso e intimidación policíaca⁵².

Para estos hondureños de las zonas rurales, el único papel que el gobierno local parece desempeñar es el de saqueador. “Nuestros alcaldes no nos están proveyendo ningún servicio público”, señaló un hombre de chaqueta verde, sin siete dientes. “Solo están aquí para medir la tierra”.

“Las carreteras aquí están en pésimo estado; tenemos que mendigar por desarrollo”, concordó otro de camiseta roja, “pero cinco municipios diferentes están recaudando impuestos de nosotros y quieren nuestra selva, nuestra agua y nuestra energía eólica”⁵³.

Como resultado de estas experiencias, muchos hondureños de las zonas rurales concluyen que el sistema del partido democrático ha fallado al darles una voz verdadera, que en realidad es una distracción, que tiene como objetivo crear enfrentamientos entre ellos y desviar su atención de la defensa de derechos preciados. “Los partidos políticos llegan y dividen a la gente”, reflexionó el coordinador. “Ahora muchos de nosotros nos damos cuenta de que en realidad ninguno nos representa”. Otros están de acuerdo. “Se trata de sectarismo político. Solo otra manera de oprimirnos”⁵⁴.

Aquí y en otras zonas rurales de Honduras, los habitantes se quejan de los gastos de presupuesto nada transparentes y de la captación de recursos para el desarrollo por parte de los funcionarios locales. “Tenemos una educación muy mala. No hay medicinas en el centro de salud”, afirma el hombre de la camiseta roja. “El gobierno consigue recursos humanitarios, pero ninguno de ellos nos llega”. Otro señaló que los organismos de desarrollo internacional acostumbran a canalizar los recursos a través de las oficinas de funcionarios locales.

En un intento por evitar la creación de estructuras paralelas, el organismo para el desarrollo de la Unión Europea, y, en menor grado, la USAID, pone de manifiesto su preferencia para aplicar estrategias de programas a través de funcionarios locales⁵⁵. Como una alta funcionaria europea de desarrollo se desvió en una entrevista para enfatizar, “No estamos sustituyendo”⁵⁶. La pregunta que quizás debería preguntarse con mayor cuidado en este contexto es si la actual dispensación política de Honduras permite que los funcionarios en realidad representen a sus electores, y si no, cómo se mejoraría la entrega de ayuda para el desarrollo.

A lo largo del río Patuca, el uso discrecional y arbitrario de la ayuda para el desarrollo experimentado en La Paz está deteriorando el delicado tejido que mantiene unidas a las comunidades indígenas amenazadas; además, representa un engranaje esencial en la máquina que está carcomiendo algunas de las últimas extensiones de selva tropical en Centroamérica.

En testimonios reiterados, los lugareños explicaron que hasta hace aproximadamente dos años, proyectos de desarrollo a pequeña escala ayudaron a generar las diminutas sumas de efectivo que necesitaban para subsistir en la economía moderna: pagar por el viaje en pipante de ida y vuelta por río para conseguir provisiones o medicinas o zapatos para sus niños. “Solía haber pequeños proyectos en todos los pueblos”, explicó una lugareña que pidió aventón río arriba de Wampusirpi a su casa. “Había campañas para limpiar el pueblo o reparar el camino de tierra que desciende al río; de este modo, la gente hacía un poco de dinero. Pero ahora, nada”⁵⁷. El alcalde con jurisdicción sobre este trecho de río de repente dejó de financiar estas actividades hace aproximadamente dos años, afirmó.

Un hombre que conocimos en el pueblo herboso de Bilalmo contó la misma historia. Los ponis pastaban a nuestro alrededor mientras hablábamos y las vacas andaban libres entre las huertas de árboles de naranja y pilas de palma seca. Las escaleras conducían a los pórticos de casas de madera encaramadas en pilotes a la altura del hombro. “El alcalde obtuvo 25 millones de lempiras para este proyecto, 25 millones para este, pero se los llevó a cuestas”, nos dijo el hombre, mientras una media docena de vecinos se juntaba alrededor asintiendo con la cabeza. “Se lleva el dinero y dice que implementa los proyectos, pero el gobierno no verifica”⁵⁸.

Los reportajes de la prensa confirman la existencia de denuncias de corrupción generalizada, al igual que las largas ausencias del alcalde Walter Bertrán Gonzáles de su puesto⁵⁹.

Los habitantes del río están tan indignados que montaron un plantón de sesenta días en la capital regional, Wampusirpi, a principios de 2016. “Durante tres años no hemos tenido un alcalde en el que podamos confiar”, afirmó el hombre. “Ningún alcalde, de hecho. Hemos ido una y otra vez al gobierno para exigir otro alcalde. Estamos cansados”. Finalmente, la manifestación se disolvió sin ningún cambio de situación.

Conforme se agotaron los proyectos que generaban una pequeña remuneración en efectivo, los habitantes de manera subrepticia vendieron su tierra, aunque según el estatuto de 1999 que creó el parque nacional, dicha tierra es inalienable, y nadie excepto aquellos que vivían en el parque cuando el estatuto entró en vigor y sus descendientes directos pueden habitarla⁶⁰. Todo título o escritura de venta otorgados por funcionarios locales o empleados del INA son ilegales.

Pero “la gente no tiene nada”, explicó nuestra polizona. “Ninguna otra forma de hacer dinero. Pude negarme y conservar mi tierra para mis nietos solo porque mi hija trabaja en Tegucigalpa y me envía algo de efectivo cada mes”.

Los habitantes jóvenes de Krausirpi describieron las reuniones tensas del pueblo relacionadas con la tierra que duraban bien entrada la noche. “Estamos enojados con los más viejos por vender la tierra”, dijo un lugareño, a quien le habíamos dado un aventón también en nuestra pipante después de pasar la noche en Krausirpi. “Les dijimos: ‘Ustedes se van a morir, así que no les importa. Pero, ¿nosotros y nuestros niños qué?’”.

“Si hubiera proyectos”, se lamentó otro joven de Krausirpi, “no tendríamos que vender nuestra tierra. El problema es el efectivo. Podemos cultivar arroz, frijoles y yuca, suficiente para nuestra propia subsistencia, pero no para vender”⁶¹.

En este dilema personal amargo para los hogares indígenas yace una amenaza para la selva que constituye tierras vírgenes irremplazables, sin mencionar un banco de carbono gigante. Los compradores de las tierras, ocupadas durante mucho tiempo por habitantes misquitos y tawahkas, que entrevistamos son ganaderos que están arrasando con el parque nacional aparentemente protegido.

“Traerán gente foránea para que limpie y siembre pastura”, afirmó simplemente de la selva detrás de su pueblo la polizona. De lo contrario, los indígenas mismos se verán forzados a hacer el trabajo, al buscar un trabajo salarial cuando ya no puedan mantenerse ellos mismos de su tierra. Un hombre con un tono de voz suave, quien también le hizo señas a nuestra pipante para pedir un aventón, nos explicó lo que íbamos viendo en las orillas. “La gente de negocios corta los árboles con machete. Posteriormente, cuando la madera está seca, la queman. A veces usan un poco para sus propias casas, pero queman el resto o lo dejan tirado para que se pudra. Es demasiado costoso llevársela”⁶².

“No es práctico vender la madera”, confirmó un experto en leyes ambientales. Es muy difícil obtener un permiso para vender o usar maderas preciosas, así que no vale el esfuerzo. Se necesitan veinticuatro autorizaciones solo para usar la madera con propósitos no comerciales. Tarda una eternidad y es costoso, así que la gente no ve el beneficio. Lo más fácil es talar y poner ganado”.

Algunas personas en el río reportaron ver canoas cargadas de madera ilegal navegando el Patuca a plena luz del día, pero las cicatrices negras que recorren kilómetros y kilómetros de las laderas confirman la preferencia por la quema. Una vez que los árboles se han eliminado, a menudo se siembra maíz y frijol durante algunos años y posteriormente la tierra se transforma en pastizales.

Las habitantes de la zona del río Patuca raras veces saben con exactitud quién compra su tierra. “Olanchanos,” dicen, que quiere decir gente que no es indígena de Olancho, el departamento que incluye la sección del parque nacional río arriba, pero que se extiende una buena parte hacia el oeste del mismo. Comprobamos la apreciación preguntándoles a varios ganaderos y a sus empleados de dónde eran. Los olanchanos, inmersos en una cultura ruidosa de la motocicleta y el ganado, con rasgos fronterizos, también han comprado tiendas y otros comercios en Wampusirpi. “Es una nueva conquista española por la que estamos pasando”, increpó un habitante de Krautara⁶³. Esos empresarios de Wampusirpi son la gente que la polizona identificó como los compradores de tierra en su pueblo y cerca de Krausirpi.

Sin embargo, algunos entrevistados que se atrevieron a hablar sobre esto ratificaron los hallazgos de geógrafos y especialistas en ciencias de la tierra estadounidenses familiarizados desde hace tiempo con la zona: que estos pequeños comerciantes son tapaderas de, o están en contubernio con, los comerciantes realmente importantes en esta parte relevante del país, los traficantes de drogas.

La economía de las drogas se analizará con detalle en la siguiente sección sobre elementos delictivos de la red cleptocrática. Sin embargo, está tan incorporada al destino de la cuenca del río Patuca, y para entender el papel de los funcionarios locales de manera más general, que es indispensable por lo menos mencionarla de paso. A mediados de la década de 2000, los tramos río abajo del Patuca se volvieron parte de una zona de tránsito importante para la cocaína destinada a Estados Unidos. En el libro “Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation”, Kendra McSweeney, Eric Nielsen y sus coautores señalan la “relación cercana entre el momento y la ubicación del deterioro de la selva y el tránsito de las drogas en esta zona”⁶⁴. El ritmo de dicho deterioro se aceleró considerablemente después de 2006, según hallazgos de estos y otros investigadores.

La compra y el “desarrollo” de la tierra al transformar la selva en ranchos es una buena manera de justificar la presencia en esa región aislada, para asegurar el espacio para el transbordo y el lavado de dinero, en especial ante el fomento del gobierno hondureño a las exportaciones de carne⁶⁵. Las entrevistas de los investigadores revelaron que diversos habitantes son intimidados o coaccionados para que vendan su tierra ancestral. “Son los narcotraficantes quienes actúan como fuerzas de choque en las agresiones contra las tierras natales indígenas… Despojando a los habitantes y convirtiendo de manera rapaz bienes comunes de selva en pastizales privados preparados para la venta”⁶⁶.

Para varios observadores expertos, la cancelación de los proyectos de desarrollo a pequeña escala ha sido otro elemento deliberado en este proceso, haciendo que sea más difícil para los habitantes resistir la invasión de los narcotraficantes.

De este modo, la corrupción integral que enlaza funcionarios públicos, negocios apoyados por el gobierno y organizaciones delictivas está dirigiendo una agresión irreparable en hábitats  y contra la gente que los ha resguardado y cultivado durante siglos.

Al oeste de la cuenca del Patuca, cerca de la ciudad de Juticalpa, los vínculos entre los funcionarios del gobierno local y los narcotraficantes son todavía más evidentes. Durante años, la zona fue una base de retaguardia para tres organizaciones de tráfico de drogas, a menudo rivales: los Bayrons⁶⁷, los Cachiros⁶⁸ y los Sarmientos⁶⁹.

“¡Usaban esta carretera como pista de aterrizaje!” afirmó un lugareño que nos llevó a recorrer la ciudad. “Antes, no se podía conducir por aquí lentamente como lo estamos haciendo ahora”⁷⁰. Por “antes”, nuestro guía quiere decir antes de una ola de arrestos de los miembros de la familia Sarmiento y sus cómplices, incluido el entonces alcalde de la ciudad⁷¹. Durante diez años, Ramón Daniel Sarmiento, el sobrino del patriarca de la familia, Ulises “Liche” Sarmiento, ocupó el cargo de alcalde de Juticalpa.

Un artículo de fondo acerca de otro capo hondureño de las drogas histórico que realizó el especialista en crimen en Centroamérica, Steven Dudley, respalda la idea de muchos hondureños acerca de que Armando Calidonio Alvarado, el alcalde actual de San Pedro Sula, un centro industrial y comercial, también podría ser una figura clave en la industria de las drogas⁷². Su puesto previo en el gobierno como subsecretario de seguridad parece indicar la integración vertical de esta parte interrelacionada de la red. Alex Ardón, del cártel de los hermanos AA, fue alcalde de El Paraíso, ubicado en el departamento del mismo nombre, contiguo a Olancho, al suroeste⁷³.

Pero estos no son los únicos casos. En los últimos años, una racha de investigaciones y arrestos arrasó con las filas de los alcaldes. Casi tres docenas ha sido objeto de escrutinio por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre otros crímenes⁷⁴.

Un exsecretario cuyas obligaciones incluían la supervisión de los esfuerzos de la lucha contra las drogas expresó empatía por los funcionarios locales que son sobornados. “Un jefe de policía es designado a una ciudad pequeña”, nos pidió que nos imagináramos la situación. “Le pagan 1500 dólares al mes. Un ‘empresario’ le ofrece 30 000 dólares al mes para que ignore las pistas aéreas clandestinas que se están construyendo. Para alguien en esa situación, es difícil decir no. Y esto transforma todo el sistema de seguridad en una rama del crimen organizado”. El exsecretario relató la estrategia que ha observado: “Hay tres personas clave que los traficantes de drogas están tratando de ganarse: el policía, el juez y el alcalde. Por lo general tienen éxito”⁷⁵. (Para un análisis más detallado, véase más adelante la sección sobre los elementos de la red delictiva en las páginas 79–83).

Otros alcaldes, como Nasry Juan Asfura Zablah de Tegucigalpa, parecen tomar la ruta más tradicional al enriquecimiento, al fomentar proyectos de infraestructura en los cuales sus propias compañías participan en la implementación. “Lo llaman ‘Papi a la Orden’”, comentó un economista de un banco de desarrollo internacional importante. “También es un empresario. Es propietario de una empresa de construcción. Habla abiertamente sobre su gente que trabaja en contratos públicos”⁷⁶. Comenta impasible un contratista de desarrollo de Occidente: “El alcalde de Tegus es un tipo de construcción; en verdad está metido en la infraestructura. ¡Piensa que todo se puede arreglar a través de infraestructura!”⁷⁷.

Notes

¹ Véase Chayes, Thieves, pp. 142–43.

² Véase por ejemplo, Heather McRobie, “Military Trials in Egypt: 2011–2014”, openDemocracy, 15 de diciembre de 2014, https://www.opendemocracy.net/5050/heather-mcrobie/military-trials-in-egypt-20112014.

³ Para Irak, Nigeria y Ucrania, véase Loveday Morris y Missy Ryan, “After More Than $1.6 Billion in U.S. Aid, Iraq’s Army Still Struggles”, Washington Post, 10 de junio de 2016, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqs-army-is-still-a-mess-two-years-after-a-stunning-defeat/2016/06/09/0867f334-1868-11e6-971a-dadf9ab18869_story.html?utm_term=.274144d98c86; Aryn Baker, “Nigeria’s Military Quails When Faced With Boko Haram”, Time, 10 de febrero de 2015, http://time.com/3702849/nigerias-army-boko-haram/; y Sarah Chayes, “How Corruption Guts Militaries: The Ukraine Case Study”, Defense One, 16 de mayo de 2014, http://www.defenseone.com/ideas/2014/05/how-corruption-guts-militaries-ukraine-case-study/84646/; y Aleksandr Lapko, “Ukraine’s Own Worst Enemy”, New York Times, 7 de octubre de 2014, https://www.nytimes.com/2014/10/08/opinion/in-war-time-corruption-in-ukraine-can-be-deadly.html?_r=0.

⁴ Véase William Black, “Afterword” y “Appendix B: Hamstringing the Regulator”, en The Best Way to Rob a Bank is to Own One, ed. actualizada (Austin: University of Texas Press, 2013), pp. 269–300, 308–9.

⁵ Ron Nixon, “Funding Gap Hinders Law for Ensuring Food Safety”, New York Times, 17 de abril de 2015, http://www.nytimes.com/2015/04/08/us/food-safety-laws-funding-is-far-below-estimated-requirement.html.

⁶ Véase, por ejemplo, el texto para este proyecto de ley, presentado en el 114avo Congreso: Reciprocity Ensures Streamlined Use of Lifesaving Treatments Act of 2015, TAM15B08, 114th Cong. (2015), http://www.cruz.senate.gov/files/documents/Bills/20151211_FDA.pdf; y Lacie Glover, “Does the US Drug Approval Process Need an Overhaul?”, Fox News, 1 de julio de 2015, http://www.foxnews.com/health/2015/07/01/does-us-drug-approval-process-need-overhaul.html.

⁷ Alicia Parlapiano y Gregor Aisch, “Who Wins and Loses in Trump’s Proposed Budget”, New York Times, última actualización 16 de marzo de 2017, https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/15/us/politics/trump-budget-proposal.html?_r=0.

⁸ Entrevista, Tegucigalpa, 6 de agosto 2016.

⁹ Entrevista, Tegucigalpa, agosto de 2016.

¹⁰ Faustino Ordonez Baca, “Crean Instituto de Geología y Minas en Honduras”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/574587-214/crean-instituto-de-geologia-y-minas-en-honduras.

¹¹ Rory Carroll, “Gold Giant Faces Honduras Inquiry Into Alleged Heavy Metal Pollution”, Guardian, 31 de diciembre de 2009, https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/31/goldcorp-honduras-pollution-allegations; Dawn Paley et al., “Investing in Conflict: Public Money, Private Gain, Goldcorp in the Americas”, MiningWatch Canada, 4 de mayo de 2008, http://miningwatch.ca/sites/default/files/mininggoldcorpbw042608.pdf; Mike Blanchfield, “Stephane Dion Urged to Protect Honduran Villagers From Canadian Mining Company”, CBC, 20 de abril de 2016, http://www.cbc.ca/news/politics/aura-minerals-honduras-1.3545712. Cabe mencionar que una moratoria a las nuevas concesiones mineras y la revisión a la legislación minera elaborada a principios de 2009 se perciben como uno de los motivos para el golpe que depuso al Presidente Zelaya. La nueva legislación minera se aprobó en 2013, eliminando las protecciones que se habían incluido en la propuesta de ley de 2009. No prohíbe la minería a cielo abierto, tampoco establece garantías para los derechos del agua de las comunidades locales, aunque sí protege la información del proyecto del escrutinio público. La consulta a la comunidad se da sólo después de la entrega de la concesión. Véase “Decreto No. 238-2012”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 2 de abril de 2013, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_de_Mineria.pdf; véase también Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 47, 96.

¹² Santiago, “Understanding Power”.

¹³ Este artículo también vincula a funcionarios del organismo con el escándalo del IHSS. Véase “Honduras: Capturan exviceministro de Serna acusado por caso de Agua Zarca”, El Heraldo, 14 de octubre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1008434-466/honduras-capturan-exviceministro-de-serna-acusado-por-caso-de-agua-zarca.

¹⁴ “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere: A Farce in Three Acts”, Global Witness, 28 de enero de 2009, https://www.globalwitness.org/en/reports/honduras-farce-three-acts/, p. 5 (para la estimación de aproximadamente 8,000 m3 de bosque), p. 11 (sobre la regulación y procesos de permisos por parte de la autoridad forestal). Cada árbol de caoba puede proveer cerca de 15 m3, dependiendo de la edad y otros factores. R.E. Gullison et al., “The Percentage Utilisation of Felled Mahogany Trees in the Chimanes Forest, Beni, Bolivia”, Journal of Tropical Forest Science 10, no. 1 (septiembre 1997): http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=MY1998050100.

¹⁵ Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

¹⁶ Willems y de Jonghe, “Protest and Violence over the Agua Zarca Dam”, p. 21.

¹⁷ “Articulo 37.- Fondo para la reinversión forestal y fomento de plantaciones”, La Gaceta de le Republica de Honduras, 26 de febrero de 2008, http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LeyForestalAreasProtegidasVidaSilvestre.pdf.

¹⁸ Myton et al., “Honduras Tropical Forest and Biodiversity Assessment”, p. A21.

¹⁹ “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere”, Global Witness, pp. 9–10.

²⁰ Ibíd., 31, pp. 26–27.

²¹ Ibíd., pp. 25–26.

²² Siempre que han hablado abiertamente sobre el desarrollo económico hondureño, los presidentes Lobo y Hernández han hecho énfasis en estas categorías de actividad. Véase por ejemplo, Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno, “Plan Estratégico de Gobierno 2014–2018: Plan de todos para una Vida Mejor”, Presidencia de la República de Honduras, diciembre de 2015,  http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/01/Plan_Estrategico_Gobierno_Diciembre_2015.pdf; y véase el discurso de Hernández en septiembre de 2014 ante las Naciones Unidas: “En Asamblea de la ONU: Presidente Hernández priorizará desarrollo sostenible y crecimiento equitativo”, Presidencia de la República de Honduras, 17 de septiembre de 2016, http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/1342-en-asamblea-de-la-onu-presidente-hernandez-priorizara-desarrollo-sostenible-y-crecimiento-equitativo; “El discurso del presidente Juan Orlando Hernández en la ONU”, El Heraldo, 24 de septiembre de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/751148-214/el-discurso-del-presidente-juan-orlando-hernández-en-la-onu; al igual que los negocios publicitados en su folleto: “Honduras Is Open for Business”, Consulado General de la República de Honduras, mayo de 2011, http://www.consuladohonduras.ca/open.pdf; “Honduras como destino de la inversión extranjera directa”, Observatorio de Multinacionales en América Latina, 10 de septiembre de 2011, http://omal.info/spip.php?article700 y Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 96–97.

²³ Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 47–48.

²⁴ Entrevista, Krausirpi, 29 de julio de 2016.

²⁵ Su presupuesto ha incrementado cerca de seis veces desde la elección de Juan Orlando, de 5.9 mil millones de lempiras a 31.4 mil millones; véase “Presupuesto Mensual”, Portal de Transparencia, http://sedis.gob.hn/portal/presupuesto-mensual.

²⁶ Véase la descripción en la página de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: “Bono Vida Mejor”, Portal de Transparencia, http://www.sedis.gob.hn/node/8.

²⁷ “Vida Mejor”, Presidencia de la República de Honduras, http://www.presidencia.gob.hn/index.php/sites/vida-mejor; véase también “‘Bono Solidario’ se retirara con una tarjeta de debito”, La Tribuna, 26 de febrero de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/02/26/bono-solidario-se-retirara-con-una-tarjeta-de-debito/.

²⁸ Entrevista, 23 de julio de 2016.

²⁹ Entre los comentarios: “Los mítines ahora son para apoyar la reelección, utilizando dinero del Estado para pagar a la gente para que venga. Para nosotros ése es un acto de corrupción”. “El impuesto de seguridad va a un fondo fiduciario que el presidente usa a su antojo”.

³⁰ Entrevista, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016. De hecho, el total del programa de Vida Mejor, incluyendo “créditos solidarios”, becas, asistencia para pisos y techos, etc., representa por lo menos el 2.2% del presupuesto. Véase “De 206 mil millones es presupuesto 2016”, La Prensa, 17 de diciembre de 2015, http://www.laprensa.hn/honduras/912199-410/de-206-mil-millones-es-presupuesto-2016.

³¹ Entrevista, Tegucigalpa, 19 de julio de 2016.

³² Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016.

³³ Véase este documento acerca de una campaña mediática sobre el liderazgo de Cesar Ham:  “Facussé ataca la administración de Cesar Ham en el INA”, Instituto Nacional Agrario, sin fecha, http://www.ina.hn/userfiles/CAMPAÑA%20CONTRA%20EL%20INA%20SITRA%20Y%20FACUSSE%202.pdf. Ham, director del INA en aquel entonces, estaba bajo amenaza de muerte y fue herido en un intento de asesinato en 2015. “Honduras: Atentan contra el exdirector del INA, Cesar Ham Pena”, El Heraldo, 27 de junio de 2015, http://www.elheraldo.hn/inicio/853603-331/honduras-atentan-contra-el-exdirector-del-ina-césar-ham-peña. Más tarde se fue de Honduras y ahora vive en Miami.

³⁴ “Alerta: Comunidad Garifuna de Nueva Armenia asediada por un grupo armado”, OFRANEH, 4 de mayo de 2015, https://ofraneh.wordpress.com/2015/05/04/alerta-comunidad-garifuna-de-nueva-armenia-asediada-por-un-grupo-armada/. Nota: este artículo señala que el área total con título de propiedad fue mucho menos de lo que los garifuna se vieron forzados a ceder a Standard Fruit en la década de 1920. Para la Mosquitia, véase “Campaign Update: Honduras Gives Title to Lands to Miskito People”, Cultural Survival, 9 de septiembre de 2013, https://www.culturalsurvival.org/news/campaign-update-honduras-gives-title-lands-miskito-people; pero también K. McSweeny y Z. Pearson, “Prying Native People from Native Lands: Narco Business in Honduras”, NACLA Report on the Americas 46, no. 4 (invierno de 2013): http://nacla.org/news/2014/2/4/prying-native-people-native-lands-narco-business-honduras.

