Las viviendas son un tema crítico para los votantes, ya sea a nivel local, estatal o nacional. En California, con una asequibilidad baja en todo momento y un aumento de personas sin vivienda, los condados como Santa Clara, San Francisco, Orange y San Diego se ven presionados a encontrar soluciones factibles y asequibles. La crisis también tiene el potencial de impactar las urnas en las próximas elecciones: de acuerdo con un estudio de febrero hecho por la compañía de bienes raíces Redfin, más de la mitad de las 3,000 familias encuestadas afirmaron que la asequibilidad de viviendas jugará un papel importante en sus decisiones de cómo votarán para presidente en noviembre.
En particular, la crisis en California ha llegado a un punto alarmante. Un informe de abril hecho por la oficina del Analista Legislativo de California determinó que el precio de una vivienda de nivel bajo en California es 33 por ciento más alto que el precio de una vivienda de nivel medio en el resto del país. Incluso más extremo, una vivienda de nivel medio de California está en el 221 por ciento del precio de una vivienda promedio den los Estados Unidos. Los salarios por hora promedio no se mantienen a la par en ningún lado: las tarifas salariales se incrementaron en un ínfimo 18 por ciento mientras que los pagos de hipoteca mensuales se incrementaron en el 86 por ciento desde enero de 2020 a marzo de 2024. No es de sorprenderse que las tasas de propiedad de vivienda se han estancado para las familias de la clase obrera. Ha surgido una superpoblación, mientras que el número de personas sin vivienda continúa con tendencia a subir. De acuerdo con el conteo del momento 2023, California mantiene su puesto de la década como el estado con el mayor número de personas sin vivienda. Más del 70 por ciento de la población sin vivienda de la nación vivió en cinco ciudades importantes, y estas cinco ciudades estaban todas en California.
La crisis de vivienda es un tema de salud pública, seguridad y equidad, pero también está directamente relacionada a la salud de la democracia de California. Históricamente, los líderes políticos han creído por lo menos desde los años 30 que las tasas de propiedad de vivienda reflejan las creencias políticas. Durante la guerra fría, los expertos y programas de política exterior norteamericana fomentaron la propiedad de vivienda masiva en el exterior como parte de una campaña más amplia para persuadir a los regímenes post-guerra, transitorios y post-coloniales a que se alineen con los Estados Unidos y no con la Unión Soviética. Aunque ninguna ideología política o política real del gobierno nacional puede atribuirse a un factor individual, en los años 50, 60 y 70 la propiedad masiva de viviendas se vio envuelta en una agenda de desarrollo que combinaba el capitalismo con el liberalismo político.
La versión de cada país de esta historia es específica. Por ejemplo, el Esquema de Propiedad de Viviendas para las Personas de Singapur en 1964 promovía la propiedad de viviendas de apartamentos “públicos”. Los líderes de Singapur desarrollaron explícitamente una sociedad de propiedad de viviendas para los objetivos paralelos de desarrollar un fondo de ahorros del cual pudiera financiarse el desarrollo económico y eliminar los vecindarios políticamente activos y fomentar la compra literal de residentes a una nación recientemente creada en 1965. En 1978 el Fondo Pag-IBIG y la Corporación Nacional de Financiamiento de Hipotecas de Vivienda de Filipinas explícitamente replicaron partes del programa de Singapur fomentando ahorros para el desarrollo nacional promoviendo así la propiedad de viviendas. INFONAVIT de México, un instituto federal creado en 1972, ha dado un dramático inicio inmediato a la industria de desarrollo-construcción de viviendas poniendo a disponibilidad hipotecas más asequibles. Hoy en día, el 70 por ciento de todos los préstamos de vivienda mexicanos son concedidos por INFONAVIT. Toda este énfasis en la propiedad de viviendas a escala global exhibe la manera en la cual los políticos han visto una mayor propiedad de viviendas como una ruta para el crecimiento económico y la legitimidad política.
Hoy en día, se puede apreciar la relación entre viviendas y política en un sinnúmero de maneras en California. La participación de los ciudadanos y la disposición a contribuir con un sistema político depende de su bienestar material. El gobierno debe demostrar que está haciendo algo activamente para mejorar la vida diaria de los californianos o sufrir las consecuencias de un resultado bajo de votantes, un hastío del sistema de referéndum del estado y reproches políticos abiertos. Al mismo tiempo, los legisladores deben tratar crisis considerables como el déficit de viviendas y la crisis de asequibilidad sin hacer sentir a los propietarios de vivienda actuales que su riqueza se está reduciendo en alguna manera. Tal como lo ha argumentado Mark Baldassare, tanto los californianos rojos como los azules se inclinan a ser conservadores en lo que respecta al presupuesto estatal. La vivienda es un requisito político cargado de minas de tierra.