³⁵ Entrevista (teléfono), 19 de septiembre de 2016.

³⁶ “450 empleados del INA serán despedidos”, El Heraldo, 22 de mayo de May 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/962529-466/450-empleados-del-ina-serán-despedidos.

³⁷ “El INA se quedó sin presupuesto desde junio”, La Prensa, 24 de julio de Julio 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/980251-410/el-ina-se-quedó-sin-presupuesto-desde-junio; “Diputado Alegría denuncia que gobierno desaparecerá el INA, Banadesa y la SAG”, Proceso Digital, 18 de abril de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/100817-diputado-alegr%C3%ADa-denuncia-que-gobierno-desaparecerá-el-ina-banadesa-y-la-sag.html.

³⁸ Ibíd.

³⁹ Chayes, Thieves, en especial los capítulos 12 y 13, 156–83.

⁴⁰ Entrevista (teléfono), septiembre de 2016.

⁴¹ “Honduras: Once ‘empresas fantasma’ saquearon 332 millones del IHSS”, El Heraldo, 9 de noviembre de 2014, http://www.elheraldo.hn/alfrente/746709-209/honduras-once-empresas-fantasma-saquearon-332-millones-del-ihss.

⁴² “Honduras: El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya tiene nuevos magistrados”, El Heraldo, 8 de noviembre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1016044-466/honduras-el-tribunal-superior-de-cuentas-tsc-ya-tiene-nuevos-magistrados.

⁴³ “El CNA denuncia a exprimera dama por compra irregular de zapatos”, La Prensa, 28 de julio de 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/984345-410/el-cna-denuncia-a-ex-primera-dama-por-compra-irregular-de-zapatos

⁴⁴ Véase, para un ejemplo de este procedimiento al cual se recurrió en el caso Rosenthal, “Honduran Supreme Court Rejects U.S. Extradition Request for Jaime Rosenthal”, Southern Pulse, 31 de enero de 2016, http://www.southernpulse.info/sp-pulses/honduran-supreme-court-rejects-u-s-extradition-request-for-jaime-rosenthal.

⁴⁵ Junto con los ejemplos anteriores, la autoridad tributaria hondureña ha sido removida de la secretaría de finanzas para convertirse en la Comisión Presidencial para la Administración Tributaria. Véase también: “SOA Grads Prominent Among New Military Leadership in Honduras as Juan Orlando Hernández Prepares to Take Office”, SOA Watch, sin fecha, http://www.soaw.org/about-us/equipo-sur/263-stories-from-honduras/4175-johmilitary.

⁴⁶ Véase “Decreto Número 134-90”, Tribunal Superior de Cuentas, http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_de_Municipalidades.pdf; y Hal Lippman y Patrick Pranke, “Impact Evaluation: Democratic Local Governance in Honduras”, USAID, 1998, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaca908.pdf.

⁴⁷ Daniel Altschuler “The Municipal Politics of the Honduran Crisis”, World Post, sin fecha, http://www.huffingtonpost.com/daniel-altschuler/the-municipal-politics-of_b_361512.html. Nota: el alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad económicamente más dinámica y la segunda más grande del país, decidió no postularse para la reelección debido a la suspensión.

⁴⁸ Véase Lippman y Pranke,“Impact Evaluation”; y para una perspectiva más reciente, “National Mayoral Candidates Begin to Prepare for their Race”, Honduras Report, 28 de septiembre de 2016, http://thehondurasreport.weebly.com/political-news/national-mayoral-candidates-begin-to-prepare-for-their-race.

⁴⁹ Entrevista, Marcala, 23 de julio de 2016.

⁵⁰ Chayes, “Structure of Corruption”.

⁵¹ Entrevista, 22 de julio de 2016.

⁵² Entrevistas, departamento de La Paz, 22 y 23 de julio de 2016. Véase también Phillips, Honduras in Dangerous Times, p. 46.

⁵³ Entrevista, 23 de julio de 2016.

⁵⁴ Entrevistas, 22 y 23 de julio de 2016.

⁵⁵ Véase, por ejemplo, Europe Aid Cooperation Office, “Aid Delivery Methods, Volume 1, Project Cycle Management Guidelines”, marzo de 2004 (https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf) en especial pp. 9-11 sobre las desventajas de la ejecución directa de proyectos por la falta de “propiedad local”; y las secciones sobre enfoque sectorial y apoyo presupuestario directo.

⁵⁶ Entrevista (teléfono), 10 de noviembre de 2016.

⁵⁷ Entrevista, río Patuca, 31 de julio de 2016.

⁵⁸ Entrevista, Bilalmo, 30 de julio de 2016.

⁵⁹ “Liberan a alcalde hondureño que llevaba 900 mil lempiras”, La Prensa, 6 de diciembre de 2014, http://www.laprensa.hn/sucesos/774333-410/liberan-a-alcalde-hondure%C3%B1o-que-llevaba-900-mil-lempiras; “Vecinos denuncian alcalde de Wampusirpi, Gracias a Dios, desde hace más de dos años sin que nadie haga nada,” Criterio, 13 de enero de 2016, http://criterio.hn/2016/01/13/vecinos-denuncian-alcalde-wampusirpi-gracias-dios-desde-dos-anos-sin-nadie-haga-nada/.

⁶⁰ “Decreto no. 157-99”, La Gaceta de la Republica de Honduras, 21 de diciembre de 1999, http://icf.gob.hn/wp-content/uploads/2015/09/AP-Decreto-157-99-Declaratoria-PN-Patuca-y-RB-Tawahka-Asagni.pdf.

⁶¹ Entrevistas, Río Patuca, 31 de julio de 2016. Para empeorar las cosas, según varios entrevistados, los primeros proyectos agrícolas apoyados por el gobierno usaron semillas OMG, las cuales necesitan fertilizantes e insecticidas costosos; de este modo, el gobierno no ofreció una vía al sustento independiente.

⁶² Entrevista, Río Patuca, 30 de julio de 2016.

⁶³ Entrevista, 28 de julio de 2016.

⁶⁴ Kendra McSweeney et al., “Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation”, Science 343, no. 6,170 (31 de enero de 2014): pp. 489–90, http://science.sciencemag.org/content/343/6170/489.

⁶⁵ Véase, por ejemplo, el interés presidencial prodiga sobre la reinauguración de una planta procesadora en Olancho: “Honduras: Reopening of Meat Processing Plant”, Central America Data, 16 de febrero de 2017, http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Honduras_Reopening_of_Meat_Processing_Plant.

⁶⁶ McSweeney y Pearson, “Prying Native People from Native Lands”, 7; véase también Elizabeth Bourne Jackson, “From Lobsters to Cocaine: The Shifting Commodity Landscape on the Miskito Coast of Honduras” (Tesis doctoral, University of Wisconsin-Madison, 2015).

⁶⁷ “Aseguran bienes a supuesto narco vinculado a masacres”, La Prensa, 18 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/850663-410/aseguran-bienes-a-supuesto-narco-vinculado-a-masacres

⁶⁸ Steven Dudley, “Honduran Elites and Organized Crime: The Cachiros”, InSight Crime, 9 de abril de 2016, http://www.insightcrime.org/investigations/honduras-elites-and-organized-crime-the-cachiros.

⁶⁹ “Honduras: Inteligencia vincula a la familia Sarmiento con red delictiva”, El Heraldo, 9 de julio de 2015, http://www.elheraldo.hn/alfrente/857676-209/honduras-inteligencia-vincula-a-la-familia-sarmiento-con-red-delictiva.

⁷⁰ Entrevista, Juticalpa, 24 de julio de 2016.

⁷¹ Michael Lohmuller, “Arrest, and Release, in Nicaragua Illustrates Confusion about Honduras”, InSight Crime, 6 de julio de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/rancher-arrest-nicaragua-highlights-complexity-honduras-narco-political; Sam Tabory, “Arrests Add to Murky Picture of Crime-Politics Links in Honduras”, InSight Crime, 19 de agosto de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/arrests-add-murky-honduras-picture-crime-political-relationship; “Honduras: Capturan al alcalde de Juticalpa, Olancho”, La Prensa, 4 de junio de 2015, http://www.laprensa.hn/sucesos/846431-410/honduras-capturan-al-alcalde-de-juticalpa-olancho; “Agentes de Fusina capturan a Ramón Sarmiento, alcalde de Juticalpa”, El Heraldo, 5 de junio de 2015, http://www.elheraldo.hn/sucesos/846424-219/agentes-de-fusina-capturan-a-ramón-sarmiento-alcalde-de-juticalpa.

⁷² Steven Dudley, “Honduras Elites and Organized Crime: Juan Ramón Matta Ballesteros”, InSight Crime, 9 de abril de 2016, http://www.insightcrime.org/investigations/honduras-elites-and-organized-crime-juan-ramon-matta-ballesteros.

⁷³ Sam Tabory, “Mysterious ‘AA Brothers’ Captured, Negotiate Deal With DEA in Honduras”, InSight Crime, 3 de noviembre de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/mysterious-aa-brothers-members-negotiate-with-dea.

⁷⁴ “Marvin Ponce: ‘Me quede corto al decir que hay 35 alcaldes narcos”, La Tribuna, 13 de marzo de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/03/13/marvin-ponce-me-quede-corto-al-mencionar-que-hay-35-alcaldes-narcos/; “Corrupción y sospechas de ‘narco alcaldes’ sacude a los gobiernos locales”, Proceso Digital, 9 de abril de 2015, http://www.proceso.hn/component/k2/item/100146-corrupci%C3%B3n-y-sospechas-de-%E2%80%9Cnarco-alcaldes%E2%80%9D-sacude-a-los-gobiernos-locales.html; Marguerite Cawley, “Honduras Mayor Accused of Leading Murderous Drug Running Gang”, InSight Crime, 29 de julio de 2014, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-mayor-accused-of-leading-murderous-drug-running-gang.

⁷⁵ Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

⁷⁶ Entrevista, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016; “Las 12 cosas que no sabías de Nasry ‘Tito’ Asfura”, El Heraldo, 28 de agosto de 2015, http://www.elheraldo.hn/metro/873699-213/las-12-cosas-que-no-sab%C3%ADas-de-nasry-tito-asfura; “Marcia Villeda pide renuncia a Nasry Asfura”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/pais/583328-214/marcia-villeda-pide-renuncia-a-nasry-asfura; “Tito Asfura dice que seguirá con contrato de basura en Tegucigalpa aunque resulte electo Alcalde”, Ultima Hora, 16 de julio de 2012, http://ultimahora.hn/node/6551.

⁷⁷ Entrevista, Tegucigalpa, 23 de julio de 2016.

“Es difícil distinguir entre funcionarios públicos e intereses del sector privado. Es la misma gente”.
—Economista de desarrollo

Los individuos o familias aludidos en esta sección como miembros del sector privado de la red cleptocrática de Honduras en absoluto controlan la economía total de la nación. Un sinnúmero de negocios existen fuera de la red: los pequeños restaurantes que tapizan las carreteras y las calles de las ciudades, la producción a pequeña escala para consumo regional o local, la agricultura, hasta la mayor parte del cultivo, del procesamiento y de la exportación de café, no caen dentro de la esfera de acción de la red.

Las redes cleptocráticas se enfocan en aquellas actividades económicas que con mayor probabilidad generan y concentran rendimientos exponenciales relativamente en pocas manos, en especial mediante el favoritismo del gobierno; o que tienen más posibilidades de atraer una financiación internacional considerable. En Honduras como en otros lugares, la banca, la energía y los recursos naturales, la agricultura de exportación (legal o ilegal) y la construcción a gran escala son los objetivos principales de la depredación de la red.

Una parte del elemento de la red del sector privado de Honduras se traslapa muy de cerca con el sector público. Como sugiere el epígrafe de arriba, ése es el caso en general. El sector privado está conformado por aquellas empresas que ofrecen productos y servicios directamente al gobierno, tales como compañías farmacéuticas o de construcción. Sin embargo, incluso la parte del sector privado más poderosa y específica, miembros del puñado de familias de origen sirio o palestino que controlan muchas de las actividades más lucrativas, podría estarse fusionando de manera gradual con el cohorte gubernamental. Algunos de ellos han ocupado puestos públicos importantes. Y varios estudiantes de la élite hondureña nos afirmaron que los adultos jóvenes, que descienden de la estirpe de Medio Oriente (aproximadamente la cuarta generación), comenzaron a casarse fuera de sus clanes tradicionales ¹.

En estas agrupaciones sociales que se traslapan cada vez más para muchos la lujosa American School of Tegucigalpa, donde “el idioma del dinero se construye” ², funciona como una plataforma de redes sociales y de negocios que podría estar socavando algunas de las divisiones previas. Asimismo, la interpenetración podría estar tomando lugar por debajo del nivel superficial de la propiedad corporativa y de la gestión, mediante intercambios de acciones de empresas en caso de condiciones contractuales generosas, incluidos insumos gratuitos como electricidad, permisos ilegales u otros favores administrativos ³. Tales iniciativas internacionales como la Alianza para la Prosperidad, destinada a los tres países centroamericanos conocimos como el Triangulo Norte y cuya financiación extranjera incluye un proyecto estadounidense de 750 millones de dólares, ofrecen a los grandes negocios un escaño junto a los responsables de la toma de decisiones del gobierno para determinar políticas de desarrollo y económicas ⁴.

Una investigación concertada por un experto en diligencia debida en la gestión empresarial de nuestro equipo con experiencia en el exbloque soviético encontró la propiedad corporativa hondureña “mucho menos transparente de lo que es en Rusia” ⁵. Las empresas están registradas en la Oficina del Registro Mercantil y deben entregar los estatutos y la identidad de los accionistas a su cámara de comercio municipal, junto con los balances anuales. Sin embargo, no se les solicita hacer pública esta información. Las cámaras de comercio son transparentes de manera irregular y no existe un registro nacional de empresas.

No hay duda de que dicha confidencialidad es deliberada, concebida para ocultar a los propietarios de las empresas involucradas en actividades dudosas. Cuando Global Witness reportó que la vicepresidenta del Congreso (a través de su esposo) era propietaria de la empresa que construye las dos presas impopulares, la vicepresidenta denunció la información como falsa ⁶.

No obstante, semanas de rastreo en registros públicos, medios sociales y en otras fuentes nos permitieron, por lo menos, corroborar el panorama fundamental esbozado en numerosos estudios y entrevistas: que la propiedad corporativa en los sectores de la economía hondureña que con mayor probabilidad generan rentas está concentrada en la manos de los miembros de aproximadamente una docena de familias ⁷.

Una característica que resulta de este análisis es un grado considerable de diversificación dentro de las actividades de las familias clave. Como la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán, son propietarios de conglomerados que por lo regular están involucrados en una serie de negocios lucrativos, y abarcan con notoriedad la división entre finanzas y economía real ⁸. “Banqueros e industriales son las mismas personas”, comenta un exfuncionario del gobierno de alto rango ⁹. Como resultado, pueden colaborar como un bloque poderoso para establecer las normas económicas y políticas que sustentan su dominio. Sin duda existen las rivalidades en este elemento del sector privado de la red, y a menudo se manifiestan a través de las divisiones entre los partidos políticos más importantes. La familia Rosenthal, por ejemplo, muestra su preferencia por el Partido Liberal, mientras que los Atalas rivales son nacionalistas incondicionales.

Aunque la falta de registros corporativos públicos complica la sustentación, es claro incluso a partir de una evidencia fragmentada que los consejos de muchas de estas compañías se entrelazan, ya sea mediante el intercambio de puestos directivos o alianzas matrimoniales. Por consiguiente, como una red de portería estrechamente entrelazada, las familias están “posicionadas de manera estratégica como aliados indispensables para los actores externos que buscan el acceso” a Honduras, como lo describe el académico Aaron Schneider ¹⁰, y se benefician desproporcionadamente de la inversión directa extranjera, de los préstamos internacionales y de la financiación para el desarrollo.

El análisis a continuación profundiza sobre unos de los sectores económicos que dominan algunas de las familias principales. Una ojeada a cualquiera de los sitios Web de las empresas relevantes muestra que casi todas sus operaciones de negocios cruzan las fronteras. Se requiere de un estudio más profundo para explorar y plasmar las dimensiones transnacionales de las actividades y de las relaciones involucradas.

Bancos

Más del 50 % del mercado financiero de Honduras está controlado ahora por solo tres bancos: Banco Ficohsa (dirigido por miembros de la familia Atala Faraj), Banco Atlántida (las familias Goldstein y Bueso) y Banco de Occidente (Bueso y Arias). De manera convencional, los bancos hondureños son parsimoniosos con el crédito, solo lo otorgan cuando se trata de fianzas considerables y/o garantías.

Para impulsar este mercado constreñido, la Corporación Financiera Internacional (IFC) ha otorgado créditos importantes, aparentemente para préstamos adicionales a pequeños negocios ¹¹. Sin embargo, en por lo menos un caso, una investigación interna halló que el dinero de la Corporación Financiera Internacional “superior a los ratios consensuados” había sido transferido a través del Banco Ficohsa a uno de sus más grandes prestatarios, la Corporación Dinant de los Facussés, a pesar de los conflictos violentos que rodeaban las plantaciones de palma de Dinant en el Bajo Aguán. ¹² (Véase más adelante la sección en las páginas 73–74).

Los bancos Ficohsa y Atlántida tienen bajo custodia todos los fondos fiduciarios a través de los cuales varios proyectos de infraestructura pública se implementan y se llevan a cabo servicios públicos. (Véase la sección previa sobre Coalianza en las páginas 35–37). Estos fondos no solo aseguran y gestionan la financiación de infraestructura física, tales como carreteras o puertos. También han sido utilizados para comprar medicinas o suministros para el servicio de salud pública, privatizar la compañía de electricidad nacional, administrar el alumbrado público y custodiar el dinero que es recaudado a través del “impuesto de seguridad” y reservado para los bonos de previsión para los pobres ¹³.

Legalmente, los acuerdos que rigen la estructura y uso de esto fondos son contratos comerciales, y por lo tanto están protegidos del escrutinio público conforme a la ley hondureña. “Los contratos son negociados bajo la mesa”, afirma un expresidente del Banco Central. “Si hay una mala negociación, el Estado asume el riesgo y los costos”. Según otro entrevistado quien se ha dedicado a estudiar las operaciones de fondos fiduciarios, el Banco Atlántida está considerando reducir su exposición debido a preocupaciones relacionadas con la manera en que los comités técnicos, responsables del cumplimiento de los términos de los acuerdos de los fondos fiduciarios, están utilizando el dinero ¹⁴.

La liquidación reciente de una institución bancaria más pequeña pero aún de importancia, el Banco Continental, a raíz de las sanciones por lavado de dinero impuestas por Estados Unidos, conmocionó la industria ¹⁵, según varios entrevistados. Las acusaciones contra el banco y sus propietarios, miembros de la familia Rosenthal, se basaban en la compra de carne de res del cártel de drogas Cachiros y en la adquisición posterior de su negocio de empacado de carne, al igual que las inversiones en o provisiones de préstamos para el zoológico de la familia, las plantaciones de aceite de palma y las hipotecas personales.

En cualquier economía tan inundada de dinero proveniente de los drogas como la de Honduras, es casi imposible para los bancos evitar hacer negocios con empresas vinculadas al narcotráfico. O simplemente mantenerse alejado de su dinero en efectivo. Kirk Meyer, quien como agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) investigó un déficit de aproximadamente 900 millones de dólares en el Banco de Kabul en Afganistán en 2010 y 2011, señala que los únicos bancos privados solventes en ese país eran aquellos que la industria del opio mantenía a flote ¹⁶.

A los ojos de un economista para el desarrollo, la situación en Honduras parece similar. “Mucha de la liquidez de los bancos principales está vinculada con el tráfico de drogas. Recuerdo un banquero importante que me contó que él sabía que el nuevo Banco Continental estaba lavando. Él y todos los demás afirman que no lo hacen, por supuesto, pero eso es parte del juego. Uno sabe dónde están los traficantes, en la oficina en Olancho entra mucho dinero en efectivo . . . ¿de dónde viene? Todos saben: el Banco Central lo sabe, la Comisión Bancaria lo sabe, pero ¿cómo lo paras sin crear una crisis en el sector?”.

Este comentario ayuda a explicar la perdurabilidad de la corrupción en redes: cuando sus zarcillos se entrelazan a través de varios sectores cruciales, puede parecer imposible podarlos sin desestabilizar toda la economía. Este economista reconoció que su propio análisis y estimaciones no toman en cuenta la enorme economía informal o el riesgo para la industria financiera ante ésta. “No tenemos una estimación de qué tan grande es”, justificó ¹⁷.

Energía

Desde mediados de la década de 1990, los miembros del sector privado de la red cleptocrática de Honduras han irrumpido en la producción de energía, en especial, en los últimos años, en las renovables ¹⁸. “Es la manera más fácil de hacer dinero rápido” ¹⁹, afirma un funcionario de una ONG regional que se ha encargado de supervisar un estudio sobre el tema. Los inversionistas clave son miembros de las familias Facussé/Nasser, Kafie y Larach. Todos ellos han expandido sus negocios relacionados con la generación de electricidad a países vecinos como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

La energía solar, sobre todo, ha resultado atractiva para las familias más poderosas antes mencionadas, porque los insumos son relativamente económicos y cada vez más baratos, y los riesgos, limitados. (Para un análisis sobre las condiciones bastante favorables que se ofrecen para quienes generan energía solar, véase la sección que aparece previamente sobre la empresa de electricidad propiedad del Estado, la ENEE, en las páginas 37–39). Sin embargo, debido a las fluctuaciones potenciales, el uso a gran escala de la energía solar requiere un respaldo sólido, en especial, si va a ser enviada a la red centroamericana interconectada. Y, como el funcionario de la ONG señaló, “dicho respaldo es la energía hidroeléctrica”. De hecho, las familias principales invirtieron en energía solar en su país y han estado construyendo presas en países vecinos como Panamá y Guatemala ²⁰.

La misma ENEE está implementando varios proyectos hidroeléctricos grandes, tales como el Patuca III y Llanitos y Jicatuyos en el departamento de Santa Bárbara al oeste. Pero solo en el año 2010, justo después del golpe, no menos de veinticuatro concesiones se otorgaron para presas privadas que fueron calificadas como activas en 2013 ²¹. Los ecologistas han contado más de cuarenta ²².

El más inicuo de estos proyectos es la presa de Agua Zarca actualmente interrumpida en el río Gualcarque en el departamento de Intibucá al suroeste del país. La disposición de sus defensores para arriesgar la indignación internacional que desataría el asesinato de Berta Cáceres como era de preverse muestra que se trata de un proyecto de altos intereses tanto material como simbólicamente.

A principios de 2011, Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) comenzó a buscar la aprobación local para construir una presa. Fue más o menos en la época en que miembros de la familia Atala, algunos de ellos dueños del Banco Ficohsa, adquirieron una participación considerable en la compañía. Los vínculos de la compañía con el elemento del sector público de la red hondureña incluyen el cargo como secretario de gobernación y justicia que ocupó el secretario de la compañía Roberto Pacheco Reyes, y el de su presidente, Roberto David Castillo Mejía, como oficial de inteligencia militar ²³.

Según archivos de 2013 de las comunidades afectadas, los habitantes en repetidas ocasiones rechazaron las solicitudes de DESA para aprobar la construcción de la presa. Las presuntas consultas a los habitantes eran igual de espurias como las que describían los habitantes del río Patuca ²⁴. Sin embargo, el alcalde aprobó el proyecto, que obtuvo una licencia ambiental válida por cincuenta años, a cambio de un soborno como se descubrió más tarde ²⁵. La financiación del proyecto se aseguró a través de varios bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales ²⁶.

DESA contrató a Sinohydro, el mismo gigante chino de la hidroelectricidad que está construyendo la presa Patuca III, para construir esta presa, y las obras comenzaron en 2012. En un santiamén, los conflictos se desataron entre los habitantes y los obreros, quienes aplastaron cultivos, dañaron equipo escolar y cercaron un manantial que usaban los habitantes para el consumo humano.

Cuando, en marzo de 2013, guardias y señales aparecieron en la carretera para prohibir a los lugareños el acceso total al río, los manifestantes erigieron una barricada. Los soldados y los guardias de seguridad armaron su campamento dentro del complejo de DESA, e hicieron visible su presencia en el lugar, un ejemplo evidente del uso del ejército para proteger los intereses de los miembros de la red del sector privado. Asimismo, el sistema legal también fue utilizado para esta causa: Cáceres fue arrestada en mayo bajo cargos de posesión ilegal de armas que más tarde se demostró que eran falsos (le habían sembrado una pistola). En julio, los soldados abrieron fuego desde el interior del recinto de DESA contra un mitin público, asesinando a uno de los activistas locales, Tomás García. Los habitantes reportaron confrontaciones continuas con las fuerzas de seguridad además de amenazas físicas tanto abiertas como anónimas ²⁷.

Estos sucesos provocaron que Sinohydro concluyera su contrato de Agua Zarca en agosto de 2013. “Desde el principio”, la empresa explicó la medida en una carta, “Era evidente que existían serios . . . conflictos entre el Empleador del proyecto, es decir DESA, y las comunidades locales” ²⁸.

El tipo de campaña multifacética que se necesita para lograr que la oposición local acepte un proyecto como tal puede dejar cicatrices duraderas. “Cuando implantas el soborno”, reflexiona un estadounidense que ha estado denunciando la situación en Agua Zarca durante años, cuando compras líderes comunitarios y metes al ejército e implantas una violencia generalizada como una tapadera de la violencia política, destruyes el tejido social de la comunidad. Es difícil regresar a lo de antes” ²⁹.

Sin embargo, otros inversionistas externos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica y los bancos de desarrollo finlandés y holandés, conservaron o aumentaron sus participaciones en el proyecto.

La respuesta inicial de las autoridades hondureñas al asesinato de Berta Cáceres fue inapropiada de manera asombrosa. En lugar de seguir alguna de las pistas que Cáceres había dado en denuncias repetidas de amenazas de muerte en las semanas que condujeron a la agresión, los investigadores insinuaron que el asesinato formaba parta de un robo chapucero o incluso de una enemistad interna. En un ejemplo más del uso de la red de procesos judiciales para disciplinar disidentes, la primera persona detenida fue un miembro de la organización de Cáceres (COPINH) y un simpatizante mexicano del movimiento que era el único testigo de los hechos ³⁰.

Algunas semanas más tarde, bajo una intensa presión internacional, media docena de sospechosos fueron arrestados: empleados de DESA, de los servicios de seguridad hondureña o de ambos ³¹. En junio, salieron a la luz algunos informes que aseguraban que miembros de dos unidades interdisciplinarias de élite contra el narcotráfico y las pandillas, Xatruch y FUSINA, tenían la encomienda de asesinar activistas ambientales y de derechos de la tierra, incluido Cáceres ³². Las agresiones contra el liderazgo del COPINH continúan ³³.

Otro proyecto de presa en el departamento de La Paz representa un ejemplo incluso más evidente de actos en interés propio por parte de miembros del sector público de la red. El beneficiario de la concesión para la presa en el río Chinacla fue Los Encinos S. A., que pertenece al esposo de Gladis Aurora López, la actual vicepresidenta del Congreso hondureño ³⁴. Los líderes de un movimiento coordinado por la comunidad local que se opone al proyecto nos mostraron fotografías del mismo tipo de consultas regionales falsificadas que caracterizan a los proyectos Patuca III y Agua Zarca. Dos camiones de plataforma que aparecen en varias imágenes de frente se utilizaron para transportar personas ajenas para que participaran en los mítines, creando una impresión falsa de disidencia, según los miembros de la coordinación ³⁵.

Dados los impactos ambientales de las presas bastante conocidos, lo cual resultó en la disminución de nuevas construcciones a nivel mundial durante varios años, es una paradoja que la conciencia climática actual les facilite pasar como fuentes ambientalmente sustentables de energía renovable.

En todo Honduras, los entrevistados sostuvieron con firmeza que la energía que dichos proyectos producen (las enormes granjas solares en la parte sur del país, las docenas de presas, las nuevas plantas de biomasa) no está destinada al desarrollo comunitario del todo. Su propósito verdadero es generar ganancias. “Usar el idioma de la energía renovable es un disfraz”, afirmó el líder de un grupo comunitario que se opone a las presas. “Estos proyectos no tienen nada que ver con proveer electricidad a la gente, tienen que ver con empresas y ganancias”, o para poner lo anterior dentro del enfoque de este estudio, con ganancias que no están garantizadas por el nivel de inversión y riesgo, que también se conocen como rentas. “Son para la red integrada, el SIEPAC, para proyectos extractivos, para la minería y el cemento” ³⁶.

Como un crítico de Patuca III lo describe, “La cuestión con las presas grandes no es que generen electricidad. Generan dinero para los bolsillos del gobierno. Los constructores son las empresas más grandes. Y en las grandes empresas, el dinero a caudales también ofrece muchas oportunidades para el lavado de dinero” ³⁷. Proyectos como este funcionan como nodos alrededor de los cuales los tres elementos de las redes cleptocráticas hondureñas confluyen.

Aceite de palma

Además de ganado (y lácteos), el único producto agrícola en el cual los elementos del sector privado de la red cleptocrática de Honduras han consolidado una participación importante es el aceite de palma. Casi inmediatamente después del golpe de 2009, compañías propiedad de los Facussés, entre otras, comenzaron de manera activa a desplazarse hacia las tierras cultivables en la costa central caribeña, en el valle del Bajo Aguán (departamento de Colón). El propósito era el cultivo intenso de palmas africanas, para dar una respuesta a la demanda internacional por aceite de cocina barato, o para anticipar un cambio económicamente importante de los combustibles fósiles al biodiésel, que también es conocido como una forma limpia de energía ³⁸. La consolidación de las enormes extensiones de tierra que se necesitan para dicho monocultivo se dio a la par de una ola de violaciones a los derechos humanos, que iban desde el acoso y la tortura hasta el asesinato. Como en los actos de violencia posteriores en contra de los detractores de las presas de Agua Zarca o Aurora, el patrón de violaciones cometido por los servicios de seguridad y las instituciones judiciales hondureños muestra que estas fuerzas eran utilizadas al servicio de las empresas, en especial de Dinant de la familia Facussé ³⁹.

Los habitantes a las orillas del río Patuca, al sur y al este de las primeras líneas de palma africana, estaban preocupados de que parte del objetivo de la presa Patuca III era regular el desbordamiento del río para poder expandir las plantaciones en la región. “El gobierno y la gente con plantaciones de palma tenían puestos los ojos en estas tierras. Empezó en Puerto Lempira y la zona del río Plátano, pero por supuesto que quieren también esta área”. La experiencia de los campesinos del Bajo Aguán afectó de manera evidente a este entrevistado. “Bien se sabe que el gobierno asesina a los que se resisten” ⁴⁰.

La proximidad entre estas vastas extensiones de palma reglamentadas en surcos y las extensiones remotas de costa utilizadas por los traficantes de drogas para transbordar carga ha convertido al cultivo de la palma en otra opción obvia para el lavado de dinero. Además de su negocio de envasado de carne, la familia Maradiaga de los Cachiros también es propietaria de Palma del Bajo Aguán S. A. Un cable de la embajada estadounidense fechado el 19 de marzo de 2004, provee un informe detallado de la entrega de un cargamento de cocaína rastreado a una de las propiedades de Miguel Facussé en Colón. ⁴¹

Y sin embargo, la palma hondureña continúa beneficiándose de un mercado fuerte en los créditos de carbono ⁴².

Construcción

Desde las secciones anteriores sobre Coalianza y bancos, es claro que el contrato de obras es un medio a través del cual las redes hondureñas desvían dinero público a bolsillos privados. Sin embargo, dado el secretismo que envuelve a este sector, es difícil establecer la propiedad corporativa de las constructoras principales que operan en Honduras, o identificar cuáles han recibido contratos públicos. La selección de los implementadores es una de las prerrogativas celosamente guardadas por los comités técnicos que administran los acuerdos de los fideicomisos de Coalianza; e identificar qué compañías obtuvieron qué contratos y quién es el propietario de dichas compañías, sigue siendo el objetivo fundamental de una labor de investigación mayor.

Sin embargo, algunos ejemplos son ilustrativos.

Hay que considerar la carretera de cuota de San Pedro Sula a Tegucigalpa, sugiere uno de los entrevistados, como un ejemplo del riesgo desproporcionado que el gobierno hondureño por lo regular asume en estos contratos de construcción. “COVI [Concesionaria Vial Honduras S. A. de C. V.] recauda las cuotas. No obstante, si por alguna razón, como una manifestación pública o un huracán, el total no iguala la suma acordada conforme al contrato, el gobierno tiene que compensar la diferencia” ⁴³. Y de hecho, las cuotas múltiples que se recaudan en las carreteras de COVI fueron el blanco de diversas manifestaciones públicas en 2016.

Aunque pudo expropiarse junto con el resto de propiedades de los Rosenthals, la compañía de logística de la familia, bajo la modalidad de mezcladoras de Cemento Portland, entre otra maquinaria pesada, estuvo presente de modo conspicuo en el sitio de la presa Patuca III. El Grupo Terro de los Nassers está construyendo varios aeropuertos ⁴⁴. El hecho de que el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Juan Asfura Zablah, y su entusiasmo bien conocido por la infraestructura como la solución a los males de la capital, sea dueño de una compañía de construcción parece indicar que la contratación es el mecanismo mediante el cual los miembros de la red del sector público demandan su parte del botín.

Sergio Canales, exsecretario de obras públicas, transporte y vivienda, le otorgó un contrato a su compañía constructora, Inseco, para participar en el Fondo Vial de Honduras. Inseco no contaba con el perfil necesario, sin embargo, como otras compañías que recibieron concesiones, aseguró un contrato que pagó 39 % sobre la estimación presentada en su licitación. Canales es un exmiembro del comité técnico de carreteras encargado de evaluar a las compañías de construcción potenciales ⁴⁵.

La propiedad inmobiliaria y la construcción, como nuestro recorrido en automóvil por Juticalpa parece indicar, son maneras comunes de lavar dinero, y no solo en Honduras. En muchos países, estos sectores vinculan los negocios y los miembros delictivos en las redes interrelacionadas ⁴⁶.

En Honduras, la construcción y la contratación pueden también servir como una confluencia entre los miembros de la red del sector público y delictivo. En diversos ejemplos narrados, el gobierno hondureño contrató a una compañía constructora propiedad del mismo cártel de Cachiro por el que Tegucigalpa (y Washington) sancionó a la familia Rosenthal por financiarlo ⁴⁷. Asimismo, esta relación demuestra la integración horizontal de los sectores delictivo, privado y público dentro de las redes cleptocráticas de Honduras ⁴⁸.

Carne y lácteos

Si algo necesitan los restaurantes de comida rápida controlados por la red es el suministro constante de carne. Los vínculos entre el negocio ganadero y el tráfico de drogas se analizaron anteriormente en las páginas 62–64. En esta sección, vale la pena hacer hincapié en la evidencia de los mecanismos que entrelazan a miembros de la red del sector privado aparentemente respetables en este entramado: algunos miembros de la familia de banqueros Rosenthal fueron acusados de cargos por lavado de dinero en parte porque su negocio de envasado de carne con regularidad compraba ganado del cártel de Cachiros; además de haber adquirido posteriormente la empresa Ganaderos Agricultores del Norte, del mismo cártel ⁴⁹.

Organizaciones sin fines de lucro

Se ha documentado la capacidad de una red de corrupción para crear o infiltra organizaciones no gubernamentales con el propósito de captar recursos suministrados a éstas o sembrar disensión con el fin de cortocircuitar la resistencia de dichos grupos ante proyectos vinculados con las redes ⁵⁰. El estudio meticuloso de 2009 de Global Witness sobre la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Río Plátano destaca la manera en la cual los traficantes de madera usan las cooperativas locales apoyadas internacionalmente como tapaderas, lo que les permite beneficiarse de la ayuda financiera internacional otorgada a las cooperativas en aras de la protección forestal, y al mismo tiempo obtener ganancias de la caoba talada ilegalmente ⁵¹.

En nuestras entrevistas en Krausirpi, era evidente que la asociación principal que representaba al grupo indígena Tawahka había sido dividida, quizás de manera fatal. Otros investigadores y activistas nos contaron sus hallazgos acerca de que las organizaciones de tráfico de drogas eran capaces de sobornar a algunos activistas misquitos ofreciéndoles lanchas de langostas u otros beneficios ⁵². En un informe de 2009, el Grupo Acción Financiera del Caribe, una filial regional del organismo internacional que monitorea los riesgos del lavado de dinero, señaló algunas ONG por su desregulación considerable y concluyó que es necesaria “una revisión honda del sector sin fines de lucro para evaluar su vulnerabilidad en cuanto al abuso” de financiación ilícita ⁵³.

Muchos creen que algunas iglesias hondureñas, en especial la iglesia evangélica, aprobaron el golpe de 2009, y que han desempeñado un papel fundamental en la implementación de muchas de las políticas auspiciadas por las redes cleptocráticas ⁵⁴. Diversos entrevistados de forma explícita mencionaron esta alianza evidente entre algunos sectores de la iglesia católica y el movimiento evangélico y las redes que controlan la economía política hondureña. Uno de ellos relató que el cura local le lanzó piedras, presuntamente por su activismo contra las presas. Otro puso a la par la relación de Hernández con la Confraternidad Evangélica de Honduras y sus esfuerzos persistentes por introducir al ejército en papeles de seguridad nacional.

Estas preocupaciones plantean más preguntas sobre la ASJ, el capítulo a nivel local de Transparencia Internacional y el beneficiario de financiación importante por parte de USAID y de otro apoyo del gobierno estadounidense. Con aforismos religiosos enmarcados que cuelgan de las paredes de su oficina, se trata de un grupo evangelista de manera explícita. Sus detractores cuestionan la imparcialidad de sus actividades asistenciales y su labor a favor de la educación privatizada ⁵⁵.

Notes

¹ Entrevista, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

² Comentario de un padre que eligió inscribir a su hijo en una nueva American School, llamada Discovery School: Entrevista (teléfono), 20 de septiembre de 2016. Una lectura de sus entradas en los medios sociales indica que los miembros jóvenes de estos grupos de la élite mantienen una interconexión fuerte al entrar a la universidad, en la mayoría de los casos, en Estados Unidos.

³ En las palabras de un exfuncionario del gobierno de alto rango, “Así es cómo la clase política a perfeccionado el soborno: las compañías les dan acciones al círculo [parientes o asociados cercanos] de funcionarios del gobierno”: Entrevista, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016.

⁴ Sobre la Alianza para la Prosperidad, véase Oficina del Secretario de Prensa, “FACT SHEET: The United States and Central America: Honoring Our Commitments”, la Casa Blanca, 14 de enero de 2016, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/15/fact-sheet-united-states-and-central-america-honoring-our-commitments; Enmienda de la Cámara #1 para la Cámara del Senado a la Military Construction and Veterans Affairs and Related Agencies Appropriations Act of 2016, H.R. 2029, Cong. 114avo. (15 de diciembre de 2015), http://docs.house.gov/billsthisweek/20151214/CPRT-114-HPRT-RU00-SAHR2029-AMNT1final.pdf; pero también: Dan Beeton, “Central America’s ‘Alliance for Prosperity’ Plan: Shock Doctrine for the Child Refugee Crisis?”, The Americas (blog), Center for Economic and Policy Research, 26 de noviembre de 2014, http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/central-americas-alliance-for-prosperity-plan-shock-doctrine-for-the-child-refugee-crisis; y “Kids First: A Response to the Southern Border Humanitarian Crisis”, Congressional Progressive Caucus, 2014, https://cpc-grijalva.house.gov/uploads/CPC.Kids.First3.pdf. Varios entrevistados, tanto occidentales como hondureños, señalaron que miembros clave de la red se están enfocando e invirtiendo energía de manera relevante en la conformación del uso de estos fondos, como el exsecretario de relaciones exteriores y operador veterano Arturo Corrales, al igual que miembros de las familias clave que dominan el sector privado en el Consejo Consultivo de la Alianza para la Prosperidad.

⁵ Katherine Wilkins, un miembro del equipo que dirige la investigación de este informe, durante una reunión de equipo, 28 de diciembre de 2016. Las Cámaras de Comercio, que por lo regular cuentan con registros de corporaciones, no incluyen información acerca de las compañías en Honduras. Y el cierre de 2016 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, una fuente de información del registro de impuestos sobre sociedades, complica aún más el acceso a la información. La página web del sucesor de la Dirección, la Comisión Presidencial de la Administración Tributaria, te manda a una página de la Dirección inactiva para su listado de contribuyentes grandes. En cambio, de manera irónica, la mayoría de las páginas web de estas compañías informan en abundancia sobre sus prácticas sostenibles y su responsabilidad social corporativa.

⁶ Jacobo García, “El informe ecológico que irritó al Gobierno de Honduras,” El País, 11 de febrero de 2017, http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/09/america/1486617921_790115.html.

⁷ Por citar sólo un ejemplo: “Seis o siete familias controlan todo; básicamente son dueños del país” (entrevista de la autora con el economista de desarrollo, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016). Para una perspectiva del gobierno estadounidense, véase “Response to the Political Crisis” (cable de la embajada estadounidense a Washington desde Tegucigalpa), WikiLeaks, 31 de julio de 2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA684_a.html; véase también, “Key Powerbrokers in Honduras” (cable de la embajada estadounidense a Washington desde Tegucigalpa), WikiLeaks, julio de 2009, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09TEGUCIGALPA617.html.

⁸ Véase Chayes, “Structure of Corruption”, 33–39; y “Azerbaijani First Family Big on Banking”, Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), 11 de junio de 2015, https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/06/11/azerbaijani-first-family-big-on-banking.html.

⁹ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

¹⁰ Aaron Schneider, State-Building and Tax Regimes in Central America (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 146.

¹¹ International Finance Corporation, “CAO Audit of IFC Investments in Banco Financiera Comercial Honduras S. A. (FICOHSA)”, Grupo Banco Mundial, 11 de agosto de 2014, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/latin+america+and+the+caribbean/countries/factsheet_ficohsa.

¹² “CAO Investigation of IFC Environmental and Social Performance in Relation to: Investments in Banco Financiera Comercial Honduras S. A.”, Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman, 2014, http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOInvestigationofIFCRegardingFicohsa_C-I-R9-Y13-F190.pdf; “Honduras/Dinant-01/CAO Vice President Request”, Oficina de Asesor en Cumplimiento Ombudsman, 17 de abril de 2012, última actualización 15 de agosto de 2016, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188.

¹³ Según el sitio del gobierno, el fondo fiduciario del impuesto de seguridad se distribuye entre la Corte Suprema, la D.N.I.I., el Ministerio Público, la Prestación de Servicios y las Medidas de Seguridad tanto para la defensa nacional como para la seguridad interna. El conjunto completo de proyectos presentado puede consultarse en: Tasa de Seguridad Poblacional, http://www.tasadeseguridad.hn/.

¹⁴ Entrevista del autor (teléfono), 8 de febrero de 2017.

¹⁵ Un banco pequeño pero aún así importante está siendo liquidado debido a las sanciones de lavado de dinero impuestas por Estados Unidos. Véase Michael Lohmuller, “Honduras Closes Bank as Elite Money Laundering Hits Savers”, InSight Crime, 13 de octubre de 2015, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-closes-bank-as-elite-money-laundering-case-hits-savers; y Samuel Rubenfeld, “U.S. Extends Banco Continental Wind-Down Until June 2016”, Wall Street Journal, 8 de diciembre de 2015, http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/12/08/u-s-extends-banco-continental-wind-down-until-june-2016/.

¹⁶ Conversaciones en Kabul y confirmación por correo electrónico, 2 de enero de 2017.

¹⁷ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 5 de agosto de 2016. Vale mencionar las implicaciones del estado de las cosas para Citibank, cuyas operaciones centroamericanas las adquirió Banco Ficohsa en 2015. Es casi inconcebible que una parte del precio de la adquisición se pagó con dinero lavado de las drogas.

¹⁸ Para un análisis acerca de estos sucesos, véase Ramón Romero, “Electrical Elites and Political Power”, en Meza et al., Poderes Fácticos, pp. 119–34.

¹⁹ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

²⁰ GENISA, que construye una presa en Panamá, pertenece a Kafie; véase Kerem Pérez, “Detienen a empresario de Genisa en Honduras”, tvnNOTICIAS, 18 de junio de 2015, http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/Detienen-empresario-Genisa-Honduras_0_4234826593.html. Para la controversia sobre la presa, véase “Companies Building Controversial Dam in Panama Hit $1.2 mn in Fines”, Agencia EFE, 25 de septiembre de 2015, http://www.efe.com/efe/english/business/companies-building-controversial-dam-in-panama-hit-with-1-2-mn-fines/50000265-2722376. En Guatemala, el Grupo Terra de los Nasseres tiene por lo menos dos presas: “Xacbal Hydroelectric project, Guatemala”, Environmental Justice Atlas, última actualización 13 de noviembre de 2014, https://ejatlas.org/conflict/area-de-uso-multiple-rio-sarstun; y “Hidroeléctrica Santa Rita S. A. in Monte Olivo, Guatemala”, Environmental Justice Atlas, última actualización 11 de noviembre de 2016, https://ejatlas.org/conflict/hidro-santa-rita-monte-olivo-guatemala.

²¹ “Decreto No. 109-2012,” Gobierno de Honduras, 26 de enero de 2013, http://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/926.

²² Nieves Capote Figueroa, “Represas Hidroeléctricas en Honduras”, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra, 8 de septiembre de 2011, http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo521_represas_honduras.pdf. Un suceso más reciente ha sido la aparición de generadores de biomasa ineficientes, en especial, en zonas de bosques de pino. En enero de 2016, se declaró un estado de emergencia debido a una epidemia de escarabajos de pino de montaña –similares a aquellos que causaron daño en las Montañas Rocosas. Especialistas en silvicultura sostienen que vías más grandes de bosque que los ocho metros acostumbrados han sido taladas, y se percataron de que nuevos operadores, que antes no estaban en el negocio de energía, están entrando en el mercado de biomasa.

²³ Lakhani, “Berta Cáceres”,

²⁴ En una entrevista un 20 de julio de 2016, un observador estadounidense contó sobre un funcionario de una comunidad repudiado –despojado de su cargo– que expresó haber participado en el mitin en representación del pueblo La Tejera, por ejemplo. Véase también Bird “The Agua Zarca Dam”, p. 4.

²⁵ “Honduras: Capturan exviceministro de Serna acusado por caso de Agua Zarca”, El Heraldo, 14 de octubre de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/1008434-466/honduras-capturan-exviceministro-de-serna-acusado-por-caso-de-agua-zarca.

²⁶ En una entrevista en agosto de 2016, un prestador confirmó que el gobierno hondureño fue quien designó a DESA antes de que se solicitara la financiación.

²⁷ Los primeros antecedentes fueron narrados a detalle por Bird, “The Agua Zarca Dam”; véase también Nina Lakhani, “Honduras Dam Project Shadowed by Violence”, Al Jazeera, 24 de diciembre de 2013, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/honduras-dam-project-shadowed-violence-201312211490337166.html; para un análisis posterior, véase Willems y de Jonghe, “Protest and Violence Over the Agua Zarca Dam”; y entre muchos otros escritores después del asesinato de Cáceres, Jonathan Blitzer, “The Death of Berta Cáceres”, New Yorker, 11 de marzo de 2016, http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-death-of-berta-caceres.

²⁸ “Sinohydro Group Response to Report by Rights Action” (carta de Sinohydro a the Business and Human Rights Resource Centre), Sinohydro Group Limited, 25 de noviembre de 2013, http://www.google.com/url?q=https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/company_responses/sinohydro-response-re-agua-zarca-25-nov-2013-en.doc&sa=U&ved=0ahUKEwipp_qm36TRAhUBTSYKHWaDC1oQFgg4MAY&sig2=ZBdAlXSC148XRJbn3VGcvA&usg=AFQjCNFdK8LmxEuG1YYOHg9z_5mfegPoug.

²⁹ Entrevista de la autora, 20 julio de Julio 2016.

³⁰ Alessandra Borella, “Honduras, assassinata la militante ecologista Berta Cáceres”, Repubblica, 3 de marzo de 2016, http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/03/news/honduras_assassinata_la_militante_ecologista_berta_caceres-134696570/; Simon Lewis, “Main Witness Barred From Leaving Honduras as Suspicions Mount Over Activist’s Murder”, Time, 9 de marzo de 2016, http://time.com/4252033/berta-caceres-gustavo-castro-soto-honduras-witness-murder/.

³¹ “Berta Cáceres Justice: Honduras Arrests 5th Suspected Killer”, teleSUR, 8 de mayo de 2016, http://www.telesurtv.net/english/news/Berta-Caceres-Justice-Honduras-Arrests-5th-Suspected-Killer-20160508-0015.html.

³² Nina Lakhani, “Berta Cáceres’s Name Was on Honduran Military Hitlist, Says Former Soldier”, Guardian, 21 de junio de 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/berta-caceres-name-honduran-military-hitlist-former-soldier.

³³ “Hitmen Target Berta Cáceres Ally in Honduras for a Second Time”, teleSUR, 11 de octubre de 2016, http://www.telesurtv.net/english/news/Hitmen-Target-Berta-Caceres-Ally-in-Honduras-for-a-Second-Time-20161011-0007.html; Nina Lakhani, “Honduran Activists Survive Attacks Months After Berta Cáceres Murder”, Guardian, 11 de octubre de 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/11/honduran-activists-survive-assassination-berta-caceres.