Tanto los líderes locales como estatales deben entender el significado político de la vivienda. A inicios de 2018, el estado estableció el Programa de Asistencia y Prevención de Desamparo de Vivienda para la creación de albergues en la ciudad, viviendas permanentes y viviendas asequibles. El gobernador Gavin Newsom apoyó totalmente la Propuesta 1, siendo la iniciativa apenas aprobada por los votantes en marzo de este año. Comenzando el año pasado, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha dirigido un grupo de alcaldes de las ciudades grandes de California para presionar por un mayor financiamiento estatal, pero está luchando por justificar sus demandas de financiamiento frente a los déficits del presupuesto estatal. Sin lugar a dudas el tema de viviendas se manifestará nuevamente en propuestas de emisión de bonos este otoño, presionando en contra de incrementar la deuda del estado, la indisposición de los votantes en reasignar los fondos del estado y la fatiga de la clase media y alta con la crisis continua.
Es muy frecuente que los californianos perciban la crisis de vivienda como algo reciente, cuando el déficit se ha manifestado durante muchos años. Durante la guerra fría, los propietarios de vivienda establecieron un movimiento de derechos de propiedad para proteger los valores de sus viviendas contra lo que ellos percibían como los costos financieros de la integración racial. Hoy en día la crisis de viviendas se puede caracterizar como una falta de consenso en relación a qué tanto debería hacer el gobierno por tratar ampliamente las desigualdades de vivienda, un desacuerdo expresado más en todas las líneas ideológicas que en las líneas demográficas o geográficas. Esta denominada segmentación basada en valores solo se exacerba por las alineaciones de partidos políticos y sentimientos específicos acerca de las dimensiones raciales de desigualdad de vivienda.
Ocultas tanto en el movimiento de derechos de propiedad como en las preocupaciones actuales en cuanto a la prestación social se encuentran las muchas maneras en las cuales las iniciativas federales y locales han abierto históricamente la puerta a un albergue decente para algunos y no para otros. En cierto modo, el debate en cuanto a la propiedad de viviendas se conecta con un conjunto más amplio de creencias acerca de en cuánto debería ayudar cada propietario de vivienda, contribuyente o residente del estado para ayudar a corregir los errores de la historia. Existe el alcance más extenso de un acceso racialmente diferenciado a los préstamos a los veteranos y del apoyo de la Administración Federal de Viviendas, a un rechazo, y de acuerdos restrictivos. Existe un impacto multigeneracional de beneficios de impuestos.
Los académicos y periodistas han ayudado a generar una concientización pública en cuanto a las raíces históricas de la desigualdad, pero no existe un acuerdo general en que los propietarios de vivienda deban su prosperidad actual a las políticas históricas. Muchos propietarios de viviendas ven la crisis de vivienda del estado como un problema de visible pobreza y desgracia en lugar de verlo como una desigualdad histórica. Esto explica el fluctuante interés de los votantes en asignar dineros públicos para iniciativas de vivienda asequibles.
Los cambios estructurales también han garantizado que las viviendas asequibles continúen dependiendo de los resultados de las urnas: cuando la Corte Suprema de California apoyó el desmantelamiento de agencias de desarrollo financiadas por el estado en 2011, y los programas de vivienda asequible se volvieron más dependientes del financiamiento a través de un sistema de emisión de bonos impredecible y del presupuesto estatal. No es de sorprenderse entonces, que la crisis de vivienda del estado y de la nación continúe creciendo como una bola de nieve hasta convertirse cada vez más en un conjunto de problemas abrumadores y complejos. Sin compromisos sostenidos con una vivienda asequible sobre un desarrollo rentable de viviendas y una conversación más amplia respecto a un acceso inequitativo a igualdad de viviendas, será difícil dar un giro a la crisis que lleva décadas. Y someter el acceso a viviendas a decisiones individuales en las urnas ha tenido claramente impactos poco democráticos en el acceso de los californianos a una vivienda decente.