³⁴ “How Many More? The Killing and Intimidation of Environmental and Land Activists”, Global Witness, abril de 2015, p. 18; véase también, “Honduran Lenca Communities Reject Energy Project After Murder”, teleSUR, 11 de julio de 2016, http://www.telesurtv.net/english/news/Honduran-Lenca-Communities-Reject-Energy-Project-After-Murder-20160711-0015.html.

³⁵ Entrevistas de la autora, 22–23 de julio de 2016; véase también el informe detallado sobre el caso de las dos presas que pertenecen al esposo de Aurora López en “Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet”, Global Witness, pp. 11–12.

³⁶ Entrevista de la autora, 20 de julio de 2016.

³⁷ Entrevista de la autora, Patuca, 26 de julio de 2016.

³⁸ Nina Lakhani, “Honduras and the Dirty War Fueled by the West’s Drive for Clean Energy”, Guardian, 7 de enero de 2014, https://www.theguardian.com/global/2014/jan/07/honduras-dirty-war-clean-energy-palm-oil-biofuels.

³⁹ “There Are No Investigations Here”, Human Rights Watch; Annie Bird, “Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras”, Rights Action, 20 de febrero de 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf; “Honduran Killing Fields: Repression Continues Against Campesinos in Bajo Aguan Valley”, Council on Hemispheric Affairs, 6 de junio de 2013, http://www.coha.org/honduran-killing-fields-repression-continues-against-campesinos-in-bajo-aguan-valley/; “Oil Palm plantations in the Bajo Aguan, Honduras”, Environmental Justice Atlas, última actualización 12 de mayo de 2014, https://ejatlas.org/print/oil-palm-plantations-in-the-bajo-aguan-honduras.

⁴⁰ Entrevista de la autora, Krautara, 28 de julio de 2016.

⁴¹ “Drug Plane Burned on Prominent Honduran’s Property” (cable de la embajada estadounidense a Washington desde Tegucigalpa), WikiLeaks, 1 de marzo de 2004, https://wikileaks.org/plusd/cables/04TEGUCIGALPA672_a.html.

⁴² “Project 3187: Aguan biogas recovery from Palm Oil Mill Effluent (POME) ponds and biogas utilization- Exportadora del Atlántico, Aguán/Honduras”, Mecanismo para un Desarrollo Limpio, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1 de agosto de 2009, http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1260202521.42/view; Arthur Nelsen, “EU Carbon Credit Scheme Tarnished by Alleged Murders in Honduras”, Guardian, 3 de octubre de 2011, https://www.theguardian.com/environment/2011/oct/03/eu-carbon-credits-murders-honduras; y Tamra Gilbertson y Oscar Reyes, “Carbon Trading: How It Works and Why It Fails”, Fundación Dag Hammarskjöld, noviembre de 2009, https://www.scribd.com/doc/23494095/Carbon-Trading-How-it-works-and-why-it-fails.

⁴³ Entrevista de la autora, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016. En Estados Unidos, en algunos casos, las empresas de prisiones privadas obtienen un contrato de pago garantizado aun cuando la prisión no esté llena en su capacidad.

⁴⁴ “Terra Infraestructura,” Grupo Terra, 2017, http://corporaciongrupoterra.com/infraestructura/.

⁴⁵ “Más Corrupción”, La Prensa, 5 de julio de 2007, http://www.laprensa.hn/honduras/650187-97/m%C3%A1s-corrupci%C3%B3n.

⁴⁶ Los ejemplos abundan, desde alarifes de la Mafia en Nueva York (Véase David Cay Johnston, “Just What Were Donald Trump’s Ties to the Mob?”, Político, 22 de mayo de 2016, http://www.politico.com/magazine/story/2016/05/donald-trump-2016-mob-organized-crime-213910) hasta las revelaciones recientes sobre el mercado inmobiliario en Londres. (Véase “London Property: A Top Destination for Money Launderers”, Transparencia Internacional y Thomson Reuters, 2016). El simple hecho de estar involucrado en la construcción de nuevas casas no demuestra nada, por supuesto. Pero las imágenes en este video publicitario para la empresa PSI –un negocio de Atala-Faraj– son sugerentes: “PSI- Proyectos y Servicios Inmobiliarios”, video de YouTube, posteado por “PSI Honduras” 28 de mayo de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=4t6cbzezP98.

⁴⁷ “Contrato de Construcción de Obras para el Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Tramos”, Gobierno de Honduras y Fondo Vial, 8 de febrero de 2012, https://www.personadeinteres.org/uploads/a8b7a6b8-db1f-454b-87a8-f074cce29a95.pdf; y véase “La ENEE dio contrato”, El Heraldo, 29 de marzo de 2017, http://www.elheraldo.hn/pais/1057899-466/la-enee-dio-otro-contrato-de-construcción-a-los-cachiros.

⁴⁸ Un exfuncionario de finanzas de alto rango describe la complicidad conjunta resultante para el lavado de dinero de la siguiente manera: “El gobierno va a construir una carretera en el Bajo Aguán. Contratan a una compañía constructora creada por los Cachiros. La compañía deposita dinero en el Banco Atlántida y los Cachiros agregan su propio dinero a ese depósito, y así es como lo lavan” (entrevista de la autora, Tegucigalpa, 4 de agosto de 2016).

⁴⁹ Oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Four Prominent Honduran Businessmen”, comunicada de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 7 de octubre de 2015, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-four-prominent-honduran-businessmen.

⁵⁰ Ejemplos internacionales incluyen el Foro de Fondos de Gulnara Karimova o el fondo “26/26” en la Túnez de Zine al Abidine Ben Ali (Véase Chayes, Thieves, pp. 107–10, 215) o el arresto más reciente del director general en funciones de Samsung, Lee Jae-yong, por depositar dinero en un fondo de “caridad” controlado por el confidente del director. Véase Anna Fifield, “Samsung Boss Arrested in South Korea’s Explosive Corruption Scandal”, Washington Post, 16 de febrero de 2017, https://www.washingtonpost.com/2017/02/16/2d4472b9-ca29-4e89-9aa3-5926622852ab_story.html.

⁵¹ “Illegal Logging in the Rio Platano Biosphere”, Global Witness.

⁵² Phillips, Honduras in Dangerous Times, 104: “La gente en comunidades en toda la región fue forzada a colaborar con los traficantes de drogas mientras que la policía, el ejercito y las unidades estadounidense contra el narcotráfico no estaban dispuestos a emplear discreción o tiempo para diferenciar al culpable de la gente local que simplemente estaba tratando de sobrevivir”. Véase también Jackson, “From Lobsters to Cocaine”.

⁵³ Grupo Acción Financiera del Caribe, “Mutual Evaluation Report: Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Honduras”, Banco Mundial, 10 de agosto de 2009.

⁵⁴ Véase, por ejemplo, Jeremy Weber, “Honduras Coup Was ‘Answer to Prayer’ for Many Evangelicals”, Christianity Today, 3 de julio de 2009, http://www.christianitytoday.com/gleanings/2009/july/honduras-coup-was-answer-to-prayer-for-many-evangelicals.html.

⁵⁵ Múltiples entrevistas en 2016 y 2017, al igual que correos electrónicos reenviados y otros documentos de controversia atroz sobre la ASJ entre especialistas en Honduras tanto estadounidenses como hondureños. Véase también, Karen Spring “US-Funded Evangelicals and Coup Supporters Behind the New Commission to Purge the Honduran Police”, Aquí Abajo (blog), 8 de junio de 2016.

“En Olancho, no se habla mucho de los tres cárteles”.
—Habitante de Juticalpa

Tráfico de drogas

Fue a mediados de la década de 2000 que Honduras, y en particular la Misquitia y el resto de la costa caribeña, se convirtió en una zona de tránsito importante para la cocaína destinada a Estados Unidos, conforme las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tomaban el lugar de los cárteles colombianos que estaban descomponiéndose bajo la presión de medidas enérgicas en su país, y las rutas marítimas en todo el Caribe se volvían más peligrosas debido a los esfuerzos contra el narcotráfico dirigidos por Estados Unidos.

Juticalpa, en el departamento de Olancho, con sus tres bandas rivales, se convirtió en un centro del tráfico de drogas. Nuestro guía nos muestra diversas propiedades llamativas. Los habitantes de Juticalpa afirman que estas propiedades son utilizadas para “lavar en seco” dinero del narcotráfico. En una, Residencial El Roble, varias casas pequeñas pintadas de vivos colores se erigen una tras otra detrás de una cerca. “Se las venden a empleados del gobierno a crédito”, afirmó el guía, indicando que el desarrollo inmobiliario es propiedad de un mecánico automotriz desde el punto de vista técnico. Otras propiedades como bodegas, un estadio, un gimnasio, “de repente aparecieron. ¿De dónde?”, se pregunta.

Cruzamos un puente que solía ser zona prohibida. “¿Ven aquellos negocios a la derecha? Esos pertenecen a los Sarmientos” quienes, afirma nuestro guía, “actúan como los nobles del pueblo”. El arroz, el café y la melaza se encuentran entre los productos que la familia monopolizó, su versión, es la creencia, de limpieza en seco.

Ya que se ha escrito mucho sobre el tráfico de drogas en Centroamérica¹, preferimos hacer énfasis en otros elementos de la criminalidad del Estado hondureño en este estudio. De mayor importancia para nosotros son los indicadores de la interpenetración entre las organizaciones de narcotraficantes y las partes del sector privado y público de las redes que estamos analizando. Dichos indicios apoyarán la afirmación de este informe acerca de que el crimen organizado no es una actividad separada sino que está entretejida en el tejido mismo de la cleptocracia de Honduras. Supusimos que los indicios de dichas interconexiones, en especial en las esferas más altas, serían difíciles de desentrañar.

En su lugar, a partir de la experiencia directa en los departamentos al este del país que hasta hace poco estaban invadidos por traficantes de drogas, los hechos parecen tan evidentes en sí como lo fueron para mí a principios de la década de 2000 en Kandahar, Afganistán, donde viví. Ahí, las ferreterías locales vendían las herramientas especializas para cosechar la savia de las amapolas de opio en sacos a la entrada de las tiendas, y el mercado laboral escaseaba en mayo conforme los autobuses formaban una fila para transportar a los hombres a los campos que se ponían rosas por las hectáreas de flores tipo tulipán. Todos sabían quiénes eran los traficantes de peso y los veían estacionarse afuera de las casas de los líderes políticos de alto nivel para comer con ellos.

Al conducir por las calles de Juticalpa con el lugareño observador que nos acogió, tuve una tremenda sensación de déjà vu. Nos señaló las granjas que pertenecen a Fabio Lobo, el hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo; estas granjas no se han expropiado y son administradas por un cuidador. El expresidente aún vive en la zona. Fabio, arrestado en mayo de 2015, se declaró culpable por los cargos de tráfico de drogas un año más tarde². Su padre ya no era el presidente hondureño. Pero los crímenes por los que Fabio fue acusado sucedieron por lo menos de 2009 a 2014³. Incluido no solo el haber trabajado con los Cachiros sino también con los aliados mexicanos de dicha banda delictiva, El Chapo y el Cártel de Sinaloa⁴.

Si cada habitante de Juticalpa sabía de sus actividades, es inverosímil que su padre no. Asimismo, es inverosímil que su padre no esté disfrutando de los frutos del narcotráfico, al vivir tranquilamente en su enorme granja, regada con uno de los grandes sistemas de irrigación de metal de cabeza rotatoria común en el oeste medio de Estados Unidos pero que no se puede encontrar en ninguna otra parte de Olancho. Y es su hijo Fabio quien al parecer se beneficia del lavado en seco por lo que el Residencial El Roble es famoso⁵.

Otra figura del departamento de Olancho era Lucio Rivera⁶. Rivera es el primo del secretario personal del Presidente Hernández, Reinaldo Sánchez⁷. Los olanchanos atribuyen el arresto de su exalcalde Sarmiento, un descendiente del cártel de los Sarmientos, a una guerra de posiciones entre su familia implantada a nivel local y los clanes Sánchez y Rivera con vínculos a nivel nacional. Después del arresto de Rivera a instancias de los Sarmientos, “enviaron [el gobierno nacional] a los COBRAS y a los TIGRES” para llevar a cabo una redada de venganza, contó un lugareño. “‘Moncho’ [Sarmiento, el alcalde en aquel entonces] fue arrestado en la casa de su suegra. Se lo llevaron en un helicóptero. Toda el área estaba llena de policía militar. Estaban buscando a [su tío, el patriarca de los Sarmientos Ulises] ‘Liche,’ pero no lo pudieron encontrar. La gente dice que se escapó a Nicaragua por el río Patuca, con la ayuda de Mel [Manuel Zelaya]”⁸.

Dos entrevistados también señalaron que el hermano del Presidente Hernández ha prestado sus servicios como abogado a sospechosos de narcotráfico⁹.

Y sin embargo, cada hondureño entrevistado durante el verano de 2016 estuvo de acuerdo que el gobierno de Hernández ha disminuido considerablemente el tráfico de drogas y su violencia inherente en Honduras. Las habitantes de los excentros de transbordo hablaron sobre las condiciones de seguridad que han mejorado de manera evidente al compararlas con la situación de hace cuatro años. Hasta los retractores del gobierno de Hernández coinciden, “Ha habido algunos progresos en la lucha contra el crimen organizado”¹⁰. Otro Olanchano con recelo lo formuló de este modo: “El gobierno está haciéndonos creer que está contra los narcos, pero no es verdad. Está bajo la presión de Estados Unidos. El gobierno estadounidense tiene en sus manos a Hernández”¹¹.

De hecho, en una de las primeras extradiciones de alto nivel desde Honduras, dos miembros del cártel de Valles fueron llevados a toda prisa a Estados Unidos en diciembre de 2014, al final del primer año de Hernández en su cargo¹². “Los estadounidenses no le dijeron al presidente cuando fueron a arrestarlos” afirmó una habitante de Juticalpa. “Rodearon la casa, después llamaron al jefe de policía”¹³. Lo anterior sugiere que a raíz de la información que comenzó a llegar al gobierno de Estados Unidos con la primera extradición y que ha ido incrementando con las subsiguientes, incluida la información sobre su propio hermano, ahora Hernández se siente casi obligado a cooperar con las políticas estadounidenses contra el narcotráfico.

Otra manera de entender algunos de estos acontecimientos es relacionarlos tanto a la geografía como a las rivalidades dentro de las redes cleptocráticas hondureñas estructuradas en cierto modo a la ligera. La geografía puede jugar un papel en la implementación de una lucha más intensa contra las drogas bajo el gobierno de Hernández por la simple razón de que creció en la parte montañosa del suroeste del país, la cual no es la zona más conveniente para el transbordo. Al contrario, muchas de las violaciones de derechos humanos que están provocando conflictos sociales bajo Hernández están sucediendo precisamente en su región natal.

Zelaya y Lobo, en cambio, provienen de departamentos cercanos en el este, principalmente de Olancho, al igual que de Colón, que sostienen el extremo este de las rutas del tráfico de drogas por Honduras. Según parece, ambos se involucraron con los cárteles locales, al parecer se afiliaron en primer lugar con los Sarmientos y los Cachiros respectivamente.

Podría ser que la voluntad de Hernández para acabar con este mercado lucrativo, a pesar de su colaboración política cercana con Lobo a lo largo de los años, proviene en parte de su falta de oportunidad para involucrarse en el negocio el mismo, el cual sucedía demasiado lejos de su sede central. El sacrificio, incluso de algunos miembros de cárteles cercanos a su mentor político, pudo no haber afectado demasiado sus propios intereses financieros, mientras que los beneficios que cosecharía de un gobierno estadounidense agradecido podrían haber valido la pena.

La rivalidad en algunas secciones de la red cleptocrática podría asimismo manifestarse en la política del gobierno a través de las divisiones que separan toscamente las drogas y las familias de negocios a lo largo de la línea de fractura entre los partidos Liberal y Nacional.

Traficar con otras formas de contrabando

El 2014 fue cuando comenzaron los cargamentos masivos de otro producto a Estados Unidos, desde y a través de Honduras: menores que viajaban solos y huían de Centroamérica¹⁴. Tan lucrativo es el mercado que es difícil imaginar redes de tráfico bien establecidas desaprovechándolo. Otras formas obvias de contrabando que pueden introducirse ilegalmente a través de Honduras incluyen trabajadoras sexuales, armas y bienes de consumo piratas. Se necesita llevar a cabo otra investigación para determinar si las redes que organizan estas variantes del mercado se traslapan con las redes del tráfico de drogas y/o elementos clave de la cleptocracia de Honduras.

Resulta evidente que muchas de las actividades delictivas perpetuadas por los miembros de las redes cleptocráticas hondureñas son transnacionales por naturaleza. Incluso, las pandillas de jóvenes que asolan los barrios urbanos de Juticalpa a San Pedro Sula tienen sus raíces en pandillas urbanas que fueron deportadas después de proliferar en Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990¹⁵. Las organizaciones de tráfico de drogas son por definición transfronterizas y más las de Centroamérica, que juegan un papel intermediario entre el productor y los países de consumidores¹⁶. Lo mismo sucede con las redes que trafican otras cargas reguladas tales como armas o personas.

Un enfoque importante en particular que podría ser objeto de otra investigación adicional sería determinar si las intersecciones entre las diferentes partes de las redes cleptocráticas hondureñas traspasan las fronteras internacionales que atraviesan. Es decir, ¿las filiales guatemaltecas de las empresas hondureñas, por ejemplo, también trabajan conjuntamente con los corresponsales guatemaltecos de las organizaciones de tráfico de drogas hondureñas?

Grupos armados y sicarios

La mayoría de las redes cleptocráticas como las de Honduras dependen de uno o más instrumentos de fuerza para aplicar la corrección violenta cuando otros medios de intimidación fracasan al tratar de disuadir al recalcitrante. De los que vieron las fotografías de 2011, pocos olvidaran la imagen de los “matones” a camello que abrumaron a los manifestantes egipcios durante las protestas de 2011 en la Plaza Tahrir en Cairo. En Nigeria, pandillas de jóvenes, algunas veces llamadas “chicos del barrio”, son con frecuencia contratados para perpetuar violencia electoral¹⁷.

En Honduras, las pandillas urbanas son famosas por servir como auxiliares de la policía en algunas ocasiones. En otros lugares, la elección de una fuerza como tal es más insidiosa. Las compañías de seguridad privadas, empleadas para proteger las presas o las plantaciones de palma, pueden atacar a los manifestantes codo a codo con la policía o las fuerzas armadas, o solas. Los pistoleros enmascarados inidentificables, conocidos regionalmente como asesinos o sicarios, han sido responsables de muchos de los asesinatos de los activistas de derechos de tierra o de otras luchas. En entornos donde la vida es barata, el encubrimiento de los perpetradores de violencia vinculados con las redes, detrás de más violencia generalizada como las pandillas o los insurgentes violentos (o los trolls en Internet), complica más la identificación y el castigo de los responsables¹⁸.

Notes

¹ Véase, por ejemplo, “Corridor of Violence: the Guatemala-Honduras Border”, Grupo Internacional de Crisis, 4 de junio de 2014, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/corridor-of-violence-the-guatemala-honduras-border.pdf; “Cocaine from South America to the United States”, UNODC, 24 de septiembre de 2012, https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_cocaine_SAmerica_US.pdf; Steven Dudley et al., “Honduras Elites and Organized Crime,” Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y InSight Crime, 9 de abril de 2016, https://www.justice.gov/eoir/file/861076/download; Julie Marie Bunck and Michael Ross Fowler, Bribes, Bullets, and Intimidation: Drug Trafficking and the Law in Central America (University Park, PA: Penn State University Press, 2012).

² Oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Son of the Former President of Honduras Pleads Guilty in Manhattan Federal Court to Conspiring to Import Cocaine into the United States”, comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 16 de mayo de 2016, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/son-former-president-honduras-pleads-guilty-manhattan-federal-court-conspiring-import.

³ Oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Manhattan US Attorney Announced Charges Against Members of the Honduran National Police for Drug Trafficking and Related Firearms Offenses”, comunicado de prensa, U.S. Department of Justice, June 29, 2016, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-members-honduran-national-police-drug. Véase también los cargos contra Fabio, que se remontan a 2009: Oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Sureño de Nueva York, “Manhattan US Attorney Announces the Arrest of the Son of the Former President of Honduras for Conspiring to Import Cocaine into the United States”, comunicado de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 22 de mayo de 2015, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-arrest-son-former-president-honduras-conspiring-import; Véase también Steven Dudley, “Ex-Honduras President Lobo Confronts Rumors about Him, Family”, InSight Crime, 30 de marzo de 2016, http://www.insightcrime.org/news-analysis/ex-honduras-president-lobo-confronts-rumors-about-him-family.

⁴ Ibíd.; y “Afirman que Fabio Lobo era el enlace de El Chapo en Honduras”, La Prensa, 4 de julio 4 de 2016, http://www.laprensa.hn/mundo/976520-410/afirman-que-fabio-lobo-era-el-enlace-de-el-chapo-en-honduras. Este artículo también menciona una amistad denunciada con el hijo de Matte Ballesteros, otro capo importante del tráfico de drogas, quien aún vive en la propiedad de su padre en Juticalpa. El informe más completo y reciente de estas relaciones se puede encontrar en el testimonio que surgió del juicio de los Cachiros ya que dicho informe se divulgó en la prensa. Véase la transcripción aquí: United States of America v. Fabio Porfirio Lobo, No. 15. Crf. 0174 (LGS),  http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/dt.common.streams.StreamServer.cls?STREAMOID=WiVTnMph7$2es6F788rV8aaAJ_I4YTPrsH_w1iAJhcVfeY5krSSS1XSUNLTm2d1cms0d8TStv3ubFlEybgcrg0KjaGkDo3$6Bv6gZduwIwOQuXA1xWUAyNIcOXd5cfDO$HLZSZ0HzScmN8GKQArPX8cqwkGJKYMin_UD7dVO9$q2GewvIUWP7H5qsthv0YxbOdGsvnm4UwiAH_lxWrDmEI3RflnU43ZHy0hBrVok32MBNTXEabT6fBnSp1_kaZWqodDVHeTF1diClsRjLkJGiCkzxZB$ok5FK4RX1bwIv7FpBdAFGjZNTrwBNujKBuTwdjM$Cy9jHdSgeEBPUA_E3CqtE0nf1lMV1u$$09Ahxb$PJMigwICCRb05g18w$8ZcsIbB$8eubOhda9QS7SegyARpwOlAHzGtXMS8nCcjrL8TDP_lvBP82gPJoC9CR7fsSyt9k39HRoYaX4adAFSxXHkQRVstIJfuCRN74U3J2qw-&CONTENTTYPE=application/pdf&CONTENTDISPOSITION=Documento%20Cachiros%20en%20Inglés.pdf.

⁵ Diversos entrevistados vinculan también a los hermanos Lobos, en especial a Ramón, con el tráfico de drogas. El testimonio del juicio de los Cachiros citado anteriormente y algunos artículos periodísticos dieron crédito a dichos rumores. Véase “Así terminó el reinado del cártel de Los Cachiros”, Educa Honduras, 30 de marzo de 2015, http://www.educahonduras.org/t6983-asi-termino-el-reinado-del-cartel-de-los-cachiros; Dudley, “Ex-Honduras President Lobo Confronts Rumors”.

⁶ Sentenciado a 104 años de cárcel en 2016, véase “Lucio Rivera es condenado a 104 años de cárcel”, La Prensa, 26 de enero de 2016, http://www.laprensa.hn/sucesos/923441-410/lucio-rivera-es-condenado-a-104-años-de-cárcel.

⁷ “Con C-4 Intentan matar a ganadero en región oriental de Honduras”, El Heraldo, 7 de abril de 2014, http://www.elheraldo.hn/sucesos/618563-219/con-c-4-intentan-matar-a-ganadero-en-region-oriental-de-honduras.

⁸ Entrevista, Juticalpa, 24 de julio 2016.

⁹ “The Brother of the Man”, Honduras Culture and Politics (blog), 22 de abril de 2016 http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2016/04/the-brother-of-man.html; Canal 36, “Hermano de JOH defendió y permitió fuga de peligrosos narcos que operaban en Honduras”, Cholusat Sur, 29 de enero de 2015, http://cholusatsur.com/noticias/hermano-de-joh-defendio-y-permitio-fuga-de-peligrosos-narcos-que-operaban-en-honduras/; y Darío Cálix, “Ramón Sabillón: Los Valle me revelaron que narcos financiaron a políticos del PN”, Tiempo Digital, 21 de abril de 2016, http://tiempo.hn/ramon-sabillon-los-valle-me-revelaron-narcos-financiaron-politicos-del-pn/. Sobre el presunto papel de Tony Hernández como un intermediario entre los cárteles y el gobierno de su hermano, véase Steven Dudley, “Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker”, InSight Crime, 20 de marzo de 2017, http://www.insightcrime.org/news-analysis/another-damning-testimony-elites-honduras-trafficker; y “The Cachiros Testify to Bribes Paid to Tony Hernández”, Honduras Culture and Politics (blog), 16 de marzo de 2017, http://hondurasculturepolitics.blogspot.com/2017/03/los-cachiros-testify-to-bribes-paid-to.html. Según se informa, Hernández fue entrevistado por la DEA en octubre de 2016, véase Mike LaSusa, “Honduras President’s Brother in US After Link to Drug Investigation: Reports”, InSight Crime, 25 de octubre de 2016, http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-president-s-brother-in-us-after-link-to-drug-investigation-reports.

¹⁰ Entrevista, 3 de agosto de 2016.

¹¹ Entrevista, 24 de julio de 2016.

¹² Oficina del Procurador de Estados Unidos, Distrito Este de Virginia, “Leaders of Honduran Drug Cartel Face Federal Drug and Money Laundering Charges in the Eastern District of Virginia”, comunicado de prensa, Buró Federal de Investigaciones, 19 de diciembre de 2014, https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/washingtondc/news/press-releases/leaders-of-honduran-drug-cartel-face-federal-drug-and-money-laundering-charges-in-the-eastern-district-of-virginia.

¹³ Entrevista, Juticalpa, 24 de julio de 2016; Elyssa Pachio “Honduras Captures Leaders of Valles Drug Clan”, InSight Crime, 6 de octubre de 2014, http://www.insightcrime.com/news-briefs/honduras-captures-leaders-of-valles-drug-trafficking-clan.

¹⁴ Jeh Johnson, “United States Border Patrol Southwest Family Unit Subject and Unaccompanied Alien Children Apprehensions Fiscal Year 2016”, U.S. Customs and Border Patrol, October 18, 2016, https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2016.

¹⁵ Véase, por ejemplo, Michael Daly, “The Deported LA Gangs Behind This Border Kid Crisis”, Daily Beast, 11 de julio de 2014, http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/11/the-deported-l-a-gangs-behind-this-border-kid-crisis.html; para una perspectiva desde Canadá, véase Robert Muggah y Geoff Burt, “Deportations Are Helping Make Honduras One of the World’s Most Violent Countries”, Security Sector Reform Resource Center, 22 de julio de 2016.

¹⁶ “Cocaine From South America to the United States”, UNODC, 24 de septiembre de 2012, https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_cocaine_SAmerica_US.pdf

¹⁷ Véase, por ejemplo, Richard Spencer, “Egypt Protests: Camel and Horse Riders who Invaded Tahrir Square Say They Are ‘Good Men’”, Telegraph, 5 de febrero de 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8306223/Egypt-protests-camel-and-horse-riders-who-invaded-Tahrir-Square-say-they-are-good-men.html; y “Criminal Politics: Violence, ‘Godfathers,’ and Corruption in Nigeria”, Human Rights Watch, 11 de octubre de 2007, https://www.hrw.org/report/2007/10/11/criminal-politics/violence-godfathers-and-corruption-nigeria; o Thomas Barrabi, “Nigeria Elections: Violent Street Gangs Increase Tensions Before March 28 Vote”, International Business Times, 19 de marzo de 2015, http://www.ibtimes.com/nigeria-elections-violent-street-gangs-increase-tensions-march-28-vote-1852528.

¹⁸ Phillips, Honduras in Dangerous Times, pp. 56–58; Bird, “The Agua Zarca Dam”, pp. 9–10; “There Are No Investigations Here”, Human Rights Watch.

“Ésa es un área gris”.
—Funcionario de desarrollo

El uso de la palabra “habilitadores” en este análisis de las redes cleptocráticas es deliberado. Con ello se pretende provocar una reflexión más ingenua de los impactos verdaderos de muchas de las actividades en las cuales participan profesionales respetables. A menudo, para ser justos, las prácticas o los programas propiciadores se emprenden involuntariamente. Las personas que los implementan no tienen la intención de consolidar gobiernos penalmente corruptos o sus aliados. En la mayoría de los casos, intentan hacer lo contrario y simplemente no examinan con el debido cuidado los costos reales que trascienden el proyecto que apoyan, frente a sus aparentes beneficios directos. En otros casos, sin embargo, la frase “ceguera deliberada” puede ser una descripción más apta de su actitud. Los actos o servicios que proveen aun así otras entidades que hacen negocios con los miembros de dichas redes cleptocráticas deben calificarse de facilitación activa.

En los diferentes tipos de los casos mencionados, puede ser difícil analizar la distinción entre un habilitador externo, al contario de un verdadero miembro de lo que se entiende mejor como una red cleptocrática transnacional. Por lo tanto, una investigación adicional debe buscar desarrollar un panorama de estos sistemas que sea geográficamente menos enfocado en un solo país, además de examinar la red de las intersecciones y relaciones internacionales fuera de dicho marco de una manera más concertada de lo que hemos hecho nosotros en este informe.

El siguiente análisis, y los colores diversos que se usan en los diagramas infográficos de este estudio, tienen como objetivo propiciar la consideración de las diferentes categorías antes mencionadas. En muchos casos, la elección de una clasificación en lugar de otra resultó ser un llamado al buen juicio y criterio.

Habilitadores

Esta categoría está conformada por entidades o actividades cuya potenciación de las prácticas cleptocráticas puede que no sea intencional.

Asistencia para la seguridad por parte de Estados Unidos:

Dado el historial de la intervención del ejército estadounidense en Honduras, existe una tendencia entre los hondureños y los extranjeros que conocen bien el país a ver la asistencia para la seguridad por parte de Estados Unidos como un factor determinante en el destino del país. Puede ser que la realidad de ese apoyo, en especial en comparación con otros receptores en el contexto actual posterior al 11 de septiembre, no corresponda con su impacto psicológico, por lo tanto, es importante diferenciar los dos. Pero hacerlo de ese modo es complicado debido al tejido extremadamente confuso de flujos de financiación traslapados que exacerba la falta generalizada de transparencia.

Las normas de supervisión y de información que rigen la asistencia para la seguridad por parte de Estados Unidos son menos rigurosas que las que se aplican para la asistencia civil. Hasta la fecha, no es una obligación para el Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionar ni siquiera la cantidad total en dólares que otorga en asistencia a cada país anualmente. Según un experto en Washington: “Ahora mismo [el Departamento de Defensa] no tiene un entendimiento íntegro de lo que apoya en un país dado en un año determinado, y no está obligado a reportarlo de manera cabal después de hacerlo”¹.

Mucho del apoyo es otorgado a través de coordinadores de proyectos que cubre varios países (como la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica o CARSI) y/o dejan abierta la posibilidad de que el dinero se emplee ya sea en metas de desarrollo o de seguridad². Alguna asistencia está encubierta y por la tanto es clasificada. Los límites indeterminados entre las fuerzas interdisciplinarias y sus subunidades como FUSINA, y la posibilidad de que oficiales específicos y hombres sean intercambiados entre estas subunidades, como se analizó anteriormente, contribuyen a la confusión. “Rastrear la asistencia a Honduras por parte de Estados Unidos es una pesadilla”, comentó un investigador que se dedica a hacerlo³.

Dicho esto, las organizaciones estadounidenses no gubernamentales que monitorean la asistencia para la seguridad a nivel mundial reportaron que la financiación identificable para la policía y el ejército hondureños casi se duplicó entre 2014 y 2015, dando un total de aproximadamente 22 millones de dólares en 2015 antes de descender a una cifra apenas por encima de 17 millones de dólares en 2017, el porcentaje más grande, por mucho, destinado a la lucha contra el narcotráfico⁴. Como parte de este esfuerzo, el Departamento de Defensa ha gastado en la construcción de pequeñas bases, en especial en la costa del Caribe, que a menudo se utilizan para actividades fuera del país⁵.

En esta cifra no se incluyen las ventas de armas (15,6 millones autorizados en 2015⁶) o la fuente de financiación flexible para la lucha contra el narcotráfico que maneja el Departamento de Estado, denominada Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE). Por lo menos en 2014, Honduras también fue un sitio predilecto para la capacitación conjunta de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y algunos oficiales permanecieron en el país para monitorear las operaciones montadas por sus aprendices⁷. El presupuesto para dichas actividades también se desconoce, como la suma de dinero que Estados Unidos gasta en los oficiales colombianos que contrata para que entrenen a sus contrapartes en la policía y en el ejército hondureño.

Estas cifras se ven eclipsadas por los más de mil millones de dólares al año acordados para Egipto y Pakistán, sin mencionar los miles de millones de dólares gastados en la capacitación, la dotación de equipo y el asesoramiento de las fuerzas militares y de la policía en Afganistán e Irak. Pero en el contexto Centroamericano, la suma es importante. Además, desde un punto de vista psicológico, el impacto puede ser superior de lo que implican los totales numéricos. En especial dado el historial de la intervención profunda militar de Estados Unidos en la región, el uso de Honduras como una base para sus operaciones entre fronteras y los antecedentes estadounidenses relacionados con la capacitación de oficiales que han perpetuado golpes o dirigido campañas militares ensombrecidas por abusos a los derechos humanos generalizados, es probable que los habitantes estén más amedrentados de lo que piensan los extranjeros que deberían estar cuando sus receptores blanden la ayuda estadounidense⁸.

Las solicitudes de financiamiento para los proyectos de asistencia militar no necesitan incluir objetivos o referencias específicos para que su eficacia pueda determinarse. En general, la capacitación y el material suministrado a ejércitos extranjeros están destinados solo a su competencia técnica. Tanto el Buró de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado como el personal del Departamento de Defensa tienden a huir de las responsabilidades para mejorar la manera en la cual los capacitados tratan a las poblaciones locales⁹.

Sin embargo, en conversaciones repetidas con oficiales militares estadounidenses que brindan asistencia para la seguridad o la capacitación y para la asesoría de las fuerzas locales a nivel mundial, la creencia es que dicha asociación es positiva por su naturaleza misma, que ayuda a “profesionalizar” a los oficiales regionales¹⁰. El liderazgo militar estadounidense inicialmente atribuyó el rechazo de los soldados egipcios a abrir fuego contra los manifestantes en la Plaza Tahrir, por ejemplo, a la capacitación que habían recibido algunos de sus oficiales en escuelas militares estadounidenses. Sin embargo, fue imposible siquiera contactar a alguno de los graduados durante la crisis, y dado el golpe subsecuente contra el expresidente Mohamed Morsi y el asesinato de por lo menos 1000 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad egipcias en agosto de 2013¹¹, la capacitación estadounidense resultó irrelevante al tratar de explicar el comportamiento inicial.

La Ley Leahy prohíbe brindar asistencia militar o capacitación a una unidad “si el secretario de estado/secretario de defensa cuenta con información fidedigna sobre si dicha unidad ha cometido una violación grave a los derechos humanos”¹². Sin embargo, se pueden eximir las restricciones en “circunstancias extraordinarias”. A partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se les ha brindado la asistencia estadounidense a varias unidades conocidas por perpetuar asesinatos extrajudiciales¹³. En Honduras, la mezcla de diferentes unidades en una operación única complica la identificación de los autores de violaciones contra los derechos humanos. La mayoría de estas violaciones han sido episódicas¹⁴ y no han llegado al nivel de las violaciones generalizadas que, por ejemplo, ensangrentaron a Guatemala durante la guerra civil en este país.

Una excepción, con la cual puede vincularse la asistencia para la seguridad estadounidense, es el patrón de abusos cometido por miembros de la fuerza Xatruch desplegada en el Bajo Aguán¹⁵. Hace seis años, oficiales de esta misma fuerza Xatruch fueron desplegados en Irak como parte de la coalición dirigida por Estados Unidos. Si bien, la conformación de las unidades pudo haber cambiado entre ambos episodios (y la secuencia significa que la Ley Leahy no aplicaría, ya que las presuntas violaciones a derechos humanos ocurrieron después de la asistencia y asociación en Irak), esta concomitancia ejemplifica la manera en la cual la relación de seguridad de Estados Unidos fracasa al prevenir abusos, y es más probable que otorgue a las fuerzas receptoras el sentido de impunidad.

Además, una medida de ejecución en nombre de una red cleptocrática no forzosamente necesita calificar como violación grave a los derechos humanos para ser eficaz. Si bien, es importante hacer distinciones claras entre asistencia que empodera materialmente unidades intimidatorias específicas y el apoyo al sector de seguridad en general, también es verdad que la mera existencia de una relación de asistencia puede cumplir un importante papel habilitante para dichas redes. Pocos hondureños pueden rastrear los detalles sobre cuáles unidades determinadas reciben asistencia. De cualquier modo, las diversas fuerzas operan conjuntamente. El apoyo estadounidense envía un mensaje de invencibilidad que los líderes de las redes pueden potenciar a través de diversas tácticas de mensajes públicos.

En este contexto, debe entenderse que toda la asistencia militar estadounidense desempeña un papel habilitante para las actuales redes gobernantes. Cuando esta asistencia adopta la forma de capacitación militar brindada a una unidad predilecta de la policía, como los TIGRES, la función de reforzamiento es aún más directa. La costumbre del presidente Hernández de mezclar unidades en las fuerzas de tareas conjuntas complica más el panorama, y aumenta la posibilidad de que la percepción que tienen los hondureños de la asistencia militar estadounidense se extienda a todas aquellas unidades que se reportan directamente con Hernández.

Conscientes de este efecto dominó, miembros del Congreso estadounidense tras el asesinato de Cáceres presentaron un proyecto de ley que suspendería todas las subvenciones o préstamos de asistencia para la seguridad a Honduras. El bloqueo permanecería en vigor hasta que Tegucigalpa hubiera investigado y llevado a juicio a los sospechosos de su asesinato y a otros culpables, hubiera “retirado el ejército del mantenimiento del orden interno” y hubiera construido un sistema judicial capaz de enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos¹⁶. Los expertos estadounidenses y los partidarios tuvieron muy pocas esperanzas de que se aprobara este proyecto de ley. Pero a pesar de una certificación del Departamento de Estado de que Honduras cumplía con las condiciones exigidas, el Congreso aún detuvo su parte de un paquete grande de ayuda destinado para la región en marzo de 2017.

Ayuda para el desarrollo por parte de extranjeros civiles:

Los expertos en desarrollo que financian o implementan proyectos en los países en cuestión se encuentran entre los individuos afectados por el concepto “habilitante”, y la alusión que hace a los miembros descarriados de una familia que complacían a un alcohólico al proveerle tragos a hurtadillas. En conversaciones provocadas por una insinuación, el personal de asistencia con frecuencia cita a las estructuras de incentivos de los organismos, que a menudo dan prioridad al desembolso de presupuestos por encima de los resultados obtenidos. Otros señalan sus inquietudes relacionadas con la soberanía y la necesidad de trabajar con gobiernos locales para mejorar su capacidad de servir a sus ciudadanos. La mayoría con certeza señala los esfuerzos importantes, por lo regular onerosos, que sus instituciones les exigen para evitar el despilfarro de recursos.

En reuniones con funcionarios de un organismo para el desarrollo de Suecia, las reflexiones se profundizaron todavía más. Evidentemente afligidos, diversos empleados reconocieron que este entramado de problemas de corrupción desafía la forma como se perciben a sí mismos y su lugar en el mundo: su capacidad para verse como personas que hacen el bien.

Un cúmulo de diferentes proyectos y programas, pagados por organismos para el desarrollo de países que van desde Estados Unidos y Canadá hasta España, Suecia y Japón, compiten para asistir a una Honduras golpeada por la pobreza. Tabularlos a todos representa una imposibilidad literal, debido a la información inconsistente y dispar. Según el portal bastante parcial sobre asistencia para el desarrollo del gobierno hondureño, la Unión Europea es el donador bilateral más grande de los últimos seis meses. El portal presenta información al respecto¹⁷.

Una funcionaria estadounidense de alto rango que entrevistamos pidió que no mencionáramos su nombre para que pudiera hablar con franqueza. Enfatizó la “supervisión rigurosa, auditorías e inspecciones” que rigen toda la asistencia estadounidense, y “dud[ó] que exista esfuerzo alguno por desviar la asistencia para el desarrollo hacia compinches. Por supuesto que hay mucha corrupción en Honduras, pero en cuanto a nuestros propios programas, tengo confianza”.

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea canaliza la mayor parte de su asistencia directamente hacia el gobierno hondureño. “Estamos orgullosos de fortalecer al gobierno. Es nuestro objetivo incrementar la capacidad del gobierno y donde hay debilidades apoyarlo con asistencia técnica”¹⁸.

Sin embargo, como se analizó anteriormente, los déficits en la capacidad pueden ser un rasgo deliberado de la operación de las redes cleptocráticas hondureñas. Una funcionaria para el desarrollo regional expresó frustración ante el esfuerzo para reducir estos déficits que recuerda a Sísifo. “Cuando estás tratando de mejorar la capacidad de las contrapartes locales”, señaló, “el problema principal es la rotación. Puedes gastar mucho dinero capacitando unidades, creando sistemas, después llega un nuevo gobierno y tienes que empezar de nuevo”¹⁹.

Cuando le preguntamos si podría señalar mejoramientos específicos en la capacidad del gobierno que indicaran que Honduras se había embarcado por lo menos en una trayectoria positiva, la funcionaria de la Unión Europea no pudo. Desde la última vez que trabajó intensamente en Honduras, hace veinte años, llegó a la conclusión que “el progreso ha sido mínimo. Un paso hacia delante, dos pasos hacia tras. Y después”, señaló, “con el golpe hubo una doble caída”. En consonancia con su contraparte regional, se lamenta que “las nuevas personas pueden tener cualidades y estándares diferentes” de las anteriores.

De forma permanente, las bajas expectativas parecen cimentar esta concepción de la asistencia para el desarrollo, y con claridad funciona para el provecho de aquellos que quieren ordeñar el sector de la ayuda para obtener todo el apoyo moral y material que les sea posible. Veinte años de capacidad gubernamental estancada se consideran normales, y planteárselos es un prerrequisito para el trabajo del desarrollo. “Uno tiene que hacer una decisión cuando se trata de desarrollo. O comienzas donde están, o no te involucras”. Al preguntarle sobre la oficina del Presidente Hernández, donde muchos interlocutores afirman que el poder se concentra de manera considerable, la funcionaria europea vaciló ante la idea de ser demasiada “presuntuosa” como para arriesgar un juicio. “Tengo una buena impresión de su mandato”, concluyó con detalle. “Pienso que son bien intencionados, pero el país no los apoya”.

Una actitud como tal, aunada a una falta de investigación evidente sobre la naturaleza de la institución que recibe la asistencia para el desarrollo, solo se puede evaluar como habilitante.

La asistencia civil estadounidense se canalizada principalmente hacia la disminución de la violencia endémica que azota Honduras. Los programas con acrónimos como CARSI, CONVIVE y NEXOS tienen como objetivo “desestabilizar los sistemas, las percepciones y las conductas que sustentan la violencia”; de este modo, promueven “la seguridad, previenen el crimen y la cohesión social”. Inspirándonos en el enfoque de la contrainsurgencia en Irak y en Afganistán, estos programas también buscan “mejorar la satisfacción ciudadana con los servicios que se ofrecen a nivel local”²⁰.

La Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI), conocida como la filial más dinámica de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la cual atrae personal ecuánime por haber vivido en los difíciles escenarios en Afganistán e Irak que absorbieron mucha de la atención estadounidense durante la década pasada, controla 67,6 millones de dólares al año a nivel mundial²¹. En Honduras, apoya pequeños proyectos destinados a mejorar las condiciones en los barrios urbanos más violentos.

Sin embargo, aunque la OTI muestre interés en las relaciones de la comunidad y las políticas, no ha analizado las purgas en la policía llevadas a cabo por la recién establecida comisión para la reforma de la policía, afirmaron algunos funcionarios.

La labor antipandillas financiada por el USAID, según la descripción de un implementador de alto nivel, también se enfoca en el microentorno: las características familiares e individuales probablemente hacen que un joven sea propenso al reclutamiento por parte de una pandilla²². Su premisa misma evita el escrutinio de las fuerzas superiores que pueden obligar a un joven a incorporarse a una pandilla, y en su lugar hace hincapié en rasgos que son únicos de toda juventud.

Si bien dichos enfoques no pueden reforzar de manera activa las prácticas de las redes cleptocráticas hondureñas, se quedan cortos al representar un desafío para estas prácticas o al identificarlas como factores en la violencia generalizada del país. Un especialista avezado en el sector de la justicia internacional critica la miopía de un enfoque como tal. “INL [Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley del Buró del Departamento de Estado] se enfoca en el crimen organizado. No ha querido ver que el problema está enraizado en una burocracia podrida”²³.

La OTI asimismo provee pequeñas subvenciones para infraestructura, especialmente en barrios urbanos donde la gente piensa que puede mejorar la calidad de vida y reclamar zonas prohibidas. Las subvenciones son pequeñas, pero sus socios incluyen la compañía nacional de electricidad, que está bien integrada en la red cleptocrática.

Asimismo, el financiamiento estadounidense también se destina para mejorar la capacidad de organismos selectos del sector de la justicia, como los grupos de trabajo sobre Delitos Financieros y Delitos Violentos. Últimamente, ayudó a poner en marcha la comisión del sector de justicia internacional solicitada por los manifestantes contra la corrupción en 2015, La MACCIH, cuyos esfuerzos tienen como finalidad combatir la corrupción y ayudar a diseñar y promulgar reformas institucionales. (Véase más adelante las páginas 105–106). Dicho programa no parece estar al servicio de una función habilitante.

El USAID hace hincapié en su labor con las ONG locales, ya sean organizaciones ambientales o la ASJ, que es un actor principal en el proceso de la reforma policial y depende para su subsistencia del apoyo material y moral de Washington.

En Honduras como en otras partes, un grado de esquizofrenia caracteriza la entrega de dicha asistencia estadounidense a la sociedad civil. Como lo describe un receptor local, “El asunto es que Estados Unidos no quiere una crisis en su patio trasero. Así que secunda a los políticos, al decir: ‘Pueden continuar con su manera de gobernar deficiente’, pero al mismo tiempo trabaja con las ONG, porque desea promover la democracia y la transparencia y ese tipo de cosas. Sin embargo, no puede adoptar esta línea abiertamente, porque eso sería interferir en la soberanía hondureña”²⁴. Algunas veces puede parecer que el gobierno estadounidense está subcontratando a las ONG locales para que lleven a cabo su labor a favor de una buena gobernanza y de la gente común, si bien su postura oficial va en contra de ello.

Todos los entrevistados enfatizaron que Estados Unidos ejerce una influencia tremenda en Honduras, y por lo tanto saca provecho.²⁵ Los funcionarios estadounidenses tienden a subestimar este tipo de influencia, la cual por lo regular es sutil y está enraizada en las dinámicas del poder histórico. A menudo adoptan ellos mismos la postura de tener que cultivar a sus contrapartes en el país en desarrollo²⁶. Al hacerlo de este modo, en el caso de Honduras, en lugar de aprovechar dicha influencia en beneficio de la población común, desempeñan también una función habilitante.

Prestamos para el desarrollo por parte de instituciones financieras internacionales:

Aún más importante que la ayuda bilateral o multilateral desde un punto de vista financiero son los préstamos hechos a las entidades hondureñas del sector privado y público por instituciones financieras internacionales que se especializan en desarrollo²⁷. Los entrevistados que trabajan dentro de estas instituciones resultaron ser extremadamente herméticos, a menudo más herméticos que los hondureños que están bajo amenaza física a diario.

Todos se describen a sí mismos como expertos en desarrollo, y utilizan dicha palabra para exponer sus propios objetivos y los de sus instituciones. Como el funcionario de un banco multilateral lo expresó: “El banco es un banco de desarrollo, su meta es el desarrollo. Nos buscaron para apoyar la integración y el desarrollo de esta región”²⁸. Diversas instituciones europeas, tales como Finnfund de Finlandia, pertenecen casi en su totalidad a sus secretarías de asuntos exteriores y se rigen por las políticas de desarrollo establecidas por la secretaría, por ejemplo: “para eliminar la pobreza de una manera económica, social y ecológicamente sustentable”²⁹. Las directrices de inversión y las herramientas de evaluación de modo sistemático emplean la jerga de “indicadores del impacto del desarrollo” o “la evaluación ex ante de los resultados de desarrollo”, incluidos “objetivos, productos, efectos e impacto”, o el viejo recurso: “las mejores prácticas internacionales”³⁰.

Los entrevistados citaron procesos de aprobación de proyectos complejos que “toman algo de tiempo” y que reúnen “equipos ambientales, equipos económicos, equipos de responsabilidad social corporativa”³¹. En ocasiones, por supuesto, los debates internos surgen sobre préstamos potenciales específicos. “De vez en cuando tenemos conversaciones en las cuales no estamos necesariamente de acuerdo. Algunas veces la dirección quiere ir más rápido, mientras que el departamento de conformidad desea que el trabajo se haga más lento y mejor”. O, en esta descripción más cándida: “Aquí hay banqueros anticuados, hay gente como algunos de nosotros que estamos más interesados en el desarrollo y también hay mañosos. Frente al consejo, todos presionan y arremeten, no es fácil”³².

Las relaciones con el gobierno hondureño representan un desafío similar para los bancos que proveen préstamos al sector público o a los proyectos de Coalianza. Algunos funcionarios afirmaron que Tegucigalpa “presiona fuerte para mantener el control de la implementación”. Cuando tiene éxito, dice uno, los estándares ambientales y sociales normalmente decrecen. Y el gobierno se resiste a que lo hagan a un lado. “El gobierno dice: ‘Debes de mejorar nuestra capacidad, no reemplazarnos’. Dan varios argumentos”³³.

En cada caso que analizamos, encontramos que la conexión entre los presuntos objetivos de desarrollo y lo que en realidad sucede en el terreno es escabrosa, para describirla de una manera afable.

El personal de los organismos de desarrollo y de las secretarías de relaciones exteriores sí elabora las directrices para canalizar la selección de préstamos prospectivos del banco hacia direcciones que se cree que promueven el desarrollo. Sin embargo, estos documentos están escritos en términos sumamente generales. Cada año, por ejemplo, la secretaría de relaciones exteriores finlandesa destina un “memorándum rector” para Finnfund. “Éste establece un marco general”, afirma un funcionario de la secretaría de relaciones exteriores a cargo de supervisar las actividades del banco, “pero bastante general. Así es como nos involucramos. No participamos en ninguna toma de decisiones de los proyectos específicos”³⁴. Un funcionario en el extremo receptor de dichas instrucciones afirmó que ellos definen, por ejemplo, “el porcentaje máximo del fondo que puede invertirse en ciertos sectores”³⁵.

La supervisión o el monitoreo subsiguientes para asegurarse de que los proyectos en realidad se apegan a las directrices, parecen casi una displicencia. Aunque todos los entrevistados mencionaron que sus destinatarios de préstamos están obligados a presentar un informe con regularidad, la precisión de estos informes básicamente se da por sentada de buena fe. “Confiamos en las operaciones de Finnfund”, expresó el funcionario de la secretaría de relaciones exteriores finlandesa. “No vamos y checamos y verificamos. No revisamos toda la documentación. Confiamos en lo que nos dicen”.

Y en Finnfund, ¿en los cargos inferiores?, la confianza también reina. “¿Qué de malo han hecho nuestros clientes?” se preguntó un funcionario a cargo del dossier de Agua Zarca, casi enojado, en respuesta a una pregunta sobre la supervisión. “No entiendo. Se encuentran entre el puñado de personas muy ricas que se interesan en hacer el bien en sus países. Están reinvirtiendo sus ganancias en nuevos proyectos, no sacando el dinero del país. La gente está tratando de sacarles trapos al sol a la gente”³⁶.

Escuchamos opiniones similares de un gestor de fondos para desarrollo en relación a sus prestatarios hondureños. “Las empresas presentan un informe al año o con mayor frecuencia. La verificación independiente no se ha necesitado. Las compañías proveen supervisores independientes. Nosotros no checamos de nuevo, confiamos”³⁷.

El uso generalizado de fondos secundarios para el desarrollo como los que gestiona este entrevistado nos llegó como una sorpresa al equipo de investigación. Son reservas monetarias de tiempo limitado en las cuales invierten cierto número de acreedores diferentes o agencias de ayuda bilateral. A su vez, éstos se las entregan a empresas de capital privado comunes para que las gestionen. Los “accionistas” esperan resultados de desarrollo pero también una rentabilidad.

Dichos instrumentos agregan un estrato más de gestión entre los gobiernos que originalmente proveen asistencia para el desarrollo y los beneficiarios destinados. En esta fase, no solo se trata de una secretaría de relaciones exteriores o un organismo para desarrollo que establecen las directrices de inversión. Todos los inversionistas, que pueden ser gobiernos, instituciones financieras internacionales, organismos para el desarrollo bilateral o multilateral, o bancos de desarrollo, deben negociar las condiciones de un único documento guía.

Y todas la condiciones de dicho contrato “no son públicas”, se lamentó un funcionario del Finnfund, al referirse a uno de esos fondos. “Tendríamos que verificar con los otros accionistas antes de divulgarlas”. Aunque Finlandia disfruta de una reputación envidiable por su trasparencia y su falta de corrupción, incluso la cantidad de inversión del Finnfund en el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) era un secreto hasta 2016³⁸.

La relación de los bancos con los gestores de los fondos como el CAMIF ha crecido hasta asemejar sus propias relaciones con sus secretarías de relaciones exteriores de tutela. “Acordamos las políticas, formamos parte de un comité de consulta, analizamos los conflictos potenciales, ese tipo de cosas. Pero no examinamos los proyectos individuales”³⁹.

En cuanto a los gestores del fondo, aunque presuntamente actúan conforme a las reglas explícitas que se les dan, –no hacer inversiones en sectores económicos prohibidos, por ejemplo, se juzgan a sí mismos a través de la misma norma que utiliza cualquier otro inversionista: rentabilidad. “Los chavos del capital privado son chavos del dinero, no chavos del desarrollo”, comentó un funcionario de un banco de desarrollo. La empresa que gestiona CAMIF es Latin American Partners, una filial de EMP Global. Otros de los clientes de EMP es el sultán de Brunei.

Dichos acuerdos son confusos (un funcionario de un banco para el desarrollo que entrevistamos tuvo que realizar un investigación durante el transcurso de varios días a raíz de una pregunta de seguimiento, para descubrir que su banco había invertido en siete diferentes fondos como los ya mencionados); incluso diluyen aún más el grado que aconsejan las prioridades del desarrollo para el uso del dinero, además de debilitar la supervisión y el monitoreo de por sí someros. Sin embargo, según diversos entrevistados, se han vuelto bastante atractivos desde aproximadamente el año 2000 por su capacidad para extraer dinero de una gama de fuentes⁴⁰.

Este tipo de financiamiento ha sido fundamental para las presas y las granjas solares y para las plantaciones de aceite de palma que pertenecen a miembros de la red hondureña, ya que sin él, no podrían reunir el capital necesario para dichos proyectos. En un ejemplo de cómo las cosas pueden resultar perjudicialmente mal en dichas inversiones, la Corporación Financiera Internacional (IFC), la sección de crédito para el sector privado del Banco Mundial, concluyó su apoyo a las plantaciones de palma de la Corporación Dinant de Miguel Facussé, y ahora está revisando si sus préstamos al Banco Ficohsa, que fueron asignados para pequeños negocios, en su lugar terminaron siendo un crédito más para Dinant⁴¹.

Quizás el ejemplo reciente más atroz fueron las inversiones realizadas por el Banco Central de América para la Integración Económica (CABEI), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y su socio subalterno Finnfund en el proyecto de la presa de Agua Zarca. Parece que el asesinato brutal antes del amanecer de una de las líderes de la comunidad más queridas en Centroamérica no debía de haber sucedido para que los financiadores internacionales del proyecto repensaran su apoyo inicial. Sin embargo, solo algunas semanas después del asesinato de Cáceres, en un espiral de protestas internacionales, se retiraron finalmente del proyecto.

Al preguntarle cuántos créditos desacertados pueden otorgarse, el observador de la industria financiera lo describe de la siguiente manera: “Quizás los bancos no esperaban que DESA usara dichas prácticas. Puede ser bastante engañoso. Depende del tipo de empresa privada con la que estés trabajando. Algunas son éticas. Algunas solo tratan de parecer éticas. Todo puede parecer bastante similar. Te muestran un grupo de personas diciendo las cosas correctas; te muestran alcaldes a favor del proyecto, pero al otro lado del río, la gente está protestando. . . . Después, te arrastran al terreno de los tecnicismos legales: ‘Muéstrame los documentos, muéstrame el mapa; ¿dónde está la gente en el mapa? Y siempre tiene cosas para demostrar que la gente está en conformidad. Preguntas por una licencia; te muestran una licencia, pero pagaron por ella. ¿Cómo le llamas a eso?”⁴²

“Corrupción”, le respondo.

En este escenario, tomaría una diligencia debida intensa por parte de los prestadores y sus supervisores gubernamentales, y trabajo perseverante, verificar dos veces lo que DESA estaba diciendo para determinar el estado real de los asuntos en el río Gualcarque. Y eso es precisamente lo que los funcionarios de financiación para el desarrollo reconocieron que nunca hicieron en entrevista tras entrevista⁴³.

Otros observadores insinuaron que era imposible no darse cuenta de lo que estaba pasando.

Como se insinuó en varias de las citas anteriores, el personal del banco de desarrollo parece casi cautivado psicológicamente por sus prestatarios, a quienes describe como “buenas personas” y “empresas familiares”. Los acreedores no descubrieron razón alguna para sospechar que alguno de los propietarios de DESA podría estar involucrado en el tráfico de drogas, por ejemplo. Además, describieron los nexos entre estas élites empresariales y el liderazgo político de Honduras como comparables a los vínculos sociales y familiares que unían a los grandes hombres de las capitales europeas hasta hace poco tiempo. Rehaceos a exigirle a DESA rendimiento de cuentas por cualquier cosa que hubiera ocurrido, en su lugar culparon solo a Sinohydro por trabajos mal realizados y daños a la propiedad, lo cual arruinó las relaciones con los lugareños. Asimismo, a la asociación local COPINH le adjudicaron el papel de villana, acusándola de fabricar la controversia como una plataforma para su “agenda más amplia”.

Al preguntarles si había algo que harían diferente a la luz de las tragedias que presenció el proyecto de Agua Zarca, nuestros interlocutores de Finnfund respondieron que: “Aún creemos que seguimos buenos procedimientos”, pero ahora reconocen que no es suficiente analizar solo los méritos de un proyecto. También necesitan considerar “el contexto político más amplio”. Pero en sus mentes, ese contexto no incluía la naturaleza cleptocrática de la estructura de poder hondureña. Pensaron que los esfuerzos incrementados en la debida diligencia deberían enfocarse en averiguar si algunas ONG poderosas que merodean por los alrededores podrían enarbolar la opinión mundial contra el proyecto.

Cuando estábamos a punto de concluir nuestra conversación, un entrevistado se dirigió hacia mí, con pasión verdadera en su voz, para pormenorizar más su motivación. “Yo solo quería que esa gente tuviera electricidad”, exclamó. “Quiero que tengan lo que mi abuela obtuvo durante su vida. Tener electricidad fue una experiencia que le cambió la vida. Y si tengo que trabajar con esos delincuentes para lograrlo, me aguanto”.

Lo interioricé. “Pero estás seguro”, pregunté después de un momento, “¿realmente tienen electricidad los lugareños?”

“¿Sabemos que esta electricidad va a hogares rurales? No. Va a la red nacional”⁴⁴.

Este pequeño ejemplo ilustra de este modo la manera descuidada en que las instituciones financieras para el desarrollo están inyectando dinero a Honduras. El éxito se mide en gran medida en términos de rendimiento financiero, con el personal citando con orgullo proyectos como Celtel en África, que “¡produjo mucho dinero para los inversionistas!” y más diapositivas sobre documentos de evaluación que mostraban cantidades en dólares en lugar de los resultados para los beneficiarios.

¿Son en verdad éstos los criterios correctos para evaluar el éxito de los proyectos para el desarrollo? “Dinero para los inversionistas” (en virtud de una modalidad de contratación secreta y amañada) es la razón por la cual la cleptocracia hondureña ha entrado de lleno a la energía solar y la hidroelectricidad. Pero ese tipo de rentabilidad, financiada a través de préstamos para el desarrollo, está de hecho deteriorando al gobierno y socavando los resultados del desarrollo.

El argumento para gastar recursos en el desarrollo de esta manera es que permite el uso de sumas de dinero más grandes que la asistencia bilateral por sí sola. Las cifras, según este razonamiento, son irrefutables. Sin el sector privado, los presupuestos de ayuda simplemente no estarían a la altura de la magnitud del problema. “El papel de los bancos de desarrollo está creciendo porque proveen la capacidad de obtener más dinero”, afirmó el funcionario de la secretaría de relaciones exteriores finlandés citado anteriormente. “Hay un interés creciente en las instituciones de financiación para el desarrollo tanto de los donadores como de los países en desarrollo”, coincide un informe del Project on Prosperity and Development del Center for Strategic and International Studies. Ya que los legisladores se enfrentan a retos cada vez más complejos, que “exigen un cambio de miles de millones a billones”, en un contexto donde los recursos convencionales para el desarrollo están estancados. La financiación para el desarrollo parece la solución perfecta⁴⁵.

Sin embargo, si hubo un aporte de las intervenciones desastrosas de Estados Unidos en Irak y Afganistán, fue con seguridad que demasiadas fuentes para el desarrollo inyectadas en un sistema de gobierno frágil o captado produce enriquecimiento para las empresas y los funcionarios vinculados en la red, violencia incrementada y para nada desarrollo⁴⁶.

Como esos países golpeados, la Honduras violenta y asolada por la corrupción tal vez ya tenga más dinero del que puede manejar. “El Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano y el CABEI juntos han aprobado alrededor de 4 mil millones de dólares en préstamos para la región”, calculó un banquero, y “800 millones para Honduras. Solo el 25 % de esa suma sea implementado. Eso es un problema: presionar a un gobierno anfitrión para que implemente 800 millones conduce rápidamente a la corrupción”⁴⁷.

De esta manera, ¿cuál es la razón verdadera para que organismos de desarrollo se apresuren a entregar sus presupuestos a bancos de desarrollo? ¿Es que su personal no cuenta con los recursos humanos, la energía o la capacidad para cumplir con sus requisitos de supervisión de algún modo más estrictos? ¿Es el consenso de todos que los escollos administrativos se han vuelto tan restrictivos que la necesidad de atravesar por ellos dificulta de manera fatal el proceso de la implementación de ayuda? ¿Les han lavado el cerebro a las personas de ambos lados del Atlántico a través del zeitgeist predominante, al parecer ileso de la crisis financiera de 2008, de que las soluciones del sector privado a todas las cuestiones son mejores de manera inherente?

¿O por lo menos están algunos de estos mismos bancos interrelacionados con las redes cleptocráticas de los países a los que prestan servicios? En el caso de la presa de Agua Zarca, dos primos Atala fungieron como vicepresidentes y miembro del consejo de DESA. El miembro del consejo, José Eduardo Atala Zablah, es el anterior director hondureño del CABEI, una relación que quizás haya ayudado a la compañía a asegurar un préstamo del CABEI. La actual directora hondureña en el CABEI no es nada menos ni nada más que la hija del expresidente Lobo, Tania Lobo. Así que es una cuestión de criterio, que se debe aplicar caso por caso y basándose en investigaciones más a fondo de las que se han realizado aquí, para determinar si algunos de estos bancos de desarrollo deberían considerarse simples habilitadores o quizás miembros de la red en todo el sentido de la palabra.

Proveedores de servicios

Este término se refiere a entidades que ofrecen a sabiendas servicios vitales a las redes cleptocráticas, pero por lo regular lo hacen por remuneración y sin discriminación alguna. Proveerían servicios similares a cualquiera que pudiera pagarlos.

Cabilderos:

Dada la importancia de la política estadounidense para las fortunas de las redes cleptocráticas de Honduras, las firmas que han proveído servicios de cabildeo en su nombre en Washington deben considerarse proveedoras de servicios, las cuales facilitan de manera activa las prácticas de la red. Las operaciones de estas firmas, y el impacto, fueron más evidentes inmediatamente después del golpe de 2009.

En cuestión de días, la Asociación Hondureña de Maquiladoras (AHM), dirigida durante muchos años por miembros de la familia Canahuati, cuyo descendiente Mario también fue director de la organización de empresas más poderosa, el COHEP, y posteriormente fungió como secretario de relaciones exteriores de Porfirio Lobo, contrató al Cormac Group para cabildear en Washington⁴⁸. Asimismo, la asociación contrató los servicios del exsecretario adjunto de estado para asuntos del hemisferio oeste Roger Noriega y a su socio en Visión Américas, José Cárdenas, un exfuncionario de la USAID⁴⁹. Según informes, otro contrato grande fue para Chlopak, Leonard, Schechter, and Associates⁵⁰.

Sin embargo, quizás la elección más importante de los facilitadores en Washington llegó en menos de un mes después de los sucesos, cuando el gobierno de facto, AHM y otra asociación de empresas, la filial hondureña del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), contrataron al exconsejero de la Casa Blanca y asesor cercano de la familia Clinton, Lanny Davis, para influir en la evaluación de Washington en relación al golpe. El CEAL también incluye miembros de la familia Canahuati al igual que a Miguel Facussé y Camilo Atala⁵¹. Davis y otros socios o asociados de Orrick, Herrington & Sutcliffe se involucraron en el tipo de campaña clásica que diseñan firmas de cabildeo como éstas, según algunos informes de la época: contratando anuncios en canales de noticias importantes, ayudando a escribir un testimonio parlamentario y organizando reuniones en el Capitol Hill. Las interacciones de naturaleza más privada, las llamadas telefónicas o las reuniones breves entre viejos amigos, no aparecieron necesariamente en publicaciones orientadas al público. El Banco Ficohsa de Atala y el conglomerado de medios de Jorge Canahuati, Organización Publicitaria S. A., pagaron a los cabilderos en nombre del CEAL⁵². Davis se llevó consigo el negoció cuando se fue de Orrick a McDermott Will & Emery poco tiempo después, ese mismo año⁵³.

Los resultados fueron espectaculares. Aunque el propio embajador de Hillary Clinton escribió sobre los sucesos en junio de 2009: “La perspectiva de la embajada es que no hay duda de que el ejército, la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe inconstitucional e ilegal”⁵⁴, y su jefa de planeación de políticas Anne-Marie Slaughter la exhortó a que lo calificara como tal y que cortara la asistencia estadounidense, la entonces secretaria de estado se negó a usar la terminología empleada para un golpe. Su razón a tal rechazo, según declaro, fue evitar “perjudicar a la gente” a través de lo que hubiera sido el recorte de ayuda estipulado legalmente como resultado.⁵⁵ Clinton calificó de “imprudente”⁵⁶ el intento de Zelaya por regresar al país y presionó a Tegucigalpa para que reaccionara rápidamente y convocara a elecciones, aunque las manifestaciones masivas contra el golpe estaban siendo socavadas de manera salvaje por las fuerzas de seguridad.

La edición original de 2014 de la autobiografía de Clinton, Hard Choices, expone su razonamiento ante dicha postura política⁵⁷; pero, quizás porque la realidad puede ser embarazosa, en aquel momento Clinton cortejaba a los votantes latinos para su postulación presidencial, la sección fue eliminada de la versión de bolsillo de 2015.

Recientemente, la administración hondureña (“el lugar principal de negocias en la Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras”) pago casi medio millón de dólares a la oficina de Washington de Ketchum Inc. para contratar sus servicios de relaciones públicas estratégicas en el momento álgido de la indignación pública y las manifestaciones por las revelaciones del IHSS⁵⁸. La hermana del presidente, la Secretaria de Comunicaciones hondureña, Hilda Hernández, es quien firma el contrato.

Firmas de abogados:

La filtración de los papeles de Panamá, que consisten de correos electrónicos intercambiados entre una firma de abogados, que provee registro de compañías fantasmas y otros servicios, y sus clientes, contenía pocos hondureños. Entre los nombres bastante conocidos de la red, estaban Goldsteins y Rosenthal quienes han recurrido más a los servicios de Mossack Fonseca⁵⁹. Pero esa firma de abogados solo es una de las muchas que operan únicamente en Panamá. Además, puede ser que lograr lavar dinero en Honduras sea tan fácil que los servicios de facilitadores en el extranjero no sean necesarios.

Condiciones habilitantes

Dentro de esta categoría están las circunstancias imperantes, a menudo de orden geoestratégico, que trabajan a favor de las redes cleptocráticas. Es totalmente aceptado que las teorías económicas o políticas o los imperativos de seguridad o diplomáticos competitivos pueden influir en los responsables externos de la toma de decisiones, lo que contribuye a su tendencia de adoptar un enfoque tolerante hacia las redes y prácticas cleptocráticas de un país socio. En el caso de Honduras, diversas condiciones habilitantes como tales han afectado las políticas de Estados Unidos en particular, pero también las de otros actores internacionales.

Preferencia por una economía de libre comercio al otro lado de la frontera:

Sobre todo entre algunos países, se ha dado una preferencia constante, en especial por parte de administraciones estadounidenses sucesivas, a favor de las condiciones de comercio liberalizadas, y la privatización de empresas públicas como una manera de abordar sus pérdidas financieras o los problemas del gobierno. La privatización con frecuencia se ha considerado buena en sí y de por sí, sin prestar demasiada atención a las modalidades de la transferencia de activos propiedad del estado, a los mecanismos específicos para abordar problemas identificados y a las referencias para asegurar y medir que la liberación de mercado como se implementa en verdad produce mejores resultados. De manera similar, ha habido poca atención hacia las relaciones entre individuos con cargos de liderazgos en los sectores privado y público. La mayoría de instituciones financieras internacionales y, hasta cierto grado atenuado, los donadores europeos comparten la presunción conceptual a favor de la privatización y la liberalización de mercado.

Preocupación acerca de la influencia de Hugo Chávez en Venezuela:

Con la muerte del hombre fuerte de Venezuela en 2013 y el colapso subsecuente de la economía de dicho país, la importancia de este factor se ha declinado de manera precipitosa. Pero antes, una preocupación profunda acerca de la grandilocuencia teatral antiestadounidense y de izquierda de Chávez matizó la manera en que los funcionarios estadounidenses respondieron a sucesos en Honduras. Los argumentos que hacían hincapié en la relación creciente de Manuel Zelaya con Chávez afectaban a miembros de la administración de Obama al igual que algunos senadores conservadores y representantes⁶⁰.

La inquietud de no ver la influencia regional de Chávez fortalecida, junto con la preocupación de la administración estadounidense entrante con dos guerras difíciles en el Medio Oriente, pudo contribuir a la prisa de Washington en 2009 para normalizar la situación en Honduras, incluso a costa de aprobar un golpe que restauró a la primacía y empoderó considerablemente las redes cleptocráticas del país, sobre las manifestaciones de un sociedad civil ultrajada.

Un enfoque antiterrorista al tráfico de drogas y la crisis migratoria de jóvenes:

Con dos guerras contra movimientos extremistas que mostraban un avance escaso a pesar del uso generoso de dinero, de personal militar y civil y de las mentes más brillantes en el gobierno de Estados Unidos, las lecciones erróneas de estos esfuerzos se trasladaron a Honduras. Alrededor de 2010 o 2011, era evidente que no había fuerza militar que pudiera asestar un golpe fatal a los movimientos tenaces que desafiaban a los gobiernos de Afganistán, Irak y sus banqueros internacionales. De hecho, esos gobiernos estaban tan denigrados que seguirles brindando ayuda incondicional básicamente resultaba contraproducente.

Con todo, un planteamiento paralelo se implantó en Honduras, ya que la asistencia se enfocó en la aplicaciones de medidas contra las pandillas y los cárteles de drogas e ignoró cuidadosamente la captación organizada del orden económico y político por parte de las redes que habían orquestado el golpe. Personal de seguridad hondureño participó en la guerra de Irak, mientras que otros fueron capacitados por fuerzas estadounidenses que habían servido en uno o ambos escenarios. Incluso el personal de la USAID que trabajaba en la cuenta de Honduras tenía experiencia en Afganistán o Irak. Desafortunadamente, en lugar de derivar en una estrategia alternativa para Honduras que sacara provecho de la experiencia dolorosa con el fin de probar nuevas maneras creativas de afrontar problemas similares, la superposición condujo a la réplica del mismo planteamiento que no había logrado resultados sostenibles en ambas guerras.

Beneficiado por esta miopía, Hernández ha tomado medidas que responden a los imperativos inmediatos de Estados Unidos, por lo que ha obtenido un grado de aquiescencia para las políticas y prácticas que presumiblemente refuerzan las condiciones subyacentes que dan lugar a la actividad del tráfico de drogas y de las pandillas en principio.

Notes

¹ Comunicación por correo electrónico, 7 de marzo de 2017.

² Adam Isacson, “A Walk Through the Billion-Dollar U.S. Aid Request for Central America”, Security Assistance Monitor, 23 de febrero de 2015.

³ Comunicación por correo electrónico, 28 de febrero de 2017.

⁴ “Security Aid by Year: Honduras, 2011–2017”, Security Assistance Monitor, http://securityassistance.org/data/program/military/Honduras/; para el contexto, véase Peter J. Meyer, “U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: Trends and FY2017 Appropriations”, Congressional Research Service, 6 de octubre de 2016. Este reporte no incluye la asistencia del Departamento de Estado –por lo tanto la mayor parte de la asistencia en seguridad–, que en los últimos años ha incrementado aproximadamente un tercio de toda la asistencia estadounidense, según las cifras de Security Assistance Monitor.

⁵ “Country Profile: U.S. Security Assistance to Honduras”, Security Assistance Monitor, 1 de diciembre de 2014; también, conversación privada con un oficial del ejército de Estados Unidos que justo concluyó un despliegue de un año en la base aérea Soto Cano del Comando Sur de Estados Unidos, quien afirmó que la mayoría de las actividades fueron con y en nombre de militares que no eran hondureños. Véase también Thom Shanker, “Lessons of Iraq Help U.S. Fight a Drug War in Honduras”, New York Times, 5 de mayo de 2012, http://www.nytimes.com/2012/05/06/world/americas/us-turns-its-focus-on-drug-smuggling-in-honduras.html.

⁶ “Arms Sales by Year: Honduras, 2010-2016” Security Assistance Monitor, http://securityassistance.org/data/program/arms/Honduras/2010/2016/is_all/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean.

⁷ Sarah Kinosian y Adam Isacson, “US Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?”, Washington Office on Latin America, 30 de agosto de 2016, https://www.wola.org/analysis/u-s-special-operations-latin-america-parallel-diplomacy/; Gabe Johnson y Michael M. Phillips, “Green Berets Train Elite Forces in Honduras”, video del Wall Street Journal, 21 de febrero de 2016, http://www.wsj.com/video/green-berets-train-elite-police-units-in-honduras/D80E3F64-F857-4439-892B-068B85445BBC.html.

⁸ En Afganistán, a modo de analogía, era una práctica frecuente que Ahmed Wali, el hermano menor del expresidente Hamid Karzai, amenazara con hacer una incursión de las fuerzas especiales en los hogares de los habitantes que se opusieran a sus prácticas. Dada su relación cercana con la CIA, y las incursiones relativamente frecuentes contra individuos que profesaban una antipatía conocida por el Talibán, dichas amenazas eran creídas. Un día, sentada en la sala de espera de un gobernador de Kandahar, junto con quince personas, por lo menos, esperando su oportunidad para hablar con él, vi funcionarios canadienses entrar con mapas enrollados bajo el brazo. El gobernador se fue con ellos a una habitación separada por media hora aproximadamente. Después salieron y los funcionarios se fueron ajetreados. Esa muestra reforzó de manera importante el poder del gobernador frente a sus electores.

⁹ Múltiples conversaciones con funcionarios de la OTAN y funcionarios de asuntos políticos y militares de 2006 a 2016.

¹⁰ Para un análisis excelente sobre el mal uso de la asistencia militar en especial a partir del 9/11, véase Justin Reynolds, “Training Wreck”, American Interest, 7 de febrero de 2017, http://www.the-american-interest.com/2017/02/07/training-wreck/.

¹¹ “All According to Plan: The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt”, Human Rights Watch, agosto de 2014, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0814web_0.pdf.

¹² Limitation on Assistance to Security Forces, 22 USC 2378d, código de Estados Unidos; Prohibition on Providing Financial Assistance to Terrorist Countries, 10 USC2249a, código de Estados Unidos.

¹³ En particular, los Cuerpos Fronterizos Pakistaníes y la Policía de Fronteras de Afganistán, y posteriormente el jefe de policía de Kandahar, Raziq. Conocimiento personal. (Sobre este último, recogí por lo menos tres testimonios de testigos oculares o de segunda mano entre 2010 y 2014, y se los envié a las autoridades estadounidenses pertinentes).

¹⁴ Véase “Summary of Human Rights Issues and Events in Honduras, October to December 2014”, Honduras Accompaniment Project, diciembre de 2014, https://hondurasaccompanimentproject.files.wordpress.com/2015/03/proah-human-rights-summary-2014-oct-dec.pdf; y esta hoja de cálculo de las supuestas violaciones a los derechos humanos perpetrados por diferentes unidades hondureñas que provee el Security Assistance Monitor: “List of Abuses Allegedly Committed by PMOP & TIGRES in Honduras”, Security Assistance Monitor, https://docs.google.com/document/d/1755atRHmmM86KuwYC_hG842Ye1SPWsNfNHtagRVCqxM/mobilebasic.

¹⁵ “There Are No Investigations Here”, Human Rights Watch.

¹⁶ La Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras, H.R. 5474, Congreso 114avo. (2016), https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5474/text.

¹⁷ “Plataforma Gestión de la Ayuda”, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, http://pgc.sre.gob.hn/portal/. El hecho de que este servicio mismo esté financiado por donadores para el desarrollo extranjeros, que la mayoría de su información no existe y que sólo cuatro palabras estén en realidad traducidas a la versión en inglés, dice mucho.

¹⁸ Entrevista (telefónica), 10 de noviembre de 2016.

¹⁹ Entrevista, Tegucigalpa, 2016 de agosto. De hecho, la secretaría ambiental inepta de manera crónica es experta en lo que respecta a la atracción de asistencia. Organismos para el desarrollo estadounidenses, alemanes, japoneses y españoles han unido esfuerzos con donadores multilaterales y organizaciones benéficas internacionales como Nature Conservancy, la Rainforest Alliance, el World Land Trust Fund y el World Wildlife Fund para frenar la destrucción del patrimonio natural hondureño, pero sólo con un impacto menor.

²⁰ “Polititical Transition Initiatives: Honduras”, USAID, https://www.usaid.gov/political-transition-initiatives/honduras; Democracy International, Inc., “Mid-Term Performance Evaluation of the Transparent Local Governance and Improved Service Delivery Project”, USAID, mayo de 2014 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KC86.pdf.

²¹ “Congressional Budget Justification: Foreign Operations, Appendix 3”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 2016, https://www.state.gov/documents/organization/238222.pdf, 640.

²² Entrevista, Tegucigalpa, 23 de julio de 2016

²³ Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

²⁴ Entrevista , Tegucigalpa, 2 de agosto de 2016.

²⁵ Véase “Can President Zelaya be Brought Back to the Fold?” (cable de la embajada estadounidense de Tegucigalpa a Washington), WikiLeaks, 19 de septiembre de 2008, https://wikileaks.org/plusd/cables/08TEGUCIGALPA863_a.html

²⁶ Experiencia personal y conversaciones con diplomáticos del Reino Unido y Estados Unidos, especialmente en Afganistán y Nigeria. Para un ejemplo histórico, véase Robert W. Komer, Bureaucracy Does Its Thing (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1972), en especial el capítulo 3.

²⁷ Algunas de las becas para el desarrollo de la Unión Europea son otorgadas para apoyar estos préstamos, en lo que se llama “instrumentos de mezclado”

²⁸ Entrevistas, Tegucigalpa, agosto de 2016.

²⁹ Tuula Näätänen, “The Activities of the Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd. (Finnfund)”, Oficina Nacional de Auditoría de Finlandia, 2010. https://www.vtv.fi/en/publication/the_activities_of_the_finnish_fund_for_industrial_development_cooperation_ltd._(finnfund).5380.xhtml.

³⁰ Entrevistas, diapositivas sobre resultados y metodología de evaluación, suministradas por un funcionario del banco de desarrollo.

³¹ Entrevista, Helsinki, 6 de junio de 2016.

³² Entrevistas, Tegucigalpa, agosto de 2016.

³³ Ibíd.

³⁴ Entrevista, Helsinki, 6 de junio de 2016.

³⁵ Entrevista, Washington, DC, 15 de octubre de 2016.

³⁶ Funcionarios de Finnfund reconocieron que todos sus prestatarios hondureños “conocen bien a Hernández. Sin embargo, no creemos que estén vinculados políticamente”. “La gran preocupación” de Finnfund en relación a prestatarios potenciales es la implicación con el tráfico de drogas, no la corrupción. Entrevistas, Helsinki, 6 de junio de 2016.

³⁷ Entrevista, Washington, 15 de octubre de 2016.

³⁸ Entrevistas, Helsinki, 6 de junio de 2016.

³⁹ Ibíd.

⁴⁰ Entrevista, Tegucigalpa, agosto de 2016.

⁴¹ Véase la investigación interna de la Corporación Financiera Internacional sobre Dinant aquí: “Honduras / Dinant-01/CAO Vice President Request”, Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman, 17 de abril de 2012, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188., y sobre Ficohsa aquí: “Honduras / Ficohsa-01/CAO Vice President Request”, Oficicina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman, 12 de agosto de 2013, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209. Nota: estos procedimientos demuestran que aunque puede ser engorroso, la IFC por lo menos provee y emplea mecanismos de supervisión.

⁴² Entrevista, Tegucigalpa, agosto de 2016.

⁴³ Véase también la hoja informativa del FMO sobre el proyecto: “Frequently Asked Questions on the Agua Zarca Run-of-the-River Hydroelectric Generation Project”, FMO, https://www.fmo.nl/agua-zarca; y esta refutación: Willems y de Jonghe, “Protest and Violance Over the Agua Zarca Dam”. Ambos se escribieron antes del asesinato de Cáceres.

⁴⁴ Además, diversos entrevistados rechazaron la lógica transaccional en la evidencia aquí mostrada. No pensaban que su acceso a las escuelas, clínicas o a la electricidad debería estar condicionado a la aceptación de proyectos de infraestructura mayores que alteran profundamente sus comunidades, entornos y estilo de vida. El líder de una comunidad dijo: “Estamos en contra del intercambio de nuestros derechos por cosas que son necesarias. No queremos que el desarrollo esté condicionado. Hay muchas otras formas de generar luz”.

⁴⁵ Conor M. Savoy et al., “Development Finance Institutions Come of Age”, Center for Strategic and International Studies, octubre 2016, https://www.csis.org/analysis/development-finance-institutions-come-age.

⁴⁶ Véase Anthony H Cordesman, Bryan Gold y Ashley Hess, “The Afghan War in 2013”, Center for Strategic and International Studies, mayo de 2013, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130506_Cordesman_AfghanWar2013_VolumeIII_Web.pdf; al igual que muchos de los informes publicados por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, disponible en https://www.sigar.mil/, entre otros diversos estudios.

⁴⁷ Este entrevistado también mencionó que casi ninguno de los altos directivos cuenta con antecedentes profesionales en desarrollo o política de desarrollo.

⁴⁸ “Lobbying Registration: The Cormac Group”, Senado de Estados Unidos, 19 de junio de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=156C9E57-1428-47FE-AFDF-10D1356299C8&filingTypeID=1; y Elizabeth Dickinson, “Who’s Lobbying for the Coup: How a Washington Split on Honduras Policy Came to Be”, Foreign Policy, 4 de agosto de 2009, http://foreignpolicy.com/2009/08/04/whos-lobbying-for-the-coup/.

⁴⁹ “Lobbying Registration: Vision Americas”, Senado de Estados Unidos, 6 de julio de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=14681E1A-6E9F-4C5D-BDAB-E98458188735&filingTypeID=1; “Lobbying Report: Vision Americas”, Senado de Estados Unidos, 20 de julio de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=089A12E5-0426-4A03-8288-48239E41BD98&filingTypeID=60; “Lobbying Report: Vision Americas”, Senado de Estados Unidos, 3 de agosto de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=A5F5821F-B109-4111-9D51-A4FA915C5C7B&filingTypeID=71.

⁵⁰ Kevin Bogardus, “Honduran Government Hires PR Shop”, Hill, 27 de septiembre de 2009, http://thehill.com/business-a-lobbying/60471-honduran-government-hires-pr-shop.

⁵¹ Dickinson, “Who’s Lobbying for the Coup”; y Roberto Lovato, “Our Man in Honduras”, American Prospect, 22 de julio de 2009, http://prospect.org/article/our-man-honduras.

⁵² “Lobbying Report: Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP,” Senado de Estados Unidos, 9 de octubre de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=2C193632-0147-4C93-8C9C-2F5E028D7241&filingTypeID=71; “Lobbying Registration: Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP”, Senado de Estados Unidos, 6 de julio de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=FF968D1B-6FCD-43CA-9698-2809FCFACC43&filingTypeID=1.

⁵³ “Lobbying Registration: McDermott Will & Emery LLP”, Senado de Estados Unidos, 14 de octubre de 2009, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=AF01857E-82D1-4D80-B251-8AB15FCB472A&filingTypeID=1.

⁵⁴ Alan McLean, Scott Shane y Archie Tse, “A Selection From the Cache of Diplomatic Dispatches”, New York Times, 19 de junio de 2011, http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/world/20101128-cables-viewer.html?hp#report/cables-09TEGUCIGALPA645.

⁵⁵ Juan Gonzáles, “Hillary Clinton’s Policy Was a Latin American Crime Story”, New York Daily News, 12 de abril de 2016, http://www.nydailynews.com/news/national/gonzalez-clinton-policy-latin-american-crime-story-article-1.2598456.

⁵⁶ Nina Donaghy, “Clinton Calls Zelaya ‘Reckless’ for Trying to Return to Honduras”, Fox News, 24 de julio de 2009, http://www.foxnews.com/politics/2009/07/24/clinton-calls-zelaya-reckless-trying-return-honduras.html.

⁵⁷ Hillary Rodham Clinton, Hard Choices (New York: Simon & Schuster, 2014), pp. 266–68.

⁵⁸ Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Exhibit A to Registration Statement”, 31 de agosto de 2015, https://www.fara.gov/docs/5758-exhibit-AB-20150831-11.pdf.

⁵⁹ En el sitio web de los papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) se puede investigar por país. Véase “Brown by Country: Honduras”, Offshore Leaks Database, ICIJ, https://offshoreleaks.icij.org/search?c=HND&cat=1; en particular, “Medina, Rosenthal & Fernández Central Law Honduras”, Offshore Leaks Database, ICIJ, https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11007054. Los medios locales le dieron cobertura a las revelaciones como aparecen en este artículo: “Nombre de empresario hondureño figura en escándalo de Panamá Papers,” El Heraldo, 4 de abril de 2016, http://www.elheraldo.hn/pais/946499-466/nombre-de-empresario-hondureño-figura-en-escándalo-de-panamá-papers.

⁶⁰ Los ejemplos de la manera de formular la relación de Chávez en la prensa conservadora estadounidense incluyen “Obama Lashes Out at Honduras; Sides With Chávez, Castro”, Drudge Report, 29 de junio de 2009; o David Ridenour, “Obama Administration Was Wrong to Cut Off Aid to Honduras”, Análisis Político Nacional, septiembre de 2009, www.nationalcenter.org/NPA579.html; véase también “Honduras: USG Should Keep Zelaya Nervous About Chávez, Despite Impending GOH-GOV Oil Deal” (cable de la embajada estadounidense a Washington desde Tegucigalpa) WikiLeaks, 31 de mayo de 2006, https://wikileaks.org/plusd/cables/06TEGUCIGALPA985_a.html.

Puede ser que las redes cleptocráticas que dominan a Honduras no estén cosechando el botín fabuloso que ha salido a relucir en otros países afectados, en especial en aquellos países con fondos petroleros como Nigeria, donde hasta mil millones de dólares al mes podrían haber desaparecido de los ingresos petroleras durante varios años en el periodo presidencial de Goodluck Jonathan¹. Nadie, de hecho, ha tratado de estimar el botín total en Honduras. En todo caso, una empresa como tal estaría condenada. No solo se toman la molestia de esconder y disfrazar el dinero que resulta de las actividades descritas en este informe por razones obvias, sino que dicho dinero proviene de una combinación de fuentes que a menudo se consideran independientes: ingresos excesivos que benefician a empresas privadas gracias al favoritismo individual o a un régimen regulador excesivamente preferencial, sobornos al viejo estilo, fraude y mordidas, además del producto del crimen verdadero.

Hay cierta deliberación sobre si el dinero es de hecho el objetivo de las redes de gobierno como las que existen en Honduras, o si lo que buscan en su lugar es el poder. Los dos cosas están interrelacionadas, y el balance entre ambas puede diferir en diferentes países. El escándalo del IHSS ofrece una evidencia directa de que parte de las ganancias captadas por el elemento del sector público de las redes hondureñas es de hecho invertida en contiendas electorales. Asimismo, se dice que los miembros de la red del sector privado y las organizaciones del tráfico de drogas contribuyen a su vez a las campañas².

Y sin embargo, con algunas excepciones selectas, la élite de negocios de origen levantino no ha hecho un esfuerzo importante por colonizar la arena política. De manera similar, donde los líderes de las organizaciones de tráfico de drogas han colocado a un sobrino o a un hermano en una oficina local, el objetivo ha sido para garantizar un ambiente amigable para sus empresas, no para manifestar un apetito por el poder. Si acaso, las descripciones de las relaciones sociales en estas ciudades indican que dichos cárteles tratan a las personas envestidas con un cargo como subordinados. Incluso en el sector público, los organismos y el Congreso tienen tan (lamentablemente) poca autonomía como para hacer inverosímil la idea de que el poder es lo que atrae a la gente a dichos cargos. Más bien, son tentadores por el dinero al que dan acceso.

El fenómeno es evidente en todo el mundo: el dinero, antes que coraje, altruismo, logros intelectuales o servir a la sociedad, parece ocupar el lugar privilegiado como la vara métrica con que se mide el estatus social.

A pesar de que se ha incrementado la atención dedicada a la corrupción de alto nivel en el plano internacional, las organizaciones que estudian y evalúan los riesgos de lavar dinero obtenido de modo ilícito siguen enfocándose en la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas, no en la corrupción. Sin embargo, sus reseñas sobre Honduras proveen algunos indicios como a dónde van los activos. Propiedades inmobiliarias y automóviles encabezan la lista tanto para el Departamento de Estado de Estados Unidos como para el Grupo Acción Financiera del Caribe³. Además, “los activos blanqueados”, según el Informe del Departamento de Estado sobre Países y Jurisdicciones de Especial Preocupación, “en general pasan directamente por el sistema bancario formal”, al igual que a través de “empresas dedicadas al envío de remesas, casas de cambio y del sector de la construcción”⁴. La organización no gubernamental de Estados Unidos Global Financial Integrity, que calcula los egresos financieros ilícitos, estima que estos últimos suman aproximadamente 20 % del PIB para Honduras⁵. La metodología del grupo es conservadora, sus cálculos, por ejemplo, no toman en cuenta el dinero en efectivo, de esta manera, la cantidad real puede ser mayor.

Dada la probabilidad analizada anteriormente de que todo el sector bancario hondureño está inundado de dinero proveniente del narcotráfico, las fuentes relativamente menos viciadas como ingresos excesivos, contratos inflados e incluso sobornos reales deben sorprender menos. Informes sobre lavado de dinero de manera unánime señalan que empresas fuera del sector financiero como corredores de bienes raíces y firmas de abogados, esquivan del todo la supervisión contra el lavado de dinero. “Puede deducirse que consideran que el problema no les concierne y que las actividades del lavado de dinero se llevan a cabo en otros sectores”, concluyó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en un informe de 2016⁶. Como los papeles de Panamá y la información reciente sobre el mercado inmobiliario en Londres y Nueva York lo han puesto de manifiesto, abogados y compañías inmobiliarias podrían ser tan importantes como los bancos al proveer servicios de lavado de dinero a los delincuentes y a los corruptos⁷.

Cabe suponer a partir de lo anterior y de la observación en el terreno que muchos de los activos de la corrupción en red de Honduras se gastan en artículos conspicuos de consumo en el país: carros ostentosos, casas y granjas de lujo, séquitos, buena comida, diversión y viajes⁸. De hecho, nuestro equipo encontró poca evidencia directa de propiedades o cuentas de banco fuera de Honduras.

Pero dada la proximidad y el prestigio regional de Estados Unidos, los mercados inmobiliarios en expansión de Texas y Florida mal regulados, es probable que una cantidad importante de dinero de la corrupción hondureña termine en Estados Unidos. Esta hipótesis puede comprobarse en un futuro próximo, si tomamos en cuenta el lugar de dos investigadores de una nueva iniciativa de cleptocracia de la oficina local del FBI en Florida y el escrutinio añadido contra el lavado de dinero que se implementará en el mercado inmobiliario de Florida con carácter experimental⁹. Será otro ángulo importante para un estudio a fondo.

Notes

¹ El Financial Times realizó una excelente cobertura de este escándalo. El gobernador del banco central que fue despedido por revelar el déficit escribió un artículo de opinión en dicho periódico poco después de un año: Lamido Sanusi, “Unanswered questions on Nigeria’s missing oil revenue billions”, Financial Times, 13 de mayo de 2015. En la Conferencia Internacional Contra la Corrupción de 2015, el Presidente de Transparencia Internacional José Ugaz hizo hincapié en la magnitud objetiva de corrupción creciente, preguntándose en voz alta si ya nadie se preocupaba de robar menos de mil millones de dólares.

² Múltiples entrevistas; y Dudley, “Honduran Elites and Organized Crime”; y las propias declaraciones de Hernández con respecto al dinero canalizado a las arcas de su campaña a través de compañías que se beneficiaron del escándalo del IHSS. Además, el testimonio en el juicio de  2017 de Estados Unidos contra Fabio Porfirio Lobo ofrece bastante sustento para esta suposición; véase http://bit.ly/2nnr0K3.

³ Grupo Acción Financiera del Caribe, “Mutual Evaluation Report”; véase también Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley, “2014 International Narcotics Control Strategy Report”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 2014, https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227875.htm.

⁴ Ibíd.

⁵ Véase Dev Kar y Brian LeBlanc, “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2011”, Global Financial Integrity, 11 de diciembre de 2013, http://www.gfintegrity.org/report/2013-global-report-illicit-financial-flows-from-developing-countries-2002-2011/.

⁶ “Mutual Evaluation Report of the Republic of Honduras,” Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, octubre de 2016, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/GAFILAT-MER-Honduras-2016-English.pdf.

⁷ Véase, por ejemplo, Matteo de Simone et al., “Corruption on your Doorstep: How Corrupt Capital is Used to Buy Property in the UK”, Transparencia Internacional Reino Unido, febrero de 2015, http://www.transparency.org.uk/publications/corruption-on-your-doorstep/; o las series del New York Times sobre las torres Time-Warner, “Towers of Secrecy: Piercing the Shell Companies”, New York Times, febrero de 2015, https://www.nytimes.com/news-event/shell-company-towers-of-secrecy-real-estate; o la denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores sobre “The Panama Papers: Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash”, ICIJ, https://panamapapers.icij.org/.

⁸ En un caso, una granja de cocodrilos: Ollie Gillman “More Than 11,000 Crocodiles and Lions Starving to Death on Honduran Farm After US Freezes Assets of Elite Family and Workers Refuse to Feed Animals Until They’re Paid”, Daily Mail, 3 de noviembre de 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3302177/More-11-000-crocodiles-starving-death-farm-Honduras-freezes-assets-elite-family.html.

⁹ Intercambio de correos electrónicos con un exinvestigador e investigador activo del FBI de la Kleptocracy Asset Recovery Initiative, 15 y 17 de marzo de 2017; y Nina Lincoff, “BREAKING: Regulators Expand Real Estate Money Laundering Dragnet in South Florida”, South Florida Business Journal, 27 de julio de 2016, http://www.bizjournals.com/southflorida/news/2016/07/27/breaking-regulators-expand-real-estate-money.html.

El escenario anterior es oscuro. Sin embargo, Honduras es el lugar donde los miembros del equipo de investigación se impactaron por los modelos de compensación que encontraron (y en los cuales se inspiraron), cuyos preceptos y prácticas albergan promesas para confrontar retos que van más allá de los fronteras del país. Para que un análisis de esta índole sea más eficaz, debe incluir una investigación cuidadosa similar de individuos y redes constructivas. Algunas de las organizaciones de base que visitamos construían de manera activa redes con aliados tanto dentro como fuera de Honduras, por medio de visitas y reuniones constantes para buscar temas de agenda comunes. Sin embargo, estos actores constructivos a menudo son solo individuos, que carecen de la estructura de red sólida que caracteriza a sus contrapartes cleptocráticas. Parte de la tarea para fortalecerlos sería estudiar qué significaría para ellos estar interrelacionados con mayor eficacia en un contexto hostil como tal.

Vectores de reforma dentro de las instituciones del gobierno

Cuando la noticia de que la jerarquía usuraba dentro del servicio de salud pública provocó que decenas de miles de ciudadanos hondureños salieran a las calles en 2015, una de sus demandas fue la creación de una comisión para el cumplimiento de la ley respaldada internacionalmente, en la misma línea que la CICIG en Guatemala, que después de varios años de trabajo ha llevado a cabo algunos arrestos impresionantes. Después de semanas de protestas y de negociaciones continuas, se negoció y ratificó una convención para establecer la MACCIH, auspiciada por la Organización de los Estados Americanos.

Muchos hondureños critican el convenio por acordar un organismo menos autónomo para tomar medidas legales contra funcionarios en comparación con los documentos fundacionales de la CICIG. La mayoría de nuestros entrevistados expresaron escepticismo de la presunta independencia de la MACCIH. Sin embargo, en contraste con la CICIG, que puede castigar delincuentes sin hacer mucho más para abordar las estructuras que permitieron su comportamiento, la comisión hondureña está facultada con el poder teórico, por lo menos, para involucrarse en la elaboración de reformas profundamente arraigadas en el sistema de gobierno hondureño, que va más allá de la competencia de la CICIG.

Es en este contexto que el Congreso hondureño cumple con una función destacada. La legislatura no está actuando totalmente como simple sello de goma que ratifica cada deseo de las élites hondureñas que obran en interés propio. En un suceso destacado, algunos jóvenes y miembros dedicados del Congreso reunieron veintiocho de sus colegas en un frente para apoyar la MACCIH en ciernes. Provenientes de todos los partidos, estos miembros del Congreso se impusieron la tarea de asegurarse de que la MACCIH tenga un aporte sustancial en las reformas legislativas que podrían reducir el espacio de maniobra de las redes cleptocráticas, tales como revisiones al código penal, derechos de sociedades y las reglas de la financiación de campañas¹.

“La razón del frente”, afirma uno de sus fundadores, “es abrir el diálogo entre los miembros que se oponen a la corrupción y la MACCIH, aquellos que desean que la convención se respete tanto en espíritu como en la letra. Hemos podido impedir que algunas de las denominadas reformas sean enviadas al Congreso con el carácter de urgente y sin la implicación de la MACCIH”². En su primera victoria para la coalición, una nueva ley de financiamiento político fue promulgada en octubre de 2016³. En la primavera de 2017, su siguiente objetivo fue obtener la aprobación de una ley que permita un acuerdo de culpabilidad.

Movimientos de justicia que se basan en la cultura

Si alguna vez hubo un Nelson Mandela hondureño, tuvo que haber sido Berta Cáceres, la activista en pro de la justicia social y el medio ambiente querida entre la gente marginada de todo el país por su dedicación a la democracia de base, al renacimiento de la cultura y a la protección ambiental. “Siempre que salimos y nos acercamos a las hojas, sentimos la pérdida de nuestra querida amiga Berta”, se lamenta el coordinador de una organización hermana de la que fundó Cáceres en 1993. “Porque defendía los derechos de los indígenas y los derechos del bosque y del agua y de la naturaleza en todo Centroamérica”⁴.

Pudo haber sido el reto profundo que formulaba este entendimiento diferente acerca de la manera en la cual los seres humanos encajan en el mundo natural, para las prácticas cleptocráticas en todas partes; al igual que su liderazgo en la campaña específica para frenar la construcción de la presa de Agua Zarca, lo que condujo al asesinato de Cáceres en marzo de 2016⁵.

“Su primera lucha fue prevenir la deforestación”, la madre de Cáceres, Austra Bertha Flores López (ella misma una activista y exfuncionaria electa) nos dijo algunos meses más tarde. “¡Se sentó frente a la maquinaria! Hubo grandes manifestaciones, ochocientas, mil personas. Y trabajaba para traer escuelas y servicios sociales a nuestras comunidades, envió enfermeras a estudiar a Cuba y trajo aquí a las brigadas médicas cubanas. Luchaba contra la privatización de todo y el patriarcado y la militarización. Se trata de una lucha impresionante porque todas esas cosas están vinculadas”⁶.

La organización que Cáceres cofundó en 1993, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ha vigorizado a las comunidades indígenas lencas, y no solo a ellas, de manera extraordinaria. En una época cuando el idioma lenca se había perdido y aspectos vivos de la cultura indígena tradicional eran mucho más tenues de lo que son, por ejemplo, en el país vecino de Guatemala, el COPINH ayudó a las comunidades en todo el país a revivir su sentido de esa cultura, algunas veces reimaginándola de un modo dinámico, y a encontrar en ésta la inspiración para una visión positiva de su futuro. Incluso podíamos sentir los efectos entre los tawahkas aislados que viven en el río Patuca.

“Como el COPINH, nuestra propuesta se trata de la relación entre la naturaleza y los humanos”, un miembro del liderazgo no dijo. “Creemos que los bienes comunes de la naturaleza no son mercancías, son parte de la vida. En nuestra espiritualidad, son una parte esencial, como un cuerpo tiene dedos y una nariz. De la misma manera en que el agua es vida. En el agua hay seres, como los peces, y esos seres ayudan a frenar el cambio climático. Y son los espíritus de nuestros ancestros, los que preservan la fuerza de nuestra gente. La privatización del río es como cortar nuestras muñecas o parar nuestra respiración”⁷.

“Para nosotros”, secundó el coordinador cuyo movimiento fue inspirado por el COPINH, “los ríos son sagrados. Una presa es como cortarle su cabeza”. La misión de su organización, afirma, es en parte “rescatar nuestra cosmovisión. Es como el chip de un teléfono celular: engloba arquitectura, matemáticas, religión, idioma, cómo cultivar plantas y relacionarse con el mundo natural. Los españoles nos sacaron el chip e insertaron uno nuevo, y nuestras comunidades están recuperando su chip”⁸.

Este “chip” (esta cosmovisión tradicional reimaginada) cuestiona las premisas mismas de una economía global que se basa en el crecimiento infinito y la conversión forzada del trabajo humano y los elementos del medio ambiente natural en dinero en efectivo a través del cual se mide dicho crecimiento. El COPINH y la visión de organizaciones similares de una economía más circular, en la cual los animales e incluso las características del paisaje tienen derechos, y los humanos son responsables de cuidar y cultivar estos integrantes de su comunidad más amplia, desafían al esquema en el cual las redes cleptocráticas prosperan, además de proponer una alternativa realista.

El COPINH contrasta con muchas asociaciones dedicadas a la recuperación de la cultura y el lenguaje en Europa, o grupos que se basan en la identidad en Estados Unidos, en el esfuerzo coordinado que hace para articular sus conceptos en términos interdisciplinarios e incluir y aliarse con individuos que no pertenecen a las comunidades indígenas lencas. Ha participado en campañas de campesinos por derechos de la tierra al igual que en movimientos de mujeres o laborales masivos⁹. Durante las reuniones con miembros de dichas organizaciones, los procedimientos se caracterizaban por su introducción cuidadosa inicial de cada participante (todos contaban con un límite de tiempo acordado para hablar), su trasparencia y su enfoque en las preocupaciones específicas de cada comunidad local¹⁰.

Modelos de desarrollo alternativos

No es como si el COPINH y los movimientos afines se opusieran al desarrollo total, o incluso a las presas hidroeléctricas. El 22 de julio de 2016, algunos miembros de una organización hermana nos llevaron a visitar una micropresa de un megavatio financiada, de manera irónica, por la secretaría de relaciones exteriores finlandesa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y la USAID, y construida por habitantes locales bajo la supervisión del personal de la Agencia de Cooperación. La micropresa yace a dos horas de camino a pie por las pendientes de un valle boscoso empinado y labrado por el río. Los lugareños explicaron un proceso de dos años, según el cual 179 vecinos (uno de cada familia de tres comunidades) participaron en las negociaciones para determinar cómo se construiría y usaría la presa; y posteriormente cerca de cien de ellos, incluidas mujeres y adultos jóvenes, participaron en la construcción.

“Éste es un proyecto exitoso”, afirmó el joven que nos lo mostró, “porque empoderó a la gente. Si la gente está de acuerdo, da su tierra y trabaja, el proyecto será fuerte y durará. Si el dinero va al municipio, no funcionará: son corruptos”. Nos dimos cuenta que la presa solo bloquea la mitad del cauce del río. “Eso fue parte del acuerdo con los españoles”, explicó el joven. “Se le debe permitir al río fluir libre, porque las criaturas del río también necesitan el agua. Somos responsables de las criaturas del bosque”¹¹.

Pequeños proyectos para generar electricidad que consultan verdaderamente a los interesados pueden ser tan difíciles de implementar como los grandes, dados los requerimientos de supervisión e información casi equivalentes. Un cálculo dicta que se necesitarían cien micropresas como tales para generar tanta electricidad como Patuca III. De este modo, el impacto ambiental al expandir el modelo no será insignificante.

No obstante, hay una lección en este ejemplo, en contraste con la captación de la industria de la energía solar por parte de la cleptocracia, para los ambientalistas en todo el mundo. Se trata de lo siguiente: no todas las formas de reducción de carbono son iguales. Si bien, una cleptocracia verde sería preferible a una inundada de petróleo, la evolución del mercado de energía hondureño señala la importancia de buscar maneras descentralizadas de adoptar fuentes de energía neutras en emisiones de carbono, brindándoles a los individuos y a las pequeñas comunidades tanta autonomía como sea posible para satisfacer sus propias necesidades de energía. Una especie de democracia energética. De lo contrario, conforme el mundo hace la transición de combustibles fósiles, la denominada maldición de los recursos podría aquejar incluso a más países de los que aqueja actualmente, a medida que las redes cleptocráticas se apresuran para captar el control del monopolio de los “recursos” materializados en los bosques legendarios y en los ríos serpenteantes que conforman los pulmones y las arterias de un paisaje.

Construida con aportaciones y fuerza de trabajo de los residentes locales, esta presa alimenta a aproximadamente 300 hogares.

 De igual modo, parece crítico para el mundo en desarrollo y desarrollado por igual escuchar el análisis de grupos como el COPINH, cuyos miembros aún conocen el bosque y escuchan cómo respira, y aprender de ellos formas para imaginar nuevos modelos de desarrollo humano y valores, aparte del dinero, que pueden servir como medidas de valor social por las cuales competir.

Habiendo conocido a estos hombres y mujeres pensativos, que subsisten cerca del límite material de la supervivencia pero con un respeto intenso y jubiloso por la comunidad del medio ambiente y de los individuos que conforman sus vidas, fue interesante recordar las palabras de los funcionarios de Finnfund, que les asignan el papel de adversarios. Esos expertos en desarrollo no reconocieron en los activistas precisamente al pobre privado de energía eléctrica que aseguran querer ayudar. Tampoco los vieron como personas de quienes podrían aprender los occidentales, no solo acerca de cómo proveer asistencia a Honduras de la manera más eficaz sino también acerca de cómo Occidente podría perseguir su propio destino de tal manera como para reducir la desigualdad y evitar agotar los recursos naturales a medida que se desarrolla.

Ya que no importa qué talentosos y dedicados y valientes sean sus miembros, no se puede esperar que organizaciones de base acosadas como éstas por sí solas tomen y transformen un sistema tan arraigado como la cleptocracia hondureña. Y a pesar de toda la palabrería que ha recibido la sociedad civil en los últimos años, este informe señala que gran parte de la intervención Occidental en Honduras, asistencia militar y civil al igual que la participación diplomática inmaterial, tiende a reforzar las redes cleptocráticas que están victimizando dichos grupos y a las personas que representan. Hasta que se reconozca esta realidad y sus implicaciones se tomen en cuenta, habrá muy pocas oportunidades para que estos esfuerzos resulten en una reducción de la violencia, el subdesarrollo y de la migración hacia el extranjero que afecta a Honduras, mucho menos de la corrupción que alimenta estos males.

Notes

¹ Entrevistas, Tegucigalpa y Washington, agosto y septiembre de 2016.

² Entrevista, Tegucigalpa, 3 de agosto de 2016.

³ Felipe Puerta, “New Law Proposed by MACCIH Hits Familiar Obstacles in Honduras”, InSight Crime, 24 de octubre de 2016, http://www.insightcrime.org/news-analysis/new-law-proposed-by-maccih-hits-familiar-obstacles; y “Con votos de la oposición, Congreso aprueba ley de financiamiento político”, Criterio, 20 de octubre de 2016, http://criterio.hn/2016/10/20/votos-la-oposicion-congreso-aprueba-ley-financiamiento-politico/.

⁴ Entrevista, 22 de julio de 2016.

⁵ Para un buen informe del asesinato e investigación subsecuente –y sus debilidades– véase Jason McGahan, “Army Major, Corporate Goons Charged in Murder of Berta Cáceres in Honduras”, Daily Beast, 8 de mayo de 2015, http://www.thedailybeast.com/articles/2016/05/08/did-corporate-goons-plot-to-murder-activist-berta-caceres.html; para revelaciones más recientes, véase Lakhani, “Berta Cáceres”.

⁶ Entrevista, Esperanza, Julio 19, 2016.

⁷ Entrevista, Julio 19, 2016; para un análisis impresionante sobre cómo denominados lugares específicos encajan en la estructura ética y moral de los apaches del oeste, véase Keith Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language Among the Western Apaches (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1996).

⁸ Entrevista, 22 de  julio de 2016

⁹ Para una análisis fascinante y muy cuidadoso de la historia y el impacto del COPINH, véase Daniel Aaron Graham, “Ghosts and Warriors: Cultural-Political Dynamics of Indigenous Resource Struggles in Western Honduras” (tesis doctoral, University of California, Berkeley, 2009).

¹⁰ “El COPINH acompaña a las comunidades”, explicó un miembro de su liderazgo. “Son autónomas; deciden lo que desean”. Un pizarrón blanco en la pared de la habitación donde nos reunimos muestra los nombres de varias comunidades-miembro y la lucha principal en la cual cada una está comprometida.

¹¹ Entrevista, Opalaca, 22 de julio de 2016.

Los resultados de este análisis son serios. No solo por lo que nos dicen sobre Honduras sino, más importante aún, por la luz que arrojan en la estructura de la economía política en casi todo el mundo. A pesar de las revueltas constantes contra la corrupción en casi cada continente en menos de una década, los miembros de los sistemas políticos, de negocios y de asistencia en los países occidentales todavía tienden a recibir la noticia del último escándalo con un incómodo encogimiento de hombros. Sus razones en cuanto a la falta que cometen al no vincular la corrupción con asuntos primordiales de su propio interés son contradictorias de manera peculiar: algunos ven estos episodios como “cisnes negros”, ejemplos aislados aunque sorprendentes de delincuencia individual que parece afectar a países desafortunados, mientras que otros minimizan la corrupción como una realidad que siempre ha existido, y que incluso es capaz de ayudar a lubricar un sistema anquilosado.

Estas actitudes evitan que reconozcamos, sin mencionar que encontremos una solución, un acontecimiento peligroso que está sistemáticamente bloqueando las posibilidades de desarrollo, acelerando la destrucción ambiental y la desigualdad de ingresos y de riqueza, además de provocar en sus víctimas respuestas aún más desesperadas. Incluso la comunidad profesional contra la corrupción parece cohibirse ante realidades más grandes, en general se limita al uso de planteamientos técnicos para un problema que se ha vuelto demasiado serio y central, en cuanto a la manera como se distribuye la riqueza y el poder, para ser susceptible a dichas soluciones.

Lo que ha potencializado de tal modo este viejo problema es que las estructuras societarias básicas en las cuales está enraizado han cambiado, de igual modo como los nuevos medios tecnológicos para hacer y mover dinero han detonado prácticas previas.

A lo largo de las últimas tres décadas aproximadamente, el dinero ha eclipsado cada vez más a otros valores como el estándar contra el cual la gente se mide a sí misma y evalúa su propio prestigio social y el mutuo. No es que el dinero no haya sido una medida importante del valor personal desde el momento en que se inventó en sus diversas formas. Sin embargo, en algunos periodos históricos, otros indicadores similares que también jugaban dicho papel, tales como la confiabilidad, la erudición o el servicio a miembros de la comunidad, se desvanecieron hasta la inconsecuencia relativa. Estamos en uno de esos periodos.

Un rasgo perjudicial en particular de esta evolución contemporánea es la poca atención prestada a la procedencia del dinero o los medios mediante los cuales fue adquirido. En décadas anteriores, por lo menos en muchas culturas, la riqueza se consideraba honorable solo si se había obtenido de una manera honrada. En Inglaterra o Francia, por ejemplo, exhibir abiertamente el patrimonio neto puede causar tal desapruebo que los ricos con discreción minimizan sus fortunas. Los ancianos de los pueblos nigerianos interrogan de manera severa a miembros de la comunidad que se han vuelto ricos de la noche a la mañana. Entre los americanos nativos o los vikingos, el botín debía proceder de una incursión donde el coraje y la resistencia se ponían a prueba para enaltecer el prestigio de aquellos que lo habían obtenido¹. Estados Unidos ha sido descarado en particular al mostrar su admiración por la gente que “hace dinero” sin importar los medios. Sin embargo, incluso en este país es evidente que hay una mayor tendencia hacia esa dirección, ya que cada vez más el simple hecho de poseer riquezas otorga un estatus envidiado.

Mientras tanto, el sistema financiero globalizado, los paraísos fiscales y las transferencias electrónicas han revolucionado los usos que se le pueden dar al dinero mal ganado, por ende aumentando el riesgo. Y de esta manera, los controles ya no rigen los métodos a través de los cuales se adquiere la riqueza.

Para competir en esta carrera, por rentabilidad o ceros en las cuentas bancarias personales, las élites en el mundo en desarrollo y desarrollado por igual, en las fisuras políticas y de identidad, escriben las reglas que gobiernan la actividad económica y política (o de manera selectiva imponen dichas reglas) para su propio beneficio. Esta perversión de la función del gobierno, y no simplemente dinero en efectivo en un sobre o una orden de compra inflada, es lo que engloba la palabra corrupción en este estudio.

Las entrevistas a fondo en casi una docena de países a nivel mundial indican que dichas prácticas dieron un giro hacia un terreno que no se había visto en más de una generación durante y alrededor de los años noventa. En Honduras, el huracán Mitch proveyó la oportunidad para transformaciones rápidas en ese sentido a finales de dicha década². La elección de Manuel Zelaya en 2005 comprobó su dinamismo, de modo que el golpe de 2009 marca el punto de cambio de dirección.

Para lograr su objetivo de autoenriquecimiento de la manera más efectiva, las élites hondureñas duplicaron un patrón observado en otras partes: se entrelazaron en redes multidimensionales. De diversas geometrías y grados de estructura, estas redes tejen sectores dispares: gobierno y negocios, delincuentes verdaderos y grupos violentos. Un sinnúmero de observadores ven estas categorías como entidades totalmente separadas. De hecho, sus propias preferencias políticas o actividades profesionales se manifiestan en dicha separación, por ejemplo, entre el gobierno y el sector privado, o “los malos” y los actores lícitos. El reflejo totalmente humano para categorizar nos ha impedido hacer un corte transversal en las redes cleptocráticas.

En Honduras, una negociación dura vinculó a elementos del sector público y privado de la red: a cambio de un marco normativo y legal que inclina el mercado drásticamente a favor de las industrias monopolizadas por las principales familias empresarias, además de la protección del aparato del estado tanto para ellas como para sus intereses, estas familias ignoran la situación cuando los funcionarios del gobierno y sus apoderados hurtan las arcas públicas y participan en actos en interés propio.

El objetivo principal por el cual estas redes cleptocráticas se unen, por supuesto, es para captar fuentes de ingresos desproporcionadas al esfuerzo ejercido o a la contribución hecha al bien común. En Honduras, en la década de 1990, el cambio de las rutas de los ríos de cocaína que fluyen hacia el norte a Estados Unidos no esquivó la red. Los cárteles de tráfico de drogas más importantes en el país están entrelazados a ésta. Es muy probable que los contrabandistas de personas se unieran a ellos durante la ola de escapadas de jóvenes que alcanzó su punto máximo en 2014 y 2015. En Honduras como en otros lugares, categorías enteras del crimen, en particular el lavado de dinero, se han vuelto la norma.

El aparejo y la criminalización de los sistemas económico y político de este modo han enfurecido a la población en docenas de países a nivel mundial. En Honduras, protestas locales dieron paso en 2015 a manifestaciones masivas similares a las que estallaron ese año en media docena de otros países. Anteriormente, esta indignación ayudó a desencadenar el Despertar Árabe y la revolución Euro Maidan en Ucrania, y ha demostrado contribuir a la atracción del extremismo violento³.

Las redes cleptocráticas han demostrado una capacidad extraordinaria para manejar y explotar esta indignación. A menudo, como en Rusia, Estados Unidos y en cierto número de países Árabes, han manipulado el nacionalismo, las filiaciones de identidad o las tradiciones sociales para distraer a la ciudadanía de su posesión (o recuperación) de la política económica. Los humanos están casi mentalmente programados para formar grupos de identidad cuya finalidad suprema se vuelve la derrota de otras formaciones similares, incluso frente a un escenario ganador que podría ser más beneficioso de manera objetiva que la victoria sobre grupos rivales⁴. Un manipulador talentoso puede jugar con estas afiliaciones para dirigir acusaciones denigrantes a grupos externos y fuera de su red y de su malversación. Las políticas de identidad de este tipo, o cuestiones sociales que provocan una respuesta como el velo de cuerpo entero o el derecho al aborto, no han jugado un papel primordial en Honduras como en otros lugares.

En contraste, la represión violenta, cuidadosamente dirigida para causar el máximo efecto psicológico, sí se ha utilizado. El asesinato de Berta Cáceres es el mayor ejemplo. Era una figura tan inspiradora que su asesinato envió reverberaciones a comunidades afines, donde la gente se quedó pensando: “Si pueden matar a tiros a Berta Cáceres, solo imagina lo que pueden hacerme a mí”. Pudo haberse considerado que valía la pena la condena internacional que estalló con la noticia de su muerte por el efecto de intimidación que causaría.

La explotación del legalismo es otra técnica utilizada por las élites hondureñas que cuidadosamente, aunque con engaños, junta listas de firmas que pueden mostrar como evidencia del consentimiento a los proyectos, o impulsar cambios legislativos a través de comités selectos. En democracias mejor establecidas con una fe inquebrantable en sus instituciones legales, como Estados Unidos, éstas son la herramienta de elección. Puede verse en funcionamiento en la decisión unánime de la Suprema Corte en 2016 para revocar la condena de corrupción del exgobernador de Virginia Bob McDonnell porque las reuniones que organizó a cambio de dinero en efectivo y regalos en especie no se consideraron “actos oficiales”⁵, o los recordatorios frecuentes de Donald Trump de que el presidente no está sujeto a las leyes de conflicto de intereses.

Irónicamente, dada la oportunidad que presenta la indignación generalizada por el tipo de corrupción analizada en este informe, los reformadores verdaderos han resultado ser mucho menos capaces de capitalizarla que los saboteadores. Los idealistas han sido obstaculizados una y otra vez, ya que las redes con rapidez se reconstituyen a sí mismas en la estela de los levantamientos importantes que tenían como objetivo derrocarlas. A las adversidades contra los reformadores, en especial en los países en desarrollo como Honduras, habría que añadirles el impacto de la asistencia internacional excesiva, incluida la participación diplomática y la inversión extranjera directa al igual que la ayuda civil y militar. Al asimilar la suma, la mayor parte de esta asistencia fluye hacia las redes cleptocráticas, enriqueciéndolas y fortaleciendo su dominio material y psicológico, y eludiendo las víctimas de sus prácticas o a los que luchan tenazmente en su contra. Es tiempo de considerar esas realidades con honestidad.

Este informe quizás describe estos sistemas como excesivamente multifacéticos y sólidos, tan dominantes, tan respaldados por actitudes culturales generalizadas y por intervenciones bien intencionadas, como para que parezcan imposibles de combatir. Y, de hecho, revertir este fenómeno global será muy difícil. Sin embargo, el peligro que representan las redes cleptocráticas transnacionales a los gobiernos en función de los gobernados, a la seguridad global y a la salud ambiental es demasiado cuantioso para que el fracaso sea una opción.

El primer paso debe ser reconocer la corrupción actual como un sistema operativo deliberado de redes exitosas y sofisticadas. Debemos estar dispuestos a estudiar estas redes como tales, donde quiera que nos las encontremos. Debemos de dejar de dar por hecho la realidad de las distinciones entre sus diferentes ramificaciones funcionales. Debemos analizar con cuidado las huellas superpuestas del sector privado-público para encontrar evidencia de actos en interés propio. Debemos de dejar de justificar el uso del poder inescrupuloso en beneficio personal, y no solo en los prestatarios o contrapartes del gobierno de un país en desarrollo sino también en nuestro propio país. Ya que bastantes países occidentales muestran elementos del patrón descrito en este informe. Debemos de dejar de aceptar los legalismos como pretextos para la delincuencia de políticas.

El planteamiento modelizado en este informe, en otras palabras, no solo está destinado a ayudar a los profesionales a diseñar mejor los pormenores del suministro de ayuda o el uso del apalancamiento diplomático en lo que respecta a Honduras. El cambio en la mentalidad al que exhorta este informe y la herramienta analítica que provee son cruciales para tratar la patología cada vez mayor de las economías políticas tanto en Occidente como en nuestros vecinos económicamente menos desarrollados.

Notes

¹ Véase, por ejemplo, Heather Pringle, “What You Don’t Know About the Vikings”, National Geographic, marzo de 2017, http://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/03/vikings-ship-burials-battle-reenactor/; S.C. Gwynne, Empire of the Summer Moon (New York: Scribner, 2010); o Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006).

² Klein, “The Rise of Disaster Capitalism”.

³ Chayes, Thieves; y Lt. Col. Dave Allen et al., “The Big Spin: Corruption and the Growth of Violent Extremism”, Transparencia Internacional Reino Unido, febrero de 2017, http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2017/02/The_Big_Spin_Web-1.pdf.

⁴ Múltiples estudios se analizan en Liliana Mason, Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity (Chicago: University of Chicago Press, forthcoming).

⁵ McDonnell contra United States, 579 U.S. (2016), https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-474_ljgm.pdf.